Un video y la misma historia

por Impuestos

En días pasados el Servicio de Impuestos Nacionales ha publicado un video en las redes sociales que muestra a tres actores que están sentados en una mesa y comiendo. Relatan sobre la veracidad de algunas noticias que aparecen en las redes sobre el delito de defraudación fiscal en el nuevo Código del Sistema Penal. Uno de los actores explica las condiciones que la ley establece para tipificar el delito. Pero en la parte final del video se escucha esta conversación:

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— ¿Los comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos podrían ser procesados por defraudación tributaria?—, dice la actriz.

— No, porque ellos pertenecen al Régimen Tributario Simplificado, y ellos tienen otra forma de pagar impuestos–, responde el otro personaje.

— Ay las redes, realmente no todo lo que aparece es cierto, pero yo tranquilito, ahora sí comeremos que tenemos hambre.

— A veces nos preocupamos por noticias falsas. Provecho.— Así termina la conversación.

Esta forma de difundir el nuevo Código del Sistema Penal y sus características respecto de la tributación no es la correcta. El mensaje que el video transmite es de tranquilidad a los contribuyentes informales, pero tácitamente se está mandando una seria advertencia a los contribuyentes formales que llevan contabilidad y registros tributarios, que serán penalizados si incumplen las normas del nuevo Código del Sistema Penal, como si la defraudación tributaria sólo se consumaría en el ámbito formal de la economía; por el contrario, es en estos sectores informales que la defraudación es muy corriente. Lo que debería el Servicio de Impuestos Nacionales es exaltar, en todos sus videos, los principios de la política fiscal que aparecen inscritos en la Constitución Política del Estado, como por ejemplo el principio de la igualdad.

Es bien sabido que el Decreto Supremo Nº 24484 de 29 de enero de 1997, establece el Régimen Tributario Simplificado (RTS) para  la  liquidación  y  pago  anual  de  los  impuestos  IVA, IUE e IT, que  deben ser pagadoS en cuotas por las actividades de carácter habitual que realizan los artesanos, comerciantes minoristas y vivanderos. A todas luces este Decreto Supremo es inconstitucional, porque no tiene un sustento jurídico sólido para la creación de un régimen especial al margen del régimen general establecido en la Ley Nº 843, ya que ninguna de sus normas legales autoriza al Órgano Ejecutivo, y menos al Servicio de Impuestos Nacionales, para permitir una liquidación y  pago  de  esos impuestos  de forma diferente u mediante “otra forma” a la que se establece de manera general en la Ley Nº 843.

Este Decreto Supremo tiene muchas observaciones de carácter legal y constitucional, porque no sólo libera a los comerciantes minoristas, artesanos y vivanderos del deber formal de registrar sus transacciones de acuerdo a los principios de contabilidad, o de presentar sus correspondientes estados financieros, sino que a los sujetos pasivos de este régimen se les prohíbe emitir facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, lo cual distorsiona el sistema tributario boliviano. Resulta increíble y contradictorio que el Decreto Supremo Nº 24484 criminalice a los sujetos pasivos del RTS sí es que emiten factura; en otras palabras “emitir factura” resulta siendo un acto de defraudación tributaria y debería ser penada en los términos del Código Tributario abrogado en 2003.

Ya es hora que este tipo de contradicciones que aparecen en las normas de inferior jerarquía se eliminen y se adecuen a la legislación tributaria aplicable a todos los contribuyentes formales en igualdad de condiciones, activando la consigna para sumar y concentrar a todos los bolivianos y bolivianas en el régimen general tributario. En varias oportunidades el Servicio de Impuestos Nacionales y el Ministerio Economía y Finanzas Públicas  han demostrado que existe la voluntad política para encarar la liquidación definitiva de los regímenes especiales.

En las tres últimas décadas, una inmensa mayoría de los contribuyentes del régimen general han ido soportando y tolerando con bronca como los gobiernos de turno, con una mano le han cargado con fuertes impuestos, deberes formales, libros contables, registros obligatorios, módulos y formularios informáticos, procesos de fiscalización, clausuras y otros inacabables deberes; pero con la otra mano han estimulado a los gremiales y minoristas con incentivos y permisiones inmorales traducidas en un simple papel que se presenta cada tres meses, sólo por la utilidad del pacto político. Entonces ha llegado la hora de resolver esta conducta odiosa y desequilibrada. Nada más cabe apoyar las acciones de control emprendidas por el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia en procura de consolidar la igualdad y la universalidad de todos los contribuyentes bolivianos ante la ley.

De lo que se trata no es que los bolivianos paguen más impuestos, sino lo justo sería que el Servicio de Impuestos Nacionales recaude mejor, ya que en la actualidad nuestro sistema impositivo está ilogicamente desequilibrado con regímenes especiales construidos a la medida de grupos de presión fiscal disfrazados con el rótulo de “movimientos sociales”. Es hora de reformar el sistema tributario boliviano para garantizar y asegurar que los impuestos cumplan con los principios de política fiscal, además de que sean sencillos, transparentes y justos.