¿Debe reponerse el tipo penal sobre facturas sin hecho generador?
Artículo suscrito por:
Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista
El uso indebido de facturas sin hecho generador continúa siendo uno de los mecanismos más frecuentes que utilizan los contribuyentes de mala fe para aprovechar un crédito fiscal y reducir artificialmente la carga tributaria en el IVA y el IUE. Para combatir esta conducta anómala, desde el nivel central del Estado, mediante la Ley Nº 317 de 2012 del Presupuesto General del Estado de la gestión fiscal de 2013, se introdujo en el Código Tributario Boliviano este artículo que decía:
Artículo 177º ter (EMISIÓN DE FACTURAS, NOTAS FISCALES Y DOCUMENTOS EQUIVALENTES SIN HECHO GENERADOR). El que, de manera directa o indirecta, comercialice, coadyuve o adquiera facturas, notas fiscales o documentos equivalentes sin haberse realizado el hecho generador gravado, será sancionado con pena privativa de libertad de dos (2) a seis (6) años
El año de 2014 el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucional esta norma punitiva sin que las autoridades tributarias logren reponerla en el ordenamiento legal. Pese al tiempo transcurrido y las constantes depuraciones de facturas en instancias administrativas; el pasado 13 de noviembre el Servicio de Impuestos Nacionales público nuevamente una lista de contribuyentes registrados y con NIT´s observados que han emitido facturas de manera inescrupulosa, perjudicando a personas que registraron esos documentos fiscales. Ante esta realidad, surge una pregunta inevitable: ¿debería la Asamblea Legislativa Plurinacional reponer un tipo penal que sancione estas conductas, considerando que la Sentencia Constitucional 100/2014 declaró inconstitucional el artículo 177 ter del Código Tributario Boliviano?
Es importante recordar que la SC 100/2014 no legitimó las facturas falsas ni les otorgó validez tributaria. Lo que declaró inconstitucional fue la configuración penal introducida en 2013, por violar los principios de proporcionalidad, igualdad, taxatividad y seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional Plurinacional observó que el tipo penal castigaba con la misma pena a quienes comercializaban, adquirían o coadyuvaban en la venta de facturas sin hecho generador, sin diferenciar la gravedad de cada conducta. Ello implicaba tratar como iguales situaciones esencialmente distintas y otorgar al juez un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de legalidad penal.
Sin embargo, la expulsión de ese tipo penal del ordenamiento legal no implica que el fenómeno de las facturas sin materialización económica (facturas truchas) haya dejado de ser un problema grave. La emisión y adquisición de documentos fiscales que simulan operaciones inexistentes afecta directamente a la recaudación y estimula una industria clandestina que tiene que acabar. Las sanciones administrativas —como la depuración del crédito fiscal, la aplicación de multas y la imposición de marcas de control— resultan adecuadas para operaciones aisladas, pero son insuficientes para enfrentar organizaciones delincuenciales dedicadas a la venta sistemática de facturas o a la generación de cadenas de crédito fiscal ficticio.
Por ello, la discusión sobre reponer un tipo penal no solo es legítima, sino necesaria. La SC 100/2014 no prohíbe penalizar estas conductas; simplemente exige que el legislador lo haga respetando los estándares constitucionales. Esto supone diseñar tipos penales diferenciados para la comercialización, la adquisición; además de establecer escalas de penas proporcionales; y describir de manera clara y precisa los elementos de cada conducta y su vinculación con la afectación al sistema tributario. El derecho penal debe aplicarse solo frente a conductas graves y organizadas que se vinculan con delitos tributarios como la defraudación, dejando al régimen administrativo la corrección de incumplimientos menores respecto de la simple depuración del crédito fiscal bajo la figura contravencional de la omisión de pago.
En conclusión, la reposición de un tipo penal bien estructurado podría fortalecer la lucha contra la evasión basada en facturas simuladas, siempre que se respete el marco constitucional establecido por la SC 100/2014. Un diseño adecuado permitiría combatir estructuras fraudulentas sin criminalizar errores formales o disputas propias del ámbito tributario administrativo. La protección de la recaudación pública y de la fe documental exige un equilibrio entre sanciones administrativas eficientes y un instrumento penal reservado para los casos de mayor gravedad.
Descarga ahora la revista en formato PDF
No te pierdas las novedades más recientes en materia tributaria boliviana. Haz clic en el botón de descarga y lleva contigo el análisis más completo sobre la normativa tributaria de Bolivia. ¡Es rápido, sencillo y gratuito!
Nuevos viceministros del área económica
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas inició una nueva etapa orientada a corregir el desequilibrio fiscal y recuperar la confianza financiera del país. El ministro José Gabriel Espinoza posesionó a Jaime Coronado como Viceministro de Presupuesto y a Christian Morales como Viceministro de Tesoro y Crédito Público, asignándoles tareas directamente vinculadas con la sostenibilidad tributaria y la gestión responsable de los recursos públicos. La prioridad inmediata es ajustar el Presupuesto General del Estado 2026 bajo criterios de austeridad, eficiencia y transparencia, además de fortalecer la planificación presupuestaria de mediano plazo y coordinar con las entidades territoriales para asegurar una distribución equitativa del gasto.
En materia fiscal, Morales deberá garantizar liquidez en la Tesorería General, definir una política prudente de endeudamiento y crear condiciones para promover inversión pública y privada. Ambos viceministerios trabajarán bajo lineamientos de claridad documental y comunicación permanente, elementos esenciales para restablecer la credibilidad del sistema económico. La posesión marca el inicio de un proceso de reconstrucción orientado a estabilizar las finanzas públicas, mejorar la disciplina fiscal y reforzar la relación entre Estado y contribuyente, condiciones necesarias para una recuperación sostenida.
Contribuyentes bajo presión: ¿fiscalización o acoso tributario?
En su artículo publicado en el diario El Deber de Santa Cruz, el economista Tomy W. Pérez Alcoreza indica que Bolivia vive un clima de tensión entre la fiscalización tributaria y la percepción de acoso por parte del SIN. El texto expone que las multas altas, el congelamiento de cuentas y la aplicación rígida de sanciones basadas en UFV afectan de forma directa el cumplimiento voluntario. Desde una mirada tributaria, estos mecanismos deberían corregir incumplimientos y asegurar la recaudación, pero su uso excesivo genera efectos contrarios, aumenta la informalidad y debilita la confianza en la administración.
El artículo cuestiona fallas técnicas del SIAT y los problemas derivados de implementar módulos sin pruebas completas. Esto tiene impacto tributario, porque errores en la cuenta corriente, créditos fiscales o declaraciones procesadas de forma incorrecta distorsionan la determinación de obligaciones y generan litigios e impugnaciones. La falta de comunicación oficial agrava esta situación, porque un sistema sin certeza afecta la seguridad jurídica del contribuyente.
La crítica central plantea que la política de fiscalización perdió proporcionalidad y orientó su foco en recaudar sin acompañar al contribuyente. En el ámbito tributario, la fiscalización debe equilibrar control, orientación y eficiencia administrativa. Cuando el contribuyente percibe abuso o incertidumbre, disminuye la disposición a permanecer en el sistema formal.
El texto concluye señalando la necesidad de un régimen impositivo moderno y una administración más eficiente y empática, elementos clave para mejorar la recaudación y fortalecer la relación Estado-contribuyente.
Nueva perspectiva para los hidrocarburos y los impuestos
El ministro Mauricio Medinaceli propone reformar el régimen tributario hidrocarburífero mediante un sistema diferenciado que ajuste la carga tributaria según el riesgo geológico, la etapa del proyecto y la rentabilidad esperada. La idea central es sustituir la estructura uniforme vigente —basada en tasas fijas y sin distinción entre campos— por un “government take” flexible que permita atraer inversión, impulsar la exploración y reactivar la producción de gas natural.
El planteamiento combina criterios de progresividad y eficiencia, así como cargas menores para áreas de alto riesgo o fases tempranas del flujo de caja, y tasas más altas cuando el campo demuestra viabilidad comercial y menor incertidumbre. Este enfoque, definido por el Ministro como “microcirugía fiscal”, busca corregir el desincentivo creado por tratar todas las áreas bajo un mismo esquema tributario. Además, incorpora variables como condiciones de transporte y destino del producto (mercado interno o exportación), factores que influyen en la utilidad real del proyecto y, por tanto, en la determinación del tributo.
El diagnóstico sectorial reconoce que Bolivia enfrenta una caída sostenida en producción y mercados, por lo que resulta imprescindible reabrir el sector a inversión privada y equilibrar el rol de YPFB. En consecuencia, el Ministerio trabaja en la modificación de la Ley de Hidrocarburos y en normas complementarias para electricidad y energías renovables, apuntando a una modernización integral del sistema energético y tributario.
Starlink y la conectividad digital
Bolivia autorizó el ingreso de Starlink como parte de los acuerdos que reactivan la relación bilateral con Estados Unidos. Desde una perspectiva tributaria, la medida implica la incorporación de un nuevo operador internacional al mercado de telecomunicaciones, lo que requiere definir su régimen impositivo de dominio nacional en IVA, IT e IUE y también en tributos municipales vinculados a servicios y uso de infraestructura. La llegada de la empresa también demanda claridad sobre sus obligaciones de registro, facturación electrónica y tratamiento tributario de servicios digitales prestados desde el exterior.
El subsecretario estadounidense Christopher Landau confirmó que representantes de Starlink ya se encuentran en Bolivia para coordinar la implementación del servicio. El Gobierno destaca que esta tecnología permitirá ampliar la conectividad en zonas rurales y cerrar brechas digitales, un elemento clave para mejorar el cumplimiento tributario de actividades económicas ubicadas fuera de los centros urbanos.
La operación de Starlink puede dinamizar sectores productivos dependientes de conectividad estable, como es el caso de todos los módulos del SIAT en línea y favorecer la formalización de pequeños negocios con su la emisión de facturas electrónicas. Además, el ingreso de un actor global podría impulsar ajustes regulatorios y tributarios en telecomunicaciones para garantizar competencia, correcta determinación de tributos y control efectivo sobre servicios digitales transfronterizos.
Los 10 Principales Contribuyentes
El estudio “Ranking de las 500 Empresas Más Grandes de Bolivia” revela una fuerte concentración del capital corporativo y patrones que inciden directamente en la base tributaria nacional. Diez empresas generan un tercio de las ventas del país y 500 concentran el 85% de los ingresos, lo que muestra que una parte significativa de la recaudación depende de pocos contribuyentes de gran tamaño. La alta participación de YPFB, con el 22% de los ingresos nacionales, confirma un peso estatal que condiciona la estructura impositiva.
El informe identifica un aumento sostenido del apalancamiento empresarial y una caída en la eficiencia del capital, elementos que reducen utilidades y afectan la contribución efectiva al IUE. También resalta la migración de grandes compañías hacia Santa Cruz, lo que obliga a revisar la distribución territorial de la recaudación y la política de incentivos regionales.
El sector empresarial coincide en que la presión tributaria elevada —como el caso de CBN, que reporta pagar más del 60% de sus ingresos en impuestos— limita la expansión y requiere ajustes que vinculen mayor recaudación con crecimiento económico sostenible.
Industriales piden revisión del Código Tributario Boliviano
El pronunciamiento de las cámaras industriales plantea una agenda de reactivación enfocada en recuperar inversión, competitividad y certidumbre normativa. El sector advierte que la falta de divisas, la caída de la producción de hidrocarburos y la desindustrialización sostenida afectan la base tributaria y reducen la capacidad del Estado para recaudar y sostener servicios esenciales. Por ello, propone reglas claras que fortalezcan el Estado de Derecho, garanticen la propiedad privada y eliminen restricciones que frenan exportaciones y producción.
Los industriales solicitan revisar normas clave como el Código Tributario, la Ley General de Aduanas y la legislación laboral, para reducir costos formales y mejorar la competitividad tributaria. También plantean abrogar leyes que, a su juicio, generan incertidumbre y desincentivan la inversión. La agenda incluye cuatro proyectos de ley sobre inversiones, contrabando, falsificación y penalización de bloqueos, orientados a ordenar el entorno productivo.
El sector destaca que la industrialización del litio debe consolidar una cadena de valor que genere empleo y divisas. Reitera su disposición al diálogo y sostiene que la reindustrialización depende de una coordinación efectiva entre el Gobierno y el sector privado para diversificar la economía y fortalecer la recaudación sostenible.
El Directorio interino del Banco Central de Bolivia
El Gobierno posesionó a las nuevas autoridades del Banco Central de Bolivia (BCB) y marcó el inicio de una etapa centrada en restablecer la estabilidad financiera y la disciplina fiscal. El presidente Rodrigo Paz y el ministro José Gabriel Espinoza destacaron que la autonomía técnica del BCB será un pilar esencial para recuperar la confianza económica. El nuevo Directorio, encabezado por David Iván Espinoza Torrico, deberá reordenar el mercado cambiario, eliminar la emisión monetaria para financiar gasto público y asegurar el cumplimiento estricto de la Ley del BCB.
La decisión tiene relevancia tributaria porque un Banco Central independiente contribuye a estabilizar precios, disminuir presiones inflacionarias y generar un entorno más seguro para la recaudación tributaria y la inversión. La reducción de emisión sin respaldo busca fortalecer la moneda, mejorar la previsibilidad económica y reducir distorsiones que afectan la determinación de tributos. Según el Gobierno, devolver credibilidad a la institución es clave para reconstruir la relación entre Estado, contribuyentes y sistema financiero. Esta posesión marca un primer paso hacia un marco macroeconómico ordenado y una administración pública más responsable.
Compromisos del presidente Paz
El nuevo presidente Rodrigo Paz presentó diez compromisos que orientarán su gestión y que tienen impacto directo en el marco tributario y económico del país. La prioridad es reconstruir la estabilidad económica mediante un plan que incluye reducción de impuestos, rebaja de aranceles y estímulos para la formalización, bajo la idea de un “capitalismo para todos”. El énfasis tributario se centra en abaratar la formalidad y eliminar barreras administrativas que hoy aumentan costos y desincentivan el cumplimiento.
La agenda incorpora un proyecto de modelo federal que podría redefinir competencias tributarias regionales a mediano plazo. Paz también anunció recorte de ministerios y empresas estatales consideradas innecesarias, decisión con efectos en gasto corriente y reasignación presupuestaria. La emergencia energética recibe atención inmediata con el reabastecimiento de combustible, elemento clave para evitar distorsiones tributarias y logísticas. Finalmente, promete atraer inversión, modernizar sistemas digitales y promover un “gobierno verde”, lo que implica ajustar incentivos tributarios para actividades sostenibles. El conjunto busca estabilizar la economía, reforzar la institucionalidad estatal y reconstruir la relación entre contribuyente y administración.
Perdonazos tributarios en todos los municipios del país
Bolivia atraviesa una fuerte caída en la recaudación tributaria y los gobiernos municipales han respondido con incentivos fiscales para recuperar ingresos. La reducción del pago de impuestos por la ciudadanía, causada por la crisis económica, afectó la capacidad de financiar servicios esenciales. Los municipios aplican “perdonazos” y descuentos que buscan regularizar deudas atrasadas, incluso de casi 30 años, pero estas medidas también reducen temporalmente el flujo efectivo de recursos.
En varios gobiernos municipales se observa una combinación de baja recaudación, mora acumulada y dificultad para sostener servicios como mantenimiento de equipamiento educativo, desayuno escolar y obras públicas. La situación refleja que los incentivos tributarios son útiles para depurar cartera, aunque exigen una gestión eficiente del riesgo de incumplimiento.
Los casos de La Paz, Cochabamba, El Alto y Santa Cruz muestran que la recaudación depende no solo de los beneficios liberatorios, sino también de políticas previas. En La Paz, por ejemplo, el cobro anticipado de impuestos afectó indicadores posteriores, lo que evidencia la importancia del principio de gestión vencida previsto en el Código Tributario. A pesar de ello, se aplican nuevas medidas como la Ley 573 de Alivio Tributario, que elimina multas e intereses para impulsar el pago voluntario.
La combinación de crisis económica, mora histórica y campañas de regularización exige a los municipios mejorar su planificación, fortalecer sus sistemas de cobro y priorizar un diseño tributario que no dependa de incentivos excepcionales para sostener sus finanzas.
Tarija publica masivamente a los contribuyentes
La Alcaldía de Tarija publicó la lista de contribuyentes que mantienen deudas por el Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI), en aplicación de la Ley 2492 y del Decreto Supremo 27310. Esta publicación constituye una notificación válida dentro del procedimiento determinativo, lo que activa para el contribuyente un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante la Dirección de Ingresos y recibir la Liquidación por Determinación Mixta.
El aviso señala que, si el contribuyente no se apersona, se aplicará el artículo 89.2 del Código Tributario, que permite continuar la ejecución con base en la notificación masiva, y la Resolución Administrativa GMT-FISCA 65/2011. En caso de persistir el incumplimiento, la administración puede disponer medidas precautorias inmediatas para asegurar el cobro de la deuda.
La lista, ordenada por apellido o razón social, facilita la búsqueda y forma parte de las acciones de control municipal destinadas a depurar cartera y avanzar hacia la etapa coactiva cuando corresponda, reforzando la importancia de atender la notificación dentro del plazo legal.
El Gobierno Municipal de Santa Cruz recuerda que el 21 de noviembre vence el plazo para acogerse al descuento tributario aplicado a deudas municipales. El beneficio constituye un mecanismo de regularización que elimina la carga accesoria y reduce el capital omitido, con impacto directo en la depuración de cartera y en la recuperación de ingresos. Para las gestiones 1995-2023 se aplica el 100% de condonación de multas e intereses, además de descuentos del 50% sobre tributos omitidos antiguos (1995-2014) y del 20% sobre omisiones recientes (2015-2023) en inmuebles, vehículos, actividades económicas, IMT e IMTO. También se mantiene un descuento del 5% para la gestión 2024.
Este tipo de medidas se orienta a incrementar el pago voluntario en un contexto de baja recaudación municipal, ofreciendo un alivio económico inmediato a los contribuyentes y reduciendo la mora estructural. Sin embargo, el municipio advierte que no habrá ampliación del plazo, lo que refuerza la necesidad de cumplir dentro del periodo establecido. El esquema permite a la administración mejorar flujo financiero y cerrar gestiones con mayor certeza recaudatoria, mientras los contribuyentes regularizan obligaciones pendientes con un costo tributario significativamente reducido.
La Alcaldía de Santa Cruz reporta una mora tributaria superior a Bs 1.180 millones, cifra que refleja el impacto de varios años de incumplimiento en impuestos municipales y la urgencia de depurar sus cuentas por cobrar antes del cierre de gestión. El municipio aplica condonaciones del 100% de multas e intereses y descuentos diferenciados para incentivar el pago voluntario, incluido un 5% para la gestión 2024. Estas medidas buscan transformar una deuda acumulada en obligaciones líquidas que puedan ejecutarse desde 2026.
La Administración Tributaria Municipal activó más de 100.000 congelamientos de cuentas bancarias tras la notificación con proveído de inicio de ejecución, conforme establece la normativa. Este mecanismo presiona el cobro coactivo y pretende asegurar que los contribuyentes regularicen deudas antes de enfrentar medidas más severas. La magnitud de la mora evidencia la necesidad de fortalecer la gestión de recaudación y mejorar el equilibrio entre incentivos de regularización y acciones de coerción, de modo que el municipio recupere ingresos sin deteriorar la relación con los contribuyentes ni afectar la continuidad de actividades económicas.
