Los Notarios y los impuestos
Artículo suscrito por:
Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista
En Bolivia, los notarios de fe pública han sido históricamente los guardianes de la seguridad jurídica en la función pública de dar fe de actos, legalizar contratos, y otorgar certeza en la vida civil y comercial. Sin embargo, desde muy antiguo se les ha instruido un rol que nunca debió estar en el diseño original de sus funciones al convertir a los notarios en el brazo fiscalizador de la Administración Tributaria. Este fenómeno silencioso ha tenido profundas implicancias sociales, legales y económicas, por eso corresponde cuestionarse si los notarios son fiscalizadores o garantes de la fe pública.
La práctica extendida de exigir el pago previo de tributos como condición indispensable para la protocolización de escrituras públicas está distorsionando el tráfico económico. En lugar de facilitar la legalización de actos y contratos, muchos ciudadanos terminan atrapados entre trabas administrativas, pagos de aranceles y procedimientos engorrosos que desincentivan la formalización de sus convenios. ¿Cuál es el resultado tangible? Se alimenta la informalidad, se castiga al cumplimiento voluntario y se desnaturaliza la función notarial. Se cuentan en miles las divisiones de herencias inconclusas que se agravan con el tiempo o los contratos de compraventa que acaban en meros acuerdos informales solo por el incumplimiento de un deber formal secundario. ¿Qué es más importante, el contrato o el impuesto? Si se privilegia el impuesto, entonces estamos ante una traba.
Lo más preocupante es que esta delegación de funciones de control tributario no está respaldada por una política estatal clara, mucho más ahora cuando predomina la digitalización. El Código Tributario boliviano no otorga a los notarios facultades de determinación, sanción o coerción. A pesar de ello, se les exige verificar, retener y condicionar trámites, como si fueran agentes recaudadores o fiscalizadores. Esta carga, además de ser injusta, vulnera principios fundamentales como el de legalidad tributaria y el derecho al debido proceso.
Una salida jurídica viable es introducir una cláusula notarial en las escrituras públicas que constituya una declaración jurada, con la fuerza de título de ejecución tributara. Allí, el contribuyente, que a la vez es usuario del servicio notarial, reconoce su calidad de sujeto pasivo y asume ante la Administración Tributaria la obligación de pago en el acto o en un plazo determinado. Con esto, el acto jurídico puede formalizarse sin bloqueos, y el ente fiscal conserva intactas sus facultades de control, fiscalización y ejecución posteriores, liberando al contribuyente y al notario de esta traba para facilitar el tráfico de actos jurídicos de contenido civil y comercial. Además, el notario podría asumir el rol de agente de información de estas transacciones a su cargo, pero de una vez liberarse de su papel de “cobrador” de impuestos.
Esta reforma no propone eximir del cumplimiento tributario, sino equilibrar funciones y devolver a los notarios su rol institucional que es la fe pública. También se evitaría la transferencia arbitraria de obligaciones tributarias entre partes, práctica común en compraventas que traslada responsabilidades del vendedor al comprador, sin sustento legal.
Si queremos un país con más legalidad, mayor recaudación y menos informalidad en los documentos y contratos, debemos facilitar el cumplimiento voluntario. Eso empieza por eliminar las barreras innecesarias. Los notarios no deben ser fiscalizadores, ni las notarías, puestos de control tributario. Deben ser lo que la ley y la Constitución les encomiendan para ser los garantes de la fe pública, no recaudadores improvisados.
Es momento de una reforma normativa seria, que clarifique funciones, respete derechos y modernice el sistema. De lo contrario, seguiremos presionando a los contribuyentes en las notarías, mientras la informalidad encuentra refugio en cada contrato o escritura inconclusa por estas trabas tributarias.
*Este artículo representa la opinión del autor, basada en su experiencia como especialista en derecho tributario y políticas públicas.
Descarga ahora la revista en formato PDF
No te pierdas las novedades más recientes en materia tributaria boliviana. Haz clic en el botón de descarga y lleva contigo el análisis más completo sobre la normativa tributaria de Bolivia. ¡Es rápido, sencillo y gratuito!
Reducción de impuestos y aranceles de importación de vehículos
El candidato presidencial Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), propuso reducir los impuestos de importación de vehículos con el objetivo de modernizar el parque automotor y mejorar la calidad del servicio de transporte público en Bolivia. La iniciativa busca eliminar las barreras tributarias que impiden la renovación de unidades y fomentar el uso de vehículos más seguros, eficientes y ecológicos.
Según Paz, los altos aranceles actuales desincentivan la compra de vehículos nuevos y mantienen en circulación unidades antiguas que afectan la seguridad vial y la competitividad del transporte nacional. Reducir la carga impositiva permitiría a los transportistas y cooperativistas acceder a unidades modernas, beneficiando también a los usuarios mediante un servicio de mejor calidad.
Pero lo que el candidato Paz no ha advertido y menos su equipo económico es que en la mayoría de los países del mundo los impuestos son muy bajos sobre la propiedad de vehículos nuevos y muy altos para los vehículos antiguos, siempre con el propósito de mantener un parque automotor moderno y desincentivar la posesión de vehículos obsoletos. En Bolivia ocurre todo lo contrario, se incentiva con impuestos bajos no solo la propiedad de vehículos antiguos, sino también su importación, como es el caso de los autos “chutos”. Si el propósito de Paz es renovar la flota vehicular y reducir costos operativos sin comprometer la recaudación de recursos públicos, lo mejor sería, prohibir la importación de los “chutos” y motivar a los transportistas a comprar autos nuevos con liberación de impuestos.
Capacitación de profesionales en el uso del SIAT
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y el Colegio de Auditores y/o Contadores Públicos de Cochabamba desarrollaron una capacitación dirigida a 90 profesionales del área contable y de auditoría en el marco de las Jornadas Tributarias, realizadas en la Universidad Católica Boliviana (UCB).
El evento abordó temas clave de la gestión tributaria moderna, como el uso del SIAT en Línea, Declaraciones Juradas, Certificaciones, Extracto Tributario, Cuenta Corriente, Registro Auxiliar de Bancarización, Facilidades de Pago, RNC y los formularios 110 y 608. Estas herramientas fortalecen la capacidad técnica de los profesionales para brindar asesoramiento actualizado a los contribuyentes.
El presidente del Colegio, Marcelo Vega, destacó la importancia de que estas capacitaciones se realicen de manera continua para elevar la calidad del servicio contable, mientras que el secretario de capacitación, José Antonio Galdo, resaltó la amplia participación de los asistentes.
La jornada refleja el compromiso institucional con la formación continua, orientada a preparar a los contadores para los nuevos desafíos tecnológicos y normativos del sistema tributario boliviano.
No sólo los nuevos contribuyentes dan de alta su NIT, también los inactivan.
Entre enero y agosto de 2025, 8.188 nuevos contribuyentes se registraron en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y obtuvieron su Número de Identificación Tributaria (NIT), incorporándose formalmente al Registro Nacional de Contribuyentes (RNC). Con este incremento del 1,6%, el total de contribuyentes activos alcanzó 507.343 personas y empresas.
Para el SIN este crecimiento refleja el dinamismo del mercado interno y el compromiso de los nuevos emprendedores con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En 2024, el registro ya había mostrado un aumento del 1,7%, con 8.527 nuevos inscritos respecto a 2023, lo que confirma una tendencia sostenida de formalización económica.
El SIN recordó que la inscripción al RNC puede realizarse en línea a través del portal www.impuestos.gob.bo, opción SIAT en Línea – Padrón Biométrico Digital, donde los contribuyentes adjuntan los documentos escaneados y posteriormente son verificados mediante una inspección in situ.
Si bien es cierto que la ampliación del padrón tributario evidencia el avance en la digitalización de los servicios y el fortalecimiento de la cultura tributaria en el país; no es menos cierto que el SIN evita informar sobre la cantidad exacta de contribuyentes que dieron de baja sus registros tributarios o inactivaron determinados impuestos, ya sea por cierre de empresas o suspensión de actividades económicas debido a la crisis económica.
Aumenta la producción de minerales y también aumenta la recaudación
Entre enero y agosto de 2025, siete empresas mineras que integran el ranking de los 100 mayores contribuyentes del país aportaron Bs 913,2 millones en impuestos, lo que representa un incremento del 15% respecto al mismo período de 2024, según el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). El crecimiento se explica por el aumento en la producción de zinc, plata y plomo, así como por una mayor fiscalización tributaria.
La Minera San Cristóbal se mantiene como la principal contribuyente del sector, aunque redujo su aporte a Bs 349,7 millones (−43,8% respecto a 2024). En contraste, la Empresa Minera Manquiri multiplicó por más de cuatro su contribución, pasando de Bs 28 millones a Bs 157,9 millones, y Pan American Silver aumentó su pago en 147%, hasta Bs 138,6 millones.
El Grupo Sinchi Wayra destacó con cuatro empresas en ascenso: Illapa S.A. (Bs 90,1 millones, +400%), San Lucas (Bs 67,9 millones, +136%), Sinchi Wayra (Bs 63,4 millones, +328%) y Reserva Ltda. (Bs 45,6 millones, +99%).
El SIN informó que los 100 mayores contribuyentes generaron el 53,9% de la recaudación nacional, confirmando que la minería sigue siendo un pilar tributario clave junto a los sectores de hidrocarburos, telecomunicaciones y banca.
Un programa liberal mínimo
El economista Antonio Saravia plantea un “programa liberal mínimo” como hoja de ruta para reconstruir Bolivia tras la crisis económica y política. Su propuesta parte de los principios de libertad individual, respeto a la vida y propiedad privada, y busca sentar las bases de un Estado más eficiente, austero y respetuoso del mercado.
Saravia propone una reducción agresiva del gasto público para eliminar el déficit fiscal en tres años, lo que implicaría cerrar ministerios y empresas estatales ineficientes, suprimir subsidios a los hidrocarburos y prohibir que el Estado recurra al Banco Central para financiar déficits. También plantea una reforma impositiva profunda, con eliminación de tributos distorsivos, simplificación de procedimientos y reducción de aranceles de importación para desalentar el contrabando.
Su programa incluye además la liberalización de precios y exportaciones, la flexibilización laboral, y una reforma agraria liberal que otorgue plena propiedad a los productores eliminando restricciones legales. Propone igualmente reformas judiciales, educativas y de salud, acompañadas de una reforma constitucional que limite el poder estatal y garantice la igualdad ante la ley.
El autor concluye que el futuro de Bolivia dependerá de abrazar la libertad económica y política, abandonando el intervencionismo y reconstruyendo la institucionalidad sobre la base del Estado de derecho.
Leer aquí el artículo completo
La industria boliviana contribuye con más de la mitad de la recaudación
Entre enero y agosto de 2025, 29 industrias y agroindustrias bolivianas aportaron Bs 4.381,6 millones en impuestos, según datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN). Estas empresas, pertenecientes a los sectores alimentario, cervecero, avícola, farmacéutico y de bebidas, forman parte del grupo de los 100 mayores contribuyentes, que generaron en conjunto el 53,9% de la recaudación nacional.
La Cervecería Boliviana Nacional (CBN) lidera el ranking con Bs 1.856,5 millones, superando los Bs 1.314 millones de 2024 y representando el 5,9% del total. En segundo lugar figura Embol, con Bs 546,2 millones; seguida por PIL Andina (Bs 254 millones), Guabirá (Bs 143,2 millones) y Soboce (Bs 130,8 millones). También destacan Granja Avícola Sofía, Tabacos, Venado, INTI y Aguai, entre otras compañías relevantes del país.
Desde la CBN, segunda mayor contribuyente nacional después de YPFB, comunican que históricamente ha encabezado los aportes tributarios, llegando incluso en 1937 a pagar más impuestos que los barones del estaño. Actualmente, además de su contribución tributaria, la empresa genera más de 1.700 empleos directos y una cadena de valor de 80 mil puntos de venta, además de impulsar programas sociales como “Soñamos Que Somos”, que canaliza ayuda para emergencias nacionales.
El informe del SIN subraya que la industria nacional continúa siendo un pilar fundamental de la recaudación tributaria y del crecimiento económico de Bolivia.
Mafias internas controlan la corrupción en el cobro de impuestos
Un nuevo caso de corrupción sacude al sistema de recaudaciones de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, tras descubrirse que un funcionario municipal intentó extorsionar a una contribuyente ofreciéndole reducir su deuda tributaria de más de Bs 14.000 a la mitad, a cambio de un pago en efectivo directo. El hecho fue denunciado y evidenciado por el concejal Manuel Saavedra, quien lo calificó como parte de una red de corrupción estructural dentro del sistema de impuestos.
Saavedra afirmó que el sistema municipal de recaudaciones “está perforado desde hace años”, permitiendo desvíos de dinero que nunca ingresan al municipio. El funcionario implicado fue aprehendido en flagrancia y se encuentra bajo investigación de la FELCC, aunque el concejal advirtió que la raíz del problema está en los niveles superiores de la administración.
Según la denuncia, esta práctica sería recurrente y formaría parte de una “mafia interna” que afecta gravemente los ingresos municipales, en un contexto donde la ciudad enfrenta falta de recursos para servicios básicos e infraestructura. Saavedra exigió una auditoría integral del sistema tributario municipal y sanciones ejemplares para todos los implicados.
Recursos de la condonación destinados a salud y educación
El Concejo Municipal de La Paz aprobó la Ley Municipal Autonómica de Alivio Tributario, que permite la condonación de multas, sanciones e intereses para los contribuyentes con deudas municipales hasta la gestión 2023, vinculadas a inmuebles, vehículos, transferencias y patentes. La norma busca promover la regularización de tributos y dirigir los recursos obtenidos a sectores prioritarios.
Una de las disposiciones más destacadas establece que el 60% de lo recaudado se destinará de manera obligatoria a educación (30%) y salud (30%), garantizando que los fondos no queden a libre uso del Ejecutivo municipal. El concejal Javier Escalier explicó que el beneficio incluye a poseedores de buena fe de vehículos sin transferencia formal y que podrán pagar al contado o acogerse a planes de pago hasta abril de 2026, con un mínimo del 10% inicial y hasta 12 cuotas.
Los tributos beneficiados comprenden el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Vehículos Automotores, Transferencias Onerosas y Patentes Municipales. Además, la norma obliga al Ejecutivo a presentar informes trimestrales sobre el uso de los fondos, bajo fiscalización del Concejo.
El Alivio Tributario paceño representa una medida de regularización tributaria con enfoque social, priorizando la inversión en infraestructura educativa y salud pública.
Condonación del 100% de multas e intereses
El Gobierno Municipal de Montero puso en vigencia desde el 1 de octubre de 2025 la Ley Municipal N° 340 del “Perdonazo Tributario”, que condona el 100% de multas e intereses acumulados por impuestos municipales entre 1995 y 2023. El programa, vigente hasta el 31 de octubre, permite a los contribuyentes regularizar deudas por vehículos, bienes inmuebles y actividades económicas sin recargos.
El director municipal de Recaudaciones, Ramiro Herrera, explicó que la medida busca incentivar el pago voluntario y aliviar la carga económica de los ciudadanos. Por ejemplo, un contribuyente que debía 40 bolivianos de impuesto y 145 de multa ahora solo pagará el tributo omitido. Los pagos pueden efectuarse en bancos, ventanillas municipales o mediante el QR del RUAT, facilitando la cancelación en línea las 24 horas.
Herrera advirtió que quienes no se acojan al beneficio volverán a estado de mora y serán sujetos a procesos coactivos tributarios, con posibles bloqueos en el RUAT o congelamiento de cuentas. El perdonazo representa una oportunidad temporal de regularización y un alivio tributario significativo para los contribuyentes de Montero.
