¿Cambio real o promesa electoral?
Artículo suscrito por:
Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista
La nueva política tributaria en Bolivia tras la victoria de Rodrigo Paz
Durante la reciente campaña electoral, el tema tributario ocupó un lugar central, pero no necesariamente por certeza técnica, sino como estrategia de seducción electoral. En Bolivia, hablar de impuestos siempre ha sido sinónimo de tensión. Candidatos de todos los colores prometieron aliviar la carga tributaria que por años ha pesado sobre empresarios, emprendedores y trabajadores. Sin embargo, el debate se volvió especialmente álgido durante la segunda vuelta, cuando los dos finalistas, Jorge Quiroga Ramírez y Rodrigo Paz Pereira, transformaron un asunto técnico en una bandera ideológica. Ambos ofrecieron perdonazos y condonaciones, hasta nacionalizaciones de vehículos “chutos” con liberaciones tributarias que encubren ilícitos.
Quienes defendían mantener la presión fiscal argumentaban que una reducción de impuestos pondría en riesgo las ya comprometidas finanzas públicas. En el otro extremo, voces críticas denunciaban el tamaño del aparato estatal, su ineficiencia y el peso que supone para una economía que aún arrastra las secuelas de una larga crisis. La propuesta ganadora fue, sin duda, la que apostó por la renovación con un cambio de fondo, y fue Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano (PDC), cuya agenda tributaria se presentó como simbólica y profundamente política.
Uno de los pilares de su programa es el Perdonazo Tributario 2026, una amnistía impositiva que promete condonar el 100% de intereses, multas y sanciones tanto en impuestos internos como aduaneros. Paz lo presentó como un “acto de reconstrucción de confianza” entre el Estado y los contribuyentes, especialmente aquellos que han sido objeto de una política tributaria que muchos consideran acosadora y abusiva. La medida, si se implementa con sensatez y no como un simple populismo tributario, podría liberar a miles de bolivianos de una deuda histórica con el fisco que ha ahogado a muchos emprendimientos.
Otra propuesta clave es la combinación de crédito barato y reducción de impuestos y aranceles, especialmente para el sector informal, que en Bolivia representa más del 70% de la fuerza laboral activa. La promesa es bajar los impuestos por debajo del 10% y otorgar líneas de crédito accesibles para que estas unidades productivas puedan formalizarse, crecer y contribuir de forma progresiva al desarrollo económico.
El nuevo gobierno también propone un giro en la relación del Estado con el sector productivo aurífero. Según Paz, el oro tiene un potencial económico mayor que el litio, y por eso plantea incentivar la exportación de este recurso a través del Banco Central de Bolivia (BCB), premiando a quienes cumplan con la canalización de divisas y paguen los impuestos por la explotación. Este enfoque busca no solo aumentar las reservas internacionales, sino formalizar un sector que ha operado por años en la sombra.
Las medidas van más allá de lo tributario. La descentralización radical, la eliminación de subsidios a los hidrocarburos y la regla del 50-50 para redistribuir los recursos tributarios de coparticipación entre el nivel central y las autonomías regionales, representan un intento por romper con un Estado centralista y altamente burocrático. Pero esto no será fácil. Ya desde el Viceministerio de Política Tributaria se han emitido señales conservadoras, aferradas a un modelo de recaudación tradicional vigente de 1986, que privilegia el financiamiento del aparato estatal antes que la reactivación económica. Los 20 años del masismo han confirmado que este sistema, creado por lo neoliberales que tanto ha odiado, le ha ofrecido en bandeja de plata la mayor cantidad de recursos que fueron malgastados y dilapidados.
La Administración Tributaria, compuesta principalmente por el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional, ha sido particularmente criticada por su trato implacable hacia los contribuyentes formales. Congelamiento de cuentas bancarias, multas desproporcionadas y presión constante han generado un clima de desconfianza. Cambiar esta lógica requerirá no solo voluntad política, sino también un cambio profundo en la cultura institucional. La propuesta de cerrar algunos puntos aduaneros y facilitar el acceso a tecnología de bajo costo, junto con la reducción de impuestos, busca crear condiciones más equitativas para estas unidades productivas para formalizarse.
La verdadera prueba del nuevo gobierno a cargo de Paz Pereira será su capacidad para implementar estas reformas tributarias en un Estado donde muchos funcionarios públicos de carrera podrían convertirse en obstáculos. Se trata de un aparato que ha sostenido un modelo tributario de más de dos décadas, el cual ha permitido una de las mayores presiones fiscales de América Latina. Desmantelar este sistema no será tarea sencilla. Pero si Paz Pereira logra avanzar con asesoramiento técnico adecuado y voluntad política, Bolivia podría estar ante un giro histórico en su política tributaria. Porque al final, no se trata solo de cobrar menos impuestos, sino de construir un Estado más eficiente, justo y al servicio de quienes producen, trabajan y sueñan con un país distinto. Quizás sobre la premisa que de cada centavo recaudado bajo el concepto de impuesto sea destinado con privilegio a los fines estatales de alto impacto social y no para parasitar al aparato burocrático más grande la historia de Bolivia.
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Rodrigo Paz gana las elecciones y promete un gobierno de cambio
El candidato Rodrigo Paz Pereira, de orientación centrista y liberal moderado, ganó la segunda vuelta presidencial en Bolivia con el 54% de los votos, frente al 45% de Jorge “Tuto” Quiroga, según los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Su triunfo marca el fin de casi 20 años de gobiernos de izquierda encabezados por el Movimiento al Socialismo (MAS).
Paz asumirá la Presidencia el 8 de noviembre de 2025, con un discurso de unidad nacional y un enfoque de reformas graduales, priorizando la recuperación económica, la inversión privada y la estabilidad institucional. Anunció que mantendrá los programas sociales para los sectores vulnerables, pero impulsará una reforma tributaria proproductiva, basada en la seguridad jurídica, la formalización y la reducción de trabas burocráticas.
El nuevo mandatario deberá enfrentar una crisis económica caracterizada por inflación del 23%, escasez de combustibles y caída de exportaciones de gas natural. Entre sus primeras medidas figura un acuerdo económico con Estados Unidos por USD 1.500 millones, destinado a asegurar el suministro de combustibles y reactivar la balanza energética.
Analistas coinciden en que el triunfo de Paz representa un punto de inflexión político, orientado hacia una mayor apertura internacional, estabilidad monetaria y reconstrucción de la confianza económica tras dos décadas de estatismo.
Doria Medina busca una presunta condonación de deuda tributaria
La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Milena Reque, denunció que los candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz y Edmundo Lara, pretenden perdonar una deuda tributaria superior a Bs 1.000 millones a Samuel Doria Medina, derivada de procesos por omisión de pago vinculados con la transferencia del 46% de acciones de CIMSA en SOBOCE. Según la legisladora, los casos —aún en trámite ante el Juzgado Tercero Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz— surgen de dos resoluciones determinativas del SIN-GRACO La Paz entre ellas la N° 171829001832 (septiembre de 2018) por Bs 294,06 millones y la N° 171929002136 (noviembre de 2019) por Bs 714,14 millones.
A ello se suma una presunta omisión del Impuesto a las Grandes Fortunas (Bs 2,8 millones) que habría sido objeto de un plan de pagos aprobado por la administración tributaria. Reque recordó además que Doria Medina mantiene una deuda con Fancesa por Bs 50 millones, establecida en un laudo arbitral de 2015 por daños económicos ocasionados en la venta irregular de acciones de SOBOCE.
La diputada anunció peticiones de informe al Ministerio de Economía, la Procuraduría General del Estado y el Tribunal Supremo de Justicia para conocer las acciones del Estado en defensa del interés fiscal. Advirtió que los más de Bs 1.000 millones en litigio por el IUE (gestiones 2005 y 2014) representan recursos relevantes para políticas públicas. Doria Medina, por su parte, interpuso excepciones de prescripción y el proceso aguarda resolución judicial definitiva.
El viñedo y el impuesto
Rodrigo Ayala Bluske en su artículo de prensa critica la aprobación en Diputados del Proyecto de Ley 528/2024-2025, que pretende crear nuevos impuestos a la industria vitivinícola para financiar un fondo lácteo. Considera la medida improvisada e incoherente, producto del ambiente preelectoral y de la ignorancia legislativa sobre la lógica productiva sostenible.
Ayala destaca que el sector vitivinícola y el enoturismo han crecido sin apoyo estatal, enfrentando competencia desleal del contrabando argentino y falta de políticas públicas en infraestructura y promoción. Subraya que esta cadena genera riqueza, empleo y conserva el medio ambiente, al desarrollar prácticas sostenibles en el valle central de Tarija, zona comparada por su belleza y potencial con “la Toscana boliviana”.
El autor cuestiona que se busque gravar a una industria formal y ambientalmente responsable, mientras sectores informales como los mineros cooperativistas, cocaleros y loteadores siguen sin pagar impuestos ni cumplir normas ambientales y laborales. Propone avanzar hacia la formalización integral de todos los actores económicos, garantizando equidad tributaria y sostenibilidad. Concluye que Tarija puede consolidar un modelo productivo propio, basado en innovación, emprendimiento y gestión responsable de los recursos naturales.
Renacimiento Energético
Durante el debate presidencial antes del balotaje, el candidato Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) presentó un plan denominado “Renacimiento Energético”, centrado en reformas legales para hidrocarburos y litio, con el objetivo de reactivar la economía y modernizar la gestión de los recursos naturales.
Propuso una nueva Ley de Hidrocarburos que promueva la inversión privada competitiva, incorporando un sistema tributario variable basado en el tamaño de los yacimientos y los precios internacionales. Este modelo busca equilibrar la captación tributaria del Estado con la rentabilidad empresarial, garantizando ingresos sin frenar la exploración ni la producción.
Respecto al litio, planteó una Ley del Litio que otorgue participación directa a Potosí en todas las etapas del proceso productivo e impulse la industrialización nacional. Asimismo, propuso crear zonas económicas especiales en el altiplano para la instalación de plantas de baterías y centros tecnológicos, integrando la minería con la innovación.
Como medida de democratización patrimonial, anunció un Fondo Nacional de Inversión Ciudadana, que distribuiría a cada boliviano acciones valorizadas en 1.500 dólares, respaldadas por el patrimonio de YPFB, YLB, Entel y reservas naturales. El candidato Rodrigo Paz (PDC) cuestionó la base técnica del cálculo y la certificación de reservas, abriendo un debate sobre la viabilidad fiscal y económica de la propuesta.
Bolivia vende lo poco de oro que le queda
Pese al récord histórico del precio internacional del oro, que superó los 4.000 dólares por onza troy, Bolivia reduce sus exportaciones y pierde ingresos tributarios por el dominio del sector privado e informal en la explotación y comercialización del metal. Según datos del INE, las ventas externas bajaron de 3.230 millones de dólares en 2022 a 693 millones en 2024, con una caída adicional a 546 millones hasta agosto de 2025.
El experto minero Héctor Córdova (Fundación Jubileo) explicó que el alza mundial responde a la debilidad del dólar y la búsqueda de refugios financieros, pero Bolivia no aprovecha la coyuntura por evasión tributaria, contrabando y regalías mínimas por lo que el Estado recibe menos del 2% del valor exportado. Criticó la tolerancia oficial hacia cooperativas que operan sin control, contaminan con mercurio y eluden impuestos.
El economista Fernando Romero añadió que el país incluso recibía oro peruano por los bajos impuestos locales, fenómeno revertido tras la escasez de dólares. Ambos coinciden en que el Decreto Supremo 21060, que liberalizó la comercialización, consolidó un sistema caótico sin fiscalización.
Los expertos reclaman reformas normativas, tributarias y administrativas que restablezcan la soberanía sobre el oro, eliminen operaciones ilegales y fortalezcan el control estatal. Sin un cambio estructural, Bolivia seguirá perdiendo ingresos tributarios, reservas y autoridad regulatoria, mientras los beneficios quedan en manos privadas.
Tributos y autonomía fiscal
A través de la nota editorial de Erik Ariñez Bazán se analiza la autonomía fiscal como el proceso mediante el cual las entidades subnacionales asumen competencias sobre ingresos y gastos públicos, fortaleciendo su capacidad de gestión y responsabilidad financiera. En Bolivia, este principio se materializó con la Ley N° 154 de Clasificación y Definición de Impuestos (2011), dictada en aplicación del artículo 323 de la Constitución, que distribuyó las competencias tributarias entre los niveles nacional, departamental y municipal.
El nivel central del Estado conservó los impuestos de mayor capacidad recaudatoria —como los aplicados a la renta y al consumo— para garantizar la equidad y sostenibilidad fiscal mediante la coparticipación tributaria. Los municipios mantuvieron los tributos sobre la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, mientras que los departamentos recibieron impuestos de menor relevancia recaudatoria, lo que limita su autonomía financiera.
Ariñez advierte que la descentralización tributaria debe evitar la “pereza fiscal”, fenómeno que surge cuando los gobiernos subnacionales dependen de transferencias sin fortalecer su recaudación propia. Propone, siguiendo el modelo español, una transferencia gradual y técnicamente planificada de competencias tributarias, para consolidar un sistema equitativo, eficiente y sostenible en el marco del Estado autonómico boliviano.
Política tributaria para la recuperación económica
Ronald MacLean, exalcalde de La Paz y exministro de Economía del país, y el reconocido economista boliviano Augusto López-Claros, presentaron el plan “Bolivia: De la crisis a la recuperación”, y plantearon que incrementar los ingresos tributarios es necesario, pero advirtieron que no es el momento adecuado para subir impuestos de manera generalizada, ya que ello podría frenar la recuperación económica. En su lugar, propone una ampliación de la base tributaria mediante políticas que incentiven la formalización de la economía, acompañadas de mecanismos modernos de administración y control.
Los ingresos tributarios también deben mejorar, pero sin frenar la recuperación. Este no es el momento, para subir impuestos de manera general. Se debe ampliar la base tributaria, facilitando la formalización, la facturación electrónica, la devolución más ágil del IVA, la modernización aduanera y una fiscalización enfocada en los grandes evasores. El combate al contrabando puede aumentar la recaudación de forma justa.
Entre las medidas clave mencionan la implementación plena de la facturación electrónica, la devolución más ágil del IVA, la modernización del sistema aduanero y una fiscalización selectiva orientada hacia los grandes evasores, evitando presionar a los pequeños contribuyentes.
Asimismo, destacaron que el combate al contrabando constituye una forma más justa y eficaz de aumentar la recaudación, al reducir la competencia desleal y fortalecer la economía formal. En conclusión, la estrategia tributaria debe priorizar la eficiencia administrativa, la equidad y la expansión de la base imponible, antes que nuevos aumentos de tasas impositivas.
Se aprueba proyecto que autoriza compra directa de combustibles
El Senado aprobó en tiempo récord el proyecto de ley presentado por la senadora Centa Rek (Creemos), que autoriza por 90 días la importación directa de diésel y gasolina por parte de personas naturales o jurídicas privadas, con exención tributaria temporal. La medida busca regularizar el abastecimiento interno de combustibles ante la crisis de suministro y fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.
La norma establece que las estaciones de servicio podrán adquirir combustibles directamente del exterior cuando YPFB no garantice el suministro dentro de un plazo de 10 días. Para ello, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) otorgará una Licencia Excepcional de Importación y Despacho Directo (LEIDD) mediante una ventanilla digital en un máximo de 48 horas hábiles.
El artículo 4 dispone que las importaciones efectuadas bajo este régimen estarán liberadas del pago del Impuesto a la Transferencia (IT) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), mientras dure la vigencia de la ley. Las estaciones deberán reportar en línea a la ANH el porcentaje de combustible subvencionado y el importado vendido.
La iniciativa constituye una medida tributaria y logística excepcional, que abre el mercado de combustibles a operadores privados sin la intermediación de YPFB, bajo control estatal y con exenciones tributarias temporales.
Recaudaciones se traslada a la Plaza 14 de septiembre
La Alcaldía de Cochabamba anunció el traslado de la Dirección de Recaudaciones a las antiguas oficinas municipales ubicadas en la acera oeste de la Plaza 14 de Septiembre, donde también funcionará la Ventanilla Única y Catastro. La medida busca centralizar la atención tributaria y administrativa en un solo punto, facilitando el cumplimiento de obligaciones municipales por parte de los contribuyentes.
Paralelamente, el municipio culmina el traslado al nuevo edificio edil situado cerca de la plazuela Colón, con ingreso por la calle Lanza. El inmueble, construido en terreno propio, permitirá ahorros anuales de más de Bs 2 millones por concepto de alquileres.
El alcalde Manfred Reyes Villa, que ya ocupa su despacho en el piso 17, destacó que la infraestructura moderniza la gestión municipal y refuerza la eficiencia en la administración de tributos locales. El proyecto consolida la centralización de trámites, evitando que la ciudadanía deba desplazarse entre diferentes oficinas. Además, el municipio ya genera ingresos propios por el alquiler de bienes municipales, fortaleciendo su sostenibilidad financiera y autonomía local.
