El poder paralelo de las cooperativas mineras
Ronald Nostas Ardaya, empresario industrial y expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en su artículo analiza el creciente poder político y económico de las cooperativas mineras en Bolivia y sus graves efectos tributarios, sociales y ambientales. Expone que, en los últimos años, estas organizaciones han protagonizado avasallamientos de minas privadas, enfrentamientos violentos e incluso hechos criminales. Aunque se presentan como un sector popular y generador de empleo, concentran más del 90% de la mano de obra minera en condiciones precarias, mientras que su contribución en el pago de impuestos es mínima. Pese a producir el 58% de la minería nacional y casi todo el oro, apenas aportan el 0,2% de la recaudación tributaria boliviana, gracias a exenciones de IVA, IT y regalías reducidas al 2,5%.
El empresario Nostas Ardaya señala que este poder se consolidó por su capacidad de presión política, al punto de influir en la designación de autoridades y en la redacción de leyes a su medida. Además, se destaca su fuerte impacto ambiental por el uso de mercurio y cianuro en la explotación aurífera y su expansión a otros minerales sin control laboral ni licencias ambientales. Esta situación desalienta la inversión extranjera, que en Bolivia es muy baja en comparación con Chile y Perú.
Claramente el articulista concluye que mientras las cooperativas mantengan privilegios tributarios al margen de la ley, Bolivia seguirá atrapada en un modelo informal, depredador e inequitativo. El reto es fortalecer la institucionalidad, eliminar exenciones injustificadas, aplicar controles ambientales y avanzar hacia una minería moderna y sostenible.
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La contradicción del SIN en la facturación electrónica
El Servicio de Impuestos Nacionales ha emitido la Resolución Normativa de Directorio Nº 10250000036 que establece la ampliación del plazo hasta marzo de 2026 para que la mayoría de los contribuyentes unipersonales adopten la facturación electrónica. Esta normativa desnuda una realidad incómoda y confirma que el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) no está preparado para procesar de manera eficiente la información que los contribuyentes requieren al emitir sus facturas digitales.
El discurso oficial sostiene que el Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT) ya opera plenamente bajo la modalidad en línea, pero este nuevo diferimiento revela lo contrario. Si realmente el SIN tuviera un funcionamiento sólido, confiable y accesible, no habría necesidad de seguir prorrogando la incorporación de miles de contribuyentes al régimen de la facturación electrónica, que precisamente esta integrado en el SIAT. Otra prueba más de que este sistema es inseguro.
Más grave aún, esta decisión contradice la propia política institucional de “digitalización total” de los servicios informáticos dedicados a la recaudación de impuestos nacionales. En lugar de fortalecer la confianza y la seguridad en el sistema, la ampliación expone inconsistencias y debilita el argumento de que la transformación digital de la administración tributaria está consolidada, prolongando aún la nefasta experiencia de la “facturación manual”.
El resultado es un mensaje confuso que por un lado exige modernización a los contribuyentes, pero por el otro el propio SIN evidencia que no puede sostener el ritmo de la digitalización que predica.
Las cooperativas mineras de Viacha gozan de privilegios
En Viacha se ha generado un fuerte conflicto por la actividad minera y la baja carga tributaria que soportan sus empresas. La Alcaldía cobra a las procesadoras de minerales una patente anual de apenas Bs 3.053, mientras que otros rubros pagan montos muy superiores, por ejemplo una embotelladora de gaseosas tributa hasta Bs 15.263, las fábricas de cemento Bs 85.000, las ladrilleras Bs 20.000 y las de cal o cerámica Bs 15.000. Incluso sectores como curtiembres, lácteos o calaminas pagan más que las mineras.
Mineras en Viacha pagan una patente de Bs 3.000 y una embotelladora de gaseosas tributa hasta Bs 15.000 Las empresas que elaboran calaminas tributan Bs 4.722; las que producen lácteos; Bs 4.722; curtiembres, Bs 4.722 y finalmente se encuentran las procesadoras de minerales que pagan un impuesto anual de Bs 3.053.
La concejala Lizeth Villagómez denunció que estas tarifas, heredadas de gestiones anteriores, representan un privilegio injustificado para las mineras, que además operan con alto impacto ambiental y muchas veces sin licencias. Según un comité interinstitucional, de las 23 empresas mineras en la zona solo seis cuentan con licencia ambiental y apenas dos cumplen con toda la normativa vigente. La mayoría trabaja de forma ilegal, utilizando sustancias tóxicas como cianuro.
La presión social llevó a la promulgación de la Ley Municipal 042/2025 que declara a Viacha “libre de minería contaminante” y ordena la clausura de empresas sin permisos. Entre el 1 y el 10 de septiembre se registraron marchas, toma de la Alcaldía, procesos sancionatorios iniciados por la Gobernación de La Paz y pronunciamientos de 29 organizaciones nacionales e internacionales que exigieron proteger a los defensores ambientales.
Dilemas de la contaminación minera en Viacha
Moisés Gutiérrez, en su artículo de opinión, aborda los dilemas que plantea la contaminación minera en Viacha en el marco del pluralismo jurídico boliviano y los derechos indígenas. Señala que, pese a la vigencia de normas como la Constitución, la Ley 063 de Deslinde Jurisdiccional y el Convenio 169 de la OIT, no se cumplió con la consulta previa e informada a las comunidades originarias afectadas por las actividades de lixiviación con cianuro y mercurio. La falta de coordinación entre el Estado y la Justicia Indígena Originaria Campesina (JIOC) genera un vacío institucional que deja en indefensión a los pueblos de la región SIMACO, cuyo territorio incluye Viacha y municipios aledaños.
La promulgación de la Ley Municipal 042/2025, que declara a Viacha libre de minería contaminante, refleja la presión comunitaria, pero también pone en evidencia la debilidad de la institucionalidad, pues muchas empresas operan sin licencias ambientales. El autor critica que, pese al discurso indigenista del Estado Plurinacional, en los hechos predomina una gestión colonial que tolera componendas y omisiones frente al daño ambiental.
Como salidas, plantea articular a representantes indígenas, el Ministerio de Medio Ambiente, AJAM y SENARECOM en comisiones de fiscalización, acompañadas de procesos penales por delitos ambientales, clausuras y sanciones comunitarias. También sugiere la construcción de mesas interjurisdiccionales que fortalezcan la justicia indígena en materia ambiental, tomando experiencias de Charagua Iyambae, el Cauca en Colombia y el pueblo Sarayaku en Ecuador. La propuesta final es avanzar hacia una justicia restaurativa que repare el daño y reconozca la defensa del agua y del territorio como derechos colectivos no negociables.
Capacitación en derechos humanos
La Defensoría del Pueblo llevó adelante una capacitación dirigida a casi un centenar de funcionarios del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), tanto de la oficina central como de sus regionales, con el fin de promover los derechos humanos y difundir la normativa sobre prevención de la violencia.
El taller estuvo a cargo de la Delegación Defensorial Departamental de La Paz y abarcó el análisis de las Leyes 870 (Defensor del Pueblo), 045 (Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación) y 348 (Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia). También se trabajaron temas de prevención del acoso laboral y reflexiones sobre masculinidades, con el apoyo del Centro de Promoción y Salud Integral (CEPROSI).
El delegado defensorial Francisco Rodríguez destacó que estas actividades cumplen el mandato de promover y difundir derechos, y que la jornada fue enriquecida por el intercambio con los funcionarios del SIN. Por su parte, los participantes valoraron el espacio, señalando que el conocimiento de estas normas les permitirá brindar un servicio público más respetuoso y evitar vulneraciones de derechos.
La Defensoría informó que estas capacitaciones pueden gestionarse a través de su línea gratuita, WhatsApp y el aula virtual institucional, reforzando el lema: “Todas y todos somos Defensores del Pueblo”.
Falsificación en trámites ante la administración tributaria municipal
La Fiscalía Departamental de Oruro anunció que iniciará una investigación sobre presuntos cobros irregulares y falsificación de documentos en trámites municipales vinculados a transferencias y pagos de impuestos. El concejal Iván Quispe denunció la existencia de firmas falsas, poderes caducos y hasta operaciones realizadas usando identidades de personas fallecidas.
El fiscal departamental, Aldo Morales, informó que, incluso si la denuncia formal no prospera, el Ministerio Público podría abrir un proceso de oficio. Los hechos investigados podrían configurar delitos como falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y cohecho, debido a la posible participación de funcionarios municipales que habrían actuado como tramitadores.
Quispe recordó que en gestiones pasadas ya se detectaron irregularidades similares, sobre las que la unidad de Transparencia recomendó iniciar procesos administrativos y penales. Ahora se busca dar seguimiento a los nuevos casos y aportar la documentación necesaria.
De comprobarse las denuncias, la Fiscalía procederá a identificar responsabilidades administrativas y penales. El proceso es considerado clave para recuperar la transparencia en los trámites municipales y la confianza ciudadana en la Alcaldía de Oruro.
Las empresas constructoras ante el colapso total
La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) declaró estado de emergencia y advirtió que el sector enfrenta una crisis que podría derivar en un “colapso sin precedentes”. Según el comunicado, seis factores críticos amenazan la continuidad de proyectos estratégicos y la viabilidad de las empresas constructoras en todo el país.
Los principales problemas identificados son la demora o falta de pago de entidades públicas, que genera iliquidez; un régimen impositivo considerado injusto; el alza incontrolable en precios de materiales, insumos, maquinaria y equipos; además de trabas burocráticas que frenan la inversión pública. A esto se suman la escasez de combustible y la falta de dólares, que afectan directamente la importación de insumos y repuestos.
La Caboco advirtió que, si no se adoptan medidas urgentes, la crisis provocará graves consecuencias en el empleo, la inversión y la estabilidad económica nacional. El sector insiste en que se requieren acciones inmediatas para garantizar la reactivación de la construcción y evitar un colapso que impactaría directamente en el desarrollo económico y social de Bolivia.
No existen físicamente la reserva de oro
El diputado José Luis Porcel denunció que de las más de 22 toneladas de oro que deberían resguardarse en el Banco Central de Bolivia (BCB), solo quedarían alrededor de 2,5 toneladas en bóvedas locales, mientras casi 20 toneladas estarían en bancos de Suiza, Canadá, Francia y Estados Unidos. Ante ello, anunció que pedirá una inspección urgente y pública para verificar la existencia física del metal y esclarecer las condiciones de su traslado al extranjero.
Porcel advirtió que, si la salida del oro no fue legal, las reservas internacionales podrían caer a niveles críticos, lo que agravaría la crisis económica del país.
En respuesta, Oswaldo Quelali, gerente de Operaciones Monetarias del BCB, explicó que al 31 de agosto se registraban 24,12 toneladas de oro, de las cuales 21,85 estaban invertidas en bancos internacionales de primera línea y 2,27 toneladas permanecían en bóvedas locales en proceso de refinación. Recordó que la Ley 1670 y la Ley 1503 facultan al BCB a administrar y rentabilizar las reservas sin necesidad de autorización legislativa.
Quelali calificó las denuncias de “desinformación”, instó a consultar los informes oficiales publicados en la web del BCB y llamó a no utilizar este tema con fines políticos preelectorales.
