Artículo suscrito por Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista.

La semana pasada destaqué la recaudación de Bs. 159 millones en efectivo del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), al 31 de marzo, que sobrepasó en un 59% las expectativas presupuestadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). Lo que me sorprendió es que en menos de una semana más ricos se anotaron en el plan gubernamental, pagando el impuesto hasta alcanzar casi la suma de Bs. 207 millones. Esta tendencia apunta a que los afortunados bolivianos, que tienen todo su patrimonio registrado, están cumpliendo sus deberes fiscales, como es el sueño de los políticos que apoyan al Gobierno desde las sombras. Lo que no hizo el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en esta oportunidad, es publicar el número de ricos que aportaron los nuevos millones.

La recaudación tributaria total, en el primer trimestre de 2021 y en la que se incluyen todos los impuestos de dominio nacional, alcanzó más de Bs. 5.826 millones, teniendo el IGF tan sólo una participación del 2,7% en la recaudación total. Las autoridades del SIN están esperando el 30 de abril para que los ricos que viven en el extranjero y que tienen patrimonio en Bolivia paguen el IGF; y así de una vez por todas se sepa cuántos millones de bolivianos se recaudaron por este impuesto.

En días pasados, el militante masista Álvaro García Linera concedió una entrevista a un diario español, en la que indicó que el IGF “hay que ampliarlo más, la gente que tiene más dinero en Bolivia tiene que pagar más impuestos. Por supuesto descartando al asalariado, al pequeño propietario, estamos hablando de los grandes potentados, de la gente adinerada que hay en el país”. Estas palabras no son nuevas; como todos saben forman parte del rosario de mantras muy propio del resentimiento comunitario y socialista del siglo XXI. Si se observan los resultados de la recaudación del IGF, que de por sí han superado los planes gubernamentales (106%), y se alían con las expectativas de este militante azul, los ricos terminarán esquilmados y el aparato económico en serio riesgo de caer en escenarios inimaginables.

La propuesta de García Linera ha provocado que la militancia masista se divida entre el grupo que aplaude la propuesta de aumentar aún más la presión fiscal sobre la “oligarquía neoliberal de derecha”; y el otro bando, integrado por “militantes pobres y envidiosos” que están pidiendo que en el IGF se incluya a los propios masistas que durante los 14 años de dictadura se han beneficiado con grandes sueldos y jugosos contratos de obras, y que en la actualidad andan libremente por las calles con el rótulo de “nuevos ricos”. Es que esta nueva secta del masismo tiene una ventaja respecto de las grandes fortunas formalmente registradas: todas sus riquezas están a nombre de testaferros que operan en la clandestinidad absoluta, protegidos desde el oficialismo. No es mentira que la comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas es muy acostumbrada entre la militancia masista, que ha transformado o convertido sus recursos y bienes provenientes de delitos de narcotráfico, corrupción, contrabando, extorsiones, y otros.

No me cuesta nada suponer que el Gobierno tiene la intensión de atorar a los ricos formales del país con más impuestos o con alícuotas más altas para completar el discurso de redistribución de la riqueza. El presidente Lucho tiene que evitar que esos dineros recaudados no vayan a parar a los bolsillos de los corruptos azules, dejando a los pobres en el mismo estado que se encontraban en el “histórico día final” de la recaudación del IGF. Cuba, hace 60 años, y Venezuela, hace 20, con este mismo discurso de imponer cargas a los “oligarcas” han estimulado su actual desastre. Todos los países y gobiernos que han forzado a los millonarios a pagar más allá de lo racional, han terminado sumidos en calamidades sociales irreversibles. Ojalá que el presidente Lucho no escuche los consejos malsanos del militante masista García Linera y se contente con la “recaudación exitosa” del IGF lograda hasta ahora. El Presidente no debe olvidar que el 95% de la recaudación tributaria lo paga efectivamente la clase media y los pobres de este país, a través de los ricos, aunque no lo crea. Él sabe que, si se corta la cadena, la fatalidad se hará palpable. Con cuidado, presidente Lucho, con calma, que no vaya a ser que por aumentar en un 1% la recaudación tributaria pierda el 99% del futuro próspero de Bolivia entera.


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