Rumbo al perdonazo tributario
Artículo suscrito por:
Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista
En épocas electorales es casi inevitable que los candidatos toquen fibras sensibles de la ciudadanía para lograr el voto que los lleve a la silla tan soñada. Una de las más promesas más frecuentes, y también polémicas, es la condonación de impuestos. Hoy, todos los candidatos, sin excepción, parecen coincidir en el ofrecimiento electoral de amnistías tributarias, reducciones de impuestos y, sobre todo, la condonación de deudas tributarias, supuestamente para enfrentar la crisis económica.
Un ejemplo claro es Eduardo del Castillo, candidato del partido oficialista MAS, quien ha anunciado un «alivio tributario» como parte de su plan de gobierno. Sin embargo, este anuncio ha generado fricciones internas en el área de economía y finanzas públicas. El principal ejecutivo del Servicio de Impuestos se mostró alarmado y recordó públicamente que los alivios o condonaciones no pueden aprobarse por simple decreto o discurso, sino que deben ser debatidos y sancionados por la Asamblea Legislativa. Hasta la fecha, no existe ninguna medida oficial que respalde estos anuncios de alivios y condonaciones.
Estas promesas se entienden como una estrategia de seducción electoral. La ciudadanía, golpeada por la recesión y la inflación, percibe estas condonaciones como un respiro inmediato, y desde esta columna alguna se propuso un “perdonazo” en épocas en que primaba lo económico sobre lo electoral. Sin embargo, pocos se detienen a pensar en las consecuencias a mediano plazo. A pocos días de las elecciones, anunciar condonaciones puede generar un efecto perverso, bajo el entendido de que muchos contribuyentes podrían optar por dejar de pagar sus impuestos con la esperanza de que el próximo gobierno, siguiendo la misma lógica populista, perdone sus deudas.
Cualquier alivio tributario representa un problema serio para las finanzas públicas. Los ingresos tributarios son la principal fuente de recursos del Estado para garantizar los servicios esenciales como salud, educación y seguridad, pero en el caso boliviano gran parte de la recaudación tributaria sirve para pagar subvenciones a la gasolina, así como los sueldos y salarios del enorme aparato burocrático y parasitario. Si se incentiva la mora tributaria, se pone en riesgo la sostenibilidad de esos servicios esenciales, más aún en un contexto donde el margen de endeudamiento es cada vez más limitado. En otras palabras, lo que hoy parece un alivio podría convertirse mañana en una carga mayor para toda la población.
Los expertos tributarios coinciden en calificar estas prácticas como un acto de inmoralidad tributaria. ¿Por qué? Porque terminan castigando a los contribuyentes responsables que cumplen en tiempo y forma sus deberes tributarios. Es decir, se premia al evasor y se penaliza al cumplidor. Esta lógica inversa erosiona la cultura tributaria, que ya es frágil en un país tan venido a menos, como es Bolivia, peor aún si está catalogado como el verdadero “infierno tributario”.
Además, cada anuncio de “perdonazo tributario” crea un círculo vicioso recurrente en el tiempo, por lo que mientras más se habla de amnistías, alivios, condonaciones, etc., más se fomenta el incumplimiento. La promesa perpetua de que «algún día la deuda será perdonada» debilita cualquier esfuerzo serio de fiscalización y recaudación. Irónicamente, el mismo Estado que necesita recursos para operar es el que siembra la desconfianza para cobrarlos, no solo de boca de sus operadores políticos, sino también a través de las promesas de los que en el futuro podrían ser elegidos servidores públicos.
Es evidente que esta narrativa de «alivio tributario» forma parte de una estrategia de corto plazo para ganar simpatías, pero carece de una visión de responsabilidad y justicia tributaria. La pregunta que queda en el aire es si la ciudadanía está dispuesta a exigir compromisos más serios y sostenibles de sus líderes, o si seguirá dejándose seducir por promesas que, en lugar de resolver problemas estructurales, los agravan.
En última instancia, la condonación de impuestos puede sonar bien en campaña, pero su impacto real suele ser regresivo y desincentivador. Para enfrentar una crisis económica, los países necesitan políticas tributarias responsables, incentivos para ampliar la base de contribuyentes y medidas de apoyo dirigidas a quienes realmente lo necesitan. Lo contrario es pan para hoy y hambre para mañana.
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Trump incrementa aranceles al 15% a exportaciones bolivianas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un aumento de los aranceles a las exportaciones bolivianas del 10% al 15%, medida que entrará en vigor el 7 de agosto de 2025. Esta disposición sustituye el anuncio previo del 2 de abril y coloca a Bolivia en la misma categoría arancelaria que países como Ecuador, Israel, Japón, Corea del Sur y Venezuela. El incremento se enmarca en una acción ejecutiva que modifica la política comercial estadounidense y afecta directamente el intercambio bilateral.
Según la Casa Blanca, la decisión responde a la evolución de las relaciones comerciales y a la falta de avances suficientes en la negociación de acuerdos con algunos países, entre ellos Bolivia. Washington argumenta que la medida busca proteger la manufactura nacional, resguardar sectores estratégicos y promover la recuperación del empleo interno, manteniendo presión sobre las naciones que no han mostrado interés en iniciar conversaciones comerciales con Estados Unidos.
SIN amplía hasta el 18 de agosto el pago del IUE
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) decidió ampliar el plazo para la presentación y pago de las Declaraciones Juradas del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) correspondientes a contribuyentes con cierre de gestión fiscal al 31 de marzo de 2025. La nueva fecha de vencimiento será el 18 de agosto, en lugar del 8 de agosto inicialmente prorrogado. Esta medida responde a solicitudes de los contribuyentes y se enmarca en lo dispuesto por el Reglamento del IUE, que fija un plazo de 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal.
Adicionalmente, el SIN prorrogó hasta el 20 de agosto el plazo para el envío y/o declaración de las transacciones que deben respaldarse con documento de pago, correspondientes al periodo mayo de 2025, según lo establecido en la RND Nº 102400000021. Esta ampliación busca dar mayor margen a los contribuyentes para cumplir con este deber formal.
De igual manera, se extendió hasta el 29 de agosto de 2025 el plazo para presentar en forma física o digital los Estados Financieros, la Memoria Anual, los Dictámenes de Auditoría y Tributario, el Informe de Procedimientos Mínimos Tributarios, la Información Tributaria Complementaria, los Estudios de Precios de Transferencia y los formularios electrónicos 605 y 601, según corresponda. El SIN recordó que ofrece asistencia a través de sus plataformas de atención presencial, en línea y por línea gratuita.
La recaudación tributaria crece 19,4% a julio de 2025
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que, al cierre de julio de 2025, la recaudación tributaria alcanzó los Bs 25.629 millones, lo que representa un incremento de Bs 4.172 millones (19,4%) respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron Bs 21.457 millones. Pese a las dificultades derivadas de la falta de combustibles y dólares, desde el SIN se destacó que este resultado se debe al cumplimiento voluntario de los contribuyentes en todo el país.
El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) fue el tributo con mayor crecimiento, subiendo de Bs 5.839 millones a Bs 8.370 millones, con un incremento del 43,3%. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) pasó de Bs 6.329 millones a Bs 7.563,4 millones, con un alza del 19,5%. Por su parte, el Impuesto a las Transacciones (IT) aumentó un 12%, alcanzando Bs 4.087 millones, y el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) creció un 21,7%, totalizando Bs 1.400,8 millones.
Según la Administración Tributaria este comportamiento refleja un dinamismo económico impulsado por sectores como el comercio, los servicios financieros, la producción de bebidas y los servicios a empresas. Además, recordó que los recursos recaudados son posteriormente distribuidos a universidades públicas, gobernaciones y gobiernos municipales, contribuyendo al financiamiento de sus actividades y proyectos.
El Modelo de Estado debe profundizar las autonomías con más recursos para regiones
Los ocho partidos y alianzas que participan en las elecciones nacionales del 17 de agosto coinciden en proponer una profundización del modelo autonómico, con un nuevo pacto fiscal que redistribuya los recursos públicos considerando criterios como población, extensión territorial, pobreza y recaudación propia. La premisa general es que las regiones retengan un mayor porcentaje de los impuestos generados, con propuestas que van desde el 50/50 entre el nivel central y las entidades territoriales hasta la posibilidad de que éstas creen sus propios tributos y gestionen directamente áreas como salud, educación e infraestructura.
Las propuestas varían en alcance y enfoque: Libre, PDC, Unidad, Súmate y ADN ponen el acento en fortalecer competencias y recursos para gobiernos departamentales y municipales, algunos con fondos compensatorios para regiones con menos recursos. El MAS plantea una reforma estructural del modelo autonómico con énfasis en la autonomía indígena originaria campesina, la economía comunitaria y la planificación estratégica conjunta. Alianza Popular respalda el actual modelo plurinacional con autonomías, aunque sin propuestas concretas, mientras que La Fuerza del Pueblo propone transitar hacia un Estado federal con competencias definidas constitucionalmente para cada nivel.
En conjunto, las iniciativas reflejan una visión compartida de reducir el centralismo y ampliar la capacidad de decisión y financiamiento de las autonomías, aunque difieren en su implementación y en el grado de descentralización propuesto. Algunas fuerzas priorizan incentivos tributarios y seguridad jurídica para atraer inversiones, otras promueven la redistribución solidaria y el fortalecimiento de identidades locales e indígenas. El debate se enmarca en el bicentenario de la fundación del país, con la autonomía como eje central de las reformas que los candidatos buscan impulsar en el próximo periodo de gobierno.
CEPAL: Bolivia el país con menor crecimiento de la región
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que Bolivia crecerá apenas un 1,5% en 2025 y 1,1% en 2026, cifras por debajo del promedio regional y las más bajas de Sudamérica, solo comparables a las de Ecuador y Venezuela. Estos datos reflejan una tendencia de desaceleración frente al 1,7% estimado para 2024, mientras la región crecería un 2,7% en 2025 y un 2,4% en 2026. Incluso economías que atravesaron crisis recientes, como Argentina o Paraguay, muestran perspectivas de crecimiento significativamente superiores.
Si bien el informe no detalla causas específicas por país, estudios previos de la CEPAL identifican para Bolivia factores estructurales como la alta informalidad laboral (superior al 70%), el estancamiento de la inversión pública y privada, la dependencia de exportaciones de gas y minerales, y la inestabilidad política e institucional. Estos elementos limitan la generación de empleo de calidad, la atracción de inversiones y la capacidad de diversificación productiva, aumentando el riesgo de estancamiento económico sostenido.
Frente a este panorama, la CEPAL recomienda reformas estructurales que incluyan mejorar la recaudación y la calidad del gasto público, impulsar inversiones productivas en sectores de alto valor agregado y sostenibles, reducir la informalidad laboral, y ampliar el acceso a financiamiento mediante instrumentos innovadores como bonos verdes o canjes de deuda por naturaleza. El organismo advierte que, sin estas acciones, Bolivia podría consolidar un patrón de bajo crecimiento que comprometa su desarrollo social y económico en los próximos años.
Amplían periodo de descuentos periodo de descuentos impositivos en Villa Montes hasta el 31 de octubre
El Concejo Municipal de Villa Montes aprobó la ampliación del periodo de “perdonazo” impositivo hasta el 31 de octubre de 2025, permitiendo a los contribuyentes acceder a descuentos de hasta el 10% en el pago de impuestos municipales sobre bienes inmuebles, vehículos y patentes. La medida, inicialmente prevista hasta el 31 de julio, fue extendida a solicitud del ejecutivo municipal y la Secretaría de Recaudaciones, con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias y promover el pago voluntario de tributos.
Las autoridades municipales recomendaron aprovechar esta prórroga para regularizar obligaciones fiscales y evitar multas o intereses, recordando que los pagos pueden realizarse de forma presencial o en línea. La iniciativa fue bien recibida por la población, que la percibe como un apoyo en un contexto de dificultades económicas. Con esta extensión, el municipio busca incrementar la recaudación, fortalecer la cultura tributaria y disponer de más recursos para financiar obras y servicios básicos en beneficio de la comunidad.
