Artículo suscrito por:
Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista
La Mejor Oportunidad para Restablecer la Seguridad Jurídica en Bolivia
En estos días ha comenzado una discusión sobre la retroactividad de la prescripción para extinguir deudas tributarias, y este debate ha reabierto uno de los temas más relevantes del derecho tributario boliviano que se resume en esta pregunta: ¿qué debe privilegiar el Estado para garantizar seguridad jurídica a los contribuyentes? La respuesta no debería ser tan compleja en medio de un Estado de Derecho, la certeza jurídica y la confianza legítima constituyen los fundamentos para fortalecer la relación entre la Administración Tributaria y los ciudadanos. El actual escenario representa una oportunidad para corregir distorsiones históricas y consolidar reglas claras que eviten la perpetuación indefinida de obligaciones tributarias.
La institución de la prescripción no fue creada para beneficiar indebidamente a los contribuyentes ni para perjudicar al Estado. Su finalidad es poner fin a situaciones jurídicas inciertas cuando la Administración no ejerce oportunamente sus facultades de control, determinación o cobro, por la simple razón de la negligencia administrativa. Precisamente por ello, la prescripción constituye una garantía de seguridad jurídica reconocida en los sistemas tributarios modernos. Cuando transcurre el plazo legal sin actuación efectiva de la Administración, corresponde extinguir definitivamente las obligaciones alcanzadas por dicho instituto.
En este contexto, resulta fundamental que la interpretación de la normativa tributaria favorezca una aplicación integral de la prescripción, siempre bajo la premisa de que son retroactivas las medidas que de “cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable”. Una visión extensiva implica que sus efectos alcancen no solamente a las sanciones pecuniarias, sino también a todos los componentes de la deuda tributaria, incluyendo el tributo omitido, los intereses, el mantenimiento de valor y las multas. De lo contrario, se corre el riesgo de infravalorar de contenido práctico a la propia institución, manteniendo vigentes obligaciones accesorias que contradicen la finalidad de extinguir definitivamente una relación jurídica ya prescrita.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y algunos profesionales de sectores muy afines a las políticas recaudatorias del Estado sostienen que el artículo 150 del Código Tributario Boliviano únicamente sería aplicable a los ilícitos tributarios y no a la deuda tributaria en sentido amplio. Esta postura suele apoyarse en resoluciones judiciales emitidas hace más de dos décadas. Sin embargo, el derecho tributario no es una disciplina estática. La doctrina y la jurisprudencia evolucionan junto con las reformas legislativas y las nuevas interpretaciones constitucionales, originadas en controversias reales. Pretender resolver problemas actuales exclusivamente con criterios desarrollados en 2005 implica desconocer los importantes cambios normativos introducidos posteriormente por las Leyes 291, 317 y 812, así como la evolución interpretativa desarrollada por las instancias administrativas y jurisdiccionales.
Un aspecto particularmente relevante es el principio de retroactividad de la norma más favorable. Durante más de una década, las autoridades de impugnación tributaria, tanto administrativas como judiciales, han reconocido de manera reiterada que cuando una modificación normativa amplía los plazos de prescripción, corresponde analizar sus efectos bajo criterios de favorabilidad y seguridad jurídica. Bajo esa misma lógica, cuando una reforma reduce los plazos de prescripción y beneficia al contribuyente, el principio debería aplicarse con igual intensidad. La coherencia interpretativa exige que las reglas favorables operen tanto en escenarios de ampliación como de reducción de plazos.
Además, las señales emitidas desde distintas instancias gubernamentales, especialmente desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, han generado incertidumbre respecto a la aplicación retroactiva de estos beneficios. Algunas autoridades son reacias a enfrentar el debate y otras está privilegiando el debate de temas marginales y soslayando el tema de la prescripción. Esta situación ha alimentado interpretaciones contradictorias que afectan el relacionamiento entre los contribuyentes y el Fisco. Si el objetivo de las medidas de alivio tributario es mejorar este vínculo, la interpretación debe orientarse a producir efectos reales y generalizados, evitando restricciones que limiten su alcance únicamente a determinados conceptos sancionatorios.
La lección que deja este debate es clara porque Bolivia necesita consolidar un sistema tributario donde la seguridad jurídica prevalezca sobre la incertidumbre. Un verdadero “borrón y cuenta nueva” exige reconocer que la prescripción, cuando opera legalmente, debe extinguir de manera definitiva todas las obligaciones comprendidas en la deuda tributaria. Solo así se fortalecerá la confianza de los contribuyentes en las instituciones y se evitará que controversias similares vuelvan a repetirse en el futuro. La seguridad jurídica no es una concesión del Estado; es una condición indispensable para construir una relación tributaria equilibrada, previsible y respetuosa de los derechos de todos los ciudadanos.
