Artículo suscrito por:
Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista
Desde hace más cincuenta años se viene reclamando la urgencia estructural para que las diferentes instituciones del Estado boliviano puedan interoperar e intercambiar información que poseen. El reciente Decreto Supremo Nº 5595 marca un punto de inflexión al introducir la digitalización, interoperabilidad y automatización progresiva como pilares para combatir el denominado “Estado Tranca”. Sin embargo, más allá del discurso político y la oportunidad de reforma jurídica liberadora, el verdadero reto radica en transformar prácticas administrativas profundamente arraigadas en las instituciones estatales que aún desconfían del propio Estado.
Uno de los ejemplos más claros de esta contradicción es la persistente exigencia de fotocopias de la cédula de identidad en trámites administrativos. A pesar de que el Decreto Supremo prohíbe expresamente esta práctica como medida inmediata, en la realidad cotidiana muchas entidades continúan solicitándolas, evidenciando una falta de interoperabilidad efectiva entre bases de datos estatales. Esto no solo incrementa costos innecesarios para el ciudadano, sino que refleja una administración pública, donde cada institución opera como una isla plagada de burócratas inoperantes.
Desde una perspectiva tributaria, el problema se vuelve aún más evidente. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), por ejemplo, exige múltiples documentos para el empadronamiento o modificación de datos en el Registro Nacional de Contribuyentes, muchos de los cuales ya existen en registros públicos como notarías o bases digitales del Estado. Esta duplicidad no solo genera sobrecostos —como la legalización y digitalización redundante— sino que contradice el principio de eficiencia administrativa consagrado en la Constitución. Seguramente los servidores públicos del SIN han recibido de buen ánimo el Decreto Supremo Nº 5595 para revisar los requisitos del anexo técnico de la Resolución Normativa de Directorio Nº 10250000027 de 2025 para que en el caso del empadronamiento exijan solo los documentos necesarios que no existan en algún registro público.
Paradójicamente, el propio Estado ya ha demostrado que la interoperabilidad es posible. Instituciones como el SIN, la Aduana Nacional, la ASFI y el Servicio de Registro Cívico (SERECI) ya intercambian información relevante sobre los contribuyentes. Esto evidencia que el problema no es tecnológico, sino institucional, pero lo que falta ES voluntad para expandir esta integración hacia otras entidades que siguen operando bajo lógicas burocráticas tradicionales.
Otro caso emblemático de duplicidad es la coexistencia entre la matrícula de comercio administrada por el SEPREC y el Número de Identificación Tributaria administrado por el SIN. Ambos cumplen funciones similares, generando una carga innecesaria para el ciudadano y abriendo cuestionamientos sobre la racionalidad del sistema. Este tipo de redundancias es precisamente lo que el programa “Tranca Cero” busca eliminar, aunque su éxito dependerá de decisiones políticas firmes y no solo de lineamientos normativos, o de compromisos políticos con grupos influyentes. Es un secreto a voces que el sector empresarial privado quiere retomar la concesión del Registro de Comercio solo con fines utilitarios, porque para es la institución donde la duplicidad de trámites es una razón de ser y lo peor es que cobra dinero por “reregistrar” los mismos documentos que ya existen en los registros notariales.
El Decreto Supremo introduce un concepto clave que es la interoperabilidad progresiva. Esto implica reconocer que la integración total de sistemas no será inmediata, sino gradual. Sin embargo, esta gradualidad también puede convertirse en un riesgo si se traduce en dilaciones indefinidas o “encubrimiento de parásitos” en torno a la ineficiencia administrativa. Instituciones públicas como Derechos Reales y el Sereci ya han manifestado su intranquilidad sobre estas medidas inmediatas —como la eliminación de requisitos absurdos— y las reformas estructurales de largo plazo que son uno de los puntos más críticos del proceso.
En este contexto, la creación del Catálogo Nacional de Trámites representa una innovación relevante. Este instrumento funcionará como un filtro legal por lo que todo requisito que no esté registrado simplemente no podrá ser exigido. Además, herramientas como el sistema “Reporta tu Tranca” permitirán recopilar evidencia sobre incumplimientos, sobrecostos y prácticas indebidas en tiempo real, fortaleciendo la transparencia y el control social de los ciudadanos.
En definitiva, la interoperabilidad no es solo una cuestión tecnológica, sino un cambio de paradigma en la gestión pública. Supone que el Estado deje de pedir al ciudadano información que ya posee, y que las instituciones confíen entre sí. Mientras las medidas inmediatas generan alivios visibles, el verdadero éxito del programa “Tranca Cero” dependerá de que la interoperabilidad deje de ser un objetivo progresivo y se convierta en el estándar obligatorio de toda la administración pública boliviana.
