Artículo suscrito por Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista.

Está cerca el miércoles 31 de marzo de 2021, fecha de liquidación y pago del Impuesto sobre las Grandes Fortunas (IGF). El presidente Lucho, en su cuenta de Twitter, señaló que este impuesto es la clave para la redistribución de la riqueza en Bolivia y que su intención es “desmontar el modelo neoliberal”.

Si de redistribuir se trata ya se puso en marcha el RE IVA para devolver dinero de impuestos a los ciudadanos que exijan facturas computarizadas y ahora, con el IGF se cumplirán los presagios socialistas para demonizar a los afortunados.

Mis lectores deben saber que el ministro Lucho, ahora presidente, presentó en octubre de 2019 el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado para la gestión 2020 que obligaba a los municipios para que informen, contribuyente por contribuyente, sobre el registro de sus inmuebles. Eva Copa sancionó esa ley y la presidenta Áñez terminó promulgándola en diciembre de 2019. Sólo pasó un año y el fisco tiene toda la información para proceder en consecuencia.

A principios de diciembre de 2020, cuando se anunció la creación del IGF, muchos ciudadanos sintieron consuelo y alivio por no estar incluidos en ese grupo de tan sólo 150 personas que poseen grandes fortunas y que están condenadas a pagar el tributo, según el Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Pero, en realidad, esos buenos sentimientos se fueron desvaneciendo en la medida en que se iba descubriendo la letra menuda de la Ley, por esto me atrevo a estimar que los contribuyentes del IGF se cuentan en decenas de miles. ¿Por qué tantos? Porque sencillamente el Gobierno ha identificado la parte jugosa del IGF: los inmuebles. El presidente Lucho no ha apuntado contra los propietarios de inmuebles humildes y de clase media, que son millones; el objetivo del masismo son los propietarios de inmuebles caros y lujosos. Ni siquiera las grandes cuentas bancarias son interesantes para el Gobierno, porque ni bien se anunció el IGF y se mostró el proyecto de ley, la fuga de dinero al exterior fue masiva. Tampoco son las joyas, el dinero en efectivo ni otros bienes suntuarios, por su difícil individualización o determinación.

Muchos inversionistas, alentados por el auge del neoliberalismo durante los 14 años de masismo, construyeron o compraron no un edificio sino varios. Las grandes extensiones de tierra, los edificios en propiedad horizontal, los condominios, las casas en zonas exclusivas en áreas rurales o urbanas son objeto del IGF. Esta sensación de riesgo está en el aire y los propietarios de inmuebles, muy preocupados ellos, ya tienen que ir haciendo cuentas para no exceder sus tormentos más allá de los Bs 30 millones. El fisco tiene plena libertad para justipreciar un inmueble o varios inmuebles de un mismo propietario, según el valor de adquisición actualizado, el valor de mercado o el valor catastral. Aquí entra en juego la discrecionalidad del fisco para escoger aquel valor que resulte mayor, por un lado y, por otro, direccionar subjetivamente las fiscalizaciones contra quienes merezcan alguna lección.

El IGF tiene un nombre muy sugerente y encubridor porque en realidad grava la propiedad de inmuebles; siendo análogo este hecho imponible al del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles, lo cual es un caso abierto de inconstitucionalidad por doble tributación, peor aún si el fisco con la ley en la mano sancionará a los grandes afortunados omisos con el doble de la sanción que aplica a cualquier mortal, más la publicación de sus nombres, contra principios constitucionales de proporcionalidad, igualdad y confidencialidad tributaria. Si termina imponiéndose la racionalidad, este IGF no tiene futuro. En el estado actual de cosas… ¿qué se entiende por racionalidad?

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