El control tributario detrás de cada transacción
Resolución Normativa de Directorio Nº 1018000000035
La designación de agentes de información dentro del sistema financiero es uno de los mecanismos más sofisticados y eficientes de control tributario en Bolivia. En este contexto, las empresas administradoras de tarjetas electrónicas pasan a ser actores estratégicos en la fiscalización de las operaciones económicas objeto de tributación. Esto no es casualidad, sino una respuesta directa a la creciente digitalización de los pagos y al uso masivo de tarjetas de débito y crédito en la compra de bienes y servicios.
Desde una perspectiva jurídica, esta obligación se sustenta en el artículo 71 del Código Tributario Boliviano, que impone a terceros el deber de proporcionar información con relevancia tributaria. En este caso, las administradoras de tarjetas no son contribuyentes directos de las operaciones comerciales, pero sí intermediarios privilegiados que poseen datos detallados sobre las transacciones realizadas por los usuarios. Por ello, la Administración Tributaria con la Resolución Normativa de Directorio Nº 1018000000035, las convierte en agentes de información, ampliando el alcance del control fiscal más allá del contribuyente tradicional que paga con dinero efectivo.
El punto central de la normativa está en el tipo de información que debe ser reportada. No se trata de datos genéricos, sino de un registro altamente estructurado de cada transacción comercial vinculada a la venta de bienes y servicios. Por ejemplo, se exige identificar al vendedor mediante su NIT, su razón social, actividad económica y dirección, lo que permite a la Administración Tributaria ubicar con precisión al sujeto que genera ingresos. Este nivel de detalle evidencia que el objetivo de control no está en el consumidor, sino en el control del cumplimiento tributario del comercio que vende bienes y servicios.
Sin embargo, la norma también incorpora información relevante del medio de pago utilizado, incluyendo el número de tarjeta (parcialmente anonimizado), el tipo de tarjeta, la entidad financiera emisora y el canal de pago (POS, web u otro). Estos elementos permiten reconstruir el contexto completo de la transacción, facilitando cruces de información y detección de inconsistencias. En la práctica, esto significa que cada pago con tarjeta deja una “huella tributaria” que puede ser analizada por la Administración Tributaria.
Un aspecto particularmente importante es el registro del importe de la transacción y la fecha en que se realiza. Estos datos permiten al Servicio de Impuestos Nacionales verificar si los ingresos declarados por un contribuyente coinciden con los montos efectivamente percibidos a través de medios electrónicos. Así, las tarjetas electrónicas se convierten en una herramienta indirecta de verificación de ingresos, reduciendo significativamente los espacios para la omisión de pago o la defraudación tributaria.
Asimismo, la normativa no solo se limita a las ventas, sino que también regula las reversiones de transacciones. Esto es relevante porque evita distorsiones en la información reportada, permitiendo diferenciar entre ingresos reales y operaciones anuladas. De esta forma, se garantiza que el análisis tributario se base en datos más precisos y consistentes, fortaleciendo la calidad de la fiscalización.
Desde el punto de vista operativo, la obligación de enviar esta información de manera mensual y mediante el sistema SIAT implica un alto grado de formalización y control tecnológico. No basta con enviar datos sino que estos deben ser completos, consistentes y libres de errores, bajo riesgo de incurrir en sanciones por incumplimiento a deberes formales. Este elemento refuerza la idea de que los agentes de información cumplen un rol activo en el sistema tributario, no meramente accesorio.
En términos prácticos, esta normativa tiene un impacto significativo en el ecosistema económico de la venta de servicios y bienes. Por un lado, fortalece la capacidad del Estado para fiscalizar actividades comerciales que antes podían escapar al control, especialmente en sectores con alto uso de pagos electrónicos. Por otro lado, obliga a los contribuyentes a ser más rigurosos en la declaración de sus ingresos, ya que la Administración Tributaria cuenta con fuentes externas de información para contrastar sus datos.
En conclusión, la designación de las administradoras de tarjetas electrónicas como agentes de información refleja una tendencia clara hacia la digitalización del control tributario. La información sobre las transacciones de los usuarios, particularmente en la venta de bienes y servicios, se convierte en un insumo clave para la fiscalización. Más allá de su carácter técnico, esta normativa redefine la forma en que el Estado accede a la información económica, consolidando un modelo de control basado en datos y trazabilidad.
Artículo suscrito por:
Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista
