Sobre los NIT Observados: Una mirada al enfoque actual de fiscalización en Bolivia
Artículo suscrito por:
Luis Valda Yanguas, abogado tributarista
Director asociado del estudio jurídico Moreno Baldivieso
La fiscalización es una facultad de la Administración Tributaria que no solo busca controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino también demostrar al contribuyente que es capaz de detectar, evidenciar y sancionar su inobservancia a la norma.
A esta facultad se le agrega aquella referida a la posibilidad de recopilar, procesar y analizar información, con el objetivo de identificar a aquellos contribuyentes que presentan mayores indicios de incumplimiento. Esta labor, conocida como inteligencia fiscal, genera la percepción de que la Administración Tributaria no solo te vigila, sino que también “hace su tarea” antes de salir a la caza.
La fiscalización logra de forma directa e inmediata aumentar la recaudación de la gestión y genera un cambio de comportamiento del fiscalizado. Sin embargo, su uso como parte de una política fiscal genera una “sensación de riesgo” que influye en el universo de contribuyentes, induciéndolos al cumplimiento voluntario y, por ende, incrementando significativamente la recaudación.
Consecuentemente, el ejercicio sagaz e implacable de la labor de investigar y controlar no debe ser reprochado sino aplaudido, siempre y cuando el accionar de la Administración Tributaria se enmarque en los límites que fija la ley y respete las garantías y derechos de los contribuyentes.
La Administración Tributaria ha comunicado recientemente una actualización de su listado de “NIT OBSERVADOS”, que surge investigaciones realizadas respecto de contribuyentes que emiten facturas -como ellos señalan- sin transacción económica ni transferencia de bienes y/o servicios, que corresponden a operaciones declaradas, que corresponden a personas no habidas en sus domicilios o que no realizan en ellos las actividades declaradas.
Pero más allá de sancionar a estos supuestos malos contribuyentes, el prefacio a esta lista comprehensiva anuncia un terrible castigo para quienes declararon facturas de estos proveedores: el desconocimiento e invalidación absoluta de su crédito fiscal.
Durante estos años, esta decisión viene cumpliéndose a raja tabla, sin importar las evidencias que el contribuyente aporte para demostrar que su transacción fue real, convirtiéndose así en una sentencia de muerte no solo para quienes maliciosamente compran facturas, sino también para aquellos que las recibieron en operaciones válidas.
En este sentido, para poder determinar si este tipo de castigo ejemplificador, inclusive para el comprador de buena fe, resulta o no justificable en pro del erario público, resulta preciso evaluar algunos elementos:
Primero, el IVA es un impuesto que grava el consumo y, por tanto, quien lo paga efectivamente es el comprador del bien o adquirente del servicio; la ley establece que el IVA forma parte integrante del precio neto y se facturará juntamente con éste, por lo cual se entiende que la persona que recibe una factura ha pagado el impuesto, siendo deber del vendedor o prestador de servicios declarar la operación y empozarlo conforme al mecanismo previsto en la norma.
Bajo este razonamiento, sancionar a quien recibe una factura de un emisor que ha omitido por voluntad propia declarar y pagar, no parece alineado a la lógica de este impuesto indirecto ni tampoco a criterios de justicia tributaria.
Segundo, no existe una disposición que permita desconocer de forma absoluta y automática el crédito fiscal por el solo hecho de que el emisor se encuentre incluido en una lista; la ley señala que es obligación del contribuyente demostrar la procedencia y cuantía de los créditos impositivos que considera le corresponden, pero jamás introduce limitaciones absolutas para este caso, como ocurre -por ejemplo- con las reglas de bancarización.
Tercero, la labor investigativa que conduce a la inclusión de proveedores en estas listas no es necesariamente infalible; pese a que existen muchas personas dedicadas a la venta de facturas, también existen varios casos comprobados en los que las marcas de control por domicilio inexistente o actividad económica incorrecta fueron impuestas debido a criterios restringidos o revisiones realizadas “muy por encima”.
El control excesivo que viene realizándose desde hace ya varias décadas respecto al crédito fiscal, buscando todas las vías posibles para desconocerlo, difiere de ese ejercicio de facultades dirigidas a generar sensación de riesgo y por ende cumplimiento voluntario. Al contrario, crea un sentimiento de zozobra en el contribuyente que sigue las reglas y que es castigado por recibir cierto tipo de factura o no aportar documentos de respaldo exigidos a libre discreción, fomentando en todo caso la informalidad.
La modernización del sistema tributario y de los mecanismos de control no solo pasan por la implementación de avances tecnológicos o por una reforma normativa, sino por un cambio de enfoque de la política fiscal; para eliminar dicho enfoque no es necesario cambiar la ley, sino más bien comprender su verdadero alcance.
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Rodrigo Paz plantea cerrar aduanas y reducir impuestos para apoyar a emprendedores
En ATB DIGITAL el candidato Rodrigo Paz resaltó que ocho de cada diez empresas en Bolivia son de carácter familiar, muchas de ellas lideradas por mujeres. En ese contexto, propuso una serie de medidas para fortalecer al sector productivo nacional, entre ellas el cierre de aduanas, el acceso a tecnología de bajo costo, la reducción de impuestos y la restricción a grandes empresas que, según afirmó, generan una competencia desleal para los emprendedores bolivianos.
Legislativo avanza con la socialización de proyecto de ley para regularizar el derecho propietario de vehículos
La diputada Olivia Guachalla (MAS-IPSP) impulsa el proyecto de Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Vehículos Automotores, actualmente en etapa de socialización. La propuesta busca otorgar seguridad jurídica a propietarios que no cuentan con respaldo legal de su posesión, evitando futuros conflictos judiciales, embargos, retenciones y problemas vinculados incluso a la Ley 1008. El proyecto plantea que cualquier ciudadano que acredite posesión continua, pacífica y pública de un vehículo durante al menos tres años pueda regularizar su derecho mediante trámite notarial.
Entre los requisitos figuran la presentación del RUAT, SOAT vigente, certificación de no gravamen ni denuncia por robo, pago de impuestos al día y la publicación de un edicto para proteger derechos de terceros. Durante las reuniones con representantes del transporte, la Policía y el Viceministerio de Autonomías, se incorporó el requisito del RUAT a sugerencia policial. La norma también prevé la anulación del derecho propietario cuando el titular pierda la posesión y no cumpla los requisitos, buscando prevenir disputas y reforzar la seguridad jurídica en la compraventa de vehículos usados.
Nueva normativa de prórrogas
En las Resoluciones Normativas de Directorio del SIN Nº 102500000032 y Nº 102500000033 se establecen las siguientes prórrogas:
1. Para contribuyentes con cierre fiscal al 31 de marzo de 2025:
1.1.- Se amplía hasta el 29 de agosto de 2025 el plazo para la presentación física y/o digital de los Estados Financieros, Memoria Anual, Dictámenes de Auditoría Externa y Tributaria, Informe de Procedimientos Mínimos Tributarios, Información Tributaria Complementaria, Estudio de Precios de Transferencia y los formularios electrónicos 605 y 601 del IUE.
1.2.- De manera excepcional se amplía hasta el 8 de agosto de 2025 , el plazo para la presentación y pago de Declaraciones Juradas del IUE.
2. Para transacciones respaldadas con documento de pago:
Se extiende hasta el 20 de agosto de 2025 el plazo para declarar las transacciones del mes de mayo de 2025 que deben estar respaldadas con documento de pago, conforme al procedimiento del Registro Auxiliar de Bancarización.
Estas prórrogas responden a solicitudes de los contribuyentes para contar con más tiempo y asegurar el cumplimiento adecuado de sus obligaciones tributarias.
Pendientes del Estado con los campesinos
Carlos Bellot, columnista del periódico Opinión de Cochabamba, opina que el Estado boliviano mantiene deudas estructurales con el área rural, especialmente con los campesinos que subsidian indirectamente el consumo urbano al vender productos agrícolas por debajo del costo real, situación que agrava su pobreza.
Si se hace un análisis de lo que cuesta producir cada alimento que proveen, se vería que nos venden como a la mitad del costo, lo que implica que no sólo no pagan impuestos con parte de sus utilidades, sino que subvencionan parte del costo.
El gobierno central incumple mandatos constitucionales al no promover transporte propio para los campesinos y obstaculizar la creación de empresas comunitarias, lo que limita su participación económica. Además, los gobiernos municipales rurales reciben presupuestos mínimos, lo que les impide invertir en desarrollo local y enfrentar regulaciones administrativas complicadas impuestas desde el nivel central. Finalmente, las personas mayores campesinas quedan abandonadas sin servicios estatales adecuados, perpetuando una dinámica de marginación económica y social.
Memoria Laboral sobre el RAU
En el repositorio de la Universidad Mayor de San Andrés se encuentra la memoria laboral redactada por Valentín Felipe Espinoza Lluta y titulada “Régimen agrario unificado y su efecto en la recaudación tributaria, departamento de Santa Cruz”.
Este trabajo versa sobre el Régimen Agrario Unificado (RAU) que busca formalizar a sectores económicos, especialmente agrícolas y agropecuarios, que han crecido en los últimos años pese a la ausencia de políticas públicas de apoyo. Su finalidad es que estas actividades contribuyan según su capacidad económica a los impuestos nacionales, generando ingresos para el Tesoro General de la Nación. El RAU, regulado por el D.S. N° 24463 de 27 de diciembre de 1996, se plantea como una alternativa para integrar a pequeñas y medianas unidades productoras de bienes y servicios, las cuales no han alcanzado su pleno potencial en los mercados interno y externo. En el caso de Santa Cruz, su aplicación busca promover el empleo y activar la cadena productiva y comercial, fortaleciendo la recaudación tributaria. Este estudio se enfoca en analizar los efectos positivos y negativos del RAU en la recaudación del Servicio de Impuestos Nacionales.
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El SIN recauda Bs 25.365 millones mediante el SIAT en línea
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que, hasta el 29 de julio, recaudó Bs 25.365 millones mediante el Sistema Integrado de la Administración Tributaria (SIAT) en Línea, superando en 18,2% los Bs 21.457 millones obtenidos en el mismo periodo de 2024. Según la entidad tributaria la implementación completa del SIAT en junio ha optimizado la gestión tributaria, mientras que desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se destacó que el 80% de la recaudación proviene de la facturación electrónica en línea, lo que facilita la distribución de recursos a municipios y universidades.
El SIAT en Línea integra más de 80 subsistemas, aplicativos y servicios, permitiendo al contribuyente autogestionar trámites por internet y reduciendo su dependencia de oficinas físicas. Incluye modalidades de facturación electrónica que disminuyen el riesgo de falsificación, capacitaciones gratuitas y mejoras derivadas de sugerencias del sector privado y profesional. Durante el acto de conmemoración de los “106 años de Innovación Tecnológica y Digitalización para el Bicentenario de Bolivia”, el SIN recibió la certificación internacional ISO 9001:2015 y presentó el “Compendio Tributario” actualizado, reafirmando su compromiso con la modernización, eficiencia y justicia tributaria.
Sin estabilización fiscal en Bolivia, el ajuste lo terminará imponiendo el mercado
El economista Fernando Marengo advirtió que Bolivia enfrenta uno de los mayores desafíos macroeconómicos de las últimas décadas, marcado por déficits fiscales persistentes —que llegaron al 12% del PIB en 2024—, caída de ingresos por hidrocarburos y un gasto público rígido con fuerte aumento de subsidios a combustibles y drástica reducción de la inversión pública. Entre 2016 y 2025, los ingresos del sector público no financiero bajaron del 43% al 36% del PIB, mientras el gasto solo se redujo tres puntos, financiándose con emisión monetaria y endeudamiento del fondo de pensiones, medidas que erosionan las reservas internacionales. Marengo advirtió que, sin un programa de estabilización creíble y reformas al régimen cambiario, el ajuste será impuesto por el mercado con consecuencias sociales y económicas más graves.
El experto destacó la brecha del 120% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, generada por la caída de reservas y la falta de financiamiento externo, que incentiva conductas especulativas y desalienta la producción. La inflación anualizada de 25% afecta sobre todo a alimentos y golpea a los sectores más vulnerables, configurando un ajuste regresivo que pagan asalariados y ahorristas. Con un crecimiento económico de apenas 0,7% en 2024 y un riesgo país de 1.500 puntos básicos, Bolivia muestra señales de desaceleración y pérdida de confianza, mientras otros países de la región han logrado mejorar sus balances fiscales a través de ajustes y fortalecimiento de reservas.
Elusión tributaria de las cooperativas es traición a la patria
El artículo de Manuel Morales Álvarez denuncia que las cooperativas mineras auríferas en Bolivia gozan de un régimen de elusión tributaria que considera un “acto de traición a la patria”, ya que reciben beneficios fiscales y regulatorios no disponibles para otros sectores. Cita la Ley Nº 186, que otorga tasa cero de IVA a la venta de minerales, y el proyecto de ley del gobierno para aplicar un impuesto consolidado del 4,8% sobre el valor exportado, lo que reemplazaría múltiples tributos y mantendría ventajas frente a la carga tributaria para la generalidad de contribuyentes en el país del 37,5% sobre utilidades, más IVA e IT.
El autor acusa al sector de pagar regalías mínimas, operar sin contratos mineros, arrendar concesiones de forma ilegal, usar “socios fantasmas” y explotar en áreas protegidas pese a prohibiciones legales y ambientales. También denuncia el uso masivo de mercurio y cianuro, la contaminación de ríos, el contrabando hacia Perú y la caída de la producción formal de oro. Afirma que las cooperativas han tenido influencia política en los últimos 20 años, con vínculos con candidatos como Andrónico Rodríguez y Samuel Doria Medina, lo que perpetuaría los privilegios.
Morales plantea como soluciones la nacionalización o la conversión de las cooperativas en empresas formales, sujetas a impuestos y leyes laborales, y sostiene que todos los actores económicos deben pagar tributos sin excepciones.
Para duplicar los ingresos públicos hay que controlar la producción de oro
Bolivia pierde gran parte de su riqueza aurífera por falta de control estatal y por el poder político de las cooperativas mineras, advierten los expertos Héctor Córdova y Justo Zapata. En 2022, se exportaron más de 3.000 millones de dólares en oro, casi todo a través de cooperativas, pero el Estado apenas recaudó 63 millones en impuestos y regalías. Según Córdova, menos del 15% de estas entidades cuenta con licencia ambiental y muchas operan ilegalmente asociadas con capitales privados. Además, gran parte del oro se comercializa sin declarar, lo que profundiza la evasión.
Zapata subraya que el problema no es la falta de recursos, sino la ausencia de voluntad estatal para administrarlos estratégicamente. Ambos expertos proponen recuperar el control estatal a través de una Comibol renovada, cuotas de exportación fiscalizadas, combate al contrabando y formación de profesionales para transformar el oro en valor agregado. También alertan sobre el daño ambiental del uso de mercurio y la creciente influencia política de las cooperativas, que incluso inciden en designaciones de autoridades. Con reformas estructurales y decisión política, Bolivia podría duplicar sus ingresos y generar hasta 3.000 millones de dólares anuales con una minería sostenible y regulada.
Las regalías del litio y las elecciones presidenciales
El artículo suscrito por Mateo Velásquez y José Carlos Solón analiza la escasa profundidad con la que los programas de gobierno de los candidatos presidenciales abordan el tema de las regalías por la explotación de litio, pese a la alta expectativa social en Potosí y Oruro sobre sus beneficios. Actualmente, la Ley 535 fija estas regalías en 3%, y solo cuatro fuerzas políticas las mencionan explícitamente: Alianza Unidad propone subirlas al 11% como en hidrocarburos; Alianza Popular plantea redistribución equitativa pero sin cifras; Libre sugiere un esquema competitivo frente a Argentina y Chile sin detalles; y Súmate pide una Ley Marco del Litio que defina porcentajes. Eduardo del Castillo, fuera de su programa, también promete un 11%.
En contraste, desde 2021 organizaciones sociales como FRUTCAS y COMCIPO han elaborado propuestas más concretas, destacando el modelo de regalía variable, ajustada al precio internacional del carbonato de litio, similar al aplicado en Chile. También proponen modificar la distribución —actualmente 85% a gobernaciones y 15% a municipios productores— para incluir fondos de ahorro, redistribución a otras regiones y asignaciones a pueblos indígenas.
El texto critica que las regalías actuales no generan impactos visibles en las regiones productoras y reclama que los candidatos detallen cómo implementarán sus propuestas, vinculándolas con las demandas sociales, para que no queden en menciones superficiales.
