Transparencia en ingresos impositivos
Artículo suscrito por:
H. Erik Ariñez Bazán
Abogado y Economista.
La transparencia en la administración pública y la gestión de recursos implica abrir y difundir de manera clara la información de las acciones y decisiones gubernamentales, de modo que ésta sea accesible y comprensible para la ciudadanía. Esto permite que las personas conozcan cómo se utilizan los recursos públicos y de qué manera se ejecutan las políticas y programas estatales. Este principio es fundamental para garantizar el derecho a la información y fomentar la participación ciudadana en la fiscalización de la gestión pública.
En ese marco, resulta pertinente que la normativa que regula la política tributaria en nuestro país incorpore de manera explícita la obligación de transparentar el uso de los ingresos tributarios. Para el caso que nos ocupa, las autoridades encargadas de la programación y ejecución presupuestaria deberían informar de forma periódica y detallada sobre los gastos públicos financiados con los recursos provenientes del pago de impuestos.
Para transparentar la utilización de los ingresos tributarios es necesario conocer que las cargas tributarias están compuestas por impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los pagos por concepto de tasas son contraprestaciones por servicios a cargo del Estado y las contribuciones especiales tienen el propósito de financiar determinadas obras que favorecen al mismo obligado. En ambos casos se verifica el retorno por el pago de esos tributos.
En lo que corresponde a impuestos, el pago es cumplido de manera independiente a cualquier actividad del Estado en beneficio directo del contribuyente, cuya recaudación forma parte de los recursos del Tesoro General del Estado (TGE) como ingresos corrientes, utilizándose principalmente para gastos en el sector de Educación, Salud, Seguridad, Defensa, Infraestructura y otros.
Por principio de transparencia se debe publicar la información sobre la disposición de los recursos impositivos, mostrando cómo y en qué se utilizaron, esto mejorará la percepción de los contribuyentes sobre el buen uso de los ingresos, incrementando el pago voluntario de impuestos; en cambio, su desconocimiento genera susceptibilidad en el manejo de estos recursos, con la consecuente evasión tributaria.
La difusión oportuna sobre el uso de los ingresos impositivos por parte de las autoridades del Estado encargadas del manejo presupuestario y de recaudación incidirá positivamente en la generación de conciencia en el pago de impuestos. Para ese efecto se debe implementar —en la instancia encargada del manejo presupuestario— una plataforma web que permita visualizar la ejecución de gastos con recursos impositivos, tal como se viene haciendo en países vecinos.
Inicialmente, se podría difundir la información agregada de los gastos en las áreas de Educación, Salud, Seguridad, Defensa, Infraestructura y otras, logrando de esa manera que la gestión de los fondos públicos sea accesible y comprensible para la ciudadanía, lo que promoverá la confianza en las instituciones y la eficiencia en la asignación de recursos.
Definitivamente, transparentar la utilización de los recursos impositivos permitirá a los ciudadanos conocer el destino de su contribución, traduciéndose a futuro en un incremento de las recaudaciones tributarias.
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El Plan de Gobierno de Libre en materia tributaria
La Alianza LIBRE (Libertad y Democracia), liderada por Jorge “Tuto” Quiroga, plantea una propuesta tributaria enfocada en simplificar el sistema impositivo, hacerlo más competitivo y transparente, con énfasis en atraer inversión y aliviar la carga tributaria de la gente. Sus puntos principales son:
Sistema impositivo competitivo y simple: buscan que los impuestos sean claros, fáciles de cumplir y comparables con estándares internacionales, especialmente en sectores como la minería. La idea es que los tributos varíen en función de los precios internacionales de los minerales, haciéndolos más previsibles y atractivos para la inversión.
Rol del Estado en materia tributaria: el Estado no debe arriesgar en exploración de hidrocarburos y minerales, sino dejar que los privados lo hagan; si encuentran recursos, pagarán impuestos, y si fracasan, asumirán su pérdida. El rol estatal será controlar, supervisar, hacer cumplir las leyes y promover la formalidad, eliminando la minería ilegal.
Apertura comercial y arancelaria: Libre defiende una política de reducción de aranceles y búsqueda de tratados de libre comercio, siguiendo modelos como los de Chile y Perú. Para facilitar el comercio, también proponen mejorar la infraestructura de apoyo a las exportaciones.
Disciplina fiscal y atracción de capitales: la visión tributaria se complementa con un marco de seguridad jurídica y acuerdos de inversión con organismos internacionales, con el fin de dar confianza a los inversionistas.
En síntesis, la propuesta tributaria de LIBRE gira en torno a tres ideas clave:
1. Menos impuestos distorsivos y más simplicidad,
2. Mayor seguridad jurídica para atraer inversión,
3. El Estado como regulador y promotor, pero no como actor económico central.
Paz Pereira prometió cambiar el modelo estatista en Bolivia
Rodrigo Paz, senador y candidato del Partido Demócrata Cristiano, sorprendió al imponerse en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia con 32,1% de los votos, según datos preliminares del 92% de actas escrutadas. Contra todo pronóstico, pasó al balotaje del 19 de octubre, donde enfrentará al expresidente Jorge Quiroga. Paz, economista de 57 años e hijo del exmandatario Jaime Paz Zamora, anunció que de ganar buscará reemplazar el modelo económico estatista vigente en las últimas dos décadas por uno orientado al sector privado y a la ciudadanía.
En su discurso, afirmó que el país necesita un rumbo distinto y pidió al Parlamento apoyo para concretar reformas. Propuso medidas dirigidas a las clases medias y bajas, como créditos accesibles, libre importación de productos y una reforma tributaria para incentivar la industria nacional. Su campaña, discreta y alejada de las disputas mediáticas de otros candidatos, fue interpretada como una señal de cambio por parte de sus simpatizantes. Nacido en España en 1967 durante el exilio de su familia, Paz cuenta con nacionalidad boliviana y construyó su perfil político con un mensaje de renovación y apertura económica.
Bolivia y su destino electoral
El artículo de Lorenzo Gabriel Dávalos Baigorria, publicado en el Deber de Santa Cruz, advierte que Bolivia atraviesa una crisis integral —económica, fiscal, social, previsional y energética— derivada del abandono de la democracia liberal y la economía de mercado en favor de un modelo estatista que, según el autor, fracasó en todos los países donde se aplicó. Señala que el nuevo gobierno que resulte electo del balotaje de octubre próximo, debe impulsar medidas de emergencia para restablecer el libre mercado, reformar el Estado y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Explica que el déficit fiscal crónico ha sido cubierto con persecución tributaria, emisión monetaria, endeudamiento y aumento indiscriminado de impuestos, generando inflación, distorsiones en los precios y mayor pobreza. También critica la crisis de representación política derivada de un sistema electoral que priorizó intereses partidarios sobre los ciudadanos.
En materia económica y tributaria, propone cambios normativos para abrir el comercio internacional de hidrocarburos, un régimen excepcional de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social, así como la refundación del Servicio de Impuestos Nacionales. Concluye que el reto del nuevo gobierno es restituir un orden basado en la doctrina del libre mercado.
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Así no saldremos de la crisis
El economista Germán Huanca, en su artículo difundido por Público.bo, analiza las propuestas del binomio Rodrigo Paz–Lara, que pasó al balotaje, y advierte que sus planteamientos no ofrecen una salida real a la crisis económica del país. Según sus cálculos, el salario universal para mujeres supondría un gasto anual de más de 24.000 millones de dólares, llevando el déficit fiscal por encima del 38% del PIB. La jubilación digna, que elevaría la renta de los adultos mayores de 350 a 2.000 bolivianos, implicaría un costo adicional de más de 3.400 millones de dólares al año, incrementando el déficit hasta el 18%.
Asimismo, la propuesta de financiar útiles escolares para casi 3 millones de estudiantes generaría un gasto anual de 215 millones de dólares. En conjunto, estas medidas podrían elevar el déficit fiscal por encima del 40%, obligando a recurrir a emisión monetaria, con el consiguiente efecto inflacionario y pérdida del poder adquisitivo. A ello se suma que la eliminación de impuestos y aranceles reduciría los ingresos estatales.
Huanca concluye que las promesas del PDC responden más a un discurso electoral de alivio inmediato que a un plan económico sostenible. Plantea que, para salir de la crisis, se requieren propuestas viables, claras en su financiamiento y no simples ofertas populistas.
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Administrativos de afiliados a la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba reciben capacitación tributaria
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) realizó en Cochabamba unas Jornadas Tributarias dirigidas a 49 administrativos de empresas afiliadas a la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (ICAM). La capacitación estuvo enfocada en el uso del Sistema Integrado de la Administración Tributaria (SIAT en Línea), que cuenta con más de 80 subsistemas, aplicaciones y módulos diseñados para facilitar la autogestión y el cumplimiento tributario por internet.
Durante las sesiones, los participantes plantearon consultas específicas que fueron respondidas por técnicos especializados de Impuestos Nacionales. Representantes empresariales destacaron la utilidad de la actividad. Fabián Abaroa, de ICAM, valoró la importancia de realizar estas capacitaciones de manera continua para prevenir errores y sanciones. A su vez, Mónica Tapia, de Termodinámica LTDA, resaltó la coordinación entre SIN e ICAM, así como la claridad de las explicaciones recibidas.
Estudiantes de la “U” Técnica de Oruro participan en VI versión del Núcleo de Apoyo Fiscal y Contable
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Universidad Técnica de Oruro (UTO) iniciaron la VI versión del Núcleo de Apoyo Fiscal y Contable (NAF), con la participación de 17 estudiantes de Contaduría Pública. Los universitarios reciben capacitación teórico-práctica en normativa y gestión tributaria, y posteriormente realizarán trabajo de campo en kioscos tributarios bajo supervisión técnica del SIN.
La formación busca fortalecer las competencias profesionales de los estudiantes y, al mismo tiempo, brindar asistencia gratuita a contribuyentes, especialmente de micro y pequeñas empresas. El apoyo incluye orientación en el llenado de formularios, uso del SIAT en Línea y presentación de declaraciones juradas.
Las participantes destacaron la utilidad de la capacitación, calificándola como una experiencia que aporta confianza, eficiencia y conocimientos especializados para su desarrollo profesional. Tras el periodo de formación, los estudiantes ofrecerán durante tres meses servicios de orientación tributaria a la población, consolidando así la alianza entre el ámbito académico y la administración tributaria en beneficio del cumplimiento tributario.
Impuestos capacita sobre bancarización a 63 afiliados del Colegio de Auditores de Santa Cruz
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) capacitó a 63 afiliados del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Santa Cruz (Caucruz) en el uso del Registro Integrado de Bancarización, disponible en la página institucional mediante el SIAT en Línea. La actividad, realizada en el auditorio de Caucruz, estuvo a cargo de técnicos de la Gerencia Distrital Santa Cruz I del SIN.
Los participantes destacaron la utilidad del sistema. Liban Robles, de Caucruz, subrayó que estas jornadas permiten aclarar dudas sobre el Registro Auxiliar de Bancarización y otras aplicaciones del SIN. Los auditores Elio Brito y Jessica Torrico coincidieron en que el SIAT en Línea mejora el control de las transacciones sujetas a bancarización y facilita el cumplimiento tributario al automatizar la carga de información sobre operaciones iguales o superiores a Bs 50.000 respaldadas por entidades financieras.
Lanzan el “descuentazo tributario” en Santa Cruz
La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra lanzó la Ley Transitoria de Beneficios Municipales, conocida como “Descuentazo Tributario”, que estará vigente hasta el 21 de noviembre de 2025. Esta norma permite a los contribuyentes regularizar deudas sin pagar multas ni intereses y acceder a rebajas en tributos atrasados.
El beneficio alcanza a impuestos municipales de inmuebles, vehículos y actividades económicas desde 1995 hasta julio de 2025. Contempla la condonación total de multas e intereses, un descuento del 50% en tributos omitidos de 1995 a 2014 y un 20% de rebaja en las gestiones 2015 a 2023.
Según el director de la Secretaría Municipal de Administración Tributaria, Boris Peñaloza, la medida busca apoyar a los contribuyentes en un contexto económico difícil y facilitar que regularicen sus obligaciones. Actualmente, la mora tributaria en el municipio supera los Bs 2.000 millones, pero la Alcaldía prioriza incentivar el pago antes que iniciar procesos coercitivos.
Con esta campaña, el gobierno municipal espera mejorar la recaudación y brindar alivio económico a la población que mantiene deudas tributarias históricas.
Las gobernaciones al borde de la quiebra económica
La grave crisis financiera que atraviesan las gobernaciones del país, con excepción de una o dos, debido a la caída de ingresos, a estas alturas de la realidad política boliviana ya resulta por demás evidentye. El gobernador de Tarija, Oscar Montes, confirmó que varias gobernaciones ya no logran cubrir sus obligaciones; por ejemplo, Santa Cruz enfrenta bloqueos por deudas con municipios desde 2024 y Cochabamba arrastra retrasos de cinco meses en el pago de prediarios a los presos. También Beni y Pando presentan serias dificultades, mientras que Potosí, con ingresos superiores a 100 millones de bolivianos al mes por la minería, es una de las pocas con estabilidad.
En contraste, Tarija percibe alrededor de 20 millones de bolivianos mensuales y debe destinar gran parte al pago de deudas anuales que superan los 100 millones. Para 2026, su presupuesto se reducirá en unos 70 millones respecto al actual, lo que obligará a priorizar gastos básicos como la alimentación de orfanatos, hogares de ancianos y cárceles.
A nivel nacional, la situación también es crítica, tal es así que el Gobierno central requiere cada mes 3.000 millones de bolivianos solo para sueldos, más 60 millones de dólares semanales para la compra de combustibles subsidiados. La caída de ingresos por exportación de gas agrava aún más el panorama, dejando a las gobernaciones sin recursos suficientes para funcionar con normalidad.



