Cerrar el SEPREC para abrir empresas privadas
Artículo suscrito por:
Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista
:En tiempos de crisis económica profunda, uno esperaría que el Estado haga esfuerzos serios para reducir la burocracia y el gasto público superfluo. Sin embargo, la realidad en Bolivia muestra todo lo contrario: lejos de depurar la estructura estatal, se sostiene y hasta se fortalece, financiándose del bolsillo de los contribuyentes. Cada trámite se convierte en una pequeña fuente de ingresos para sostener una maquinaria que parece funcionar en su propio beneficio. En teoría, el aparato burocrático debe estar al servicio del ciudadano, pero en la práctica ocurre todo lo contrario.
No basta con pagar impuestos formales, sino que los bolivianos deben desembolsar dinero extra en una maraña de instituciones públicas que replican y duplican funciones, justificando cobros innecesarios por servicios ficticios. Esto se ve claramente en el universo de registros y regulaciones de actividades privadas, donde la fe pública —esa garantía de autenticidad del Estado— se convierte en un argumento para multiplicar sellos, firmas y pagos.
Un ejemplo claro es la Ley N° 483 del Notariado, que asignó a los notarios la tarea exclusiva de otorgar fe pública a los documentos comerciales, y en esta instancia debería terminar el registro. Aun así, esos documentos no tienen plena validez si no atraviesan nuevas instancias de verificación en otras oficinas públicas. Se instala así un ciclo repetitivo y multiplicado en el que un mismo trámite genera varias oportunidades de cobro, bajo la idea de que cada institución “confirma” lo que otra ya certificó.
El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) es la muestra más visible de esta burocracia duplicada. Muchos de sus trámites exigen pasar primero por un notario que ya garantizó la validez del documento. Sin embargo, para darle fuerza legal definitiva, el usuario debe volver a pagar al inscribirlo en el registro de comercio. Esta duplicidad de pasos no solo encarece el proceso, sino que alarga innecesariamente la formalización de las actividades empresariales.
Un caso que ilustra bien este laberinto es la renovación anual de la matrícula de comercio. Paradójicamente, este registro repite el mismo Número de Identificación Tributaria (NIT) que otorga el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el cual ya certifica la vigencia de una empresa en tiempo real y gratis. Pese a ello, cada año las empresas deben pagar entre Bs. 260 y Bs. 584 para confirmar una información que los notarios y la administración tributaria ya poseen y actualizan constantemente. De no hacerlo, se arriesgan a sanciones como la inactivación de su matrícula.
Este sistema no solo duplica datos, sino que fragmenta responsabilidades y confunde al contribuyente. Mientras el SEPREC opera como custodio de la información mercantil, el SIN maneja los datos tributarios y otras entidades como los entes gestores de salud o el Ministerio de Trabajo solicitan los mismos documentos. El resultado se simplifica en pagar varias veces por registrar lo mismo en diferentes oficinas públicas. Esta lógica convierte la fe pública en una mercancía que se cobra por cada ventanilla de trámites, que paradójicamente en todos los lugares públicos se denomina “única”.
La falta de interoperabilidad entre instituciones agrava el problema. El SEPREC, por ejemplo, no cruza datos de forma efectiva con el SIN ni con la Dirección Nacional de Notariado Plurinacional. Así, el Estado termina recolectando la misma información una y otra vez, pero sin compartirla internamente. Más de una vez se ha propuesto eliminar la matrícula de comercio y dar prioridad al NIT como único registro válido para actividades empresariales. Esta medida permitiría simplificar la vida del contribuyente y ahorrar recursos al Estado. Sin embargo, la resistencia viene precisamente de quienes se benefician de esta cadena de cobros y trámites redundantes.
Lejos de optimizar servicios, se fomenta un circuito de cobros que sostiene salarios y gastos administrativos que bien podrían reducirse con un sistema más simple, digital y eficiente.
En definitiva, el caso del SE-PREC demuestra que la burocracia en Bolivia no solo existe para garantizar el orden legal y administrativo, sino que se ha transformado en una máquina de recaudación disfrazada de servicio público. Mientras no se rompa este ciclo, el ciudadano seguirá pagando dos o tres veces por certificar lo que ya está certificado, alimentando una estructura estatal que parece diseñada para servirse de la gente, y no para servirla.
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SEGÚN EL PRESIDENTE AUXILIAR INTERINO DEL SIN
Recaudación tributaria sube 19,3% gracias al dinamismo económico y el SIAT en Línea
El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que la recaudación tributaria alcanzó Bs 21.691,7 millones en el primer semestre de 2025, logrando un crecimiento del 19,3% respecto al mismo periodo de 2024.
El Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) lideró el incremento con un 43,4%, seguido del IVA y el ICE. Este repunte se atribuye a la actividad económica interna y a la consolidación del SIAT en Línea, que digitalizó más de 80 trámites.
Sin embargo, algunos sectores advierten que la plataforma aún presenta problemas técnicos y múltiples prórrogas, lo que genera incertidumbre para contribuyentes y estudios contables que dependen de su estabilidad.
RND 10250000031
Nuevas Prórrogas
El SIN prorrogó hasta el 21 de julio de 2025, el plazo para la presentación física y/o envío digital de Estados Financieros, Memoria Anual, Dictamen de Auditoria Externa, Dictamen Tributario, Informe de Procedimientos Mínimos Tributarios, Información Tributaria Complementaria y Estudio de Precios de Transferencia, así como la información que se presenta a través de los formularios electrónicos 605 y 601, según corresponda, para los sujetos pasivos o terceros responsables del IUE con cierre al 31 de diciembre de 2024. Además se prorroga hasta el 31 de julio de 2025, el plazo para registro del Beneficiario Final .
Microempresarios anuncian movilizaciones por falta de alivio tributario
El sector de microempresarios declaró estado de emergencia tras el rechazo de su pedido de “perdonazo” y condonación de deudas tributarias y bancarias. Argumentan que la presión fiscal y las cuentas congeladas asfixian sus negocios, y exigen un diálogo directo con el Ministerio de Economía y el SIN para acordar un alivio tributario real que permita reactivar su flujo de caja.
Este conflicto refleja la tensión entre el objetivo de aumentar la recaudación y la necesidad de políticas flexibles para un sector golpeado por la informalidad y la falta de liquidez.
DEBATE POLÍTICO: SIMPLIFICACIÓN Y REDUCCIÓN TRIBUTARIA
Varios candidatos presidenciales han lanzado propuestas atrevidas.
- NGP propone una reforma liberal profunda: IVA único del 10%, eliminación de impuestos a transacciones financieras y un *Régimen del Emprendedor* en reemplazo del Régimen Simplificado.
- Rodrigo Paz plantea cerrar la Aduana Nacional y legalizar autos ‘chutos’, eliminar aranceles a tecnología y abrir zonas francas regionales para incentivar comercio.
- Jorge Tuto Quiroga impulsa un *Pacto Agropecuario* con reducción de impuestos y mayor seguridad jurídica para el agro, mientras sectores críticos advierten sobre una “restauración neoliberal” centrada en el agronegocio cruceño.
Alerta tributaria: caída de ingresos gasíferos golpea a gobernaciones
La fuerte dependencia de regalías y la baja en ingresos por hidrocarburos podría paralizar gobiernos departamentales en los próximos años si no se acuerda un nuevo pacto fiscal. Analistas urgen a repensar la distribución de la coparticipación tributaria para evitar recortes en servicios clave como salud y educación.
¿Más Prórrogas del SIN? Lo que Realmente Está Pasando con el SIAT
El portal web ImpuestosBolivia. com, el pasado 30 de junio ha publicado la nota que describe la historia detrás de las constantes extensiones de plazos. Aquí les presentamos un resumen.
Aunque oficialmente se justifican por “solicitudes de contribuyentes” y “procesos de im-plementación”, la propia RND 102500000028 reconoce que el SIAT en Línea no funciona correctamente, pues requiere constantes adecuaciones técnicas y operativas.
Impacto real en los contribuyentes Existe una incertidumbre permanente, porque nadie sabe si el SIN cumplirá los plazos o aparecerán más prórrogas de último momento. La planificación contable y tributaria se vuelve imposible, afectando estudios contables, empresas con cierres complejos y contribuyentes que dependen de terceros. Todo este escenario genera costos ocultos, más horas de trabajo, cronogramas internos alterados y estrés adicional para los equipos contables.
Problemas técnicos identificados Está confirmado que el SIAT no tiene la capacidad insuficiente: y no soporta la carga de usuarios en fechas pico. Aún se pueden verificar fallas de integración y los nuevos módulos provocan incompatibilidades. A esto se suma la inestabilidad, y los constantes ajustes de sincronización muestran que la plataforma no es estable.
Según el portal ImpuestosBolivia.com, las prórrogas repetidas en 2025 evidencian una crisis de gestión en la administración tributaria. Mientras el SIN sigue ajustando su sistema, los contribuyentes soportan los costos de una transición mal planificada, sin certezas de cuándo habrá un sistema confiable y estable.
Continúan los problemas del SIAT en Línea y el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)
Aunque el SIAT busca modernizar la administración tributaria, usuarios enfrentan prórrogas constantes y fallas técnicas que generan estrés y costos ocultos. Se alerta que las múltiples actualizaciones aún no garantizan estabilidad. A la par, el nuevo RNC (antes Padrón Biométrico Digital) promete mayor seguridad e interoperabilidad con SEGIP y SEPREC para prevenir fraudes, pero su implementación todavía genera dudas.
PROPUESTA ELECTORAL
Pacto Agropecuario de Salvación (PAS)
Jorge “Tuto” Quiroga, durante el Foro de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), propuso un Pacto Agropecuario de Salvación (PAS) para enfrentar la crisis económica con el agro como eje de reactivación inmediata.
En resumen, los ejes principales de la propuesta incluyen:
- * Reducción de impuestos en casos de emergencia para dinamizar el sector agropecuario.
- * Seguridad jurídica plena: eliminación de restricciones y avasallamientos.
- * Promoción de biotecnología y transgénicos, junto a propiedad titulada y defendida para pequeños productores.
- * Descentralización de instituciones (EMAPA pasaría de competidor a proveedor).
- * Redistribución de recursos tributarios: mayor autonomía regional para salud, educación y seguridad.
A la par, sectores críticos de la izquierda boliviana califican este proyecto como una apuesta por restaurar un modelo neoliberal agroexportador, concentrando poder económico y político en la agroburguesía cruceña.
Análisis Tributario
1. Propuesta de reducción impositiva selectiva
* La idea de reducir impuestos al agro en contextos de crisis busca sostener la producción y mantener la generación de divisas.
* Sin embargo, sin una reforma estructural del sistema tributario (altamente dependiente de impuestos indirectos como el IVA e ICE), se corre el riesgo de agravar la caída de ingresos para el Estado y las regiones, especialmente si no se sustituye esta recaudación.
2. Impacto en regalías y coparticipación
* Las gobernaciones, que ya enfrentan la reducción de la transferencia de recursos por hidrocarburos, podrían verse más afectadas si se baja la carga impositiva sin compensar ingresos. Esto hace urgente crear un nuevo pacto fiscal.
3. Seguridad jurídica y estímulo
* La certeza sobre la propiedad y la liberalización de tierras pueden incentivar inversión privada y formalización en el agro. Esto, en teoría, debería ampliar la base de contribuyentes del régimen tributario del RAU.
4. Riesgo de concentración
* Los críticos de izquierda (intelectuales masistas) temen que el modelo favorezca principalmente a grandes productores y agroex-portadores, aumentando brechas con pequeños productores que pueden quedar fuera de los beneficios tributarias si no hay políticas específicas de inclusión.
Valoración
* Puntos fuertes: propone medidas pragmáticas para un sector clave que puede generar divisas rápidamente; reconoce la urgencia de eliminar trabas burocráticas y ofrecer seguridad jurídica.
* Debilidades: la nota advierte sobre la falta de garantías para que la reducción impositiva no termine erosionando recursos públicos necesarios para servicios básicos; además, existe el riesgo de reproducir un modelo concentrador de riqueza y tierra.
* Implicación tributaria: sin una reforma fiscal progresiva y compensatoria, la reducción de impuestos puede profundizar la desigualdad regional y tributaria, afectando a municipios y gobernaciones.
Conclusión
Esta propuesta muestra que la agenda tributaria no es solo técnica, sino profundamente política: la reducción de impuestos y la seguridad jurídica al agro pueden dinamizar la economía, pero sin un diseño integral podrían reproducir un modelo desigual que profundice la dependencia de recursos naturales y regalías, dejando vulnerables a las regiones y a los pequeños productores.
