Eliminación del IGF: Una decisión necesaria para reactivar la economía
Artículo suscrito por:
Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista
Este próximo 28 de diciembre se recuerda el quinto año de vigencia del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF). El entonces presidente Luis Arce Catacora cargado con un discurso altamente progresista y vengativo creó este impuesto a los pocos días de su juramento, sin saber siquiera que terminaría siendo uno de los presidentes más abucheado por la pésima gestión económica y financiera de la crisis. No se olvida que entre los años 2006 y 2019 este personaje fungió como ministro de Economía durante la mejor bonanza económica y también durante el peor despilfarro de la historia. Entonces, los dos escenarios polarizados se sintetizan así: Arce con IGF y Arce sin IGF. La diferencia es notable.
La reciente decisión del gobierno boliviano de eliminar el IGF ha desatado un debate político y económico por agentes políticos del fracasado modelo del “Proceso de Cambio”. Mientras sectores sindicales y voces progresistas lo tildan de un beneficio que solo favorece a los “ricos”, lo cierto es que esta medida responde a una lógica económica que prioriza la generación de empleo, la atracción de inversiones y la reactivación de una economía cada vez más desastrosa.
En esta oportunidad quiero analizar por qué la eliminación del IGF es una decisión acertada y necesaria, especialmente si se quiere dejar atrás el modelo masista burocrático que ha debilitado al país en los últimos años. Primero, lo que si hay que entender es que un grupo muy reducido de bolivianos con patrimonios elevados es quiénes afectaba el IGF, y son quienes precisamente tienen la capacidad real de invertir, generar empleos y dinamizar sectores productivos. Estos contribuyentes no eran evasores, sino generadores de fuentes de trabajo. Con la Ley Nº 1357 se impuso un tributo adicional sobre su patrimonio —y no sobre sus ingresos reales— y se provocó la huida de la inversión privada y se enviaba una señal clara de hostilidad hacia el capital nacional y extranjero. El resultado fue predecible e inmediatamente comenzó la fuga de capitales, se paralizaron los proyectos de generación de empleo, y se arraigó una percepción de Bolivia como un entorno desfavorable para hacer negocios.
Desde el gobierno de Arce Catacora se ha admitido que con la vigencia del IGF se perdieron cerca de 2.500 millones de dólares de empresarios bolivianos que terminaron invertidos en Paraguay, Chile y Argentina. No es casual que muchos de ellos hayan mudado sus inversiones a países con un marco tributario más amigable. La consecuencia inmediata fue la pérdida de empleos y la caída en la recaudación tributaria indirecta que proviene del consumo, el IVA y las actividades comerciales que estos empresarios sostenían. Es decir, se debilitó el aparato económico que sostiene al Estado, pese a las exitosas recaudaciones que mensualmente publicaba el Servicio de Impuestos Nacionales.
Otro aspecto que suele omitirse en el discurso progresista es el escaso rendimiento del IGF en términos tributarios. La recaudación anual del impuesto apenas cubría uno o dos días de salarios del gigantesco aparato burocrático estatal, cuya expansión respondió más a compromisos políticos que a necesidades técnicas. En lugar de fortalecer el Estado a través de proyectos sociales en favor de los pobres, este tributo solo sirvió para alimentar un gasto público ineficiente, inflado por redes clientelares y estructuras administrativas duplicadas.
Los críticos de la medida, principalmente sindicatos y grupos de izquierda anticapitalistas, afirman que eliminar el IGF favorece a los ricos y profundiza la desigualdad. Sin embargo, sus argumentos carecen de sustento económico serio. No presentan datos sobre cuánto empleo genera ese reducido grupo de grandes fortunas, ni analizan el impacto que tendría su retorno sobre la economía nacional. Su enfoque es puramente ideológico bajo el ridículo argumento de que todo lo que huela a capital privado es desastroso, todo lo que suene a libre mercado es el enemigo de los pobres. Esta postura anticapitalista, más que defender la justicia social, obstaculiza el crecimiento económico y la reducción real de la pobreza.
En cambio, liberar al sector privado de un impuesto ineficiente y mal diseñado tiene un efecto multiplicador. Los recursos que antes se drenaban hacia un Estado sobredimensionado ahora pueden reinvertirse en actividades productivas, contratación de personal, innovación y expansión de mercados. Esto genera movimiento económico y, como resultado, mayores ingresos tributarios a través de otros mecanismos más saludables, como el IVA que grava las ventas, el IT sobre los ingresos brutos o el IUE sobre las ganancias.
Es cierto que eliminar el IGF no resolverá todos los problemas estructurales de la economía boliviana, pero quitar un obstáculo innecesario para los inversores es un buen primer paso. En lugar de castigar a quienes tienen éxito, deberíamos incentivarlos a invertir aquí, a confiar en su país, y a contribuir con su crecimiento, dirigiendo también los esfuerzos hacia reformas profundas en el sistema financiero, el mercado laboral y la seguridad jurídica.
En resumen, el IGF fue un símbolo político para el gobierno de Arce Catacora más que un instrumento tributario eficaz. Su eliminación envía una señal de apertura y racionalidad en la administración de la cosa pública. Bolivia no necesita más controles ni más impuestos que asfixian la actividad económica; necesita confianza, reglas claras y un ambiente donde quienes generan empleo encuentren razones para quedarse a trabajar o a invertir.
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Piden procesamiento por abuso de poder
Sectores empresariales, profesionales y ciudadanos pidieron investigar al expresidente interino del SIN, Mario Cazón, por presunto abuso de poder y uso desproporcionado de facultades coercitivas durante su gestión. Denuncian que el enfoque recaudatorio privilegió multas, presiones y criterios de fiscalización controvertidos, afectando derechos como la seguridad jurídica y el debido proceso. Diversas organizaciones señalaron prácticas de “acoso tributario”, con sanciones duplicadas, notificaciones reiteradas y cobros retroactivos que deterioraron la confianza en la administración tributaria.
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Lara pide reajustes al IVA y al IT
El vicepresidente Edmand Lara valoró la abrogación de cuatro tributos —ITF, IGF, IJ e IPJ— como un avance, pero advirtió que estas medidas no bastan para atraer inversión ni mejorar el escenario tributario. Señaló que para lograr un efecto real debe abordarse una reforma más amplia que incluya ajustes al IVA y al IUE, impuestos que inciden en la formalización, el costo empresarial y la competitividad frente a países vecinos.
Lara indicó que varias de las abrogaciones coincidieron con propuestas suyas, pero insistió en que el país necesita un esquema moderno que reduzca cargas, simplifique obligaciones y genere incentivos estables para que empresas nacionales y extranjeras inviertan y generen empleo. También recordó el compromiso del “perdonazo” tributario y la expectativa ciudadana por su aplicación. Concluyó que las medidas anunciadas son correctas como primera fase, pero requieren complementos para consolidar una reforma integral que amplíe la base fiscal sin frenar la actividad económica.
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Jorge Zogby Nogales asumió la presidencia del SIN
El Ministerio de Economía posesionó a Jorge Leonardo Zogbi como presidente del Servicio de Impuestos Nacionales y a Alberto Samuel Soto como presidente de la Aduana Nacional, con la misión de modernizar ambas entidades y recuperar la confianza del contribuyente. Zogbi anunció que el SIN debe abandonar prácticas intimidatorias y enfocarse en servicios eficientes y trato respetuoso. Soto, por su parte, señaló que la Aduana requiere una reestructuración profunda tras años de irregularidades que afectaron la recaudación y el control aduanero.
Zogbi se planteó como objetivo inmediato transformar el SIN en un órgano orientado al servicio y no a la intimidación. Su compromiso será priorizar la modernización, la institucionalización y el respeto pleno de los derechos del contribuyente, junto con acciones firmes contra la corrupción. Señaló que el SIN debe abandonar la imagen de “casa del terror” y pasar a un modelo que combine control eficiente con atención transparente.
El ministro Espinoza afirmó que el sector público sufre un deterioro institucional severo y que el Ejecutivo respaldará cambios estructurales para depurar y reorganizar las administraciones tributaria y aduanera. Desde una perspectiva fiscal, estos nombramientos forman parte del inicio de la reforma anunciada, orientada a mejorar la gestión recaudatoria, transparentar procedimientos y establecer un modelo de administración basado en cumplimiento, servicios modernos y control efectivo de obligaciones.
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La reforma que modernizará el Código Tributario Boliviano
El Gobierno anunció que la próxima reforma tributaria buscará modernizar un sistema considerado pesado, punitivo y distorsivo. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó que el Código Tributario vigente, con casi veintidós años de aplicación, dejó de responder a las necesidades actuales y afecta el entorno de los negocios. Como paso inicial, se enviarán los proyectos de ley para abrogar cuatro tributos menores — Impuesto a las Grandes Fortunas, Impuesto a las Transacciones Financieras, Impuesto al Juego e Impuesto a la Participación en Juegos— que aportan menos del 1% a la recaudación, pero generan altos costos y serias distorsiones operativas.
El Ejecutivo plantea que la reforma integral deberá redefinir la estructura impositiva nacional y autonómica; así como la coordinación con gobernaciones y municipios, ya que varios impuestos son coparticipables y requieren acuerdos institucionales. La meta es reducir las cargas, eliminar los trámites y adecuar el sistema a la propuesta gubernamental de ampliar la producción y dinamizar la economía. El ministro anticipó que la transformación demandará trabajo técnico y consenso legislativo, pero forma parte del objetivo de desmontar el llamado “Estado tranca” y reemplazarlo por un régimen más simple, coherente y orientado al crecimiento en todos los niveles.
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La formalización será la clave del éxito en las recaudaciones
El presidente Rodrigo Paz reiteró que la formalización será el eje de su política económica, orientada a integrar al 85% de trabajadores y emprendedores que hoy operan en la informalidad. Sostuvo que el sistema tributario vigente castiga a quienes cumplen y desalienta la legalidad, por lo que anunció medidas para reducir trabas y transformar la formalidad en un beneficio. La propuesta incluye simplificar obligaciones, abaratar costos y aplicar incentivos directos.
El plan recoge planteamientos de campaña basados en un esquema de “capitalismo para todos”, con reducción del 7% en impuestos para quienes se registren, un impuesto único simplificado para actividades de baja escala y estímulos tributarios para atraer divisas mediante recompensas por cada dólar ingresado al sistema. Estas acciones buscan corregir distorsiones, ampliar el universo de contribuyentes y generar un entorno más confiable para la inversión. Paz anticipó que los próximos anuncios tendrán como meta desmontar el “Estado tranca” y promover una economía formal más accesible, inclusiva y sostenible.
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Sucesión, inclusión social e impuestos
En el diario El País de Tarija se publicó la columna de Rodrigo Ayala Bluske, que destaca que uno de los retos del nuevo gobierno será articular un pacto social que incluya de forma equilibrada a los sectores que ganaron presencia durante los años del MAS. Señala que la inclusión social permitió el acceso de amplios grupos indígenas a espacios estatales y económicos, pero ese avance quedó opacado por prácticas políticas y económicas que concentraron beneficios en algunos “movimientos sociales” afines. Desde el punto de vista tributario, el autor subraya que la convivencia democrática exige que todos los actores cumplan sus obligaciones impositivas sin privilegios.
El texto remarca que varios sectores emergentes —como la minería cooperativista, el comercio informal y los productores de coca— no tributan de manera efectiva ni cumplen estándares laborales y ambientales, lo que genera desigualdad y decadencia institucional. El desafío consiste en consolidar una estructura impositiva que aplique el principio de “a iguales derechos, iguales obligaciones” y que integre a estos grupos sin retroceder en los avances de inclusión. Para el gobierno entrante, esto implica diseñar reglas claras, uniformes y sostenibles que equilibren derechos adquiridos con responsabilidades fiscales, evitando nuevas fracturas sociales.
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Entendiendo a la informalidad que produce bienes y servicios
El informe 2025 de la OCDE confirma que Bolivia es el segundo país con mayor informalidad en la región, fenómeno que afecta de forma directa a la recaudación tributaria y a la sostenibilidad de la seguridad social. Según el organismo, más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos dependen de ingresos informales, pero en Bolivia la proporción llega al 84,2%, lo que convierte a la informalidad en un estado persistente y no en una etapa previa a mejores empleos. Esta estructura limita la productividad y reduce el universo tributario.
Las actividades comerciales y las prestaciones de servicios informales en ciudades como La Paz, Cochabamba y El Alto son un reflejo del problema. El crecimiento acelerado de vendedores y ferias urbanas genera presión sobre los ingresos municipales y dificulta el control de obligaciones impositivas. El estudio advierte que la baja movilidad hacia el empleo formal restringe la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales y sostiene brechas de desarrollo. Bolivia comparte los índices más altos con Honduras, Nicaragua, Guatemala y Perú, países donde gran parte de los hogares depende solo del comercio informal. La OIT agrega que, pese a la recuperación del empleo postpandemia, la formalización sigue estancada, lo que impide mejorar calidad laboral y ampliación tributaria.
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Un buen comienzo
En la página editorial del diario El Día de Santa Cruz se sostiene que la eliminación del IGF, ITF, IJ e IPJ es un paso correcto para iniciar la modernización del sistema tributario, ya que estos tributos aportaban menos del 1% de la recaudación pero generaban desconfianza y desincentivaban la inversión. Se destaca que el IGF provocó la salida de capitales hacia países vecinos y que su abrogación corrige una medida que afectaba la productividad. El texto subraya que la reducción paralela del gasto fiscal en 30% es indispensable para equilibrar las cuentas públicas y crear un entorno estable para los contribuyentes.
Desde la óptica tributaria, el editorial plantea que el país debe avanzar hacia un esquema con menos impuestos distorsivos, reglas claras y mayor simplicidad, revisando tributos como el IT y la estructura del IUE. Sostiene que un sistema menos punitivo ampliará el universo de contribuyentes y generará más recaudación por actividad y no por presión. Concluye que la reforma debe profundizarse para que el Estado deje de ser un obstáculo y se convierta en un aliado del crecimiento económico.
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Los efectos positivos de la abrogación del IJ
A través de las ondas de Radio Panamericana se calificó que la eliminación del Impuesto al Juego como una medida capaz de atraer inversión a una industria que migró hacia plataformas digitales y apuestas en línea. El tributarista Mauricio Chiri explicó que la carga impositiva vigente desalentaba la formalización y empujaba parte del sector a la clandestinidad, por lo que la supresión del gravamen puede mejorar el clima de negocios. Sin embargo, advirtió que este beneficio exige controles estrictos para evitar lavado de dinero, cumplir estándares del GAFILAT y proteger a los menores, considerando el crecimiento del juego online.
El especialista propuso fortalecer la fiscalización mediante una reforma institucional que permita a la AJ y a la Lotería Nacional coordinar o fusionar funciones para supervisar operadores digitales sin fronteras. También pidió normas que regulen la ubicación de locales y limiten el acceso de adolescentes. Recordó que, pese al anuncio presidencial, el impuesto sigue vigente hasta que la Asamblea apruebe su abrogación. La medida abre una oportunidad para atraer capitales, siempre que se combine con regulación moderna y controles efectivos.
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Efectos Limitados de la eliminación del IGF
El analista Gonzalo Chávez evaluó la eliminación del IGF, ITF, IJ y al IPJ como una medida correcta, pero con efectos fiscales limitados, ya que estos tributos representan cerca del 1% de la recaudación nacional. Señaló que la reducción puede generar cierto alivio y estimular reinversión de capital, especialmente en patrimonios altos, aunque advirtió que cifras como la salida de 2.000 millones de dólares por el IGF deben verificarse antes de usarse como argumento técnico.
Chávez recordó que durante la campaña también se habló de revisar el IVA, impuesto que explica alrededor del 37% de los ingresos tributarios y cuyo ajuste tendría un impacto mucho mayor en el consumo y la formalización. Desde una perspectiva tributaria, sostuvo que la reforma anunciada es solo un primer paso y no resuelve los problemas estructurales de financiamiento del país. Además, indicó que la abrogación dependerá de la Asamblea Legislativa, lo que pondrá a prueba la gobernabilidad del nuevo Gobierno, dado que distintos sectores podrían apoyar, modificar o rechazar la propuesta.
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El Pacto Fiscal y los Departamentos
El Colegio de Economistas de Santa Cruz (CESC) reabrió el debate del Pacto Fiscal con una propuesta de “Departamentalización Impositiva”, que plantea que los impuestos generados en cada territorio sean recaudados y administrados directamente por los gobiernos departamentales. El documento sostiene que la alta centralización tributaria y la caída de más del 60% de los ingresos hidrocarburíferos en la última década redujeron de forma considerable la capacidad financiera de gobernaciones, municipios y universidades, por lo que el modelo vigente ya no responde a la estructura económica del país.
La propuesta incluye recuperar la participación plena en el IDH, actualizar el régimen de regalías mineras e hidrocarburíferas y crear un mecanismo de redistribución acorde con la realidad regional. También plantea una transición gradual basada en simulaciones económicas. Desde la tributación, el CESC advierte que la sostenibilidad de las autonomías requiere un sistema más equilibrado y reglas claras de asignación y administración de recursos.
