El gobernador no tiene quien le tribute

Artículo suscrito por Marcelo Gonzales Yaksic, abogado tributarista.

Revisando los programas de gobierno de las dos fuerzas políticas con mayores opciones para entronar a sus candidatos en la gobernación de Cochabamba, he encontrado algunas propuestas interesantes, otras son un saludo a la bandera u omisiones por demás sospechosas.

La agrupación Súmate propone, en temas fiscales y tributarios, una distribución eficiente de las responsabilidades públicas y privadas sobre las actividades productivas indispensables para el progreso y la prosperidad cochabambinos. Además, Súmate quiere multiplicar los agentes privados que produzcan más bienes y servicios, lo cual generará mayores aportes de impuestos para que funcionen las instituciones y servicios públicos del departamento; además ve a la gobernación, como una institución eficiente recaudando oportunamente sus ingresos tributarios, bajo la lógica de “más actividad privada, más impuestos”.

En cambio, el partido político MAS no tiene el mínimo interés de proponer soluciones a los problemas fiscales o tributarios que aquejan a la gobernación de Cochabamba, muy dependiente desde hace 14 años de las exiguas remesas que el inquilino de la Casa Grande le remite mensualmente. En ese tiempo del masismo nada se hizo para recaudar impuestos departamentales, tal es así que el plan azul de gobierno para Cochabamba, muy lleno de discursos contradictorios, ni siquiera se refiere a la coca y la cocaína. Esta omisión me parece muy deshonesta. Parece que los cocaleros del Chapare, los financiadores del candidato azul a gobernador, tampoco quieren debatir directamente este tema que les atinge de cara ante sus conciudadanos cochabambinos; y menos quieren empantanarse en la exigencia ciudadana de que los cocaleros ingresen a tributar en el régimen general de impuestos. En fin, ninguna de las propuestas, ni la roja y menos la azul, argumentan sobre la tributación de los cocaleros.

Cochabamba, por siglos, ha sido el mayor productor de coca y hace 70 años era el departamento que cobraba jugosos impuestos sobre el consumo y la producción de la hoja. Por ejemplo: allá por el año 1948, el Gobierno introdujo un impuesto especial para gravar los tambores de coca que llegaban a Tarija o transitaban hacia la República Argentina. En nuestros tiempos, sólo la idea de «reinstaurar» un impuesto sobre la producción, el comercio o el consumo de coca con destino a la gobernación de Cochabamba es un tabú. Para el presidente Lucho, ampliar el universo de contribuyentes y mejorar la cultura contributiva ha dejado de ser un tema importante, y esa desidia ha contagiado a los candidatos a gobernador de Cochabamba. Desde que en 2009 se otorgó el poder fiscal a los departamentos nada se ha hecho para potenciar la facultad recaudadora de la gobernación.

Los cocaleros han impedido por todos los medios la elaboración de un estudio de mercado para saber cuántos bolivianos consumen coca. Gravar el consumo o el comercio de la hoja con un impuesto específico, de dominio nacional o departamental, basándose en datos estadísticos claros, convertiría a los productores de coca y a los acullicadores en contribuyentes y, en el futuro cercano, en beneficiarios directos con el desarrollo departamental.

Hoy, y sin exención legal, los productores y comercializadores de la coca no pagan impuesto alguno, pese a que están obligados a pagar el IVA, el IUE y el IT, entre otros tributos, por las ventas habituales en los mercados de la hoja. Así es que el comercio de la coca se ha convertido en un negocio redondo y muchas autoridades están empeñadas en que este escenario abusivo se perpetúe.

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