Ley del Presupuesto violenta la confidencialidad tributaria

Viceministerio de Política Tributaria debe explicar el alcance de la norma

En el artículo 22 de la Ley Nº 1267 del Presupuesto General del Estado para la gestión 2020 se ha establecido el deber de las Entidades Territoriales Autónomas para remitir al Ministerio Economía y Finanzas Públicas (MEFP), la información individualizada por contribuyente sobre la recaudación tributaria y registro de los vehículos automotores terrestres, aéreos y acuáticos; bienes inmuebles y actividades económicas, en las condiciones que establezca el Viceministerio de Política Tributaria, con el objeto de formular políticas sociales y fiscales. Las Entidades Territoriales adscritas al Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), deben remitir esta información a través de este registro.

Esta disposición presupuestaria es preocupante porque se trata de la utilización de información confidencial y privada de cada contribuyente respecto de sus bienes registrados en municipios y gobernaciones, por lo que el justificativo de “formular políticas sociales y fiscales” no es creíble y menos ha sido socializado con la colectividad de contribuyentes bolivianos. El Viceministerio de Política Tributaria debe comunicar y explicar a la opinión pública las condiciones de esa obligación de proporcionar datos individualizados de las personas naturales y jurídicas sobre los bienes que constituyen su propiedad privada, y sobre los cuales el nivel central del Estado no tiene competencia tributaria de acuerdo con la Ley Nº 154 del Clasificación de Impuestos.

En este punto es importante recordar que el artículo 67 del Código Tributario Boliviano garantiza que las declaraciones y datos individuales obtenidos por la Administración Tributaria, tendrán carácter reservado y sólo pueden ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o procedimientos cuya gestión tenga encomendada y no podrán ser informados, cedidos o comunicados a terceros salvo mediante orden judicial fundamentada. Desde la Revista Impuestos alertamos a la opinión pública sobre el carácter atentatorio del artículo 22 de la Ley del Presupuesto General del Estado.

El propósito de este artículo 67 es garantizar a los contribuyentes, sustitutos y terceros responsables que toda la información obtenida por la administración tributaria sobre su actividad tributaria, no sea utilizada en otros fines que no sean aquellos que se refieren exclusivamente a su efectiva aplicación en los procedimientos administrativos que se desarrollan particularmente.

Por principio constitucional, esta información está vinculada con la persona y sus derechos básicos y por tal razón el legislador ha obligado a los servidores públicos de la administración tributaria a resguardarla con carácter reservado; por lo que un servidor público puede informarse de las declaraciones y datos obtenidos en su labor investigativa y fiscalizadora, pero no puede comunicar a terceros las características personales del contribuyente sujeto a la investigación. Solo con una orden judicial esta información puede ser obtenida de los registros públicos tributarios, así como en cumplimiento de tratados internacionales a requerimiento de alguna administración tributaria extranjera.

El artículo declara que el servidor público que divulgue esa información de carácter tributario individualizada de algún contribuyente debe asumir las responsabilidades civiles y penales que la ley establece.

Resulta evidente que la norma también especifica que la administración tributaria puede publicar y difundir, sin violentar la confidencialidad, aquellas estadísticas generalmente referidas a las recaudaciones por tributos, por actividades y otro tipo de variables que son consideradas de carácter agregado.

Las normas reglamentarias contenidas en el Decreto Supremo Nº 77 y el Decreto Supremo Nº 122 disponen que las entidades públicas que dependen del Órgano Ejecutivo central y no así de los Municipios y Gobernaciones, que tienen atribuciones de control, verificación, fiscalización, investigación y formulación de políticas económicas y sociales y de elaboración de estadísticas oficiales, son consideradas “no terceros”. A estas entidades públicas calificadas de “no terceros”, las administraciones tributarias les deben proporcionar la información solicitada, con la posibilidad de identificar de manera individualizada a los contribuyentes. Este accionar administrativo puede, en determinados casos, violentar el derecho a la privacidad, la intimidad, la honra, honor, la propia imagen y la dignidad del contribuyente, por lo toda persona individual o colectiva que creyere estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar o a su propia imagen, honra y reputación, puede interponer la acción de protección de privacidad, contra las entidades públicas.

Por el principio de confidencialidad de la información tributaria, los servidores de las entidades públicas que reciban información de las administraciones tributarias no pueden divulgar, ceder o comunicarla en forma individualizada bajo responsabilidad administrativa, civil o penal que resulte de dicho acto.


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