Código Tributario Boliviano 1992 (Título VI)

por | 28 de mayo de 1992

CÓDIGO TRIBUTARIO

28 DE MAYO DE 1992

TÍTULO VI

DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO – TRIBUTARIO

La disposición final novena de la Len Nº 2492 ha sido declarada inconstitucional por la Sentencia Constitucional Nº 0076/2004, y a partir del 16 de julio de 2005, se ha levantado la abrogatoria de los artículos 214 a 302 de la Ley Nº 1340, por lo tanto se encuentran plenamente vigente para la impugnación de actos administrativos tributarios en sede judicial. NOTA: La frase «TRIBUNAL FISCAL» debe leerse como «Juzgado Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario»

CAPÍTULO I

DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES

Artículo 214.-

Los juicios que se promueven ante el Tribunal Fiscal, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en este Título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán las normas del Procedimiento Civil.

Artículo 215.-

El Tribunal Fiscal deberá impulsar el proceso en sus distintas fases o actuaciones para que éstas concluyan dentro de los plazos previstos.

La Administración tributaria y cualesquiera antes de derecho público requeridos, estarán obligados a remitir todos los antecedentes y elementos de prueba que se hallaren en su poder.

CAPÍTULO II

DE LAS PARTES CAPACIDAD PROCESAL, PERSONERÍA Y PERSONALIDAD

Artículo 216.-

Tendrán capacidad procesal ante la jurisdicción contencioso – tributaria, además de las personas que la tuvieren con arreglo a la ley procesal común, los mayores de dieciocho y menores de veintiún años, sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad o tutela.

Artículo 217.-

Los incapaces para intervenir en el contencioso – tributario deberán ser representados conforme a las leyes civiles.

Artículo 218.-

Las partes podrán concurrir por si o mediante apoderado legalmente constituido.

Las personas jurídicas estarán obligatoriamente representadas por quienes acrediten su mandato de acuerdo a la ley civil o mercantil.

Artículo 219.-

La defensa de la Administración tributaria y de las entidades, corporaciones e instituciones que fueren parte en esta jurisdicción, será cumplida por abogados en ejercicio de su profesión al servicio exclusivo del Estado.

Artículo 220.-

Podrán demandar la declaración, de no estar conforme a la ley y a derecho, los actos y resoluciones de la Administración:

1) Los que tuvieren interés en ello, como personas directamente afectadas o perjudicadas en calidad de contribuyentes o responsables con la resolución o acto de la Administración o ente demandando.

2) Las entidades, corporaciones e instituciones de derecho público o cualesquiera otras que ostentarán la representación o defensa de interés de carácter general o corporativo, siempre que la disposición impugnada la efectuare directamente.

Artículo 221.-

Será parte demandada la Administración, órgano o ente que dicte la resolución o el acto impugnado.

Artículo 222.-

Las tercerías sólo podrán ser excluyentes de dominio o de preferencia de pago.

Artículo 223.-

Las tercerías pueden interponerse en cualquier estado del proceso excepto en recurso de nulidad o después de aprobado el remate que diere lugar la ejecución coactiva.

Artículo 224.-

Se sustanciarán como incidente de puro derecho, Decretado el “traslado”, el demandado podrá contestar en el término de tres días. El trámite de la tercería no interrumpe el curso de la causa principal.

Artículo 225.-

Si la tercería fuese de preferencia de pago, el interés fiscal será satisfecho con preferencia al departamental y éste al municipal.

Artículo 226.-

Para el caso en que se discuta prelación entre los derechos fiscales y los de particulares, la contención se dirimirá de acuerdo al privilegio establecido por el artículo 61 de este Código.

CAPÍTULO III

DE LA DEMANDA

Artículo 227.-

La demanda contencioso- tributaria deberá ser presentada directamente al Tribunal Fiscal en la ciudad de La Paz, dentro de los quince días siguientes al de la notificación de la resolución administrativa, reconociéndose las siguientes excepciones:

1) Para los contribuyentes o responsables que residen en el interior del país y a más de cien (100) kilómetros del tribunal donde se recurra tendrán el término adicional de un (1) día hábil por cada doscientos (200) kilómetros de distancia.

2) Si el interesado reside en el extranjero y no tiene representante legal en el país, el término para presentar la demanda será de sesenta (60) días.

Si el interesado falleciera dentro de los plazos anteriores, los términos quedarán en suspenso, recobrando su vigencia a partir de la fecha del reconocimiento judicial de la calidad de herederos.

Artículo 228.-

La demanda deberá reunir los siguientes requisitos:

1) Que sea presentada por escrito en papel sellado y con los timbres de Ley.

2) El nombre completo del actor y domicilio.

3) La designación de la administración o ente demandado.

4) Que se adjunte copia legalizada de la resolución o acto impugnado, o se señale el archivo o lugar en que se encuentra.

5) Que se acompañe el poder de representación en juicio y los documentos justificativos de la personería del demandante.

6) Los fundamentos de hecho y derecho, en que se apoya la demanda, fijando con claridad lo que se pide.

Artículo 229.-

Si la demanda fuese insuficiente u obscura, la Sala deberá prevenir al actor la complete y aclare, dentro del plazo improrrogable de seis días; si así no lo hiciere, la demanda será rechazada debiendo el Tribunal declarar la ejecutoria de la resolución o acto demandados.

Artículo 230.-

Si el tribunal no ejercitase la facultad que le otorga el artículo anterior, el demandado podrá oponer la excepción dilatoria de obscuridad de la demanda conforme al inciso 5) del Artículo 237°.

Artículo 231.-

La presentación de la demanda ante el Tribunal Fiscal, determina la suspensión de la ejecución del acto, resolución o procedimiento impugnados.

Artículo 232.-

Admitida la demanda, se correrá traslado de ella al demandado para que la conteste dentro del plazo fatal de quince días si el demandado tiene domicilio en la ciudad de La Paz y de treinta días en el interior, sin perjuicio de estarse a lo dispuesto por el artículo 262° de este Código. Los plazos establecidos por este Artículo se computarán desde el día y hora de la notificación al demandado hasta la misma hora del día de vencimiento del plazo.

Artículo 233.-

En el estricto de contestación el demandado cumplirá con los requisitos de forma y fondo exigidos para la demanda, en cuanto le fueran aplicables.

Artículo 234.-

Si la parte demandada opusiera alguna de las excepciones demandadas en el artículo 237°, no estará obligada a contestar a la demanda hasta que se ejecutorie la resolución sobre dicha excepción, la cual será siempre de previo pronunciamiento.

Artículo 235.-

Si no se contestare dentro de los plazos establecidos en el artículo 232°, se declarará de oficio admitida la demanda y se dará curso al proceso sin necesidad de declaratoria de rebeldía.

Artículo 236.-

Los funcionarios a quienes se hubiera notificado con la demanda están obligados a contestarla dentro de los plazos improrrogables establecidos en el artículo 232º. Si así no lo hicieren dichos funcionarios estarán sujetos a responsabilidad personal y exoneración de sus cargos.

CAPÍTULO IV

DE LAS EXCEPCIONES PROCESALES

Artículo 237.-

Sólo serán admisibles como excepciones dilatorias:

1) La falta de personalidad en el actor por carecer de las calidades requeridas en el artículo 220°.

2) La falta de personería en el representante del actor por insuficiencia o ilegalidad del poder.

3) La falta de personalidad en el demandado por carecer de carácter o representación con que se le demande.

4) La litispendencia en otra o en la misma Sala del Tribunal.

5) La obscuridad en la demanda

6) Falta de competencia del tribunal

Artículo 238.-

Las excepciones dilatorias habrán de presentarse todas al mismo tiempo y antes de la contestación.

Artículo 239.-

Del escrito en que se proponga excepciones dilatorias se dará traslado en el término de tres días para su contestación. Con la contestación al traslado o a falta de ella se dictará la resolución dentro del término de cuarenta y ocho horas.

Artículo 240.-

El auto que resuelva sobre la excepción será apelable sólo en el efecto devolutivo, dentro del plazo de tres días.

Artículo 241.-

Si la excepción fuere rechazada se conminará al demandado a contestar, la demanda dentro de los cinco días siguientes al de notificación del auto o providencia.

Artículo 242.-

Serán admisibles como excepciones perentorias únicamente:

1) El vencimiento de los plazos señalados en el artículo 227°.

2) La cosa juzgada, ya sea la anterior acción hubiese fenecido por sentencia ejecutoriada en el fondo de la causa, o por deserción o desistimiento.

3) Haberse expedido nota de crédito a reconocimiento de crédito sobre la obligación objeto o materia de la demanda.

4) Haberse acogido el actor al recurso administrativo establecido en el artículo 174°.

Artículo 243.-

Las excepciones enumeradas en el artículo anterior podrán oponerse en cualquier estado del juicio y en cualquier instancia y serán resueltas en la causa principal en la sentencia.

Se exceptúa la excepción de cosa juzgada, cuando sea la única opuesta a la demanda. En este caso, si así lo pidiese el demandado se podrán sustanciar y decidir dicha excepción por los trámites establecidos para los incidentes, como de previo pronunciamiento.

CAPÍTULO V

DE LOS INCIDENTES

SECCIÓN I

DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 244.-

En los juicios que se tramitan en el Tribunal Fiscal, sólo se admitirán como incidentes de previo pronunciamiento, los relativos a la acumulación de autos, nulidad de actuaciones procesales, excusas y recusaciones de los magistrados del tribunal.

SECCIÓN II

DE LA ACUMULACIÓN

Artículo 245.-

Serán acumuladas de oficio o a petición de parte ante la Sala que conozca el juicio más antiguo, las demandas que no sean incompatibles entre sí y se deduzcan en relación con un mismo acto o resolución administrativa.

Artículo 246.-

No se permitirá la acumulación de acciones después de contestada la demanda.

Artículo 247.-

El Tribunal dentro del plazo de tres días dictará auto denegando o accediendo a la acumulación. Entre tanto se resuelva ésta, se suspenderá el procesamiento de los juicios restantes. Contra el auto del Tribunal no cabe recurso alguno.

SECCIÓN III

DE LA NULIDAD DE LAS ACTUACIONES

Artículo 248.-

La petición de nulidad de las actuaciones sólo procederá cuando se hayan quebrantado u omitido los requisitos o formalidades exigidas en este procedimiento.

Artículo 249.-

La impugnación de las diligencias y actuaciones en general debe presentarse por escrito ofreciendo o acompañando toda la prueba demostrativa de la nulidad. El tribunal, en base a los alegados y al informe del escribano, dictará auto motivado dentro del plazo improrrogable de tres días. Si se declara probada la nulidad, se dispondrá la reposición de obrados hasta el vicio que dio lugar a la impugnación con multa de hasta diez días de haber mensual al escribano responsable. La reincidencia puede dar lugar a su exoneración.

SECCIÓN IV

DE LAS EXCUSAS Y RECUSACIONES

Artículo 250.-

Son causales de excusa o recusación de los magistrados del Tribunal Fiscal:

1) El parentesco con el demandante hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

2) Ser dueño, director, socio, gerente o administrador de la empresa o firma demandante.

3) Tener el magistrado interés directo en el proceso o tenerlo sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad.

4) Haber intervenido como asesor, perito, testigo, tutor o curador en la emisión o ejecución de la resolución impugnada.

5) Tener amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, socios, gerentes o administradores.

6) Haber prejuzgado sobre el resultado de la causa antes de dictar sentencia.

Artículo 251.-

El magistrado que se hallare comprendido en cualesquiera de las causales enumeradas en el artículo anterior, tiene el deber de excusarse del conocimiento del juicio.

Artículo 252.-

El el magistrado no se excusare, tal como se prescribe en el artículo anterior, la parte interesada podrá interponer demanda de recusación ante el Presidente del Tribunal Fiscal, mediante escrito señalando con claridad las causales de la recusación. Esta demanda podrá presentarse en cualquier estado de la causa hasta el momento de iniciarse la relación de la misma para sentencia.

Artículo 253.-

Interpuesta la recusación, el Presidente del Tribunal Fiscal, antes de dar cuenta al Tribunal en pleno, citará a una audiencia que se celebrará dentro de los tres días siguientes a aquél en que se presentó la demanda y en la que se recibirán las pruebas que se ofrezcan y el informe que debe rendir el magistrado recusado. La falta de dicho informe establecerá la presunción de ser cierta la causa de recusación.

Artículo 254.-

Al día siguiente de la audiencia se reunirá el Tribunal en pleno y pronunciará sentencia, sin necesidad de alegatos. Los magistrados del Tribunal en pleno que conozcan de la recusación, son irrecusables para este sólo efecto, siendo sus resoluciones irrevocables e inapelables.

Artículo 255.-

Si se declara improbada la demanda recusatoria, se impondrá al recusante una multa de Quinientos Bolivianos (Bs. 500.-) que se pagará en el acto bajo apremio.

El monto expresado precedentemente se actualizará anualmente de acuerdo a lo establecido en el artículo 59° de este Código.

Artículo 256.-

El recusado desde el instante que fuere citado con la demanda, no podrá dictar providencia alguna que no sea la de la entrega del proceso, siendo nula cualquiera otra actuación, sin perjuicio de convertirse en reo de atentado.

Artículo 257.-

La recusación de todos los vocales de una Sala se presentará ante el Presidente del Tribunal y será resuelta por la Sala de Apelación.

Artículo 258.-

Son recusables únicamente los presidentes, vocales y conjueces.

Artículo 259.-

Las excusas deben ser resueltas por la Sala a la que pertenezcan los magistrados y las recusaciones por el Tribunal en Pleno. Los autos que las resuelvan no son susceptibles de recurso alguno.

CAPÍTULO VI

DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS

Artículo 260.-

El Tribunal Fiscal podrá a solicitud de la autoridad administrativa demandada, dictar medidas precautorias, como embargos preventivos, secuestros y otros de garantía, cuando exista fundado riesgo para la percepción de los créditos fiscales por concepto de tributos o intereses. Procederá también la adopción de estas medidas cuando tratándose de multas mediare resolución definitiva en los recursos administrativos o jerárquicos o sentencia del propio Tribunal Fiscal.

CAPÍTULO VII

DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 261.-

Toda resolución del Tribunal debe ser notificada dentro de las veinticuatro horas de haber sido expedida.

Artículo 262.-

La demanda y el correspondiente auto de admisión serán notificados personalmente a las autoridades demandadas con asiento en la ciudad de La Paz. Cuando lo tuvieren en el interior de la República, la notificación se practicará válidamente en la persona del superior jerárquico de la autoridad demandada, residente en la ciudad de La Paz.

Artículo 263.-

Con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, las demandas actuaciones y sus providencias, incluso las sentencias serán notificadas en estrados del Tribunal.

Artículo 264.-

El término en el caso de notificaciones personales, se computará desde el día y hora de la diligencia hasta la misma hora del día de vencimiento del plazo.

CAPÍTULO VIII

DE LA PRUEBA

SECCIÓN I

DEL TERMINO PROBATORIO

Artículo 265.-

Contestada legalmente la demanda, el Tribunal abrirá un término improrrogable de prueba de treinta días con todos los cargos, dentro del cual las partes deberán presentar las pruebas pertinentes en su derecho con relación a la validez o nulidad del acuerdo, acto o resolución administrativa impugnados y sus respectivos alegatos.

SECCIÓN II

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Artículo 266.-

En el juicio contencioso – tributario, podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en derecho con excepción del juramento de posiciones de la Administración Pública y la confesión de autoridades. La prueba testifical sólo servirá de indicio.

Asimismo, no se considerarán comprendidos en la limitación del párrafo primero, la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto a los hechos que evidentemente consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.

Artículo 267.-

El Tribunal tendrá amplia facultad para ordenar cualesquiera diligencias relacionadas con los puntos controvertidos, pedir la exhibición de documentos y formular las preguntas que estimara conveniente a las partes, sus representantes y testigos, estos últimos dentro de los alcances del artículo 267°, siempre en relación a las cuestiones debatidas.

Artículo 268.-

Los alegatos podrán ser presentados por escrito. Si se formularen de palabra, se expondrá en Audiencia especial en el siguiente orden:

1) El alegato del actor y coadyuvante.

2) El que correspondiere a la parte demandada.

3) El que formulare el tercer opositor

Artículo 269.-

Las fotocopias para ser admitidas deberán estar legalizadas por la autoridad a cuyo cargo se encuentra el documento original.

Artículo 270.-

La deposición de testigos con la limitación establecida en el artículo 266° se efectuará en audiencia sin necesidad de interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas directamente por las partes, debiendo hacerlo primero la parte que propuso al testigo y tendrá relación directa con los puntos controvertidos. Cuando el testigo no concurra a la primera citación con causa justificada se le emplazará por segunda vez y en caso de incomparecencia se dictará mandamiento de apremio.

Artículo 271.-

No podrá proponerse más de tres testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusiese más, a partir del cuarto se tendrá por no ofrecidos.

Artículo 272.-

No constituye impedimento para intervenir en juicio como testigo, la condición de empleado o autoridad pública que no pertenezca al servicio u organización demandadas.

Artículo 273.-

Los jueces de jurisdicción ordinaria darán curso a los exhortos que expida el Tribunal ad-quem para el cumplimiento de las diligencias que eventualmente deben practicarte fuera de la sede del mismo.

CAPÍTULO IX

DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL

SECCIÓN I

DE LOS DECRETOS, AUTOS Y PROVIDENCIAS

Artículo 274.-

Desde la admisión de la demanda hasta la dictación de la sentencia definitiva, las distintas Salas que conozcan de la causa encaminarán el procedimiento por medio de decretos, autos o providencias, corrigiendo de oficio o mandando corregir cuando fuera el caso, violación de las formas procesales establecidas en el presente Título.

SECCIÓN II

DE LA SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA

Artículo 275.-

Vencido el término de la primer, sin necesidad del alegato alguno, se decretará “autos, citadas las partes para asistencia” y se formulará el proyecto de la misma dentro de los diez días siguientes.

Artículo 276.-

Los proyectos de sentencia tendrán el carácter de reservados. Los magistrados, secretarios y cualesquiera otros funcionarios administrativos que dieren a conocer su contenido a las partes o a terceras personas, incurrirán en responsabilidad penal y administrativa.

Artículo 277.-

Vencido al plazo de los diez días, el Presidente de Sala señalará día y hora para la reunión reservada de la misma, en la que el magistrado, relator hará la relación del expediente y leerá el proyecto de sentencia.

Artículo 278.-

Si la mayoría estuviese de acuerdo con el proyecto lo firmarán todos y quedarán elevado a la categoría de sentencia. El magistrado disidente, tendrá que formular voto particular fundamentando, pidiendo al efecto los autos por un plazo de dos días.

Artículo 279.-

Si el proyecto del magistrado relator no fuera aceptado por la mayoría de los magistrados de la Sala, se formulará el fallo con los considerandos de la mayoría y el proyecto se expresará como voto disidente y particular del magistrado o relator.

Artículo 280.-

Toda sentencia del Tribunal Fiscal se fundará en la ley. En la parte resolutiva se expresará concretamente los actos o procedimientos cuya nulidad se declare o cuya validez se reconozca.

Artículo 281.-

Las sentencias definitivas del Tribunal; confirmatorias o modificatorias de la resolución o actos administrativos, deberán contener en el caso de deudas tributarias o de sanciones que se hubieren impuesto, la orden dirigida a la autoridad administrativa para que de acuerdo al fallo cumpla o realice las liquidaciones respectivas con expresión clara y concreta de las gestiones, conceptos y montos establecidos.

Artículo 282.-

Cuando la sentencia declare la nulidad de alguna actuación procesal se limitará a reponer el procedimiento al vicio más antiguo y cuando conozcan la ineficacia del acto y resolución administrativa, indicará los términos conforme a los cuales deberá la autoridad correspondiente, dictar nueva resolución.

CAPÍTULO X

DEL DESISTIMIENTO Y DE LA DESERCIÓN

SECCIÓN I

DEL DESISTIMIENTO

Artículo 283.-

El actor podrá desistir de su demanda en cualquier estado del juicio, antes o después de la contestación.

Artículo 284.-

Si la demanda se hubiera iniciado por dos o más interesados, el desistimiento sólo afectará a aquellos que lo hubieran formulado.

Artículo 285.-

El desistimiento se formalizará por escrito suscribiéndolo el interesado a su apoderado con facultad expresa.

Artículo 286.-

Presentado el desistimiento el Tribunal declarará concluido el procedimiento sin lugar a ulteriores trámites, ordenando el archivo de obrados y la ejecutoria del acto administrativo que dio lugar a la demanda.

Artículo 287.-

El desistimiento del recurso de apelación en segunda instancia causará la ejecutoria de la sentencia apelada.

SECCIÓN II

DE LA DESERCIÓN Y CADUCIDAD DE LAS ACCIONES.

Artículo 288.-

Si el demandante abandonare su acción durante treinta días a partir de la última notificación, la Sala que conozca la causa declarará la caducidad de la instancia a gestión de parte o de oficio al sólo vencimiento del plazo anterior y se procederá al archivo de las actuaciones.

El auto desertorio declarará ejecutoriada la sentencia de primera instancia y ordenará su ejecución coactiva.

CAPÍTULO XI

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Artículo 289.-

Las sentencias y los autos interlocutorios podrán ser apelados por quienes, según el presente Título, tengan personería como parte demandante o demandada, ante el Tribunal de Apelación constituido por las dos restantes Salas que no hubieren tenido conocimiento de la causa.

Artículo 290.-

Este recurso será admitido previa garantía del 10% (Diez por Ciento) del tributo, accesorio y /o multas materia del recurso mediante depósito bancario, boleta de garantía o póliza de seguro a la orden de la Administración respectiva. La apelación de los autos interlocutorios en el sólo efecto devolutivo, no requiere de esta garantía.

La falta de renovación de la boleta de garantía o la póliza de seguro durante el curso del juicio importará deserción. En materia de infracción de aforo aduanero, el recurso será admitido sólo previo depósito bancario del 100% del tributo determinado en la sentencia.

Artículo 291.-

El término para la presentación del recurso será al de cinco días perentorios y computables desde la legal notificación con la sentencia.

Artículo 292.-

La apelación será interpuesta ante la misma Sala que dictó el fallo y será admitida o rechazada dentro de las veinticuatro horas en ambos efectos, con citación emplazamiento de partes, para que dentro de los tres días siguientes se apersonen ante el Tribunal de Apelación.

Transcurrido este plazo sin que el apelante hubiere comparecido ante el Tribunal de Segunda Instancia, se declarará desierta la apelación, de oficio o a instancia de parte, ordenándose la devolución de autos al Tribunal del que procedieron, para la ejecución de la sentencia apelada.

Artículo 293.-

Radicado el proceso ante el Tribunal de Segunda Instancia y apersonadas las partes, se franquearán los autos al apelante para que exprese agravios en el término de nueve días, a la que se proveerá traslado, debiendo el apelado responder autos en igual término.

Artículo 294.-

Si el apelante no expresare agravios dentro del término perentorio, el Tribunal dictará resolución de acuerdo a lo establecido en el Artículo 295°

Artículo 295.-

Vencido el término de expresión de agravios o si este no hubiera sido solicitado, en el término de ocho días computables desde el decreto de radicatoria, el Presidente del Tribunal Fiscal o el Vicepresidente en su caso, designará mediante sorteo al magistrado relator, quien en el término de diez días hará relación de la causa y presentará el proyecto de auto de vista ante la dos Salas reunidas.

Artículo 296.-

El auto de vista será dictada por acuerdo de la mayoría del Tribunal, sobre la base del proyecto que formule el relator, dejándose expresa constancia de los votos disidentes.

CAPÍTULO XII

DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD

Artículo 297.-

Contra las sentencias en segunda instancia del Tribunal de Apelación podrá interponerse el Recurso de Nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, previo depósito bancario del 100% del tributo, accesorios y/o multas materia del recurso cuando el recurrente sea el sujeto pasivo de la relación jurídico-impositiva.

La interposición, admisión, trámite y resolución del recurso extraordinario de nulidad se sujetarán al procedimiento establecido por el Código de Procedimiento Civil.

CAPÍTULO XIII

DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE COMPULSA

Artículo 298.-

En caso de negativa de la apelación podrá interponerse la compulsa dentro del término perentorio de ocho días siguientes al de la notificación legal con el auto que niega la alzada.

Incoado el recurso, el Presidente ordenará que el expediente sea pasado de inmediato a su conocimiento. Informada la Sala de Apelación de los antecedentes, dictará en el día la resolución que corresponda. Si la compulsa es ilegal, ordenará que el proceso sea devuelto a la Sala de primera instancia para que lleve adelante sus providencias, imponiéndose al recurrente la sanción de mil Bolivianos (Bs. 1.000.-) En caso contrario, dispondrá se radique la causa para dictarse resolución en el fondo de la alzada.

El monto expresado precedentemente se actualizará anualmente de acuerdo a lo establecido en el Artículo 59° de este Código.

CAPÍTULO XIV

DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

Artículo 299.-

Acción de repetición es aquella que pueden utilizar los contribuyentes o responsables para reclamar la restitución de pagos indebidos al Fisco por concepto de tributos, intereses o multas pecuniarias.

Cuando se interponga esta acción, dentro de su tramitación la Administración verificará si el solicitante tiene alguna deuda tributaria y, en caso de comprobarse tal hecho, se deberá proceder a la compensación facultada por el segundo párrafo del Artículo 49° de esta Código.

Artículo 300.-

Negada la restitución por la administración, la demanda de repetición deberá interponerse por escrito ante el Tribunal Fiscal y el procedimiento para la sustanciación se sujetará a las disposiciones del presente Título.

Artículo 301.-

Si la demanda se resolviera favorablemente se reconocerá de oficio intereses a favor del acto según las previsiones del Artículo 60°.

Artículo 302.-

La acción de repetición caduca a los tres años, contado desde el 1ro. de enero siguiente al año en que efectúo cada pago, o liquidación final para el caso de regalías y podrá interponerse desde la fecha de estas, aunque no hubiere comenzado a correr dicho término.

CAPÍTULO XV

DEL PROCEDIMIENTO DE NO EMISIÓN DE NOTAS FISCALES

Artículo 303.-

Los casos de defraudación por no emisión de notas fiscales se sujetarán al siguiente procedimiento:

a) La omisión de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente, pasible de la sanción de clausura, será objeto de un acta en el que los funcionarios fiscales dejarán constancia de todas las circunstancias relativas al hecho, a su prueba y de todas las circunstancias relativas al hecho, a su prueba y sujeción de normas legales. Contendrá además la intimación para que el contribuyente ofrezca y aporte a la administración las pruebas que hagan a su derecho dentro de los cinco (5) días de la fecha del acta, el que será firmado por los funcionarios actuantes y por el titular del establecimiento o quien lo represente en ese momento. Si estos no supieran o se negaren a firmar, así lo harán constar dichos funcionarios.

b) Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo. Sus actos y omisiones responsabilizan a este último en forma inexcusable.

c) La autoridad tributaria, tomando en consideración la prueba aportada por el contribuyente, dictará resolución dentro de los diez (10) días de la fecha del acta de constancia.

d) La clausura se hará efectiva por medio de los funcionarios de la autoridad tributaria, adoptando los recaudos y seguridades del caso. Los precintos, sellos o instrumentos que sean utilizados para hacerlo efectiva no podrán ser alterados, violados o cubiertos en forma alguna. Dicha autoridad verificará el acatamiento de la medida y dejará constancia documentada de las violaciones que se observen.

e) El término mínimo de la clausura será de siete (7) días corridos y el máximo de seis (6) meses.

La reiteración en la omisión de hechos u omisiones causales de clausura computados dentro de un período de tres (3) años calendario dará lugar a la aplicación de nuevas clausuras, cada una de ellas por un término que será igual al doble del anterior, hasta alcanzar el máximo de la sanción, con este máximo se penará cualquier hecho u omisión sancionable posterior. En caso de reiteración, las sanciones serán aplicadas teniendo en cuenta la fecha de la comisión de los delitos empezando por el más antiguo. Los establecimientos de un mismo propietario (persona natural o jurídica) o responsable serán tratados como una sola entidad para fines de la aplicación doble o posteriores de la sanción, aunque ella se cumpla sólo en el establecimiento infractor.

f) Durante el período de clausura cesará totalmente la actividad del establecimiento objeto de ello, salvo la que fuese imprescindible para la conservación o custodia de los bienes o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por causas de la naturaleza. En los casos de prestación de servicios esenciales tales como internación médica u hotelería, la clausura tendrá efectos sobre las nuevas internaciones o alojamientos que debieran efectuarse durante el período de la sanción, pudiendo continuarse la prestación a los internados o alojados existentes al momento de la clausura. El detalle de los servicios autorizados deberá constar en acta.

Durante el período de la clausura no podrá suspenderse el pago de salarios, debiendo los propietarios o responsables sujetarse estrictamente al cumplimiento de todas las disposiciones en materia laboral.

g) Quien violare una clausura dispuesta por la autoridad tributaria será sancionado con nueva clausura por el triple del tiempo de aquella para cuyo efecto se sujetará al procedimiento establecido en este capítulo.

h) Las resoluciones que impongan clausuras serán recurribles conforme lo dispuesto en el art 175° de este Código, con la excepción de que el término para ello será de tres (3) días siguientes a la fecha de su notificación.

Los contribuyentes que residen en el interior de país y a más de cien (100) kilómetros del tribunal donde se recurra tendrán el término adicional de un (1) día hábil para cada doscientos (200) kilómetros de distancia

i) Dentro del recurso administrativo de Revocatoria, se podrán ofrecer nuevas pruebas. El término probatorio será de tres (3) días a partir de la fecha de presentación del recurso.

La Administración resolverá la revocatoria solicitada dentro del término de ocho (8) días a partir de la interposición del recurso.

j) Si la resolución de clausura fuera recurrida ante el Tribunal Fiscal, el término de prueba será de tres (3) días y la demanda será resuelta dentro de las cinco (5) días posteriores al vencimiento del plazo probatorio.

k) Admitida la apelación, el Tribunal de Segunda Instancia, a la vista de autos, dictará sentencia dentro del término de cinco (5) días sin admitir prueba alguna de las partes.

l) Si la sanción resultare confirmada por resolución del Ministerio de Finanzas o por sentencia del Tribunal Fiscal, según haya sido la vía elegida por el contribuyente, en el caso de una futura reincidencia se aplicará la clausura con el doble de la sanción que debiera corresponder.

ll) Los plazos establecidos para juzgar el delito de No Emisión de Notas Fiscales, tanto en la vía administrativa como jurisdiccional, sólo afectan al juzgamiento de este delito.

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