Con estos presupuestos fácticos, no cuesta nada discutir la posibilidad de que los contribuyentes bolivianos residentes en el país estén legalmente imposibilitados de registrar, liquidar o pagar el impuesto al 31 de diciembre de 2020. Este supuesto parece que alcanza a todos, tanto nacionales o extranjeros; por lo que nadie estaría en condiciones de asumir alguna responsabilidad tributaria este próximo 31 de marzo.
Este decreto supremo ha causado malestar en una gran mayoría de los servidores públicos en actual ejercicio de sus funciones, así como en otros gremios que están vinculados con la administración pública, especialmente los colegios profesionales, que ya han manifestado su rechazo porque se pretende condicionar el acceso a la función pública, previo adoctrinamiento político, con el aval de organizaciones sociales y colectivos políticos de color azul.
Bajo el principio de legalidad se entiende que la multa ha cumplido los presupuestos formales para su aprobación por la Asamblea Legislativa, pero sustancialmente esa multa es desproporcionada y además discriminatoriamente inconstitucional, por algunos detalles muy cuestionables y que pueden servir para discutir su validez.
El presidente del Directorio ha tratado de explicar a los ciudadanos que el SIN tiene una estructura que responde al principio de la legalidad, pero en los hechos es absolutamente contrario a lo que se postula en las normas para lograr la máxima eficiencia administrativa en el proceso de recaudación de impuestos.
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