742 resoluciones sin Directorio
Artículo suscrito por:
Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista
En Bolivia, la administración tributaria es una de las columnas vertebrales del funcionamiento del Estado. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), conforme a la Ley Nº 2166, tiene la responsabilidad de administrar eficientemente los tributos internos, optimizar la recaudación y velar por el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias de dominio nacional. Sin embargo, desde hace casi 20 años, esta administración se encuentra sumida en una anomalía jurídica que, por su persistencia, ha dejado de ser una excepción para convertirse en regla. Desde abril de 2006, un rosario de servidores públicos interinos ha emitido, unilateral y continuamente, 742 resoluciones normativas sin la existencia de un Directorio legalmente constituido. Nótese que esta arbitrariedad parte de desde su designación, porque nunca existió la terna que la ley exige para que el presidente del Estado proceda a esas elecciones.
La Ley Nº 2166 y su reglamento son claros en establecer que el Directorio del SIN es el órgano colegiado responsable de dictar resoluciones normativas para reglamentar procedimientos tributarios. Su existencia no es decorativa ni secundaria y pasa ser el pilar institucional que da legalidad, transparencia y legitimidad a las decisiones normativas que afectan a millones de contribuyentes. Sin embargo, el Decreto Supremo Nº 26462 prevé que, en situaciones excepcionales, el presidente del Directorio puede asumir ciertas decisiones de forma inmediata, pero “únicamente bajo circunstancias justificadas de emergencia y con aprobación posterior del Directorio”. Esta previsión legal fue tergiversada para justificar casi dos décadas de “emergencia permanente”. Lo peor de todo es que nunca existió esa aprobación posterior y el propio Ministerio de Economía y Finanzas públicas ha confirmado este escenario en reiteradas resoluciones originadas en recursos jerárquicos interpuestos por los contribuyentes y los colegios profesionales que reclamaron contra esa arbitrariedad.
Durante todos estos años, el presidente interino del SIN no solo ha evitado representar la irregularidad institucional ante las instancias competentes, sino que ha continuado emitiendo resoluciones como si contara con el respaldo legal de un Directorio inexistente. No era su competencia designar un Directorio, es cierto, pero sí era su responsabilidad institucional excusarse de seguir firmando resoluciones sin el aval de este cuerpo colegiado. Lo que debió ser una medida transitoria y excepcional se transformó en una práctica sostenida de ilegalidad normativa.
Algunos ejemplos ilustran la gravedad del problema. La Resolución Normativa de Directorio N° 10-0033-16, que establece las sanciones pecuniarias para cada conducta contraventora de deberes formales, fue emitida en este contexto irregular y contra el principio de legalidad. Lo mismo ocurrió con la RND N° 102100000011, que regula aspectos operativos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a través del Sistema de Facturación Electrónica, que corresponden legalmente al Directorio. Estas resoluciones han afectado la vida de contribuyentes, asesores tributarios y empresas, siendo producto de una autoridad que carece de la legitimidad legal para ejercer esa función.
La renovación parlamentaria tras las próximas elecciones del 17 de agosto de 2025 ofrece una oportunidad histórica para corregir este atropello institucional. Los nuevos legisladores deben asumir su responsabilidad y exigir la conformación inmediata del Directorio del SIN, conforme a los procedimientos legales. No basta con señalar la irregularidad; se debe iniciar una investigación profunda sobre la conducta del actual presidente interino, evaluar las consecuencias jurídicas de las resoluciones emitidas durante su gestión, y definir mecanismos de control institucional que impidan que esta situación vuelva a repetirse.
Los profesionales vinculados al ámbito tributario, especialmente los auditores, abogados y contadores, tienen el deber ético ineludible de defender la legalidad. Es hora de que se pronuncien públicamente, que interpongan acciones y exijan que el Estado deje de normalizar la ilegalidad bajo la excusa de la funcionalidad y la “emergencia”. No se puede continuar construyendo procesos tributarios sobre la base de normas emitidas por una autoridad sin respaldo legal. El momento de recuperar la legalidad en el sistema tributario boliviano es ahora. No se trata solo de impuestos, sino de principios fundamentales de institucionalidad y justicia.
Finalmente, si las autoridades electas continúan ignorando esta situación, no se puede descartar un llamado a un desacato normativo nacional, en defensa del principio de legalidad. Esta no es una posición radical, sino un acto de preservación institucional, bajo el argumento sólido e irrebatible de que ningún Estado de derecho puede tolerar indefinidamente una administración tributaria cimentada sobre actos jurídicos inválidos.
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La elección de nuevo directorio del SIN está en manos del PDC
Tras los resultados oficiales de las elecciones generales del 17 de agosto, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se perfila con mayores posibilidades de controlar la Asamblea Legislativa Plurinacional. El PDC obtuvo 16 senadores y 49 diputados, superando a Libre, que alcanzó 12 senadores y 39 diputados. Para lograr los dos tercios requeridos en ambas cámaras, el PDC tendría que formar alianzas con Unidad, APB-Súmate y AP, mientras que Libre, sin apoyo del PDC, no puede alcanzar ese nivel de control.
Con dos tercios, el PDC podría aprobar leyes clave y designar autoridades como los miembros del directorio del Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia, por ejemplo. Con el fin de rescatar el principio de legalidad en la aprobación de resoluciones normativas de los entes de recaudación tributaria se torna urgente que la Asamblea Legislativa ejerza su facultad constitucional abandonada desde abril de 2006.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó oficialmente a Rodrigo Paz, del PDC, como ganador de la Presidencia con el 32,06% de votos válidos, en unos comicios que registraron 86,95% de participación ciudadana.
El panorama político muestra que la gobernabilidad dependerá de acuerdos y alianzas, siendo el PDC el partido con mayor capacidad de articular mayorías en el Legislativo.
Populismo en la segunda vuelta
El candidato presidencial Rodrigo Paz presentó una propuesta económica orientada a restablecer la confianza en Bolivia. Su plan incluye la recuperación de alrededor de 7.000 millones de dólares que, según afirmó, salieron del país por temor a la intervención estatal. Además, prometió reducir los impuestos y las tasas de interés bancarias a menos del 10%, así como garantizar seguridad jurídica para atraer inversiones. Paz destacó la necesidad de proteger la propiedad privada, fomentar el emprendimiento y eliminar la corrupción en la aduana, presentando estas medidas como claves para dinamizar la economía nacional. Parece que el candidato Paz Pereira abandonó o congeló su propuesta de la condonación de deudas tributarias (perdonazo) alertado por sus asesores económicos que detectaron serios problemas fiscales si la medida se aprueba, pese a que su acompañante de fórmula, Edman Lara, insiste en este tipo de ofertas populistas.
La segunda vuelta trae rectificaciones en los planes de gobierno
En la segunda vuelta presidencial del 19 de octubre, Bolivia deberá elegir entre dos modelos económicos opuestos. Jorge “Tuto” Quiroga propone austeridad y ajuste fiscal, reducir el déficit al 3% del PIB, recortar gasto corriente, reestructurar empresas públicas deficitarias y renegociar la deuda. Su plan incluye incentivos a la inversión, mejoras en la administración tributaria, neutralidad impositiva para exportadores y un “hospital de empresas” para salvar empresas en crisis.
Por su parte, Rodrigo Paz plantea un enfoque de diversificación y sostenibilidad: reestructurar empresas energéticas, impulsar energías renovables, fomentar sectores alternativos (turismo, ciencia, agricultura moderna) y crear fondos de estabilización cambiaria y descarbonización. Su programa también prevé simplificar el régimen tributario para pequeños productores, ampliar la base impositiva y garantizar mayor transparencia tributaria.
Expertos advierten que ambos planes enfrentan serias limitaciones de viabilidad. Quiroga identifica con mayor claridad los problemas, aunque depende de supuestos financieros poco realistas. Paz plantea metas ambiciosas, pero sin fuentes claras de financiamiento. Analistas coinciden en que el próximo gobierno deberá aplicar un ajuste económico inevitable y fortalecer las instituciones para enfrentar la crisis de balanza de pagos, inflación y escasez de divisas.
Serias advertencias de los economistas expertos contra los perdonazos tributarios
En la Conferencia Boliviana en Desarrollo Económico 2025, economistas de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas advirtieron que Bolivia enfrenta una crisis cambiaria e inflacionaria sin precedentes en dos décadas y que los primeros 30 días del próximo gobierno serán decisivos para definir el rumbo económico. Señalaron que la devaluación en el mercado paralelo supera el 60%, la inflación acumulada alcanza el 17%, las reservas internacionales están en mínimos históricos y el déficit fiscal es sostenido desde hace más de diez años. Este escenario podría verse afectado si se reducen los ingresos del Estado como efecto de la materialización de propuestas populistas como las condonaciones tributarias, precisamente cuando el Estado en crisis necesita la mayor cantidad de recursos posibles.
Los expertos coincidieron en que se requiere un plan de estabilización inmediato, basado en disciplina fiscal, reducción del gasto público y unificación del tipo de cambio. También destacaron la necesidad de reformas estructurales que diversifiquen la economía, fortalezcan la seguridad jurídica y atraigan inversión extranjera. Subrayaron que el Banco Central debe recuperar independencia y credibilidad para cerrar la brecha cambiaria y contener la inflación.
El consenso fue que el éxito del ajuste dependerá no solo de medidas técnicas, sino también de acuerdos políticos amplios y de una comunicación transparente que permita a la población aceptar sacrificios iniciales para evitar un colapso mayor.
En defensa de la “bolivianización” de la economía
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, afirmó que la bolivianización es un logro del pueblo y no existen motivos para renunciar a ella, pese a las advertencias de analistas internacionales sobre un riesgo de “dolarización de facto” por la crisis cambiaria. Rojas destacó que más del 90% de las transacciones en el país se realizan en moneda nacional y defendió la continuidad de este modelo.
Reconoció, sin embargo, que el bloqueo legislativo a créditos externos obligó al BCB a priorizar divisas para combustibles y obligaciones del Estado, descuidando la provisión al sistema financiero. También atribuyó la alta inflación a los bloqueos políticos recientes, y no a la política monetaria.
El economista Jonathan Fortún advirtió que si persiste la caída de reservas y la pérdida de confianza, Bolivia podría enfrentar un escenario de expulsión de la moneda boliviana, donde la población adopte el dólar por supervivencia más que por decisión oficial.
Guerra de Aranceles
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia rechazó la decisión de Estados Unidos de elevar los aranceles a las importaciones, que en el caso boliviano pasan del 10% y se aplican como parte de una medida global. Según la Cancillería, esta acción vulnera principios del comercio internacional y compromisos asumidos en la Organización Mundial del Comercio, generando riesgos de una guerra arancelaria con efectos negativos en las economías y el empleo mundial. Bolivia sostiene que la respuesta no debe ser solo nacional, sino multilateral y regional, para contrarrestar un proteccionismo que contradice el discurso de libre mercado. El gobierno anunció que, mediante mecanismos bilaterales y multilaterales, defenderá a los productores afectados y reafirmó su estrategia de diversificar mercados hacia destinos extrarregionales.
¿Cómo operar en la Zona Franca de Cobija?
La Zona Franca de Cobija, regulada por la Ley 840 y el Decreto Supremo 2953, ofrece un régimen tributario especial aplicable únicamente en un radio de 28 kilómetros alrededor de Cobija (Pando). Las empresas allí instaladas gozan de exenciones en IVA, IT y RC-IVA para trabajadores, aunque deben pagar el IUE al 25% sobre base presunta.
Un beneficio clave es el régimen simplificado, que reduce en 60% las cuotas mensuales respecto al nivel nacional. Además, se aplican aranceles preferenciales del 5% para importaciones. Sin embargo, las empresas deben cumplir obligaciones formales como declaraciones mensuales de compras y ventas y un sistema de facturación especial, que incluye facturas de internación y facturación sin derecho a crédito fiscal.
Existen particularidades para hidrocarburos, donde sí corresponde pagar IVA e IT, y también nuevas reglas de retención: 13% para servicios y 5% para bienes, ambas exentas de IT. Para acceder a los beneficios es indispensable inscribirse y operar exclusivamente dentro del área autorizada.
La Zona Franca resulta atractiva para comerciantes, importadores y actividades de exportación, siempre que puedan adaptarse a la logística de Cobija y cumplir con las exigencias normativas específicas.
Perdonazo en Montero
El Concejo Municipal de Montero aprobó la Ley 340, que establece un nuevo “perdonazo” tributario con condonación del 100% de multas e intereses de impuestos municipales sobre inmuebles y automotores correspondientes a las gestiones 1995-2023, así como de patentes municipales de 1995-2024. La medida, que busca reducir la mora tributaria de Bs 306,3 millones y reactivar la economía local, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán pagar al contado el 30% de la deuda principal y el resto en hasta 12 cuotas. Aunque la norma fue aprobada por el Concejo, el alcalde Regys Medina tiene un plazo de cinco días para promulgarla junto con su reglamento. El objetivo es facilitar la regularización de obligaciones pendientes y aliviar la carga de los contribuyentes, al tiempo que se incrementa la recaudación municipal.
Adopciones a cambio de liberación de impuestos en Trinidad
El Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad presentó el proyecto de Ley “Penoco”, que plantea un beneficio tributario inédito en Bolivia: la exención de hasta el 15% en impuestos municipales durante tres años para ciudadanos que adopten y cuiden animales callejeros. El descuento se otorgará solo con certificaciones municipales que acrediten adopción, vacunación, esterilización y trato adecuado, garantizando un control sanitario y de bienestar animal.
La propuesta busca reducir la población de animales en la vía pública, mejorar la convivencia urbana y disminuir riesgos sanitarios, articulando salud, responsabilidad ciudadana y bienestar animal en una política pública integral. El proyecto ya pasó por la comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal y, tras ajustes, será remitido al pleno para su debate y posible aprobación. De aprobarse, el municipio reglamentará los requisitos y procedimientos de verificación para asegurar la eficacia del beneficio tributario.
