Semana Nº 29 de 2025 – 13 al 19 de julio

Suplantación de identidad

La semana pasada un electricista y un comunicador denunciaron ante la opinión pública que están viviendo un calvario porque figuran con deudas impositivas millonarias por actividades comerciales que nunca realizaron. Ambos casos surgieron tras la pérdida de sus documentos de identidad, lo que habría permitido a gentes inescrupulosas la apertura irregular de Número de Identificación Tributaria (NIT) a sus nombres. El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) emitió una nota de prensa como aclaración frente a información tergiversada difundida en redes sociales por uno de estos dos contribuyentes que habrían denunciado tener una deuda de Bs 500.000, atribuida presuntamente a un caso de suplantación de identidad.

La posición oficial del SIN frente a estos problemas, es que los afectados tienen el deber formal de presentar una sentencia judicial ejecutoriada para desvincular a una persona de una deuda tributaria generada por suplantación de identidad. Pero esa sentencia nunca existirá ya que los fiscales rechazan las denuncias ante la falta de evidencia sobre la identidad de los autores de esas suplantaciones. Hasta donde he tenido conocimiento el 99% de los procesos penales por suplantación de identidad terminan siendo rechazados del plano. Sin duda alguna, este escenario genera un cautiverio legal para los ciudadanos y los contribuyentes afectados, que en la práctica quedan “secuestrados” por el sistema tributario excesivamente formalistas, y que al final terminan atados a deudas que no les pertenecen, sin posibilidad real de liberarse, incluso cuando las pruebas están en poder del propio Estado.

El argumento central del SIN se basa en una interpretación estricta del principio de legalidad que indica que si no existe una sentencia firme que acredite la suplantación, no se puede desvincular al contribuyente del NIT y la deuda asociada. Está claro que sin la acusación del fiscal contra algún presunto autor nunca existirá sentencia y menos una declaración judicial que permita dar de baja el registro falso del NIT y tampoco la deuda generada ilegalmente. Pero este enfoque ignora la verdad fundamental respecto del origen del problema que se encuentra dentro de la propia administración tributaria, que en el pasado operaba sin controles biométricos ni validaciones automatizadas. Las falencias institucionales de 2004 no pueden convertirse hoy en una carga perpetua para ciudadanos inocentes.

Además, el rechazo de la denuncia por parte del Ministerio Público, por falta de evidencia sobre la identidad de los autores del delito, no debe significar que las pruebas técnicas como un peritaje grafológico deben ser descartadas y menos que el hecho no haya ocurrido. En cambio, todo indica que las autoridades de la Administración Tributaria y de Ministerio Público están promoviendo la desigualdad de condiciones para probar una suplantación cuando los recursos técnicos y documentales están exclusivamente en manos del SIN, sólo por el hecho de que no se puede identificar a la persona que cometió el delito. ¿Cómo puede probar un ciudadano la falsedad de un registro que nunca hizo, si la única vía es la judicial contra el presunto suplantador, cuya identidad será casi imposible de demostrar?

El SIN sí tiene la capacidad técnica y documental para investigar la autenticidad del registro. Posee en sus archivos institucionales los formularios históricos, registros de ingreso, firmas y otros elementos que podrían ser fácilmente sujetos a pericia. Este ente tributario debería asumir un rol activo y colaborativo, creando un procedimiento administrativo expedito a favor de estas personas afectadas a las que se puede facilitarles la producción de prueba, en lugar de exigir al contribuyente perjudicado lo imposible a través de la vía judicial, que les exige demostrar un hecho negativo (que no fue él quien se registró), sin medios probatorios propios. Por tanto, mientras el SIN mantenga su exigencia de una sentencia judicial como única vía de desvinculación, sin promover ni facilitar las pruebas necesarias para obtenerla, los contribuyentes seguirán atrapados en un limbo jurídico y económico, portando deudas ajenas, con su reputación y patrimonio comprometidos por errores o delitos cometidos por terceros. Esta situación no solo viola el principio de buena fe y presunción de inocencia, sino que también deteriora la confianza en la institucionalidad del ente público de recaudaciones tributarias.

El debate sin debate

El destacado economista boliviano, Juan Antonio Morales, en su columna comentó que el reciente debate presidencial generó grandes expectativas por tratarse de un evento poco frecuente en la política boliviana, pero dejó insatisfechos a muchos por su falta de profundidad. El formato limitó la exposición de propuestas concretas, y los candidatos se quedaron en generalidades, especialmente en temas críticos como la escasez de dólares y combustibles.

Hubo promesas populistas de todos los candidatos que ofrecían rebajar los impuestos, pero no se compadecieron del hecho de que hay que cerrar un déficit de 10% del PIB. Las medidas de mayor eficiencia administrativa y, por ende, de menor gasto público no son suficientes y se necesitará también aumentar los ingresos tributarios. También faltó discusión seria entre los candidatos con posibilidades reales, quienes ignoraron a los de menor peso electoral, como Fernández y Del Castillo. Este último utilizó ataques y fotos antiguas en lugar de ideas, y en general se echó en falta un mecanismo de verificación de datos en tiempo real para controlar las afirmaciones vertidas.

Algunas propuestas destacaron por su audacia, como el “capitalismo popular” de Tuto Quiroga, que plantea distribuir acciones de empresas públicas entre los ciudadanos, evocando experiencias extranjeras como la fallida privatización en Rusia. También se mencionó la capitalización de los años 90 como antecedente parcial. Samuel Doria Medina propuso ampliar las transferencias condicionadas a preescolares, una iniciativa bien valorada internacionalmente, pero desaprovechó su tiempo defendiendo su experiencia empresarial sin profundizar en su programa de gobierno. Manfred Reyes Villa sugirió titularizar ingresos futuros del litio, aunque esto enfrenta obstáculos legales y recuerda intentos fallidos del pasado con el gas. En conjunto, el debate fue una oportunidad perdida para confrontar visiones de país con argumentos sólidos y soluciones concretas.

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Un año de prisión por fraude tributario

Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid y actual seleccionador de Brasil, fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a un año de prisión por fraude tributario cometido en el ejercicio fiscal 2014. Además, deberá pagar una multa de 386.361,93 euros y no podrá acceder a beneficios fiscales ni ayudas públicas durante tres años. Aunque fue absuelto del cargo correspondiente a 2015, la responsabilidad civil se mantiene en favor de la Hacienda Pública por el mismo importe. La Fiscalía había acusado a Ancelotti de defraudar más de un millón de euros durante su primera etapa en el club madrileño.

Durante el juicio, Ancelotti alegó que siguió las instrucciones del club y sus asesores, negando intención de fraude. A pesar de haber saldado su deuda en 2021 y de solicitar atenuantes por reparación del daño y retrasos procesales, el tribunal solo consideró parcialmente sus argumentos. La Fiscalía lo denunció en 2020 y había solicitado una pena de cuatro años y nueve meses. Ancelotti, nacido en 1959 en Reggiolo, Italia, es el entrenador más laureado en la historia del Real Madrid, donde dirigió entre 2013-2015 y 2021-2025, antes de asumir la dirección técnica de la selección brasileña.

Juicio por delitos de contrabando

La Aduana Nacional presentó una querella contra personal de Boliviana de Aviación (BoA) y el propietario de una carga, por presuntos delitos de contrabando y favorecimiento al contrabando, tipificados y sancionados en los artículos 181 y 181 Decis del Código Tributario Boliviano, tras la manipulación irregular de un envío en el aeropuerto de El Alto el 29 de junio de 2025. El hecho, revelado por el director de Naabol, consistió en sustituir 13 cajas con productos electrónicos y baterías, cuyo destino final era Cobija y el norte de Brasil, por otras 13 cajas de galletas.

Aunque imágenes involucrarían a un funcionario aduanero, la Aduana negó participación directa de su personal, argumentando que la manipulación de carga en áreas restringidas es responsabilidad exclusiva de BoA y personal autorizado por Naabol. La institución aclaró que sus funcionarios solo supervisan la entrega de carga internacional fuera de la zona estéril, en cumplimiento del reglamento de seguridad aérea.

El trámite administrativo de no tenencia

El certificado de no tenencia de NIT puede obtenerse en línea en minutos, mediante la página web de Impuestos Nacionales (http://www.impuestos.gob.bo), ingresando al módulo del SIAT. El trámite requiere llenar datos personales básicos y elegir el motivo del certificado. Una vez completados los pasos, el documento se envía al correo electrónico del solicitante, con código de control y un QR para verificar su validez. Esta certificación permite evitar posibles problemas tributarios por suplantación de identidad, como sucedió recientemente con dos trabajadores afectados. Impuestos Nacionales investiga estos casos para evitar cobros injustos.

El Defensor del Pueblo interviene

Ante denuncias de suplantación de identidad por registros indebidos de NIT, la Defensoría del Pueblo solicitó a Impuestos Nacionales implementar un botón de alerta en su página web. Esto permitirá a cualquier ciudadano verificar fácilmente si existe un NIT registrado a su nombre. La Defensoría resaltó la importancia de accesibilidad para poblaciones vulnerables, como personas con discapacidad o habitantes rurales. Impuestos Nacionales aceptó la recomendación y comprometió esfuerzos para mejorar la comunicación y acceso a información tributaria. Recientes casos de ciudadanos perjudicados por suplantación resaltan la necesidad de esta herramienta.

Oferta electoral de la Democracia Cristiana

Rodrigo Paz propone un modelo denominado «50-50», aclarando que no es un pacto fiscal, sino un paso intermedio hacia un sistema federal, que entrega el 50% de recursos y competencias como educación y salud a los gobiernos regionales. Para formalizar la economía informal, plantea un «perdonazo tributario», menos impuestos y créditos accesibles. Respecto a empresas estatales, propone redirigir recursos a la producción y abrirlas a inversiones privadas, al estilo Petrobras. En subsidios, sugiere reasignar esos recursos a infraestructura social y vial. Promueve una comisión para reformar la justicia en 120 días y usar tecnología contra la corrupción. En lo ambiental, apuesta por un equilibrio entre conservación y desarrollo productivo. Además, planea formalizar el sector aurífero con incentivos y obligaciones claras. Sobre figuras políticas en conflictos judiciales, asegura que respetará lo que diga la ley y garantizará libertad si corresponde legalmente. Finalmente, descarta recurrir al FMI para solucionar la crisis, priorizando una reorganización económica interna antes que endeudamiento externo.

Incremento de la recaudación por cultura tributaria

Según el Servicio de Impuestos Nacionales a junio de 2025, Impuestos Nacionales recaudó Bs 26.696 millones, creciendo un 19,3% frente al mismo periodo de 2024, lo que evidencia dinamismo económico. La Administración Tributaria destaca que este resultado se atribuye a una mayor cultura tributaria de la población, que ahora exige facturas en sus compras, incrementando así el aporte al Estado para financiar programas y obras que mejoran la calidad de vida. Pero es necesario recordar que la presión fiscal sobre los contribuyentes del régimen general se ha incrementado de forma alarmante, a través de medidas coactivas

El SIN asfixia a empresarios

El lunes se reunieron las filiales departamentales de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, la Cámara Departamental de la Construcción de Chuquisaca (Cadeco), el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Civiles para analizar la situación que atraviesan y decidieron emitir un pronunciamiento. Este sector de la construcción alertó sobre una grave crisis económica que amenaza su sostenibilidad y exige al Gobierno revisar con urgencia la actualización de precios unitarios y la política tributaria, pues consideran que Impuestos Nacionales los “asfixia”. Denuncian retrasos en pagos y afirman que las medidas adoptadas hasta ahora no han tenido los efectos esperados, solicitando ajustes inmediatos para reactivar la actividad y proteger el bienestar de miles de familias.

Inflación más alta de América Latina

En junio de 2025, Bolivia registró la inflación mensual más alta de América Latina con 5,21%, superando a Venezuela (4,03%) y Argentina (1,60%), según un informe del Colegio de Economistas de Tarija. A nivel interanual, Bolivia ocupa el segundo lugar regional con 23,96%, detrás de Argentina (39,4%). Esta situación implica una pérdida severa del poder adquisitivo del boliviano, que se habría devaluado aproximadamente 80% frente a la inflación y casi 120% frente al dólar paralelo en los últimos 12 meses. La crisis económica se atribuye a la escasez de dólares y combustibles, especulación, contrabando inverso y excesiva emisión monetaria, poniendo en riesgo el cierre del año con una inflación de hasta 30%, lo que agravaría la pobreza y el desempleo.

La Paz recauda el 41,1% de Bolivia

El departamento de La Paz lideró la recaudación tributaria del mercado interno nacional en el primer semestre de 2025, aportando Bs 8.925,6 millones, que representa el 41,1% del total. Esta cifra significa un crecimiento de 20,1% frente al mismo periodo de 2024. Santa Cruz ocupa el segundo lugar con 38% y Cochabamba tercero con 11%. El incremento en recaudación refleja mayor dinamismo económico impulsado por medidas contra el contrabando y mejoras en el abastecimiento de alimentos. Por sectores, destacan los incrementos en minerales (216,8%), servicios financieros (27,7%), productos químicos (27,3%) y bebidas (24,2%).

Ampliación de la Rebajita

La Alcaldía de El Alto amplió por 90 días la “Rebajita Tributaria”, que condona el 100% de multas e intereses por deudas en inmuebles, vehículos y actividades económicas acumuladas entre 1995 y 2023. El nuevo plazo vence el 18 de octubre de 2025. La medida busca aliviar la economía familiar y mejorar la recaudación para financiar obras municipales.

¿Quién salvará al país?

La nota editorial del periódico El Día de Santa Cruz critica duramente a la clase política boliviana por prometer salvar al país mientras mantienen un modelo estatista, centralista y asistencialista que impide producir, emprender y crecer. Sostiene que Bolivia se ha convertido en un “país tranca”, donde la burocracia, los controles y la desconfianza al éxito bloquean el desarrollo económico. Denuncia que el Estado castiga la iniciativa individual y ha enseñado a la población a depender de él en lugar de confiar en su capacidad para generar riqueza y salir adelante por mérito propio.

Frente a esta situación, la editorial propone como única salida la libertad económica: liberar al individuo, reducir la intervención estatal, simplificar trámites y permitir que las personas trabajen, innoven e inviertan sin obstáculos. Recuerda que en los años 80 Bolivia superó una crisis peor gracias a la apertura económica y al protagonismo ciudadano. “El boliviano sabe producir. Sabe luchar. Sabe reinventarse. Solo necesita que el Estado deje de chantajearlo con impuestos, de acosarlo con regulaciones, de asfixiarlo con controles y precios artificiales.” Concluye que el país no necesita salvadores, sino un Estado que deje de ser estorbo y permita al boliviano libre levantar la economía con su propio esfuerzo.

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