Artículo suscrito por Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista.

En estos primeros días de abril me llegó el informe del Monitor Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) que sugiere a los gobiernos, entre los elementos de sus políticas económicas, “incrementar la progresividad de la tributación del ingreso y aumentar el recurso a impuestos sobre sucesiones/donaciones y la tributación inmobiliaria. También pueden considerarse contribuciones para la recuperación de la Covid-19 e impuestos sobre beneficios empresariales ‘excesivos’. Pueden plantearse también impuestos sobre el patrimonio si las medidas anteriores no son suficientes”.

Me enteré que hace un año los legisladores de Chile están proyectando una ley para extraer a los “super ricos” recursos frescos de entre los 4.000 y 6.000 millones de dólares para recuperar al país en el escenario de pospandemia. Las aristas positivas y negativas del proyecto, los pros y los contras del impuesto, siguen en estudio y debate público entre los actores sociales y políticos chilenos. Bueno, lo cierto es que en Bolivia la creación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) fue una propuesta política que hizo el masismo, sin mayor explicación que la animadversión discursiva contra la “oligarquía neoliberal de derecha”. Esta propuesta fue tan de último momento, antes de las elecciones generales de octubre de 2020, que ni siquiera dio tiempo para debatir, estudiar o exponer fundamentos y datos dignos de credibilidad o de factibilidad.

Me puse a hacer cálculos sobre la “gloriosa” recaudación de Bs. 159.367.756 (casi 23 millones de dólares) que los 110 ricos bolivianos consumaron al pagar en efectivo el IGF el pasado 31 de marzo. Dicen las autoridades tributarias que los ricos paceños aportaron el 51,9% de la recaudación y los afortunados de Santa Cruz sólo el 38,6%. En Cochabamba, apenas el 5,10% de los millonarios bolivianos aportaron el equivalente a Bs. 8.138.271 redondos. A ver, he supuesto que todos los ricos bolivianos, que residen en estos tres departamentos han aportado cuotas iguales y proporcionales de Bs. 1.448.800 al IGF efectivamente recaudado. Tomando en cuenta el monto total recaudado en Cochabamba, por ejemplo, y dividiendo entre el monto del pago promedio, les cuento que la Llajta sólo cobija, digamos, a seis ricos (redondeados) con un patrimonio neto superior a Bs. 85 millones de bolivianos (unos 12 millones y pico de dólares) cada uno. Puede ser que algunos pagaron más, otros menos o quizás estén mal mis cálculos a mano alzada, pero me despertó la duda sobre esta exitosa recaudación del IGF y su efectividad.

No quiero ni contarles sobre los rompecabezas que armé haciendo cálculos de la cantidad de ricos que tienen fortunas de entre Bs. 30 millones y Bs. 85 millones, mis números sobre la cantidad de contribuyentes potenciales no cuadran con los 110 que el Servicio de Impuestos Nacionales ha informado y parece que son muchos miles más de lo que todos creemos. En fin, serán los expertos en estadísticas y matemáticas que diluciden mis dudas, a no ser que la administración tributaria nos informe (sin nombres ni apellidos) cuantos cochabambinos, paceños o cruceños de los 110 bolivianos pagaron el IGF.

Si en Bolivia se recaudaron sólo Bs. 23 millones, ¿qué es lo que nos hace diferentes? La respuesta la encontramos en la precariedad de los registros de propiedad y la desigualdad que se promueve desde el Estado entre los bolivianos, coaccionando a la honestidad y estimulando la clandestinidad que raya en lo inverosímil. Nadie cree que, a diciembre de 2019, según su declaración ante la Contraloría, el máximo dirigente cocalero tenía una fortuna neta de Bs. 1.192.000 (unos 170 mil dólares) y menos se cree que el presidente Lucho haya declarado que tiene más deudas que bienes; en otras palabras, un ciudadano en quiebra técnica fue ministro de Economía y Finanzas Públicas y ahora es presidente del Estado (en noviembre de 2020 tenía bienes por Bs. 258.000 y deudas por Bs. 1.325.000). Esta es una muestra más de la precariedad de los registros públicos en Bolivia y la ingente cantidad de razones que justifican la informalidad dañina.

El SIN tendrá que lidiar en sus fiscalizaciones con esta calamidad pública de la informalidad y la ocultación de datos para extraer algunos millones más a los ricos que omitieron registrarse y no declararon el IGF.


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