Lo que el Gobierno tiene que hacer es radicalizar su negativa y repudiar enfáticamente cualquier intento para nacionalizar los vehículos chutos. Además, tiene que andar con pies de plomo, porque los temas tributarios se han constituido en su talón de Aquiles. Yo no olvido sus dos últimos pasos en falso que son el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) y el famoso “impuesto a los servicios digitales”.
Si bien es cierto que los contribuyentes de los regímenes especiales, entre ellos los comerciantes minoristas, no tienen el deber de emitir factura como vendedores, no es menos cierto que están incorporados en el sistema de facturación en línea como compradores.
Si bien es cierto que con la facturación en línea se simplificarán muchos trámites administrativos, no es menos cierto que este sistema ha sido diseñado sólo y exclusivamente para aquellos contribuyentes formales, que durante los últimos 15 años han sido puntualmente presionados para engordar al fisco con dineros frescos, ante la complacencia de sectores informales de la economía que han convenido con el Gobierno su exclusión deliberada y socapada del régimen general de tributación.
Mejor sería convertir en un impuesto nacional (de color azul, diría) esta productiva metodología de recaudar aportes que ha adoptado el MAS, sustituyendo de una vez por todas al controvertido impuesto sobre los ingresos de las personas naturales que se denomina Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RCIVA).
El SIN ya debería aclarar la trascendencia tributaria de los aportes a los partidos políticos, mucho más si se trata de pagos mensuales que son cubiertos con retenciones forzadas de dinero sobre los salarios de los servidores de la administración pública.
De caer en la trampa de los contrabandistas, el Gobierno mandará el mensaje de que en este país es legítimo dejar de pagar impuestos o convocar públicamente a dejar de pagarlos, para posteriormente solicitar una amnistía o una condonación tributaria con la seguridad que el presidente Lucho se la otorgará.
