Código Tributario Boliviano 1992 (Título IV)

por | 28 de mayo de 1992

CÓDIGO TRIBUTARIO

28 DE MAYO DE 1992

TÍTULO IV

PROCEDIMIENTO ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Artículo 127.-

La institución que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los tributos podrá dictar normas administrativas reglamentarias generales a los efectos de la aplicación de las leyes tributarias dentro de los límites que fijen las disposiciones pertinentes.

En especial, podrá dictar normas obligatorias con relación a los siguientes puntos: promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar de oficio la materia imponible, así como para fijar el valor de las transacciones de importación o exportación a los fines de simplificar la aplicación de los impuestos; inscripción de responsables; forma y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, plazos y formas extrínsecas de la percepción de los gravámenes, pagos a cuenta, de los mismos, intereses recargos y multas intervención y supresión de agentes de retención; libros y anotaciones es que de modo especial deberán llevar los contribuyentes, responsables y terceros; fijar el tipo de interés que devengarán las deudas y prórrogas impositivas a la exención total o parcial, con carácter general, de recargos e intereses punitorios, conforme a lo dispuesto por el presente Código, inscripción de agentes de retención y forma de documentar la deuda fiscal por parte de los contribuyentes.

Las normas administrativas a dictarse, deberán sujetarse a las previsiones de este Código.

Artículo 128.-

Las normas a que se refiere el artículo precedente podrán ser impugnadas por asociaciones o entidades representativas o también por personas naturales o jurídicas que carezcan de una entidad representativa dentro de los veinte días de publicadas. Dicha impugnación deberá presentarse debidamente fundada ante la superioridad jerárquica administrativa, la que deberá expedirse dentro de los treinta días de su presentación. Si dentro de ese lapso no hubiere resolución, la norma impugnada quedará firme. Hasta ese momento la impugnación deducida tendrá efectos suspensivos.

Artículo 129.-

Sin perjuicio de la publicación de las normas incluidas en el artículo 2° de este Código, de las disposiciones generales y las resoluciones particulares que a juicio de la Administración ofrezcan interés general, serán dadas a conocer de inmediato por medio de publicaciones oficiales u otros medios adecuados a las circunstancias, omitiendo las referencias que puedan lesionar intereses particulares.

Artículo 130.-

La Administración está obligada, bajo responsabilidad de los respectivos funcionarios, a adoptar resoluciones en toda petición en el término máximo de quince (15) días.

A los efectos de este Artículo, por peticiones se entenderá las reclamaciones sobre casos reales, fundadas en razones de legalidad.

Vencido el plazo sin que se resuelva la petición, se presume que hay resolución denegatoria, quedando los interesados facultados para interponer los recursos y acciones que correspondan.

Artículo 131.-

La administración dispondrá de amplias facultades de fiscalización e investigación y especialmente podrá:

1) Exigir a los contribuyentes y responsables la exhibición de sus libros, documentos y correspondencia comerciales y requerir su comparecencia personal ante la autoridad administrativa para proporcionar informaciones.

2) Intervenir los documentos inspeccionados y tomar medidas de seguridad para su conservación.

3) Incautarse de dichos libros y documentos cuando la gravedad del caso lo requiera.

Cuando se prive al contribuyente de la disponibilidad de sus documentos, la medida deberá ser debidamente documentada y estará limitada a treinta días prorrogables por los órganos jurisdiccionales competentes cuando fuere indispensable.

4) Exigir informaciones a terceras personas, naturales o jurídicas relacionadas con hechos que en ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer, así como exhibir documentación relativa a tales situaciones y que se vincule con la tributación.

No podrá exigirse informes de:

a) Los Ministros del culto en cuanto a los asuntos relativos al ejercicio de su Ministerio y a los profesionales en cuanto tengan derecho a invocar el secreto profesional.

b) Aquellos cuya declaración importa violación del secreto de la correspondencia epistolar o de las comunicaciones en general.

c) Los parientes próximos en caso de que su declaración estuviera relacionada con hechos que pudieran motivar la aplicación de penas de prisión. Se considerarán parientes próximos al cónyuge, a los ascendientes y descendientes en línea directa y a los hermanos.

5) Practicar inspecciones en locales ocupados a cualquier título por los contribuyentes irresponsables. Para realizar esas funciones en los locales fuera de las horas hábiles será necesario orden de allanamiento, de acuerdo a disposiciones legales en vigencia.

6) Recabar orden de allanamiento de autoridad competente, orden que deberá ser despachada dentro de las 24 horas, habilitando los días y horas inhábiles que fueran necesarios.

7) Requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer comparecer a los responsables o terceros, o cuando sus funcionarios tropezasen con inconvenientes en el desempeño de sus funciones, o cuando fuere necesario para la ejecución de las órdenes de allanamiento. Dicho auxilio deberá acordarse sin demora, rigiendo la responsabilidad penal para los funcionarios policiales en caso de su reticencia u omisión.

Artículo 132.-

Las informaciones que la Administración obtenga de los contribuyentes responsables y terceros por cualquier medio, tendrán carácter reservado. Sólo podrán ser comunicadas a la autoridad jurisdiccional cuando mediare orden de ésta.

CAPÍTULO II

DETERMINACIÓN

Artículo 133.-

Ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una obligación tributaria, los contribuyentes y demás responsables cumplirán dicha obligación por sí, cuando no proceda la intervención de la Administración. Si está correspondiera, deberán dar aviso oportuno de los hechos y proporcionar la información necesaria para la determinación o liquidación del tributo.

Artículo 134.-

La determinación o liquidación por la Administración es el acto que declara la existencia y cuantía de un crédito tributario o su existencia.

Artículo 135.-

La determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que presenten los contribuyentes y responsables en el tiempo y condiciones que establezca la autoridad administrativa, salvo cuando este Código o leyes específicas fijen otro procedimiento.

Las denuncias que sobre materia tributaria, formulen terceras personas, con excepción del contrabando y la defraudación aduanera serán verificadas por los servicios respectivos, sin ninguna participación para el denunciante en los resultados de la determinación.

Artículo 136.-

La Administración podrá verificar la exactitud de las declaraciones y enmendar los errores aritméticos mediante liquidación de corrección cuando ellos hayan originado un menor valor a pagar, o mayor saldo a favor del contribuyente o responsable para compensar o devolver.

Esta liquidación no excluye la facultad de revisión y determinación de oficio, y podrá expedirse mediante comunicaciones de sistemas de computación que lleven la firma en facsímil de la autoridad competente y la impresión del nombre de nombre y cargo del funcionario.

Podrá la Administración asimismo proceder a la determinación de oficios sobre base cierta o sobre base presunta, en cualquiera de las siguientes situaciones:

1) Cuando el contribuyente o responsable hubiera omitido presentar la declaración;

2) Cuando la declaración ofreciere dudas en cuanto a su veracidad o exactitud;

3) Cuando el contribuyente o responsable no exhiba los libros y documentos establecidos pos disposiciones legales, o ellos no sean suficientes o no resulten fehacientes para determinar con certeza la base imponible;

4) Cuando las leyes tributarias lo autoricen en forma expresa.

Artículo 137.-

La determinación por la Administración se realizará aplicando los siguientes sistemas:

1) Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan conocer en forma directa e indubitable los hechos generados del tributo.

2) Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la obligación.

Artículo 138.-

La Administración podrá utilizar directamente los procedimientos de determinación expresados en el numeral 2) del Artículo 138° de éste Código, cuando se verifique alguna de las siguientes situaciones:

1) Se observen discrepancias entre las notas fiscales habilitadas por al Administración y las registradas por el contribuyente.

2) Se verifique la falta de registro o el registro por importes diferentes de notas fiscales declaradas como crédito fiscal por otros contribuyentes.

3) Se hubiere aplicado la clausura del local por no emisión de notas fiscales.

4) Se hubiere hecho caso omiso al requerimiento efectuado por la Administración para la presentación de declaraciones juradas omitidas a su vencimiento.

5) El contribuyente no facilite la determinación de la obligación sobre base cierta, o se resista a la misma.

6) Se verifique la falta de inscripción del contribuyente o responsable en el padrón de la Administración Tributaria.

7) Se verifique la emisión de notas fiscales por parte de contribuyentes que, por las características de su inscripción ante la Administración Tributaria, se encuentren inhabilitados para ello.

Cuando se determina la obligación sobre la base presunta subsistirá la responsabilidad del contribuyente por las diferencias que pudieran corresponder, derivadas de una posterior determinación sobre base cierta.

La determinación a que se refiere este artículo, que sea impugnada por el contribuyente fundándose en hechos ajenos a los elementos objetivos y ciertos que resulten de la base presunta o que no hubiere puesto oportunamente en conocimiento de la administración será declarada improcedente.

En las estimaciones sobre base presunta también harán plena prueba los promedios y coeficientes generales que a tal fin establezca el órgano que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los tributos, con relación a explotaciones de un mismo género.

Artículo 139.-

Establécense las siguientes presunciones:

a) Cuando la Administración Tributaria realice un efectivo control de los ingresos de un establecimiento determinado, el resultado de promediar el total de ventas, servicios, prestaciones u operaciones de cualquier naturaleza, obtenidos por éste, en no menos de siete (7) días, cuatro de ellos no consecutivos, de un mismo mes, multiplicado por el total de días hábiles comerciales, representa las ventas, servicios, presentaciones u operaciones presuntas de ese mes.

Si el mencionado control se efectuara en no menos de cuatro (4) meses, dos de ellos no consecutivos, de un mismo ejercicio comercial, el promedio de ventas, servicios, prestaciones u operaciones se presume suficientemente representativo y podrá aplicarse a los demás meses no controlados del mismo ejercicio.

La diferencia entre los montos así establecidos y los declarados o registrados por el contribuyente se considerará: ventas, servicios, prestaciones y operaciones grabadas o exentas de impuestos, en la misma proporción que tengan las que hubiesen sido declaradas o registradas en cada uno de los meses de ejercicio comercial anterior.

Las diferencias físicas constatadas por la Administración Tributaria en inventarios de mercaderías, luego de su valoración, representan:

1) Monto de ventas omitidas de declarar o registrar.

Para determinar dicho monto, se procederá a:

– Dividir del importe del total de ventas gravadas correspondientes al ejercicio fiscal cerrado inmediato anterior a aquel en que se verifiquen las diferencias de inventario (declaradas o registradas, ajustadas impositivamente según corresponda), por el valor de las mercaderías en existencia al final del ejercicio citado (declaradas o registradas, ajustadas impositivamente, según corresponda).

– El coeficiente así obtenido será aplicado sobre el importe resultante de la valoración de las diferencias de inventarios constatadas.

– El resultado de esta operación constituirá el monto de las ventas omitidas de declarar o registrar.

Las ventas omitidas de declarar o registrar determinadas conforme al procedimiento precedente, se atribuirán a cada uno de los meses comprendidos en el ejercicio comercial anterior, en la misma proporción que tengan las ventas grabadas que hubieran sido declaradas o registradas en cada uno de los meses del citado ejercicio.

El pago del impuesto en estas condiciones no generará derecho al cómputo de crédito fiscal.

2) Bienes del activo computable

Para fines de pago de los tributos, las diferencias estimadas serán contabilizadas en el último ejercicio fiscal cerrado inmediatamente anterior al de la constatación de las mismas.

3) En los tributos correspondientes a operaciones de importación:

Si los excedentes de inventarios estuvieran constituidos por mercancías de origen importado se presumirá, admitiendo prueba en contrario, que los mismos no han cancelado los tributos por operaciones de importación.

En este caso, se efectuará la correspondiente denuncia ante la Administración de tributos aduanero, la que deberá resolver en cuanto a la determinación de los tributos omitidos en la importación y a la tipificación del delito de Defraudación o Contrabando.

c) Los patrimonios no declarados servirán de base para estimar las operaciones gravadas omitidas de declarar registrar. Para ello, la diferencia patrimonial, constatada se multiplicará por el coeficiente que resulte de dividir el total de las obligaciones declaradas o registradas, por la utilidad neta del ejercicio. El total de las operaciones presuntamente omitidas, obtenido por este procedimiento se atribuirá a cada uno de los meses del ejercicio comercial, en función de las operaciones totales declaradas o registradas.

Los montos mencionados así determinados se considerará que corresponden a operaciones gravadas en la proporción que surja de relacionar las operaciones totales y las operaciones gravadas declaradas o registradas.

Tal diferencia patrimonial se considerará para efectuar el ajuste correspondiente al estado del último ejercicio fiscal.

Para fines del pago de los tributos, la diferencia patrimonial será contabilizada en el último ejercicio comercial cerrado inmediatamente anterior a aquel en que se verifique la misma.

d) Las diferencias verificadas en los medios de control fiscal (timbres, etc.), productos terminados gravados y materias primas principales utilizadas en la elaboración tendrán el siguiente tratamiento:

1) Faltantes:

1.1) De medios de control fiscal: se presumirá que ampararon productos cuyo expendio no fue declarado en el último período fiscal vencido a la fecha de la toma del recuento físico. La base imponible se obtendrá multiplicando la cantidad de medios faltantes, relativos al producto autorizado, por el precio vigente al final de dicho período del producto gravado de mayor valor y en el envase de mayor capacidad que produzca o comercialice el contribuyente, que las normas establezcan la obligación de llevar adheridos dichos medios.

1.2) De los productos terminados gravados: Se considerarán expendidos y estarán sujetos al impuesto sobre la base del precio actualizado de realización de la última venta o el precio de plaza a la fecha de la comprobación, según corresponda al productor intermediario o distribuidor.

1.3) De materias primas: Se presumirá que han sido empleadas en la fabricación del producto de mayor impuesto que con ellas elabore el responsable, y la base de imposición será la indicada en el punto anterior.

2) Sobrantes:

2.1) De medios de control fiscal: Se presumirá que tales medios debieron amparar la circulación de productos gravados, que fueron transferidos sin el medio de control correspondiente, y consecuentemente, sin haber abonado el impuesto, en el último período fiscal vencido a la echa de la toma de recuento físico.

La base imponible se obtendrá multiplicando la cantidad de medios sobrantes por el precio vigente en dicho período del producto gravado de mayor valor y en el envase de mayor capacidad que produzca el contribuyente que las normas establezcan la obligación de llevar adheridos dichos medios.

2.2) De productos terminados gravados: Cuando estos bienes estuviesen elaborados con materias primas gravadas, se considerará que éstas han evadido el tributo correspondiente, liquidándose el impuesto sobre la base del precio de compra o en su efecto de plaza, a la fecha de la comprobación.

2.3) De materias primas gravadas. Deberá abonarse el gravamen por presumirse que el excedente verificado ha evadido el pago del tributo, computándose el valor normal de plaza al momento de la toma del recuento físico.

Los procedimientos establecidos en los distintos incisos de este Artículo no podrán aplicarse conjuntamente para un mismo impuesto y período fiscal, siendo potestad de la Administración de impuestos internos utilizar alternativamente el método que más convenga para preservar los intereses del Fisco.

En los casos de sobrantes de medios de control fiscal, de productos terminados o materias primas, si los mismos correspondieren a mercancías de origen importado se presumirá salvo prueba en contrario, que no han cancelado los tributos por operaciones de importación.

En este caso se efectuará la correspondiente denuncia ante la Administración de tributos aduaneros, la que deberá resolver en cuanto la determinación de los tributos omitidos en la importación y a la tipificación del delito de Defraudación o Contrabando.

Artículo 140.-

Cuando la Ley encomiende la determinación a la Administración, prescindiendo total o parcialmente del contribuyente, aquella deberá practicarse sobre base cierta.

Sólo podrá utilizarse indicios o presunciones en caso de imposibilidad de conocer los hechos.

El contribuyente podrá impugnar la determinación así practicada, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VII de este Título.

Artículo 141.-

La determinación de tributos de los municipios, prefecturas u otros órganos locales de recaudación se efectuará necesariamente por la Dirección o Tesorería del órgano respectivo, quién dictará la Resolución contra la que caben alternativamente el recurso jerárquico y la demanda contencioso-tributaria, previstos en el artículo 174° de este Código.

CAPÍTULO III

DE LOS DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES

Artículo 142.-

Las contribuyentes y responsables están obligados a facilitar las tareas de determinación, fiscalización e investigación que realice la Administración y en especial deberán cumplir lo siguiente:

1) Cuando lo requieran las leyes y reglamentos:

a) Llevar los libros y registros especiales, referentes a las actividades y operaciones que se vinculen con la tributación.

b) Inscribirse en los registros pertinentes, a los que aportarán los datos necesarios y comunicar oportunamente sus modificaciones.

c) Solicitar a la autoridad que corresponda, permisos previos o de habilitación de locales.

d) Presentar las declaraciones que correspondan.

e) Declarar la total conformación de sus patrimonios.

2) Conservar en forma ordenada, mientras el tributo no este prescrito, los libros de comercio, registros especiales, los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos gravados.

3) Facilitar a los funcionarios fiscales autorizados, las inspecciones o verificaciones en cualquier lugar, establecimientos comerciales o industriales, oficinas, depósitos, embarcaciones, aeronaves y otros medios de transporte.

4) Presentar o exhibir en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, documentos, comprobantes de la legítima procedencia de mercaderías, relacionadas con hechos generadores de obligaciones tributarias, y formular las ampliaciones o aclaraciones que le fueren solicitadas.

5) Comunicar cualquier cambio en su situación que pueda dar lugar a la alteración de la responsabilidad tributaria.

6) Concurrir a las oficinas fiscales cuando su presencia sea requerida individual o colectivamente.

Artículo 143.-

Los contribuyentes, responsables y terceros que efectúen registros mediante sistemas de computación de datos, deberán mantener en condiciones de operación los soportes magnéticos utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible por el término de dos (2) años, contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio en el cual se hubieran utilizado.

Este plazo se refiere sólo el mantenimiento en condiciones de operación de los soportes magnéticos y no modifica los términos y condiciones de prescripción establecidos en los artículos 52° al 57° de este Código.

La Administración podrá requerir a los contribuyentes responsables y terceros:

a) Copia de la totalidad o parte de los soportes magnéticos aludidos, debiendo suministrar a la Administración los instrumentos materiales a este efecto, los que le serán restituidos a la conclusión de la fiscalización.

b) Información o documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y de las aplicaciones implantadas, ya sea que el procesamiento se desarrolle en equipos propios o alquilados o que el servicio sea prestado por un tercero.

c) El uso de equipamiento de computación para la realización de tareas de auditoría tributaria, cuando se hallaren bajo fiscalización.

También podrá la administración establecer, de modo general, las características que deberán reunir los registros de información básica almacenable en los archivos magnéticos.

Lo especificado en el presente Artículo también será de aplicación a los servicios de computación que realicen tareas para terceros.

La administración señalará los datos que obligatoriamente deberán registrarse, la información inicial a presentar por parte de los responsables o terceros, y la forma y plazos en que deberán cumplirse las obligaciones dispuestas en el presente Artículo.

Artículo 144.-

Los deberes formales deben ser cumplidos:

1) En el caso de personas jurídicas, por sus representantes legales o convencionales.

2) En el caso de entidades previstas en el artículo 24°, inciso 3), por la persona que administre los bienes y en su defecto por cualquiera de los integrantes de la entidad.

3) En el caso de sociedades conyugales, núcleos familiares, sucesiones y fideicomisos, por sus representantes, administradores, albaceas, fideicomisarios, o personas que designen los componentes del grupo y en su defecto por cualquiera de los interesados.

Artículo 145.-

Las declaraciones o manifestaciones que se formulen se presumen fiel reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriban, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 84°.

CAPÍTULO IV

DE LAS CERTIFICACIONES

Artículo 146.-

Cuando los contribuyentes, responsables o terceros deban acreditar el cumplimiento de sus obligaciones formales tributarias, solicitarán un certificado al órgano recaudador correspondiente, el que deberá expedirlo en un plazo no mayor de diez días.

Este plazo no contempla el tiempo de transporte de la correspondencia, cuando fuere necesaria su remisión a otro (s) distrito (s) o a las oficinas centrales de la administración.

Si no estuviese en condiciones de entregarlos dentro del plazo fijado precedentemente, a solicitud expresa del interesado la Administración le dará constancia escrita de encontrarse aún en trámite la certificación, documento que no será equiparable ni sustitutivo del certificado y tendrá efecto simplemente justificativo de su falta de presentación ante quien la estuviera requiriendo.

Artículo 147.-

Se presume que los interesados han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus deberes formales, sin perjuicio del derecho de la Administración de verificar la exacta aplicación de las normas dentro del término de prescripción.

En todos los casos la Administración podrá efectuar la fiscalización pertinente para comprobar la existencia de delitos o contravenciones.

Artículo 148.-

Los certificados tendrán efecto liberatorio respecto de los contribuyentes y responsables cuando se emitan sobre la base de resoluciones firmes de la Administración o cuando así surja del propio documento, y frente a terceros en todos los casos.

Artículo 149.-

El error o irregularidad en que pudiere incurrir la Administración no afectará el efecto liberatorio de la certificación frente a terceros, en tanto no se pruebe que éstos incurrieron en error o fraude.

Artículo 150.-

El requisito de la certificación no podrá afectar el libre ejercicio de los derechos políticos.

CAPÍTULO V

DE LAS CONSULTAS

Artículo 151.-

Quien tuviere un interés personal y directo, podrá consultar sobre temas impositivos controvertibles a la autoridad de la Administración respectiva sobre la aplicación de la norma legal correspondiente a alguna gestión económica por iniciarse, y/o a una situación de hecho concreto y real. A ese efecto, el consultante deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta y podrá asimismo expresar su opinión fundada.

La autoridad de la Administración respectiva absolverá las consultas en el plano máximo de treinta días prorrogables por una sola vez por igual período.

En caso de ser obscura la consulta devolverá la misma al interesado en el plazo de diez días señalando sobre qué aspectos deban mencionarse expresamente aclaraciones.

Artículo 152.-

La consulta presentada con diez días de anticipación al vencimiento del tributo exime de sanciones al consultante si el tributo fuere pagado en el término de cinco días a partir de la notificación a éste con la resolución administrativa que dé respuesta a la consulta; los pagos que se efectúen fuera del plazo citado estarán sujetos a actualización, intereses y multa por mora, en la forma establecida por los Artículos 58°, 59° y 118° de este Código.

Si con posterioridad al vencimiento de los plazos previstos en el Artículo 151°, la consulta fuere reiterada y la autoridad de la administración correspondiente no absolviera la misma dentro de los veinte días de la reiteración, se entenderá aceptable provisionalmente la interpretación del consultante, si este la hubiere expuesto, hasta tanto la administración no se manifieste.

Artículo 153.-

Para que la interpretación del consultante, expuesta y no evacuada, se entiende aceptada provisionalmente, deberá la parte interesada elevar en el término improrrogable de los diez días posteriores al vencimiento del último plazo aludido en el artículo precedente, un memorial ante el Ministerio de Finanzas expresando los hechos, con copia textual de la consulta reiterada.

El Ministro de Finanzas deberá pronunciarse dentro del término improrrogable de treinta días. En el mismo término aplicará las sanciones que entienda corresponder a los funcionarios renuentes de la Administración a la que se solicitó oportunamente la evacuación de la consulta. La omisión de los funcionarios en absolver las consultas dentro de los términos legales constituirá infracción (violación) de los deberes del cargo, figura prevista en los artículos 123° y siguientes de este Código.

Si el Ministerio de Finanzas no se pronunciara en el término fijado, la interpretación aceptada provisionalmente quedará firme sólo para la parte interesada consultante.

Tanto la aceptación provisional a que se refiere el artículo precedente como la aceptación definitiva dispuesta por éste, se limitarán al caso concreto consultado y no afectará a los hechos generados que ocurran después de la notificación de la resolución que posteriormente dictare la Administración.

Artículo 154.-

Si la autoridad administrativa no aceptara la interpretación del consultante, deberá liquidar la diferencia de tributos sin perjuicio de que el interesado pueda recurrir jerárquicamente de la misma.

Si la naturaleza de la consulta no permitiera liquidar de inmediato la diferencia, el plazo para interponer el recurso correrá a partir de la notificación de la liquidación, si la hubiera.

Artículo 155.-

Será nula la consulta evacuada, sobre la base de datos inexactos proporcionados por el consultante.

CAPÍTULO VI

DE LAS TRAMITACIONES

SECCIÓN I

COMPARECENCIA

Artículo 156.-

En todas las actuaciones los interesados podrán comparecer personalmente y/o por medio de sus representantes legales o autorizados, quien invoque una representación acreditará su personería en la primera presentación.

Artículo 157.-

Los interesados están obligados a constituir domicilio en el primer escrito o audiencia, siempre que no tengan domicilio fiscal registrado en la oficina correspondiente de la Administración Tributaria. La no constitución de domicilio dará lugar a la notificación en secretaría.

Artículo 158.-

La fecha de presentación se anotará en el escrito y se otorgará en el acto constancia oficial al interesado si éste lo solicitare.

SECCIÓN II

NOTIFICACIONES

Artículo 159.-

Las acciones de la Administración Tributaria se notificarán en cualesquiera de las formas siguientes:

a) Personalmente.

La notificación personal se practicará por un funcionario de la Administración Tributaria, entregando al contribuyente o responsable copia íntegra de la Resolución, acto o documento que debe ser puesto en su conocimiento.

b) Por correo postal, u otro medio de comunicación escrita.

La notificación por correspondencia se efectuará mediante el envío de copia íntegra del acto que deba notificarse en carta certificada con aviso especial de retorno, dirigida al domicilio declarado, la cual deberá ser entregada por el funcionario de correos o de empresas privadas, de mensajerías en el domicilio antedicho a cualquier persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en él, debiendo ésta identificarse y firmar el recibo respectivo.

El aviso de retorno servirá de suficiente prueba de la notificación siempre que la carta hubiera sido entregada en el domicilio del notificado aunque sea suscrito por un tercero siempre que éste en el domicilio declarado por el contribuyente.

Deberá dejarse constancia del día, hora y lugar en que se efectúe la notificación.

Similar procedimiento se seguirá en caso de utilizarse otros medios de comunicación de similares características.

c) Por cédula.

Si el contribuyente que deba ser notificado no fuese habido en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de notificación escrito a cualquier persona mayor de catorce (14) años que se encuentre en él, bajo apercibimiento de que el contribuyente será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente.

Si en esta ocasión tampoco pudiera ser hallado, el funcionario de la Administración formulará representación circunstanciada de los hechos anotados, en mérito a los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédulas.

En la notificación por cédula, este documento estará constituido por copia del acto a notificar, firmado por la autoridad que lo expidiera. Será entregada por funcionario de la Administración Tributaria en el domicilio del notificado, a cualquier persona mayor de catorce (14) años o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de actuación que también firmará.

d) Por Edicto.

Si las notificaciones no pudieran practicarse en la forma antedicha por no conocerse el domicilio del contribuyente, la misma se practicará por edictos publicados durante tres (3) días en un órgano de prensa de circulación nacional.

e) Por constancia administrativa en Secretaría.

Una vez transcurridos los plazos fijados para la comparecencia de los interesados en las citaciones que se les formule, las que podrán ser hechas por correo con aviso de retorno, se asentarán en obrados su no presentación. Con este acto se tendrá por ejecutada la notificación.

f) Tácitamente

Existe notificación tácita cuando, no habiéndose verificado notificación alguna o ella se hubiera efectuado en otra forma que la legal, la persona a quien debió notificarse un acto, resolución, providencia o documento, efectúe cualquier gestión que demuestre su conocimiento.

La notificación por cualquiera de estas formas deberá ser expresamente determinada por la norma reglamentaria o la autoridad administrativa.

Se entenderá como fecha de notificación aquella en que se practique la respectiva actuación.

Las notificaciones en domicilio se practicarán en el que fuera declarado por el contribuyente o responsable ante la Administración Tributaria.

Artículo 160.-

En las notificaciones de resoluciones que liquiden tributos o apliquen sanciones se transcribirán íntegramente sus fundamentos.

Autorizase a la Administración Tributaria expedir mediante sistemas de computación, comunicaciones, requerimientos, intimaciones de pagos, ajustes de las declaraciones juradas que resulten de errores aritméticos y demás actos propios, excepto la resolución a que se refiere el artículo 171° de éste Código, debiendo los mismos llevar la firma de facsímil de la autoridad competente e impreso el nombre y cargo de la misma.

Artículo 161.-

Las notificaciones se practicarán en día hábil. Si los documentos fueren entregados en día inhábil, la notificación se entenderá realizada el primer día hábil siguiente.

Artículo 162.-

Las resoluciones que determinen tributos, impongan sanciones, decidan recursos, decreten apertura de término de prueba, y en general todas aquellas que puedan causar un perjuicio irreparable, serán notificadas personalmente en las oficinas de la Administración Tributaria o en domicilio del interesado, en la forma prescrita en el Art. 159°, incisos a), b), c) y d) de este Código.

En caso de Defraudación aduanera, la notificación con el auto inicial y posteriores actuaciones se efectuará al agente despachante de aduanas y al consignatario.

SECCIÓN III

PRUEBA

Artículo 163.-

Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho con excepción de la confesión de empleados públicos. La prueba testifical sólo admitirá con validez de indicios.

Artículo 164.-

Los interesados o sus representantes y sus abogados tendrán acceso a las actuaciones, inclusive a los sumarios por delitos o contravenciones y podrán consultarlas sin más exigencia que la justificación de su identidad.

Artículo 165.-

El término de prueba será fijado de acuerdo con la importancia y la instancia del trámite por este mismo Código, y en ningún caso será superior a treinta días hábiles.

Artículo 166.-

En los asuntos de puro derecho se prescindirá del término de prueba, de oficio o a petición de parte.

Artículo 167.-

La autoridad administrativa impulsará de oficio el procedimiento. En cualquier estado del trámite podrá disponer medidas para este efecto.

SECCIÓN IV

FASE FINAL DE LA DETERMINACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 168.-

La determinación a que se refiere el artículo 135°, se iniciará con el traslado al contribuyente de las observaciones a cargos que se formulen. En este caso, la autoridad administrativa podrá – si lo estimare conveniente – requerir la presentación de nuevas declaraciones o la rectificación de las presentadas.

Artículo 169.-

En el término de veinte (20) días improrrogables el contribuyente deberá formular su descargo presentado las pruebas conducentes al efecto.

Vendidos los términos se dictará resolución en la que se determinará la obligación y se intimará el pago que correspondiere

Si del procedimiento resultare comprobado algún delito o contravención, la sanción deberá ser dictada en la misma resolución que determine la obligación. De no hacerlo, se entenderá que no hay mérito para ello, con la siguiente liberación de responsabilidad para el contribuyente.

En caso de establecer pena de prisión se estará a lo prescrito en la última parte del artículo 87° de este Código.

Artículo 170.-

La resolución que establezca la determinación debe contener las siguientes constancias:

1) Lugar y fecha

2) Indicación del tributo y del período fiscal correspondiente

3) Apreciación de las pruebas y de las defensas alegadas

4) Fundamentos legales de la decisión.

5) Elementos deductivos aplicados en caso de estimación sobre base presunta.

6) Discriminación de los montos exigibles por tributos, intereses, y sanciones, según los casos.

7) Firma del funcionario autorizado, designado por el órgano que tenga a su cargo la percepción y fiscalización de los tributos.

La ausencia de cualesquiera de estos requisitos vicia de nulidad la resolución.

SECCIÓN V

SUMARIO

Artículo 171.-

El procesamiento administrativo de los delitos y contravenciones a que se refiere el artículo 69° de este Código, se hará por medio de un sumario administrativo, cuya instrucción dispondrá la autoridad competente mediante cargo en el que deberá constar claramente el acto u omisión que se atribuye al presunto infractor. En el supuesto que la conducta ilícita imputada de estimación estuviera vinculada a la determinación de tributo, el procedimiento determinativo del impuesto y la aplicación de sanciones se unificarán en la forma prevista por el artículo 169° de este Código.

Artículo 172.-

Al ordenarse las diligencias preliminares podrá disponerse reserva temporal de las actuaciones durante un plazo no mayor de quince (15) días. El cargo será notificado al presunto infractor, a quien se concederá un plazo de veinte (20) días para que formule por escrito su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho, cuando se imputen cargos en el procedimiento de determinación de oficio, excepto el caso de clausura en que será de solo tres (3) días.

En materia de pruebas, regirá lo dispuesto en la Sección Tercera de este Capítulo.

Artículo 173.-

Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo precedente sin aportarse pruebas, o analizadas las mismas, se dictará resolución dentro los quince (15) días.

CAPÍTULO VII

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JURISDICCIONALES

SECCIÓN I

IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 174.-

Los actos de la Administración por los que se determinen tributos o se apliquen sanciones puedan impugnarse por quien tenga un interés legal, dentro del término perentorio de quince (15) días computables a partir del día y hora de su notificación al interesado, hasta la misma hora del día de vencimiento del plazo, por una de las siguientes vías, a opción del interesado:

1) Recurso de revocatoria ante la autoridad que dicto la resolución. Cuando este haya sido rechazado se interpondrá.

2) Acción ante la autoridad jurisdiccional que se sustanciará con arreglo a lo dispuesto en el procedimiento contencioso tributario establecido en el Título VI de este Código.

La elección de una vía importa renuncia de la otra.

El Ministro de Finanzas constituye la máxima autoridad jerárquica para los efectos de este Capítulo.

SECCIÓN II

RECURSO DE REVOCATORIA

Artículo 175.-

El recurso de revocatoria deberá interponerse pro escrito y contendrá una exposición fundamentada de los agravios que se invoquen llevando consigo efecto suspensivo. La decisión del recurso deberá efectuarse en el plazo máximo de treinta (30) días, bajo alternativa de considerarse denegado el recurso, debiéndose en consecuencia elevarse al superior jerárquico, para efectos de lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 174°.

Artículo 176.-

Son causas para la interposición del recurso de revocatoria:

1) La ausencia de cualesquiera de los requisitos de forma exigidos para la resolución en el artículo 175°, pero los vicios y defectos que hagan anulable el acto no podrán ser alegados por los causantes de los mismos.

2) Cuando al dictarse la resolución o acto, se hubiese incurrido en manifiesto error de hecho o de derecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

3) Cuando la resolución hubiesen influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución, siempre que el interesado desconociese la declaración de falsedad.

En los caos señalados en los incisos 2) y 3) de este artículo, el plazo para la interposición del recurso será de quince (15) días.

Artículo 177.-

El escrito del recurso deberá expresar:

1) El nombre y domicilio del recurrente a efectos de notificación.

2) La resolución o acto contra el que se recurre y la razón de su impugnación.

3) Lugar, fecha y firmas del recurrente y abogado patrocinante.

4) Individualización de la autoridad que dicto la resolución.

Artículo 178.-

Para la resolución del recurso administrativo de revocatoria, se podrá tener en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario.

Artículo 179.-

En los casos que proceda el recurso jerárquico por no haberse agotado la vía administrativa, se enviará el trámite al superior jerárquico en el plazo de diez (10) días desde la admisión del mismo, debiendo resolver el recurso en el término de treinta (30) días en base a los antecedentes que cursan en obrados y sin necesidad de apersonamiento del recurrente.

Contra la resolución administrativa del superior jerárquico no cabe ningún otro recurso.

SECCIÓN III

DE LA CONSULTA DE OFICIO

Artículo 180.-

Las resoluciones administrativas que rebajen o dejen sin efecto las obligaciones tributarias originalmente establecidas, serán elevadas necesariamente en consulta al superior jerárquico.

Artículo 181.-

En los casos en que el superior – de oficio o en consulta – modifique la resolución del inferior se entenderá agotada la vía administrativa no siendo la resolución susceptible de ulterior recurso.

No se puede copiar el contenido textual de la página