Contratos de riesgo compartido

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 05-1884-97

La Paz, 19 de Diciembre de 1997

CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Inversiones 1182 de septiembre de 1990 y el Decreto Supremo 22407 de 11 de enero del mismo año en su Art. 5º, reconocen los contratos de Riesgo Compartido en la modalidad conocida internacionalmente como joint venture para que, las sociedades constituidas en el país, así como las entidades y corporaciones del Estado, incluyendo las empresas autárquicas, y las personas individuales, nacionales o extranjeras domiciliadas o representadas en el país puedan asociarse entre sí, mediante contratos de riesgo compartido para el desarrollo o ejecución de trabajos, proyectos, obras, servicios suministros y otros dentro y fuera del territorio de la República. Señalando que estos contratos no constituyen sociedades ni establecen personalidad jurídica, indicando asimismo, que las personas individuales o colectivas extranjeras que suscribieron contratos de riesgo compartido, se regirán por las leyes bolivianas, para lo cual deberán constituir domicilio legal en Bolivia, asimismo llevar contabilidad propia, cumpliendo con los demás requisitos establecidos en la legislación nacional.

Que, el Art. 77 de la Ley 1777 (Código de Minería) de 17 de marzo de 1997, ratifica que las personas individuales o colectivas extranjeras que suscriben contratos mineros de Riesgo Compartido se rigen por las leyes nacionales, deben constituir domicilio en Bolivia y cumplir los demás requisitos establecidos en la legislación nacional.

Que, el Código Tributario en su Art. 24 numeral 3, dispone que son contribuyentes las entidades, colectivas o asociaciones que constituyen una unidad económica, dispongan de patrimonio y tengan autonomía funcional, asi carezcan de personalidad jurídica.

Que, asimismo toda persona natural o jurídica entre esta última las sociedades de personas, colectivas, anónimas, comunitarias, de responsabilidad limitada, accidentales, cooperativas, mutuales asociaciones culturales, religiosas, sociales, educacionales, empresas públicas descentralizadas y mixtas y cualquier otra agrupación o asociación que constituya una unidad económica o jurídica diferente de sus miembros y que esté sujeta al pago o retención de impuestos, tasas y contribuciones dentro del territorio nacional, sea boliviana o extranjera, domiciliada o no en el país, está obligada a inscribirse en el «Registro Unico de Contribuyentes» en el lugar donde se origine el primer hecho generador del impuesto.

Que, en este sentido las personas individuales o colectivas nacionales o extranjeras domiciliadas o representadas en el país, y que suscriban un contrato de riesgo compartido, de acuerdo con el Art. 80 inc. f) concordante con el Art. 81 de la Ley 1777, deben designar, a los Representantes y/o Administradores del Riesgo Compartido con poderes suficientes para ejercer los derechos y contraer las obligaciones relativas al desarrollo y ejecución del contrato.

POR TANTO:

La Administración Tributaria en uso de las facultades que le reconoce el Art. 127 del Código Tributario.

RESUELVE:

1. Las personas físicas o naturales, así como las Sociedades de Personas y/o de Capitales, Sociedades Cooperativas o Asociaciones de personas en general, aún aquellas que no persigan fines de lucro; que hubieran sido designadas o nombradas representantes y/o administradores de un contrato de riesgo compartido, deben inscribirse en el Registro Unico de Contribuyentes. Para el efecto, presentarán donde corresponda el respectivo contrato de riesgo compartido en el que conste dicha designación además de los poderes suficientes de todas las partes para ejercer los derechos y contraer las obligaciones relativas al desarrollo y ejecución del contrato.

2. Estos Administradores o Representantes del riesgo compartido deberán llevar registros contables del riesgo compartido y están sujetos a los deberes formales previstos por el Código Tributario.

Para fines impositivos las Personas Físicas o Naturales, Sociedades de Personas o de Capitales, Sociedades Cooperativa o Asociaciones de personas en general aún aquellas que no persigan fines de lucro, y que hubieran suscrito un contrato de riesgo compartido, deberán presentar, en las fechas estipuladas por la Administración Tributaria, juntamente con sus Estados Financieros un anexo en el que conste el resultado obtenido por concepto de su participación en el contrato de riesgo compartido.

3. Queda abrogada la Resolución Administrativa 05-506-97

Regístrese, hágase saber.

FDO. RAUL LOAYZA MONTOYA

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

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