Cien empresas pagan el 53,9% de los impuestos
El Servicio de Impuestos Nacionales informó que entre enero y agosto de 2025, los 100 principales contribuyentes generaron el 53,9% de la recaudación total del país. La mitad de los 20 mayores están en La Paz, cinco en Santa Cruz, dos en Cochabamba, dos en Potosí y uno en Sucre que es el Banco Nacional de Bolivia (BNB). En contraste, YPFB redujo su participación del 13,3% al 8,8% respecto a 2024, mientras que Entel y ENDE incrementaron levemente sus aportes.
El eje central —La Paz, Santa Cruz y Cochabamba— concentró el 90,5% de la recaudación, con un crecimiento de 19,2% frente al año anterior. Beni y Chuquisaca destacaron por sus mayores incrementos relativos gracias a la expansión económica local y a mejoras en el control fiscal.
En total, la recaudación del mercado interno alcanzó 28.230 millones de bolivianos, un 18,7% más que en 2024. Por sectores, el comercio aportó el 22% y los servicios financieros el 16,3%, seguidos de bebidas, minerales y servicios empresariales. Paralelamente, el Impuesto a las Grandes Fortunas recaudó 160 millones, 5 millones menos que el año pasado.
Recaudación tributaria sube 18,7%. El ilusionismo fiscal
El reconocido analista económico, Gonzalo Chávez, escribió la siguiente nota en sus cuentas de Facebook y X con relación al incremento de la recaudación tributaria en el mes de agosto de 2025.
El Servicio de Impuestos Nacionales anunció con entusiasmo que la recaudación tributaria entre enero y agosto alcanzó los 28.230 millones de bolivianos, un crecimiento del 18,7% respecto al mismo período de 2024. Sobre el papel, un éxito digno de titular en primera plana.
El detalle es que, en esos mismos ocho meses, la inflación acumulada fue de 18,1%. Dicho de otro modo, lo que parece un salto vigoroso en las cifras no es más que el efecto de billetes que cada día compran menos. Ajustando por precios, la recaudación real apenas creció 0,6%.
En términos académicos, estamos frente a la diferencia entre variables nominales y reales: la primera mide montos en valores corrientes, la segunda descuenta la inflación para mostrar lo que realmente se ganó.
El Estado se felicita por recaudar más, pero la capacidad de esos ingresos para financiar bienes y servicios públicos prácticamente no se movió.
Así, lo que tenemos no es un verdadero boom recaudatorio, sino un caso clásico de ilusión fiscal: la magia de presentar números inflados como si fueran logros sustanciales. Y aunque los discursos se inflen tanto como las cifras, al final del día, la recaudación real sigue siendo delgadísima.
La recaudación tributaria y el espejismo de la ilusión fiscal
El fenómeno que describe Chávez se denomina ilusión fiscal. Consiste en presentar números inflados por la inflación como si fueran logros sustantivos, cuando en realidad no hay un aumento real de recursos disponibles para financiar bienes y servicios públicos. El Estado puede anunciar que recauda más, pero su capacidad efectiva para sostener salud, educación o inversión en infraestructura apenas se ha movido.
El riesgo de esta ilusión no es solo contable, sino político y social. Cuando se transmiten mensajes de prosperidad sustentados en cifras nominales, se generan expectativas que tarde o temprano chocan con la realidad de presupuestos ajustados. A la larga, esta práctica erosiona la confianza ciudadana y puede debilitar la credibilidad de la política fiscal.
El crecimiento del 18,7% en la recaudación total refleja una mejora en los ingresos fiscales del Estado, aunque economistas advierten que parte de este aumento puede estar influido por la inflación y no necesariamente por un mayor dinamismo económico. La reducción en el IGF también plantea interrogantes sobre la evolución del patrimonio de los sectores de mayores ingresos.
Todo indica que en agosto de 2025 se confirmó que la estructura tributaria boliviana se sostiene en un reducido grupo de grandes contribuyentes y en sectores estratégicos de la economía, mientras enfrenta el desafío de ampliar la base tributaria y asegurar una recaudación sostenible en un contexto de tensiones económicas.
El supuesto crecimiento del 18,7% en la recaudación tributaria debe leerse con cautela. Si bien refleja disciplina en la cobranza, también desnuda la fragilidad de unas finanzas públicas que dependen más del alza de precios que de un verdadero fortalecimiento económico o de una reforma tributaria estructural. En tiempos de alta inflación, el Estado puede recaudar más billetes, pero no necesariamente más recursos reales.
La recaudación tributaria y las voces críticas de la ciudadanía
El reciente anuncio del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) sobre un incremento del 18,7% en la recaudación tributaria entre enero y agosto de 2025 fue recibido con entusiasmo por la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales. Sin embargo, en las redes sociales surgieron numerosas reacciones que cuestionan la validez de ese “logro” y que coinciden con las observaciones del economista Gonzalo Chávez respecto a la llamada ilusión fiscal.
Uno de los puntos más señalados por la ciudadanía es que el incremento reportado refleja más el efecto de la inflación acumulada (18,1%) que una verdadera mejora en la eficiencia tributaria. En términos reales, la recaudación apenas creció un 0,6%. Esta percepción refuerza la idea de que los números presentados esconden un crecimiento ficticio, que no se traduce en mayores recursos efectivos para el Estado.
Otra crítica recurrente apunta a que el incremento proviene principalmente de multas, procesos de fiscalización y medidas coercitivas aplicadas sobre los mismos contribuyentes de siempre. Los comentarios denuncian que, más que eficiencia recaudatoria, existe una política de presión y sanciones, lo que explica parte de la subida, pero a costa de asfixiar a empresas formales y trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo.
Las opiniones también resaltan la desigualdad en la aplicación del sistema tributario. Mientras consultores, pequeños empresarios y contribuyentes formales soportan la mayor carga impositiva, sectores como cooperativas mineras o productores cocaleros siguen al margen de la obligación tributaria. Este trato diferenciado genera la sensación de injusticia y convierte el escenario en un infierno fiscal.
Un punto sensible es el destino de lo recaudado. Para muchos ciudadanos, los impuestos no se transforman en inversión pública ni en servicios visibles, sino que se diluyen en gasto corriente, sueldos de la burocracia o, incluso, en corrupción. La percepción de que “los impuestos se van al inodoro” refleja el desencanto con la gestión de los recursos públicos y alimenta el rechazo social hacia el pago de tributos.
Finalmente, varias opiniones remarcan que el incremento de la recaudación está directamente correlacionado con la inflación y con el cierre de empresas formales. Así, lo que parece una buena noticia esconde un escenario preocupante en el que se cobran más impuestos a menos empresas, provocando la pérdida del poder adquisitivo y aumento del desempleo.
El análisis ciudadano confirma que detrás del dato oficial del 18,7% de crecimiento en la recaudación se esconde la “ilusión fiscal”. La realidad es que los contribuyentes sienten el peso de un sistema desigual, cargado de sanciones y con escasa transparencia sobre el destino de los recursos. La discusión sobre la política tributaria en Bolivia no puede limitarse a celebrar porcentajes, sino que debe centrarse en cómo lograr una recaudación real, justa y sostenible.
El Bolivia existen menos ricos o “afortunados”
El Servicio de Impuestos Nacionales informó que entre enero y agosto de 2025 el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) recaudó 160 millones de bolivianos. Esta cifra es 5 millones menor a la registrada en el mismo periodo de 2024, debido a la reducción del patrimonio declarado por varios contribuyentes. La disminución en la recaudación responde a que varios patrimonios ya no alcanzan el límite establecido, lo que excluye a esos contribuyentes del pago. El IGF grava bienes inmuebles, vehículos terrestres, aéreos o acuáticos, capital invertido, depósitos financieros, dinero en efectivo, seguros, joyas, obras de arte, antigüedades, artículos de colección y derechos de propiedad intelectual o industrial.
Para la Administración Tributaria el tributo sigue siendo una fuente importante de ingresos tributarios, aunque sus resultados dependen de la variación patrimonial de los sujetos alcanzados, pero lo que no se explica en que esos recursos tributarios captados en ocho meses de recaudación se diluyen con el pago de dos días de salarios para la abultada burocracia estatal.
La nacionalización de autos ilegales amenaza al sector formal en Bolivia
El mercado automotor formal en Bolivia atraviesa una crisis marcada por el ingreso masivo de vehículos indocumentados, conocidos como “autos chutos”. La situación ha generado alarma en el sector y fuertes críticas a las propuestas electorales que plantean nacionalizar estos vehículos, medida que, según la Cámara Automotor de Bolivia, destruiría la competencia leal y reduciría significativamente la recaudación fiscal.
El presidente de la Cámara, Jhonny Salvatierra, advirtió que las ferias ilegales se han expandido más allá de Patacamaya, llegando a múltiples regiones del país. Denunció que cada venta formal de vehículos incluye una carga tributaria cercana al 50% del valor, mientras que los autos ilegales ingresan sin pagar un centavo. Solo la nacionalización, dijo, representaría pérdidas de alrededor de 500 millones de dólares anuales en impuestos, debilitando al Estado y castigando a quienes cumplen la ley.
El dirigente alertó también que varios empresarios evalúan trasladar sus operaciones a otros países como Paraguay, ante la imposibilidad de competir con el contrabando y la falta de apoyo estatal. A esto se suma la mala calidad del combustible, que ha llevado a marcas internacionales a retirar modelos del mercado boliviano.
Salvatierra recordó que procesos de nacionalización anteriores no solucionaron el problema y solo incentivaron la informalidad. Por ello, calificó las propuestas actuales como “pan para hoy y hambre para mañana”, que ponen en riesgo a un sector que representa el 14% de las empresas formales del país y es un pilar de la recaudación tributaria nacional.
El nuevo gobierno recibirá el SIN perfeccionado
Desde el Servicio de Impuestos Nacionales se asegura que el próximo gobierno recibirá una administración tributaria moderna, transparente y con tecnología de última generación. Pero los ejecutivos no explicaron es que la transferencia de la Administración Tributaria al nuevo gobierno incluye serias inconsistencias de conectividad al sistema y su permanente inestabilidad, lo que le resta credibilidad a la modernidad que pregona, y aún peor a la última tecnología que dice poseer.
Se destacó que se implementaron más de 80 sistemas digitales para facilitar el cumplimiento tributario, entre ellos el SIAT en Línea, la facturación electrónica y nuevas modalidades de pago en línea. También se resaltó que ahora los contribuyentes pueden acceder a resoluciones de facilidades de pago en menos de 10 minutos, sin necesidad de acudir a oficinas físicas.
El SIN comparó su nivel tecnológico con países como Paraguay, Perú, Chile, Brasil y Argentina, y enfatizó que estos avances constituyen un patrimonio institucional que debe mantenerse y perfeccionarse en la próxima gestión, evitando retrocesos en la modernización del sistema tributario boliviano.
Los autos ‘chutos’ en la encrucijada
Según el columnista Ramiro Sanchez Morales, la proliferación de vehículos indocumentados o “autos chutos” en Bolivia, estimados en más de un millón, representa un problema económico, social y de seguridad. Estos vehículos ingresan al país de forma ilegal, sin pagar impuestos aduaneros ni cumplir requisitos de seguridad, lo que ocasiona pérdidas millonarias al Tesoro General del Estado, distorsiona el mercado automotriz formal y aumenta los riesgos de accidentes y contaminación. Además, su comercio está vinculado a redes criminales internacionales de robo de autos.
La propuesta de nacionalización busca formalizar este parque automotor mediante un proceso regulado que permitiría recaudar ingresos fiscales, someter los vehículos a revisión técnica, transparentar el uso de combustibles subvencionados y facilitar la planificación urbana y ambiental. El anteproyecto de ley del “Transporte Agroproductivo” plantea una solución estructural y permanente, reduciendo cargas tributarias y flexibilizando restricciones de antigüedad para incentivar la importación legal.
Para evitar que la medida fomente el contrabando, se sugiere implementar verificaciones rigurosas, como certificados de origen o control del número VIN, con el fin de impedir la legalización de autos robados. El debate sigue abierto en Bolivia, pero se considera urgente adoptar una normativa que priorice la seguridad vial, la formalización y la preservación de la legalidad tributaria.
Eliminación del subsidio a los carburantes
Un estudio del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo (Inesad) analizó los efectos de eliminar el subsidio a los carburantes en Bolivia, comparando un ajuste por shock y otro gradual. Ambos escenarios coinciden en que la medida provocaría inflación, presión sobre el tipo de cambio paralelo y un repunte temporal del PIB, aunque con distinta intensidad y duración.
En el caso de un shock, la inflación interanual alcanzaría un pico del 32% en el segundo trimestre, mientras que el tipo de cambio se depreciaría hasta un 84%. El PIB mostraría un alza transitoria de 12,5% en el primer trimestre, pero luego caería por la pérdida del poder adquisitivo y el encarecimiento de insumos. En cambio, la gradualidad suavizaría el impacto inicial, pero prolongaría las tensiones inflacionarias y cambiarias.
Los autores proponen un esquema híbrido que consiste en un ajuste inicial fuerte que reduzca presiones fiscales y externas, seguido de fases cortas hacia el precio de mercado, acompañado de medidas compensatorias focalizadas. El plan debería incluir disciplina fiscal y monetaria, comunicación clara, control de la indexación de precios y salarios, y un régimen cambiario con bandas de flotación. El ahorro generado debería destinarse a transferencias directas y programas de apoyo temporal.
