Verifican aplicación de Convención contra la Corrupción
Bolivia participa en la Sexta Ronda de Evaluación del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), coordinada por la OEA, para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la lucha contra la corrupción. La revisión incluye temas clave como el secreto bancario, la negación de beneficios tributarios en casos de pagos ilegales, la tipificación del soborno transnacional, el enriquecimiento ilícito y los mecanismos de extradición.
El proceso se realiza mediante una visita virtual en la que intervienen representantes de El Salvador y México como pares evaluadores, junto con autoridades bolivianas, organizaciones sociales y la Confederación de Empresarios Privados. La ministra de Justicia destacó que la evaluación refuerza el sistema nacional de integridad y permite medir los avances respecto a las recomendaciones de rondas anteriores, en especial lo dispuesto en el artículo XVI de la Convención sobre el acceso a información bancaria.
Durante la jornada participaron instituciones clave como el Servicio de Impuestos Nacionales, el Viceministerio de Política Tributaria, la AEMP, la UIF, la ASFI y órganos judiciales, lo que refleja un enfoque integral para fortalecer el marco jurídico e institucional contra la corrupción. La OEA resaltó que el objetivo es robustecer las normas y capacidades estatales para prevenir prácticas corruptas y consolidar instituciones públicas sólidas.
Bolivianos con residencia legal en Chile pagarán impuestos
El presidente del Senado de Chile, Manuel José Ossandón, defendió la regularización de migrantes, en especial de trabajadores bolivianos, frente a la oposición de los principales candidatos presidenciales Johannes Kaiser (PNL) y José Antonio Kast. Ossandón destacó que los bolivianos tienen un rol clave en la agricultura chilena, particularmente en la cosecha de cerezas, lo que se traduce en empleo, pago de impuestos y progreso económico para el país.
El senador afirmó que regularizar a los migrantes no solo es un acto de humanidad, sino también una necesidad para garantizar derechos básicos como vivienda y empleo formal, además de asegurar la continuidad de la producción agrícola. Criticó a Kaiser por rechazar la propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile, que advirtió sobre la falta de mano de obra en el sector y planteó la necesidad de incorporar a los migrantes para sostener la competitividad de Chile en los mercados internacionales.
Mientras Kaiser y Kast consideran que la regularización sería un “premio a la ilegalidad”, Ossandón pidió distinguir entre migrantes trabajadores y quienes cometen delitos, subrayando que Chile es un país construido también por migrantes. Con su postura, busca instalar un enfoque más pragmático y humano en el debate migratorio chileno.
Redistribución de los recursos estatales a 50/50
La diputada electa por el PDC, Claudia Bilbao, adelantó que, si Rodrigo Paz gana la segunda vuelta presidencial, el 9 de noviembre, un día después de asumir, promulgará dos decretos clave vinculados con el perdonazo tributario y el “50/50”.
El “50/50” plantea redistribuir los recursos estatales para que los municipios reciban un presupuesto mayor, destacando que El Alto obtendría más certidumbre financiera frente a ministerios que hoy concentran el doble de recursos. Según Bilbao, la medida busca fortalecer la autonomía municipal y equilibrar el gasto público.
El segundo decreto será el perdonazo tributario, destinado a pequeñas empresas con deudas tributarias. La propuesta contempla condonar intereses y sanciones, mantener la obligación de la deuda principal y facilitar la formalización con rebajas de impuestos y créditos accesibles. El objetivo declarado es evitar cierres de negocios y promover que contribuyentes informales se incorporen al sistema tributario.
Bilbao argumentó que Paz busca terminar con el “Estado tranca”, es decir, la excesiva burocracia que desalienta la formalidad. Señaló que, en El Alto, más del 85% de la población trabaja en la informalidad, y que la prioridad es ofrecer seguridad jurídica y reglas claras para dinamizar la economía popular.
Simplificar la apertura de empresas
Bolivia enfrenta uno de sus mayores retos económicos para fomentar la formalización y la competitividad. Según el “Índice de Burocracia 2025”, constituir una empresa mediana exige 2.060 horas de trámites, una de las cifras más altas del mundo. Este exceso de requisitos —licencias municipales, patentes, registros tributarios, permisos de publicidad e inspecciones— desalienta a los emprendedores y refuerza la informalidad.
Expertos como Santiago Laserna (CERES) advierten que los nuevos negocios asumen cargas tributarias antes de generar utilidades, lo que golpea especialmente a micro y pequeñas empresas. Recomiendan medidas como digitalizar los trámites, fijar plazos máximos y sanciones para las instituciones, reducir la corrupción en licencias y flexibilizar el régimen impositivo y laboral, permitiendo periodos iniciales sin cargas excesivas y modalidades de contratación más adaptables.
El problema también afecta a la economía creativa, especialmente a los diseñadores, productores audiovisuales y emprendedores digitales que enfrentan los mismos requisitos que grandes industrias, sin un marco diferenciado que valore la innovación. En el III Foro Internacional de Economía Creativa se planteó avanzar hacia regímenes simplificados y políticas públicas de estímulo.
La conclusión es clara y lo que Bolivia necesita son reformas estructurales que reduzcan tiempos y costos, impulsen la digitalización y brinden incentivos a quienes emprenden. De lo contrario, abrir una empresa seguirá siendo un obstáculo en lugar de una oportunidad para generar desarrollo.
¿Ajuste duro o populismo fácil?
El periodista Carlos Ibanez en su artículo compara las dos propuestas económicas en el contexto electoral boliviano, la de Jorge “Tuto” Quiroga y la de Rodrigo Paz. Ambos reconocen el déficit fiscal y la caída de reservas, pero plantean soluciones opuestas.
Quiroga defiende un ajuste duro, con cierre de empresas públicas deficitarias, reducción de burocracia, liberalización de sectores y negociación con organismos multilaterales. Su discurso de “motosierra y tijera” apunta a estabilizar las cuentas fiscales y recuperar la credibilidad internacional. Propone además un esquema de “propiedad popular” para dar acciones de empresas estratégicas a la ciudadanía, aunque enfrenta dudas legales y sociales. El punto débil de su plan es la falta de medidas claras para mitigar el impacto social de los recortes, lo que podría generar protestas y conflictos laborales.
Por su parte, Rodrigo Paz ofrece un paquete de medidas más atractivas electoralmente, pero con débil sustento técnico como la propuesta de los bonos de Bs 2000, renta directa con recursos naturales y legalización de autos indocumentados. Rechaza acuerdos con el FMI y despidos masivos, priorizando la popularidad inmediata. Estas propuestas arriesgan agravar el déficit, aumentar la deuda y deteriorar la confianza de inversionistas.
La elección en segunda vuelta plantea la disyuntiva entre los ajustes severos que abran la puerta al financiamiento internacional, o las promesas populistas que posterguen la crisis. El dilema para los votantes es si aceptar costos inmediatos para recuperar estabilidad o apostar por atajos de corto plazo que pueden profundizar la fragilidad económica.
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba contribuyen con el 90,4% de la recaudación.
La información difundida por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) confirma que el eje central del país concentra casi toda la recaudación tributaria nacional. A agosto de 2025, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba aportaron juntos el 90,4% de los tributos de mercado interno: La Paz con el 41,5%, Santa Cruz con el 38,1% y Cochabamba con el 10,8%.
En valores absolutos, La Paz recaudó Bs 11.725,9 millones, con un crecimiento del 21,1% respecto a 2024; Santa Cruz Bs 10.753,4 millones, con un alza del 17,6%; y Cochabamba Bs 3.057,4 millones, con un incremento del 17,8%. En conjunto, los tres departamentos aportaron Bs 25.536,7 millones de los Bs 28.230,9 millones recaudados en todo el país.
El resto de los departamentos registró una participación reducida: Potosí 3,9%, Chuquisaca 2%, Tarija 1,5%, Oruro 1,3%, Beni 0,8% y Pando 0,1%. Destaca el crecimiento de Beni (28,4%), Chuquisaca (23,7%) y Pando (23,5%), aunque sobre montos menores.
Desde el Servicio de Impuestos Nacionales se atribuye este aumento global del 18,7% en la recaudación a la implementación del SIAT en Línea, que permite a los contribuyentes cumplir sus obligaciones vía Internet, lo que ha mejorado el control y la eficiencia en la captación de impuestos.
Importante participación de los 100 principales contribuyentes
El reporte del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) sobre los 100 mayores contribuyentes muestra un cambio en la composición de los aportes tributarios entre enero y agosto de 2025. Aunque YPFB sigue siendo la empresa que más tributa, su aporte cayó un 26,4%, al pasar de Bs 3.774 millones en 2024 a Bs 2.778 millones en 2025.
En contraste, varias empresas y bancos incrementaron de manera significativa sus pagos. La Cervecería Boliviana Nacional (CBN) se ubicó en segundo lugar con Bs 1.856 millones, lo que representa un crecimiento del 41,2%. En tercer puesto está YPFB Refinación, con Bs 1.092 millones, cifra menor en 17,1% respecto a 2024.
Entre los bancos destaca el Banco Ganadero, que pasó a cuarto lugar con Bs 570,3 millones, creciendo 116,7% en comparación al año anterior. Le sigue Embotelladoras Unidas (Embol) con Bs 546,2 millones, un 3,8% más. Entel ocupó el sexto puesto con Bs 487,3 millones, incremento del 35,5%, y en séptimo lugar se ubicó el Banco Mercantil Santa Cruz, con Bs 471,2 millones, equivalente a un aumento del 82%.
En síntesis, mientras las empresas vinculadas a hidrocarburos reducen su peso en la recaudación, el sector financiero y de servicios gana protagonismo en el aporte tributario nacional.
La prestación de servicios básicos incrementa su contribución
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que entre enero y agosto de 2025 la recaudación por el pago de impuestos asociados a servicios básicos —electricidad, gas y agua— alcanzó Bs 1.241 millones, lo que representa un incremento del 12,3% respecto a los Bs 1.105 millones recaudados en el mismo periodo de 2024. El aumento equivale a Bs 136 millones adicionales.
Se atribuye este desempeño a la capacidad de pago de los hogares, señalando que el mayor consumo refleja que “los bolivianos tienen recursos para cubrir sus servicios”. Según se explicó desde el SIN, si la población no tuviera capacidad de consumo, se observarían restricciones en el uso de energía, gas o agua, lo que no ocurrió.
Además, destacó que la recaudación tributaria del mercado interno llegó a Bs 28.230,9 millones hasta agosto de 2025, frente a los Bs 23.788,2 millones de 2024, con un crecimiento del 18,7%. Según el SIN este resultado refleja dinamismo económico gracias al trabajo de empresas, emprendedores y sectores populares.
Sin embargo, el contraste con la realidad macroeconómica es evidente ya que el país atraviesa una crisis desde 2023, y recientemente la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para permitir a prestatarios diferir sus créditos hasta seis meses, evidenciando las tensiones entre recaudación tributaria y dificultades financieras de la población.
Cae la recaudación del IDH
El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) atraviesa su peor crisis desde su creación en 2005. Según el Servicio de Impuestos Nacionales, la recaudación acumulada entre enero y agosto de 2025 llegó a Bs 2.177 millones, lo que representa apenas el 6,9% del total tributario y una caída del 86% respecto al pico de 2014, cuando alcanzó Bs 15.602 millones. La cifra actual incluso es inferior a la de 2005, cuando el IDH recién entraba en vigor con Bs 2.328 millones.
La evolución histórica muestra un descenso constante des que el país recaudó 15 mil millones en 2014, los ingresos cayeron a 6.163 millones en 2016, tuvieron altibajos hasta un repunte en 2022 (7.171 millones), pero luego volvieron a caer a 4.559 millones en 2024. El desplome responde a la declinación de la producción de gas y líquidos, la falta de nuevas exploraciones y el agotamiento de campos desarrollados.
El IDH fue creado por la Ley de Hidrocarburos 3058, con una alícuota del 32% sobre la producción bruta en boca de pozo. Su recaudación ha financiado a gobernaciones, municipios, universidades y la Renta Dignidad, por lo que su desplome afecta directamente a estas entidades subnacionales y programas sociales.
En términos tributarios, la caída del IDH reduce una de las principales fuentes de ingresos no tributarios, incrementando la dependencia del Tesoro General del Estado y presionando el déficit fiscal.
La situación de las devoluciones tributarias
Hasta agosto de 2025 el SIN devolvió Bs 806,7 millones al sector exportador mediante la entrega de 614 Certificados de Devolución Impositiva (Cedeim). Estos certificados corresponden al reembolso del IVA por exportaciones, reconocido como un derecho en la normativa tributaria.
Desde septiembre rige un nuevo procedimiento que permite emitir y entregar Cedeim en 15 días calendario, siempre que el exportador acredite el ingreso de divisas al sistema financiero nacional. La medida se ampara en el DS 25465, modificado recientemente, y en el DS 5227, que fija porcentajes mínimos de repatriación con un 73% en agroindustria, 70% en minería y 60% en otros sectores. El SIN tiene un plazo máximo de 180 días para la fiscalización posterior.
Los Cedeim funcionan como títulos valor transferibles que pueden usarse en el pago de impuestos administrados por el SIN o la Aduana Nacional. La agilización de devoluciones busca mejorar la liquidez de las empresas exportadoras y garantizar el ingreso anual de entre $us 1.500 y $us 1.600 millones al sistema financiero.
En años anteriores, los exportadores denunciaban demoras de hasta tres años en este proceso, lo que afectaba su competitividad. Con la nueva modalidad, el Gobierno pretende fortalecer el sector productivo y dinamizar la captación de divisas para el país.
Extinción por inactividad en procesos tributarios
Según jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (Auto Supremo N° 552/2021), existe el principio claro que protege a los contribuyentes en cuanto tiempo transcurrido entre la admisión de tu demanda y tu notificación personal con esa admisión NO puede computarse como inactividad imputable a ti. La razón es sencilla porque resulta imposible que el contribuyente demandante gestione la citación cuando desconoce que su demanda fue admitida. Su obligación legal de actuar nace desde que le notifican, no desde que el Juez emite el auto de admisión.
La extinción por inactividad no procede cuando el tiempo transcurrido antes de que el demandante sea notificado con la admisión de su demanda no es imputable a él. El art. 247 del CPC exige dos condiciones concurrentes: (i) 30 días desde la admisión y (ii) que el actor no gestione la citación; ambos extremos deben verificarse y ser responsabilidad del actor. La obligación de impulsar el proceso nace con la notificación personal de la admisión.
La jurisprudencia que respalda este criterio se encuentra en el Auto Supremo 552/2021 (el cómputo corre desde la notificación al actor), Auto Supremo 100/2018 (la inactividad debe ser imputable) y Sentencia Constitucional 1007/2017-S1 (motivación y debido proceso). En materia tributaria, los arts. 262 y 263 del CT 1992 prevén notificación personal solo de la demanda y su admisión; lo demás va por tablero. La figura se aplica supletoriamente vía art. 214 del CTB-1992.
Para defenderse hay que verificar las fechas reales desde la notificación personal, demostrar diligencia inmediata y alegar vulneración del debido proceso si el juez no motiva la imputabilidad del tiempo.
