Artículo suscrito por:
Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista
El año de 1999 el Servicio Nacional de Impuestos Internos (ahora Servicio de Impuestos Nacionales) declaró que era “necesario contar con un conjunto de normas tributarias…, ordenadas y agrupadas en un solo cuerpo, con la finalidad de tener fácil acceso y manejo de las disposiciones legales, por parte de los contribuyentes como de los servidores públicos de la Administración Tributaria”. Con este fundamento, el 13 de agosto de 1999 consolidó una gran cantidad de resoluciones administrativas reglamentaria en cuerpos ordenados de diferentes impuestos, después de 13 años de aplicación de la Ley Nº 843 y ante la evidencia de que la proliferación de normas sobre una misma materia constituía una característica recurrente del sistema tributario boliviano de ese entonces.
Han pasado 27 años de ese hito normativo y las “normativas consolidas” siguen vigentes, pero a lo largo del tiempo se han aprobado nuevas normas que han provocado una nueva dispersión. En el ámbito tributario —particularmente sensible por su impacto económico y su carácter técnico— esta dispersión normativa se traduce en dificultades de interpretación, aplicación y cumplimiento.
Sólo en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) existen algo más 17 resoluciones normativas que reglamentan aspectos específicos del impuesto pero que bien podrían estar reunidas en un solo cuerpo normativo reglamentario. Este fenómeno como una forma de fragmentación normativa, en la que coexisten disposiciones vigentes, parcialmente derogadas o incompatibles entre sí. En este contexto, se ha señalado que los ordenamientos jurídicos pueden llegar a configurarse como una “telaraña legal”, donde la falta de sistematicidad afecta directamente la seguridad jurídica. Peor aún cuando la propia Administración Tributaria recurre a la muletilla de “quedan abrogadas o derogadas todas las normas contrarias a la presente”, dejando sin abrogatoria expresa un sinfín de resoluciones reglamentarias que técnicamente dejaron de estar vigentes pero continúan presentes en esa telaraña.
Función del ordenamiento en favor del sistema normativo
El ordenamiento normativo administrativo del Servicio de Impuestos Nacionales —a través de técnicas como la reglamentación ordenada con la aplicación de la consolidación normativa— tiene como finalidad transformar un conjunto disperso de normas en un sistema coherente. Tan solo queda verificar el compendio de normas actualizado al 31 de marzo de 2026, publicado por el SIN, para confirmar que en el caso del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) existe una telaraña legal de dimensiones descomunales.
Lo que se sugiere desde la revista Impuestos de Bolivia, no es una simple recopilación de disposiciones, sino un proceso administrativo y normativo serio a través de un proceso más complejo que comprende:
- la depuración de normas incompatibles o redundantes
- la armonización de conceptos jurídicos
- la integración de reformas y modificaciones
- La eliminación de la normativa derogada o abrogada tácitamente
- la estructuración sistemática del contenido normativo
En ese sentido, es importante destacar que la labor de consolidación no consiste en la mera reunión de normas administrativas y reglamentarios de determinado impuesto, sino en la construcción de un “sistema orgánico”, donde las disposiciones, por ejemplo del IUE se encuentran interrelacionadas y responden a una lógica interna.
Seguridad jurídica y coherencia normativa
Uno de los principales fundamentos del ordenamiento normativo tributario boliviano es la seguridad jurídica. Este principio exige que las normas sean claras, accesibles y previsibles en su aplicación.
La dispersión normativa genera, por el contrario, mucho más incertidumbre entre los contribuyentes y los asesores técnicos y jurídicos (auditores, contadores, abogados, etc.), y también provoca dificultades en la determinación del derecho aplicable y expone a los contribuyentes a enfrentar serios riesgos de decisiones contradictorias o arbitrarias
En este sentido, la oportunidad que el SIN tiene en este momento histórico es para construir y consolidar un sistema normativo coherente, imposible de alcanzar mediante normas aisladas, dictadas en distintos momentos y bajo contextos diversos.
Eficacia normativa y actualización del derecho
El ordenamiento normativo del sistema tributario boliviano también cumple una función de mejora cualitativa para eliminar disposiciones obsoletas o incorrectas, incorporar desarrollos jurisprudenciales y doctrinales, corregir vacíos normativos y mejorar la claridad del lenguaje jurídico. Ante todo, este proceso debe contribuir al perfeccionamiento del ordenamiento, al reducir ambigüedades y fortalecer su eficacia
Acceso al derecho y cumplimiento tributario
En materia tributaria, la claridad normativa no es únicamente un objetivo técnico, sino una condición para el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de forma oportuna y eficaz.
Precisamente desde el año 1999, la última vez que se conoció un ordenamiento reglamentario efectivo, hasta el presente el sistema normativo administrativo del SIN se ha dispersado dificultando la identificación de obligaciones tributarias, la correcta aplicación de beneficios o incentivos, y la defensa de los derechos del contribuyente. Por el contrario, un ordenamiento estructurado facilita el acceso al derecho vigente, permitiendo a los contribuyentes y a la administración actuar con mayor certeza.
Consideración final
El ordenamiento normativo no constituye únicamente una técnica jurídica, sino una herramienta esencial para garantizar la coherencia, accesibilidad y eficacia del sistema normativo.
En contextos de alta producción reglamentaria dentro de las administraciones tributarias, su implementación resulta necesaria para evitar la fragmentación normativa y fortalecer la seguridad jurídica.
En definitiva, ordenar la normativa reglamentaria implica transformar un conjunto disperso de disposiciones en un sistema jurídico estructurado, capaz de cumplir adecuadamente su función reguladora.
