Designación complicada de los Directorios
Artículo suscrito por:
Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista
Durante la última semana, surgió en las redes sociales un rumor que generó revuelo sobre la supuesta ratificación por cinco años más de los presidentes interinos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y de la Aduana Nacional de Bolivia. Aunque esta noticia no fue confirmada oficialmente por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión pendiente desde hace décadas que es la forma, poco responsable y opaca, con la que se eligen las máximas autoridades de las administraciones tributarias del país.
Desde el inicio del mandato del presidente Rodrigo Paz Pereira, existe una alta expectativa por la designación de autoridades titulares en estas entidades clave. La ciudadanía, los colegios profesionales y los contribuyentes del sistema tributario aguardan señales claras de institucionalidad, especialmente tras un largo período en el que el manejo de estas designaciones fue, en el mejor de los casos, muy discrecional y arbitrario. De hecho, durante al menos veinte años, los interinatos se convirtieron en la norma y no en la excepción, con el “eterno” ministro de economía, Luis Arce Catacora, que asumió competencias que legalmente no les correspondían, designando a los presidentes de estas entidades de forma directa y sin el respaldo formal que exige la ley.
No obstante, el nuevo gobierno parece decidido a romper con esta inercia institucional. Las primeras acciones del ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien ya designó a los viceministros de Presupuesto y Crédito Público, así como a las autoridades de entidades como la ASFI y la Gestora de Pensiones, demuestran una voluntad de actuar conforme a derecho. Aunque aún no ha completado el nombramiento de los viceministros de Política Tributaria y de Pensiones, se percibe un giro importante en la forma de conducir la administración pública.
Conviene entonces recordar lo que establece la normativa vigente. Tanto la Ley de Aduanas (Nº 1990) como la Ley del Servicio de Impuestos Nacionales (Nº 2166) disponen que la designación de los presidentes ejecutivos y directores debe realizarse mediante ternas aprobadas por dos tercios de la Cámara de Diputados y posteriormente elegidas por el Presidente del Estado. Estas autoridades tienen un mandato de cinco años y no pueden ser reelegidas sino hasta pasado un periodo igual al que ejercieron. Además, ambas leyes contemplan la existencia de directorios colegiados, lo que introduce un nivel de complejidad en la conducción interna de estas instituciones.
El problema, sin embargo, va más allá del cumplimiento formal de la ley. En la práctica y en los pocos años de funcionamiento (2001 a 2005), estos directorios parece que han mostrado limitaciones funcionales ya que generaron duplicidad de funciones, con el riesgo de promover el surgimiento de «pequeños reinos» internos, que pueden dificultar la implementación de una visión clara y coherente en la gestión tributaria. Por ello, se ha planteado la necesidad de modificar la estructura misma de estas instituciones, promoviendo un modelo de liderazgo unipersonal a través de un Director Ejecutivo con atribuciones plenas.
Una reforma de este tipo tendría múltiples ventajas. Primero, permitiría una reducción del aparato burocrático comenzando por los niveles más altos, lo que es coherente con los objetivos de modernización y achicamiento del Estado. Segundo, facilitaría la toma de decisiones y la implementación de políticas tributarias más eficientes y coherentes, evitando los conflictos entre directores, que fueron seleccionados por compromisos políticos antes que por su idoneidad técnica y profesional. Y tercero, devolvería al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas una lógica jerárquica más clara ya que si el ministro puede designar a viceministros sin intervención del Legislativo, no tiene sentido que los directores de entidades subordinadas dependan de un proceso más complejo y politizado.
Además, esta modificación contribuiría a la institucionalización del sector, ya que rompería con la práctica nociva de los interinatos indefinidos y permitiría establecer reglas claras y transparentes de acceso a los cargos de dirección. La legitimidad de las autoridades designadas mediante un proceso ágil y coherente con la estructura administrativa del Estado.
En definitiva, más allá de las urgencias políticas del momento, Bolivia tiene la oportunidad de repensar el diseño de sus administraciones tributarias. La experiencia acumulada, los errores del pasado y las exigencias del presente señalan un camino para transitar de un modelo colegiado e ineficiente hacia uno más racional, ágil y orientado a resultados. Si se quiere realmente construir una institucionalidad fuerte, este es el momento para alinear la legislación con las necesidades reales de gestión pública, y de permitir que quienes conducen las políticas económicas cuenten con las herramientas adecuadas para hacerlo.
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Todos los impuestos deben ser coparticipables
La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz ha cuestionado que la coparticipación tributaria actual no refleja el mandato constitucional porque excluye varios impuestos nacionales al momento de calcular los recursos que reciben las universidades públicas, los gobiernos municipales y las gobernaciones. Esta exclusión reduce la base de distribución y genera un déficit estructural en la gestión universitaria financiada con tributos. La propuesta sugiere modificar cuatro leyes —la Ley Nº 3446 del ITF, la Ley Nº 1357 del IGF, la Ley Nº 031 de Autonomías y entre otras normas que regulan la distribución de recursos— para que todos los impuestos nacionales formen parte de la coparticipación sin excepción.
Según la Uagrm, incorporar tributos como el ITF, el IGF y otros ingresos fiscales permitiría una redistribución más amplia y evitaría la discriminación económica que hoy afecta a las universidades. También incrementaría los ingresos de las alcaldías, que reciben el 20% de la coparticipación. El rector de la universidad sostuvo que la actualización normativa es imprescindible para asegurar sostenibilidad financiera y garantizar servicios educativos básicos sostenidos por la recaudación nacional.
Prórroga de obligaciones tributarias para contribuyentes de Samaipata
El Servicio de Impuestos Nacionales aprobó la RND Nº 102500000044, que amplía hasta el 28 de noviembre el plazo para presentar declaraciones juradas, pagar impuestos y cumplir otras obligaciones tributarias correspondientes al periodo fiscal de octubre para los contribuyentes de Samaipata. La medida se basa en la declaratoria de desastre emitida por el Gobierno Municipal mediante Ley 13/2025, tras las lluvias que desbordaron los ríos Piraí y Achira y provocaron daños severos en la región.
El SIN argumenta que la prórroga resguarda los derechos de sujetos pasivos y terceros responsables afectados por la emergencia, permitiéndoles regularizar sus deberes sin sanciones durante el periodo excepcional. La resolución, firmada por el presidente del SIN, Mario Cazón, se enmarca en las facultades del ente recaudador para ajustar plazos en situaciones de emergencia y garantiza continuidad administrativa sin afectar el cumplimiento futuro de las obligaciones tributarias.
Designación de autoridades del sistema financiero y de pensiones
El Ministerio de Economía renovó los liderazgos de las máximas autoridades de la ASFI y la Gestora Pública con el fin de reforzar la estabilidad financiera y garantizar una administración responsable de los fondos de la seguridad social de largo plazo, pilares que inciden de forma directa en la política tributaria y en la capacidad del Estado para sostener el gasto público. El ministro destacó que la ASFI debe ordenar la supervisión del sistema financiero y facilitar la intermediación de crédito hacia el sector productivo, reduciendo trabas que afectan la actividad económica y la generación de ingresos que luego se traducen en recaudación tributaria. En la Gestora Pública, el nuevo gerente asume el compromiso de resguardar los aportes de los trabajadores, evitando su uso para fines ajenos a la seguridad social y fortaleciendo la confianza en la administración de los aportes laborales, un aspecto clave para la estabilidad macroeconómica.
Las designaciones forman parte del proceso de reconstrucción institucional impulsado por el Gobierno para mejorar la gestión técnica del sector financiero y contribuir a un entorno económico ordenado que favorezca la sostenibilidad fiscal y el funcionamiento adecuado del sistema tributario.
Medidas impositivas y Capitalismo para todos
El presidente Rodrigo Paz anunció que a partir del 24 de noviembre emitirá medidas impositivas orientadas a liberar la economía y fortalecer la producción, en línea con su propuesta de “capitalismo para todos”. Los incentivos estarán dirigidos al sector productivo y se complementarán con la eliminación de aranceles para la importación de bienes que Bolivia no fabrica, el acceso a créditos en mejores condiciones y la digitalización de trámites estatales, con el fin de reducir costos y limitar el denominado “Estado-tranca”.
Paralelamente, Paz reafirmó su objetivo de avanzar hacia un modelo federal basado en el esquema 50/50, que implica mayor descentralización y una distribución más equitativa de recursos fiscales entre niveles de gobierno. El sector agropecuario, a través de la CAO, planteó propuestas legales y administrativas que incluyen incentivos tributarios como exenciones de IVA y aranceles por cinco años para maquinaria e insumos. Paz prometió seguridad jurídica y garantías para la inversión privada, señalando que el crecimiento productivo es clave para mejorar la recaudación y sostener las finanzas públicas en la nueva etapa económica.
Constructores de Chuquisaca piden Perdonazo
La Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) de Chuquisaca exige al Gobierno cumplir los compromisos tributarios y económicos anunciados en la campaña electoral, señalando que las empresas constructoras enfrentan una crisis marcada por el alza de insumos y la ejecución de obras con precios congelados. El sector reclama tres medidas centrales que son el un reajuste efectivo de precios en contratos públicos, la aplicación del “Perdonazo Tributario” prometido —condonación de deudas, multas e intereses— y la garantía estable de diésel para evitar retrasos y mayores costos operativos. La Cadeco afirma que la falta de una norma clara sobre el alivio tributario mantiene en asfixia a las medianas y pequeñas empresas que requieren liquidez para seguir operando. Además, denuncia de que el Servicio de Impuestos Nacionales aplicó medidas coactivas de congelamiento de cuentas a varias empresas constructoras que impiden el cumplimiento de obligaciones básicas y agravan la presión financiera. La Cadeco sostiene que estas demandas no son nuevas, sino compromisos asumidos por el Ejecutivo y necesarios para preservar empleos, evitar quiebras y sostener la actividad económica que aporta de forma significativa a la recaudación tributaria nacional.
El Estado cloaca
Desde el periódico “El Día” de Santa Cruz se sostiene que la crisis institucional del país tiene raíces estructurales y que el Estado boliviano funciona como una carga ineficiente que consume recursos sin ofrecer servicios públicos tangibles y menos una justicia proporcional a los impuestos recaudados. Desde una perspectiva tributaria, señala que el aparato estatal opera como botín partidario y que prioriza la lealtad política antes que la gestión eficiente, lo cual distorsiona el uso de los fondos públicos y debilita la relación entre contribuyente y Estado.
Los editores del periódico afirman que el MAS durante 20 años de gobierno solo profundizó los problemas ya existentes, agravando la percepción de que los tributos sostienen un sistema incapaz de garantizar transparencia, control y resultados. Plantean que el presidente Rodrigo Paz debe reconocer que el propio Estado es el núcleo del deterioro institucional y que la verdadera reforma implica construir una estructura pública que nunca existió, una que administre los recursos con responsabilidad, controle abusos de poder y responda a los ciudadanos que financian su funcionamiento. Destacan además que para lograr ese cambio se requiere apoyo político amplio, algo que en Bolivia todavía no ha llegado a materializarse.
De lo ideológico a lo pragmático: se mueve el péndulo en Bolivia
El columnista de El Día de Santa Cruz, José Orlando Peralta, sostiene que Bolivia transita de un enfoque ideológico a uno pragmático, y que el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz orienta sus políticas hacia mayor apertura económica, descentralización y fortalecimiento del mercado. Desde una perspectiva tributaria, destaca que la propuesta de “capitalismo para todos” busca incorporar al sector informal mediante créditos y reducir impuestos y aranceles para dinamizar la actividad formal.
La agenda de descentralización 50/50 implica redistribuir competencias y coordinar políticas tributarias con gobernaciones, alcaldías y universidades, lo que podría modificar reglas de financiamiento territorial. El giro hacia el centro derecha prioriza incentivos al emprendimiento productivo y una menor intervención estatal, alejándose del esquema estatista aplicado por el MAS durante dos décadas y que elevó la carga regulatoria y tributaria sobre el sector formal. El artículo anticipa reformas normativas para corregir distorsiones económicas heredadas y recuperar la confianza en el mercado, aunque advierte que estos cambios requieren acuerdos legislativos y la contención de organizaciones sociales críticas a las políticas de libre mercado. En conjunto, se perfila un tránsito hacia reglas tributarias más orientadas a promover la inversión privada, reducir las trabas estatales y limitar las prácticas intervencionistas que frenaron la generación de bienes y servicios.
Impuestos a las importaciones caen en Chuquisaca
Según un informe de la Aduana Nacional de Bolivia, Chuquisaca registró una caída del 16,2% en su recaudación aduanera entre enero y octubre de 2025, alcanzando solo Bs 9 millones, la cifra más baja de los últimos cinco años y equivalente al 0,1% del total nacional. La reducción responde a dos factores tributarios clave como son la caída de las importaciones causada por la escasez de dólares y los bloqueos de junio que interrumpieron el tránsito de mercancías desde Brasil y de carga ultramarina hacia el occidente del país.
El descenso replica una tendencia iniciada en 2024, cuando las recaudaciones departamentales ya habían caído en 33%. A nivel nacional, el IVA a las importaciones lidera la estructura de los tributos aduaneros con 67,1%, seguido del GA, el ICE y el IEHD. En contraste con Chuquisaca, los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Oruro concentran más del 86% de la recaudación por importaciones. La comparación histórica muestra que el departamento tuvo mejores resultados cuando las empresas locales realizaron importaciones de maquinaria, lo que evidencia la dependencia de su actividad tributaria respecto de proyectos productivos de gran escala.
Botrading es un gran contribuyente en Paraguay
El ranking de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay ubicó a Botrading en el puesto 96 entre los mayores contribuyentes del ejercicio 2024, con aportes por 20.062 millones de guaraníes en impuestos, intereses y multas. La empresa, creada en Paraguay como filial de YPFB Refinación, intermedió la importación de combustibles para Bolivia y ahora es investigada por un presunto sobreprecio millonario que habría generado daños patrimoniales al Estado boliviano.
La publicación del “Top 500” evidencia la magnitud de sus operaciones y su capacidad contributiva dentro del sistema tributario paraguayo. En Bolivia, el caso se encuentra en etapa preliminar con medidas como la alerta migratoria contra exautoridades de YPFB, mientras el Ministerio de Hidrocarburos anunció el cierre de la empresa. El proceso busca establecer responsabilidades penales y económicas derivadas de la intermediación utilizada para adquirir combustibles, mecanismo que afectaría la transparencia tributaria y la correcta administración de recursos públicos.
