Instituciones privadas en peligro de extinción

Artículo suscrito por Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista.

Casi en secreto absoluto, el jueves pasado, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que fue diseñado en el Ministerio de Justicia. Entre otros temas preocupantes, el Gobierno pretende penalizar a las ONG, sindicatos, clubes, agrupaciones, cooperativas, federaciones y cámaras empresariales, sociedades comerciales, iglesias, fundaciones, etc., en fin, a cualquier persona jurídica, cuyos ejecutivos o representantes a nombre de estas instituciones se encuentren involucrados en sobornos a funcionarios públicos, lavado de activos provenientes de delitos y encubrimiento de actividades ilícitas, entre otros ilícitos. Si el fin es luchar contra la corrupción, bien pues, adelante; pero en la médula del proyecto he encontrado ciertos rasgos políticos muy propios del plan hegemónico masista.

Lo que me ha sorprendido es que el Ministerio de Justicia ha reciclado en este proyecto de ley las mismas disposiciones que fueron consideradas el 15 de diciembre de 2017 cuando Evo Morales promulgó el nuevo Código del Sistema Penal Boliviano (Ley Nº 1005). No existe excusa alguna para olvidar que fueron los profesionales de la salud y los empresarios privados del transporte internacional de carga, cuyas manifestaciones públicas conmovieron a la sociedad boliviana y pusieron al descubierto que las libertades individuales, la democracia y el Estado de derecho estaban en peligro inminente. El 25 de enero de 2018, y después de una larga revuelta ciudadana que casi le cuesta la cabeza a Evo Morales, la Asamblea Legislativa Plurinacional terminó abrogando ese código.

El Ministerio de Justicia ha desempolvado esa abrogada Ley Nº 1005 y lo que ahora pretende es resucitarla a través de proyectos presentados en “tomos o fascículos”. De aprobarse y promulgarse la ley, se atribuirá a las instituciones y empresas privadas ciertas responsabilidades penales que corresponden a delitos que son estrictamente “personalísimos”. El artículo 5.3 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, dispone que “La pena no puede trascender de la persona del delincuente”; los delitos penales son intuitu personae y, por lo tanto, se debe entender que la responsabilidad de la persona jurídica únicamente debe ser civil o administrativa, según los casos, pero nunca penal.

A leguas se nota que el Gobierno, en la lógica dictatorial de sus antecesores, lo que pretende es desincentivar el derecho de asociación, además de acosar y asfixiar a las instituciones y empresas privadas legalmente constituidas, y no así a las agrupaciones colectivas de carácter informal que carecen de personalidad jurídica y que –con protección oficial– han eludido siempre el alcance de la justicia penal.

Suficiente motivo para liquidar a una empresa será que el gerente se solidarice con algún opositor al Gobierno, entendiéndose este hecho como encubrimiento; o que el cura de una iglesia llame a sus fieles a rechazar o desobedecer alguna orden injusta que emane del Órgano Ejecutivo, lo que provocaría que esa iglesia se extinga perdiendo su personalidad jurídica y dejando de predicar su fe. Lo peor es que la administración de la institución penalizada será entregada, junto con todo su patrimonio, a un liquidador con afinidades políticas sospechosas. Ya me imagino a la alta jerarquía católica en apuros sólo por haber informado que los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019 configuraron un monumental fraude y no un golpe de Estado. Esto se llama subversión en el lenguaje masista y la Iglesia católica debería perder su personalidad y todo su patrimonio. Una locura.

En sano juicio, lo que el Ministerio de Justicia debió haber hecho es constituir mesas de trabajo con los líderes de las diversas instituciones y empresas de la sociedad civil, para determinar las líneas maestras de la política penal boliviana respecto de las situación jurídica de las asociaciones, fundaciones y sociedades bolivianas, y no imponer en secreto un proyecto de ley que el único objetivo que persigue es reprimir no sólo a las personas que se oponen al Gobierno, sino también liquidar a instituciones que supuestamente indisponen al partido azul y al cocalero que tienen de jefe supremo. La maquinaria del masismo está funcionando otra vez en contra de los altos intereses de la nación boliviana: la libertad, la justicia y el Estado de derecho. Todos mis lectores deben estar alertas a las novedades.


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