Artículo suscrito por:
Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista
¿Una reconquista o un nuevo comienzo hacia el equilibrio?
Para garantiza la recaudación de recursos públicos y también para consolidar el respeto a los derechos de los contribuyentes en Bolivia, es necesario desarrollar la justicia tributaria que es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado moderno. Este concepto ha cobrado especial relevancia a raíz de recientes esfuerzos institucionales por reconstruir la confianza en el sistema tributario boliviano. Un claro ejemplo fue la participación del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en una reunión interinstitucional celebrada este 23 de marzo próximo pasado, junto a la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Aduana Nacional, orientada a fortalecer la correcta aplicación de la normativa tributaria.
Este encuentro no fue un evento carente de contenido. En él se abordaron aspectos normativos clave y se plantearon acciones concretas para optimizar los procesos de gestión tributaria, reforzar la seguridad jurídica y promover la transparencia institucional. La articulación técnica entre estas entidades refleja una voluntad clara de corregir deficiencias estructurales y construir un sistema más coherente. Además, el compromiso asumido por estas instituciones apunta a consolidar una gestión pública más eficiente en la administración de la justicia tributaria, en beneficio tanto del Estado como de los contribuyentes.
Sin embargo, para comprender la importancia de este avance, es necesario reconocer el contexto previo. Durante aproximadamente dos décadas, la justicia tributaria en Bolivia fue percibida —y en muchos casos utilizada— como un instrumento de presión y amedrentamiento hacia los contribuyentes. Diversos antecedentes muestran cómo desde instancias como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Viceministerio de Política Tributaria se habría impulsado una línea dura enfocada en la recaudación, incluso a costa de debilitar los mecanismos de defensa del contribuyente para lograr su sometimiento.
En la práctica, esto se tradujo en situaciones preocupantes que derivaron desde la presunta manipulación de resoluciones administrativas y sentencias judiciales, hasta la creación de criterios doctrinales alejados de la lógica jurídica, siempre en contra del contribuyente. Casos como la negación del derecho a la prescripción de obligaciones tributarias mediante interpretaciones forzadas, o el uso recurrente de nulidades procesales interminables para dilatar devoluciones de impuestos —especialmente en exportadores— y acciones de repetición, evidencian un sistema que priorizaba la recaudación por encima de la justicia.
A esto se suman prácticas administrativas cuestionables, como la extensión excesiva de los plazos de fiscalización, que mantenían a los contribuyentes en una situación de incertidumbre permanente y cautividad eterna. Incluso se han reportado casos en los que funcionarios superiores instruían a sus subalternos acciones de presión directa, como llamadas telefónicas amenazando con embargos o medidas coactivas, aun cuando estas corresponden únicamente a etapas finales del proceso de cobro. Estas prácticas no solo vulneran derechos, sino que erosionan profundamente la confianza en las instituciones causando pánico y terror ante la situación dominante de la Administración Tributaria en general.
Hoy, el cambio de autoridades y la voluntad de trabajo conjunto abren una oportunidad histórica para transformar este escenario. La coordinación entre el SIN, la AIT, la Aduana Nacional y otros actores relevantes puede marcar un punto de inflexión hacia una justicia tributaria más equilibrada. Este nuevo enfoque debe centrarse en respetar el principio de capacidad contributiva, garantizar el debido proceso y asegurar que los contribuyentes paguen lo que corresponde por sus tributos, ni más ni menos.
En definitiva, la justicia tributaria no puede ser entendida únicamente como un mecanismo de recaudación, sino como un sistema de equilibrio entre el poder del Estado y los derechos del ciudadano. Bolivia tiene hoy la posibilidad de dejar atrás prácticas cuestionables y avanzar hacia un modelo más justo, transparente y predecible. El desafío es enorme, pero el camino ya ha comenzado a trazarse.
