Código Tributario Boliviano 1992 (Título VII)

por | 28 de mayo de 1992

CÓDIGO TRIBUTARIO

28 DE MAYO DE 1992

TÍTULO VII

COBRANZA COACTIVA

Artículo 304.-

La Administración Tributaria, a través de sus reparticiones legalmente constituidas, dentro e sus respectivas jurisdicciones, procederá al cobro coactivo de los créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles, emergentes de fallos y/o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada y de todos los que se encuentre en mora, así como de las multas administrativas y de los pagos a cuenta que determine la administración conforme a normas legales, como también las autodeclaraciones juradas que hubiesen presentado los sujetos pasivos y que fueron pagados total o parcialmente.

La Administración Tributaria iniciará y sustanciará la acción coactiva hasta el cobro total de los adeudos tributarios, de acuerdo al procedimiento indicado en este Título.

El Ministerio de Finanzas queda facultado para establecer montos mínimos, a propuesta de la Administración Tributaria, a partir de los cuales se efectúe la intimación de deudas, el inicio de la acción coactiva por las mismas, o para el descargo definitivo de éstas, cuando no superen los citados montos.

Artículo 305.-

Ninguna autoridad administrativa o jurisdiccional está facultada para modificar o anular las sentencias o resoluciones administrativas pasadas en autoridad de cosa juzgada, ejecutoriadas o que causen estado. Toda resolución o acto contrario al presente Artículo será nulo de pleno derecho y sus responsables obligados a reparar los daños causados al Estado.

Artículo 306.-

Será título suficiente para iniciar la acción coactiva el Pliego de Cargo, el que acompañará del respectivo Auto Intimatorio que librará el ente administrativo a través de su máxima autoridad en cada jurisdicción. Conforme al mismo, se emplazará al deudor para que dentro del plazo de tres (3) días de la notificación cancele la suma correspondiente al tributo adeudado, su actualización, intereses, multas, bajo conminatoria de aplicarse las medidas precautorias pertinentes. Tales medidas podrán ser dispuestas por la Administración antes del libramiento del Pliego de Cargo y Auto Intimatorio cuando exista fundado riesgo para la percepción de créditos tributarios firmes, líquidos y legalmente exigibles.

La notificación del título de deuda será efectuada en la forma prevista en el Artículo 162°

Artículo 307.-

La ejecución coactiva no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, ni por ninguna solicitud que pretenda dilatarla o impedirla salvo las siguientes excepciones:

a) Pago total documentado.

b) Nulidad de título por falta de jurisdicción y competencia de quien lo emitió, que únicamente podrá demandarse mediante el Recurso Directo de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Los funcionarios de la Administración Tributaria y/o de los órganos jurisdiccionales que contravinieren esta disposición dando curso a otras excepciones incurrirán en responsabilidad, con la siguiente interposición de las acciones correspondientes a cargo del órgano ejecutor.

Las excepciones deberán ser planteadas en el plazo a que se refiere el Artículo anterior, acompañadas de todas las pruebas pertinentes, y serán resueltas dentro de los diez (10) días, no siendo recurribles.

Artículo 308.-

Vencido el término de tres (3) días o en su caso, rechazadas las excepciones opuestas sin haberse efectuado el pago del crédito tributario en su integridad, el ente administrativo dispondrá inmediatamente medidas coercitivas necesarias tales como:

1) Librar mandamientos de embargo de los bienes del contribuyente o responsable.

2) Clausura del establecimiento o local hasta obtenerse el pago total del adeudo.

3) Retención de fondos en Bancos, secuestros de mercaderías y otros bienes.

4) Inscripción preventiva en los registros respectivos de los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro.

5) Arraigo y apremio del deudor, que será ejecutado por las autoridades llamadas por ley. Si una vez apremiado el deudor no cumpliera con la obligación tributaria en el término de cuarenta y ocho (48) horas, la Administración Tributaria remitirá obrados a la judicatura ordinaria en lo penal juntamente con el detenido, de conformidad a lo dispuesto en la Sección del Capítulo I del Título III de este Código para que el juez de la causa disponga lo que corresponda por ley.

6) Otras medidas preventivas y legales, directamente relacionadas al cobro coactivo de la deuda.

Artículo 309.-

Los bienes embargados propios del deudor se entregarán en depósito con acta e inventario a personas solventes designadas por el ente administrativo.

El depositario estará sujeto a las obligaciones fijadas en los Artículos 844° y siguientes del Código Civil.

Artículo 310.-

Para la venta en subasta pública de los bienes embargados, se publicarán dos (2) avisos con intervalo de dos (2) días en un órgano de prensa de circulación nacional. De ser necesario el llamado a nuevos remates, los siguientes avisos se harán por una sola vez con cinto (5) días cuando menos de anticipación a la fecha de cada remate.

A falta del órgano de prensa antes señalado, los avisos se efectuarán mediante una radioemisora, televisión, o carteles fijados en tableros especiales que estarán expuestos al público en las puertas de las oficinas de la Administración Tributaria.

La publicación se acreditará con la sola certificación escrita del funcionario responsable, refrendada por la autoridad administrativa, lo que constará en el respectivo expediente.

Artículo 311.-

Para la evaluación de los bienes muebles o semovientes objeto de remate, se tomará como base el avalúo pericial que fijen las reparticiones técnicas correspondientes o normas legales en caso de existir. En los inmuebles y automotores, la base será el valor establecido para la determinación del Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes o el que lo reemplace en el futuro. En cuanto a las acciones y otros valores endosables de comercio, se rematarán por su valor de mercado y a falta de éste por su valor en libros.

Artículo 312.-

El día y hora señalados concurrirán a la tribuna de remate la autoridad administrativa, o quien sea designado por esta a tal fin, el representante del Ministerio Público y el Notario de Gobierno.

El procedimiento de remate se ajustará a lo prescrito por los Artículos 525° y siguientes del Código de Procedimiento Civil, con las siguientes excepciones:

a) Las funciones de Martillero la efectuará el jefe del ente administrativo u otro funcionario designado por la autoridad administrativa de esos efectos.

b) Los sucesivos remates se realizarán con una rebaja del quince por ciento (15%) respecto del último valor del remate.

c) No habiendo postores del tercer remate, la Administración Tributaria tomará en prensa los bienes rematados o se adjudicará los mismos a su favor.

d) Cuando los adjudicatarios no oblaren el precio total dentro del tercer día se declarará nulo el remate con pérdida del depósito en garantía que se consolidará a favor del Tesoro General de la Nación, previo descuento de los gastos de Cobranza coactiva.

Artículo 313.-

Si durante el proceso se interpusiere tercería, sólo se admitirá la de dominio excluyente siempre que esté justificada por el respectivo instrumento público debidamente inscrito en los registros pertinentes con tres meses de anticipación a la iniciación de la acción coactiva.

La calificación y admisión de esta tercería se hará con la intervención del Ministerio Público dentro de los tres (3) días de presentada la demanda, mediante auto y sin otro trámite.

Si fuere admitida la tercería, se ordenará en el mismo auto el desembargo de los bienes y su entrega al propietario, reemplazándolos con otros del deudor.

Artículo 314.-

El concurso voluntario de acreedores no tiene lugar en la acción coactiva. Si se promoviere el necesario, no será admisible ni interrumpirá el proceso mientras éste no haya concluido con la venta de los bienes embargados en él. En este caso, y antes de acumularse obrados a los expedientes de los concursantes, se hará el depósito del dinero producto de la venta en el Banco habilitado legalmente para este efecto, previa deducción de la deuda tributaria. El mismo procedimiento regirá para los casos de quiebra.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 315.-

La aplicación del Art. 188° de este Código en lo relativo a la composición del Tribunal Fiscal, se efectuará gradualmente en oportunidad de la renovación de sus miembros.

TÍTULO

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 1.-

Se modifica la Ley Orgánica de la Policía Nacional de 8 de abril de 1985, en la forma que sigue:

“Modificase el texto de los incisos d) y w) del Art. 7º de la siguiente forma:

d) Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con sus funciones de: Policía Rural, Fronteriza, Ferrocarriles, Sustancias Peligrosas, Minera, Turismo y otras especialidades.

w) Tomar las precauciones y medidas necesarias para la eficiente labor policial, cumpliendo otras funciones que no estuviesen previstas en las precedentes. En el cumplimiento de esas otras funciones no previstas, no podrá efectuar las actividades de vigilancia y resguardo aduanero bajo ningún otro nombre o modalidad.”

Se suprime el numeral 1.17.14 “Unidades de Policía Aduanera” del Art. 9°.

Se suprime el Art. 45°.

Artículo 2.-

Ninguna autoridad nacional, entre las que se incluye al Comando General de la Policía Nacional, podrá reponer las Unidades de Policía Aduanera como dependiente de la Policía Nacional, bajo ningún otro nombre o modalidad.

Artículo 3.-

En sustitución de las Unidades de la Policía Aduanera se crea la Unidad de Resguardo y Vigilancia Aduanera, dependiente de la Dirección General de Aduanas otorgándole, mediante la presente Ley, todas las facultades necesarias para el desarrollo de sus actividades, las que serán definidas por normas específicas en el futuro.

Artículo 4.-

De conformidad con lo dispuesto por el Art. 33° de la Constitución Política del Estado las disposiciones de este Código no tienen efecto retroactivo.

Artículo 5.-

Se deroga y abrogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Pase al Poder Ejecutivo, para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los veintitrés días del mes de abril de mil novecientos noventa y dos años.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la República.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos noventa y dos años.

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