Semana Nº 49 de 2025 – 1º al 7 de diciembre

Privilegio de la idoneidad sobre la mediocridad

Directores idóneos ya, nunca más de lo mismo

Las administraciones tributarias en Bolivia son estructuras clave del Estado y su correcto funcionamiento no solo garantiza ingresos tributarios, sino que también refleja el nivel de institucionalidad, transparencia y compromiso con la meritocracia que una nación tiene. Sin embargo, durante los últimos 20 años de “masismo” estas entidades han estado marcadas por designaciones políticas, interinatos prolongados y la ocupación de cargos clave por personas sin la experiencia ni la preparación requerida. Fue una experiencia nefasta muy cargada de abusos de poder aplicados por personas mediocres e incultas, en algunos casos.

Ahora es necesario exigir que la idoneidad profesional no se limite a la posesión de un título universitario. En el contexto de la administración tributaria y aduanera, esta cualidad implica un conocimiento profundo y actualizado del marco legal, técnico y procedimental que rige el sistema tributario del país. Un profesional idóneo es aquel que ha demostrado, a lo largo de su carrera, capacidad para interpretar normas complejas, tomar decisiones con criterio técnico y actuar con ética y responsabilidad frente al poder que conlleva la gestión tributaria. Esta idoneidad también se refleja en la habilidad de liderar equipos, implementar mejoras institucionales y promover una cultura de legalidad y servicio público.

Por su parte, la experiencia adquirida en el ejercicio de funciones tributarias y aduaneras es un activo invaluable que nunca más debe ser librado a la improvisación. Trabajar directamente con procesos de fiscalización, recaudación, impugnación o control aduanero permite desarrollar una comprensión real del funcionamiento del sistema, sus debilidades y sus potencialidades. Esa trayectoria en el campo es la que habilita a un profesional a prever riesgos, proponer soluciones efectivas y garantizar que el principio de legalidad se cumpla en cada acto administrativo. Solo quienes han recorrido ese camino con rigor pueden asumir, con solvencia, la responsabilidad de dirigir instituciones clave para la economía del país.

Es momento de preguntarnos seriamente: ¿qué significa realmente estar capacitado para dirigir una administración tributaria?

Las leyes bolivianas son claras en este punto. La Ley 2166 del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Ley 1990 sobre la Aduana Nacional y el Código Tributario Boliviano (Ley 2492) establecen requisitos específicos como son el título universitario, al menos 10 años de experiencia profesional y una reconocida idoneidad en materia tributaria. Incluso se reconoce como mérito el ejercicio académico, la investigación y la trayectoria en cargos técnicos. No se trata de sugerencias, sino de exigencias legales diseñadas para asegurar que quienes lideran estas instituciones cuenten con la solvencia profesional para tomar decisiones correctas y justas.

A pesar de ello, hemos sido testigos de una realidad muy diferente. Durante los gobiernos del “evismo” y del “arcismo”, por ejemplo, varios directores de las Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria fueron designados sin cumplir con la antigüedad profesional mínima; algunos incluso acababan de obtener sus títulos universitarios. Esta práctica debilitó la institucionalidad y abrió la puerta a gestiones marcadas por la improvisación, el abuso de poder y la desconfianza de los contribuyentes. El problema se agrava cuando organizaciones sociales utilizan su influencia para repartirse cargos, priorizando la lealtad política sobre la capacidad técnica. En lugar de fortalecer al Estado, esto perpetúa una administración basada en cuotas, clientelismo y corrupción.

Frente a este panorama, la reciente reunión entre el presidente Rodrigo Paz y la Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia (CNPB) marca un punto de inflexión. El anuncio de una Ley del Ejercicio Profesional, la firma de convenios con el Ministerio de Educación para exámenes externos y el debate sobre el régimen tributario para profesionales independientes son señales alentadoras. No solo se trata de proteger al sector profesional, sino de garantizar que las instituciones del Estado estén dirigidas por personas éticas, capaces y conscientes de su rol público.

La administración tributaria tiene que dejar de ser un botín político. Es una herramienta estratégica para el desarrollo. Y los contribuyentes —quienes finalmente sostienen al Estado— merecen ser atendidos por autoridades con experiencia, formación y vocación de servicio. Solo así se evitarán prácticas arbitrarias y se garantizará una gestión eficiente, transparente y equitativa.

Bolivia necesita dar un paso firme hacia la institucionalización real de sus entidades fiscales. Esto implica cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes, y no repetir errores del pasado. La selección de autoridades por méritos profesionales no es un privilegio y tiene que ser una obligación con la ciudadanía. Este principio se debe aplicar también a todos los servidores públicos. Ha llegado la hora de elegir a los mejores, no a los más cercanos. De lo contrario, seguiremos atrapados en un ciclo que impide el progreso del país.

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Proponen cambio en el régimen impositivo para los profesionales

La Confederación Nacional de Profesionales de Bolivia (CNPB) anunció avances significativos tras reunirse con el presidente Rodrigo Paz, destacando la reapertura del diálogo estatal con el sector profesional luego de 15 años. El encuentro abordó tres temas clave, entre ellos un eje tributario relevante vinculado con la evaluación de un posible cambio en el régimen impositivo aplicable a los profesionales independientes, cuyo diseño actual suele generar cargas desproporcionadas y escaso margen de cumplimiento real. Además, se acordó impulsar la aprobación de la Ley del Ejercicio Profesional y firmar un convenio con el Ministerio de Educación para incorporar examinadores externos en procesos de evaluación académica, fortaleciendo la meritocracia.

La CNPB afirmó que durante el ciclo político anterior los profesionales fueron marginados institucionalmente, lo que debilitó la calidad técnica en la administración pública. Con este nuevo acercamiento, la entidad se compromete a aportar soporte técnico y académico al Gobierno, resaltando que la profesionalización y la ética son esenciales para consolidar un Estado más eficiente y una política pública basada en idoneidad. El pronunciamiento concluye con un llamado a construir instituciones meritocráticas y un sector profesional fortalecido.

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La actual legislación tributaria estimula la informalidad

El debate sobre la reforma tributaria se reactivó porque la eliminación de cuatro impuestos ITF, IGF, IJ y IPJ —que aportaban menos del 1% de las recaudaciones— no modifica la presión tributaria que soportan los contribuyentes. Los sectores productivos apuntan que el sistema actual, basado en IVA, IT e IUE como pilares, genera cargas que no reflejan la estructura económica real y termina empujando a muchos a la informalidad. La rigidez en el reconocimiento de gastos y la negativa de la Administración Tributaria a admitir facturas vinculadas a operaciones necesarias, pero no estrictamente propias del rubro, afecta tanto a industrias como a PYMES, que además enfrentan multas e intereses acumulativos que vuelven impagables las deudas.

Sectores específicos, como el vitivinícola, señalan que el ICE y los aranceles encarecen su operación y reducen competitividad. Las empresas constructoras denuncian que el IVA y el IT pueden representar hasta el 16% de sus utilidades, sin posibilidad de descargo adecuado. Las recomendaciones de analistas incluyen alivios focalizados, escalas diferenciadas por tamaño de empresa, reducción del IVA en productos esenciales y medidas para combatir la defraudación tributaria y omisión del deber de facturación, fenómenos que el propio diseño del sistema incentiva indirectamente.

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Misión del Fondo Monetario Internacional ya está en Bolivia

El Gobierno confirmó la llegada de una nueva misión del FMI a Bolivia como parte de los compromisos habituales derivados de su calidad de país miembro. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, explicó que estas visitas son recurrentes y abarcan temas monetarios, tributarios y financieros, por lo que no implican negociaciones excepcionales ni programas de ajuste. Señaló que el objetivo central es intercambiar información macroeconómica y diagnósticos técnicos, lo que permitirá evaluar la situación fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas en un contexto de déficit elevado y presión sobre las reservas.

Espinoza aseguró que el Gobierno mantendrá una política de transparencia y no restringirá datos, subrayando que la relación con el FMI se alinea con la estrategia oficial de “ordenar la casa” y estabilizar la economía. La presencia de los técnicos, según el ministro, forma parte de ciclos regulares y permite comparar la política tributaria vigente con estándares internacionales, lo que puede influir en futuras decisiones sobre gasto público, deuda y eficiencia tributaria. El Ejecutivo insiste en que estas misiones no deben interpretarse como señales de crisis, sino como parte del funcionamiento normal de un Estado que busca estabilidad.

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Arancel cero para la importación de bienes tecnológicos

El presidente Rodrigo Paz anunció la eliminación de aranceles para toda tecnología no producida en Bolivia, medida que busca reducir el contrabando, abaratar la importación formal y simplificar la estructura tributaria vinculada al comercio exterior. Esta decisión se enviará a la Asamblea Legislativa como proyecto de ley y forma parte de un paquete más amplio orientado a suprimir o reducir impuestos, luego de la propuesta inicial de eliminar el IGF, ITF, IJ e IPJ.

Desde la óptica tributaria, el arancel cero pretende desplazar flujos informales hacia el circuito aduanero regular y aumentar la trazabilidad de mercancías, con efectos indirectos sobre la recaudación del IVA e IT en importaciones legalizadas. Paz también anunció una reforma profunda de la Aduana Nacional para erradicar prácticas de extorsión y agilizar el comercio exterior, subrayando que no se eliminará la institución, sino que se transformará para asegurar controles sin corrupción. El Comité Multisectorial de Oruro planteó preocupaciones sobre la falta de carburantes y el tipo de cambio, temas que el Ejecutivo incorporará en un segundo paquete de medidas.

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El Impuesto a las Grandes Fortunas

El columnista José Fernando Siñani Cárdenas, publicó en el diario El País de Tarija la nota destacando que la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) implica un retroceso en la progresividad del sistema tributario boliviano, porque este tributo es el único que grava directamente la riqueza acumulada y permite que quienes tienen mayor capacidad económica aporten más. En un esquema dominado por impuestos indirectos como IVA, IT e ICE —que afectan proporcionalmente más a los hogares de bajos ingresos— el IGF introduce un elemento de corrección redistributiva que Bolivia no obtiene del RC-IVA ni de otros tributos personales. El autor recuerda que la región presenta alta concentración de riqueza y una recaudación patrimonial mínima, lo que evidencia subutilización de mecanismos para reducir desigualdades. Señala que la experiencia internacional y los organismos económicos avalan impuestos a la riqueza como instrumentos de justicia tributaria que no afectan la inversión porque recaen sobre patrimonios consolidados y aportan legitimidad al sistema. Advierte que suprimir el IGF debilitaría la capacidad del Estado para financiar políticas públicas, aumentaría la dependencia de tributos regresivos y enviaría una señal política desfavorable sobre el compromiso con la equidad y la sostenibilidad fiscal.

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El gobierno no tiene una línea económica clara

En una entrevista difundida en el portal Infopangea, que es el proveedor digital de información para los gerentes, profesionales y empresarios del Perú, el economista boliviano Luis Fernando Romero describe al Gobierno de Rodrigo Paz como una gestión de transición, aún sin línea económica clara, que enfrenta una situación de estanflación, fuerte deterioro fiscal y crisis de confianza en las instituciones económicas. Advierte que no se han tomado medidas estructurales en subsidios a carburantes, política monetaria ni recorte del gasto público, pese a que estos factores explican buena parte de los desequilibrios actuales. Critica el manejo del Banco Central de Bolivia, al que responsabiliza por alta inflación, pérdida del poder adquisitivo y emisión monetaria cercana a 100 mil millones de dólares, lo que agrava el riesgo inflacionario.

En materia tributaria, subraya que la informalidad podría bordear el 90% porque la población no percibe contraprestación de sus impuestos en servicios y obras, por lo que el reto es abaratar la formalidad y reducir costos y tiempos de cumplimiento. Romero sostiene que la disputa política entre el presidente y el vicepresidente erosiona las expectativas y puede presionar el dólar, encarecer precios y complicar la estabilización económica necesaria para recomponer la base contributiva y combatir la pobreza.

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Hacia la necesidad de un portal único

La columnista Daniela Larrazábal Vélez publicó en el diario La Razón de La Paz su artículo sosteniendo que la formalización empresarial en Bolivia está frenada por una burocracia fragmentada que obliga al emprendedor a tramitar, de forma aislada, registros ante el SIN, Seprec, Ministerio de Trabajo, Cajas de Salud y, sobre todo, los gobiernos municipales para obtener licencias de funcionamiento. Esta dispersión genera duplicidad de requisitos, costos y tiempos que afectan directamente a las pymes, desincentivan la formalidad y reducen la base tributaria efectiva.

La autora plantea que la verdadera desburocratización debe materializarse en un Portal Único Centralizado, capaz de integrar digitalmente al nivel central y a los gobiernos autónomos municipales mediante interoperabilidad total. El sistema permitiría activar simultáneamente el registro de comercio y la licencia municipal, eliminando trámites repetidos y reduciendo espacios para corrupción. Esta reforma estructural tecnológica busca dinamizar la economía, ampliar la formalización y fortalecer la recaudación futura mediante procesos simples, estandarizados y accesibles. Para ello propone un pacto de cooperación entre el Gobierno central y los municipios que permita superar la fragmentación institucional que hoy limita el desarrollo empresarial.

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Manipulación informática en la determinación de impuestos municipales

La denuncia del concejal Manuel “Mamen” Saavedra alerta una posible manipulación informática en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra que habría reducido de forma irregular la base imponible y el pago del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI). El caso expuesto muestra cómo un inmueble urbano fue reclasificado como predio rural durante tres gestiones, lo que disminuyó su valor tributario de más de 140 mil a 10 mil bolivianos y redujo su tributo anual de cerca de 1.500 a solo 30 bolivianos. La reclasificación catastral —clave para determinar la base imponible— implica un perjuicio directo para la recaudación municipal y afecta la financiación de servicios básicos.

Saavedra advierte que, si este patrón se replicó en más inmuebles, el municipio podría enfrentar una de las mayores pérdidas tributarias en décadas. Por ello anunció denuncias formales contra los directores de Recaudaciones y Catastro, y solicitó auditorías al sistema catastral y de recaudación para identificar la cantidad de propiedades afectadas. Hasta la tarde del lunes, la Alcaldía no había brindado una respuesta oficial.

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Las exportaciones y el régimen tributario actual

El Gobierno y los sectores exportadores avanzan en acuerdos clave para mejorar la devolución impositiva y facilitar las exportaciones, dos elementos centrales para la liquidez y competitividad tributaria del sector oleaginoso y exportador. En una reunión entre CANIOB, CADEX, el Ministerio de Economía y las nuevas autoridades del Servicio de Impuestos Nacionales, se identificaron los principales retrasos en la emisión y ejecución de los CEDEIM, coincidiendo en la necesidad de agilizar trámites, dar predictibilidad y asegurar plazos, dado que estas devoluciones representan crédito fiscal acumulado por exportaciones y son esenciales para sostener el flujo de caja empresarial.

El Gobierno también expresó su disposición a modificar normas que todavía limitan la liberación de exportaciones, bajo el principio de no generar trabas administrativas ni interrupciones operativas. Ambas partes resaltaron la importancia de simplificar procesos logísticos y mantener reglas claras, a fin de reducir costos, aumentar divisas y fortalecer la capacidad productiva. Se conformaron dos mesas técnicas para dar seguimiento a estos compromisos, lo que marca un avance institucional hacia una coordinación estable entre Estado y sector privado en materia tributaria y comercial.

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Los microempresarios cuestionan la eliminación del IGF

La Conamype cuestiona la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas porque considera que beneficia a los patrimonios altos mientras los microempresarios continúan asfixiados por deudas tributarias y procesos de ejecución. Su dirigenta, Helen Riveros, afirma que miles de unidades productivas operan con capital reducido y arrastran deudas ante el Servicio de Impuestos Nacionales que suelen oscilar entre Bs 7.000 y Bs 10.000, pero que pueden llegar a Bs. 50.000. Estas obligaciones generan congelamiento de cuentas y paralización de actividades, llevando a muchos a inactivar su NIT. Por ello exigen un “perdonazo tributario” que condone deudas y libere cuentas, además de un esquema diferenciado que tome en cuenta la escala reducida de los emprendimientos.

También demandan estabilizar el acceso a dólares, mejorar la provisión de insumos y abrir mercados para reactivar la producción. Analistas como Martín Moreira coinciden en que la eliminación del IGF no alivia a quienes enfrentan procesos tributarios, remates y medidas coactivas que limitan sus operaciones empresariales; señalan que una política efectiva debió priorizar plazos amplios, suspensión de remates y flexibilización administrativa para promover formalidad y evitar que más pequeños negocios migren a la economía informal.

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Alarmante disminución de los recursos en los municipios

El municipio de Sucre enfrenta un déficit del 40% en los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), lo que afecta la financiación de programas esenciales como el desayuno escolar y servicios de salud y transporte. De los Bs 80 millones previstos para 2025, solo llegaron alrededor de Bs 60 millones, generando un faltante de unos Bs 20 millones. El desayuno escolar, que depende en gran medida del IDH, tiene un vacío de casi Bs 10 millones para completar su presupuesto anual. En contraste, las otras dos fuentes municipales —recursos propios y coparticipación tributaria— presentan buen desempeño ya que los recursos propios alcanzaron el 103% de la meta (Bs 190 millones) y la coparticipación llegó al 98% de los Bs 170 millones proyectados, con posibilidades de ingresos adicionales. Sin embargo, estos desembolsos tardíos limitan su uso en la presente gestión.

A nivel departamental, Chuquisaca también registra un déficit profundo de Bs 40 millones en IDH y Bs 75 millones en regalías, con proyecciones de cerrar el año con un faltante de hasta Bs 130 millones. Se prevé que mayores ingresos por coparticipación alivien parcialmente la caída del IDH en 2025.

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Suman las decisiones para eliminar más impuestos

El presidente Rodrigo Paz anunció que enviará un nuevo paquete de leyes para eliminar o reducir más impuestos, profundizando la reforma tributaria iniciada con la propuesta de suprimir el IGF, ITF, IJ e IPJ. La medida responde a la presión de productores, comerciantes y gremiales, quienes señalan que la formalidad es costosa y que el sistema vigente obstaculiza el desarrollo económico. El Ejecutivo no detalló qué tributos serían modificados en esta segunda fase, aunque algunos sectores demandan revisar el IVA y el IUE para aliviar la carga sobre actividades pequeñas y medianas.

En la reunión, el Comité Multisectorial entregó al Presidente un proyecto para reformar el Código Tributario, argumentando que el SIN y la Aduana operaron bajo prácticas extorsivas que desincentivan la formalización. El diálogo también abordó problemas de abastecimiento de combustibles y tipo de cambio. El Gobierno prevé presentar la propuesta normativa en los próximos días, en un contexto de expectativa sobre su impacto tributario y su capacidad para impulsar formalidad y reactivación económica.

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Abolir la Ley Avelino Siñani: un imperativo nacional

En el periódico La Patria de Oruro se publicó la nota escrita por el columnista Miguel Angel Amonzabel Gonzales. La nota sostiene que la estabilidad económica impulsada por el gobierno —basada en recortes del gasto, devolución de recursos a la banca, preservación de bonos y eliminación de impuestos para atraer capital— será insuficiente si no se corrige la crisis educativa, porque el capital humano es un componente decisivo para ampliar la base productiva y fortalecer la recaudación tributaria futura. Plantea que la Ley Avelino Siñani distorsionó el currículo al priorizar una visión ideológica por encima de contenidos científicos y tecnológicos, afectando la formación de competencias necesarias para sostener el crecimiento y mejorar ingresos tributarios de largo plazo. Además, critica la politización de la gestión escolar y la falta de meritocracia, factores que debilitan la productividad del país.

La derogación de la Ley Nº 70 de 2010 es presentada como una condición previa para crear un sistema que fomente la autonomía, el mérito e innovación, los elementos que permiten generar empleos de mayor calidad y, con ellos, la mayor capacidad contributiva, a través de lo que el Servicio de Impuestos Nacionales denomina Cultura Tributaria. El autor concluye que, sin una reforma educativa estructural, los ajustes económicos no consolidarán un desarrollo sostenible ni una base tributaria sólida para el Estado.

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Cochabamba: el eje económico nacional

La propuesta legislativa del diputado Luis Laredo busca posicionar a Cochabamba como eje económico nacional mediante un paquete de leyes que articula inversión, competitividad y redistribución tributaria. El enfoque tributario se concentra en dos frentes que son la estabilidad jurídica para atraer capital privado y el nuevo pacto fiscal que incremente los recursos regionales vinculados al desempeño productivo. Sus proyectos plantean garantías contractuales, ventanillas únicas electrónicas y mecanismos de solución de controversias que reducen costos de cumplimiento y riesgos regulatorios, elementos que suelen frenar la formalización y la llegada de nuevas empresas.

El Proyecto de Ley del Nuevo Pacto Fiscal propone redistribuir recursos en proporción 50/50 entre nivel nacional y regiones, con fondos condicionados a resultados, lo que permitiría fortalecer la inversión pública productiva y ampliar la base tributaria local. A ello se suma una ley de simplificación normativa y otra de modernización tributaria y laboral, orientadas a reducir cargas administrativas y estimular empleo formal. El paquete se completa con iniciativas de conectividad, innovación y transparencia que buscan integrar talento, infraestructura y control público para sostener un crecimiento fiscalmente responsable.

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