Artículo suscrito por Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista.

En días pasados, la máxima autoridad del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) advirtió que si un contribuyente del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) tiene que pagar un “tributo de 100 mil bolivianos, pero no lo hace, con la multa tendrá que abonar 300 mil bolivianos, que incluye 200 mil de la omisión”, además indicó que activará las fiscalizaciones contra los contribuyentes que no se registren ni declaren el tributo.

La ley de creación del IGF ha establecido una multa del 200% en caso de que se omita el pago del tributo determinado por el propio contribuyente en la declaración jurada o después de un proceso de fiscalización. Bajo el principio de legalidad se entiende que la multa ha cumplido los presupuestos formales para su aprobación por la Asamblea Legislativa, pero sustancialmente esa multa es desproporcionada y además discriminatoriamente inconstitucional, por algunos detalles muy cuestionables y que pueden servir para discutir su validez. Por un lado, se duplican las multas administrativas por la omisión de pago (200%) que uniformemente están establecidas en 100% para todos los contribuyentes en general. Y, por otro lado, las multas administrativas para el incumplimiento de deberes formales del IGF son las mismas que para cualquier otro contribuyente.

Automáticamente la multa del 200% se genera si el contribuyente ha declarado voluntariamente su fortuna y el tributo, pero no ha pagado la deuda liquidada. La otra forma de determinar deuda y establecer la multa es a través de un proceso de fiscalización, en el que muy difícilmente la administración tributaria logrará su objetivo ya que no cuenta con los suficientes medios y el personal para realizar esa tarea, mucho menos si se pretende cobrar por este impuesto 100 millones de bolivianos al año (unos ocho millones y pico al mes). Por razones de costo beneficio una buena parte del personal estará centrado en cobrar los impuestos ordinarios que en el mes de enero han alcanzado los 1.686 millones de bolivianos.

También es casi imposible que el SIN logre obtener toda la información que requiere para determinar deuda sobre el IGF, especialmente sobre las inversiones o los bienes que los contribuyentes tienen en el exterior del país. El ente fiscal no puede tomar contactos directos con las autoridades competentes de los otros países para requerirles información sobre inmuebles y otros bienes; porque la ley simplemente le autorizó, sólo a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, a investigar los depósitos de dinero en cuentas bancarias extranjeras. Esto resulta siendo complejo porque las normas sobre confidencialidad en otras naciones son mucho más sólidas que las que han sido introducidas políticamente en Bolivia. He sabido que algunos Estados sólo comparten la información financiera si es para describir operaciones ilegales de lavado de dinero o luchar contra el terrorismo, porque si es para otro concepto, como por ejemplo para recaudar impuestos sobre el patrimonio de una persona, la confidencialidad quedará intacta.

Estos detalles elementales no justifican un castigo tan fuerte, innecesario y desproporcionado. Queda claro que responde a un plan de estigmatización dirigido contra una clase muy diferenciada dentro de nuestra sociedad, en la que sin querer han terminado involucrados muchos altos dirigentes del partido de gobierno. ¿A quién no se le antoja enterarse que uno de esos jerarcas pagó su IGF?

Ojalá, no se use este impuesto para castigar a unos por sus nexos políticos; o para premiar a otros con una evasión encubierta desde las altas esferas de poder. Así de claro.


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