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Coca entre tributo y evasión

El impuesto a la hoja de coca generó polémica entre lo que para unos es necesario pagar un impuesto y los que piensan que se trata de la evasión para legalizar lo ilegal. Así lo expresaron a EL DIARIO Jimena Costa, el diputado de Convergencia Nacional Andrés Ortega y el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Galo Bonifaz.

Al respecto el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, anunció que las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba resolvieron pagar cinco bolivianos como tributo por taque de hoja de coca (50 kilos).

“Hay dos sugerencias y, por supuesto, este tema se lo resolverá en seminarios y talleres en donde se concienciará a los productores de coca porque es importante que este sector pueda pagar sus impuestos”, dijo la autoridad a los periodistas.

Al respecto el diputado de la bancada oficialista, Galo Bonifaz dijo a EL DIARIO que “están equivocadon el camino los compañeros cocaleros. Tiene que haber una normativa y esa normativa se la está trabajando, se la va a pasar a la nueva gestión que vendrá para que este sector, que obviamente por voluntad propia ellos mismos quieren contribuir. Pero no pueden definir, tiene que haber un consenso”, dijo.

Para la politóloga Jimena Costa, la decisión de los cocaleros nunca tomará en cuenta la normativa “porque para ellos son sin ninguna importancia”.

“Es muy grave y peligroso porque sabemos que es el sector de base más importante del MAS y además son los afiliados de las federaciones que dirige Evo Morales. Cuando ellos quieren pagar un impuesto están proponiendo legalizar la producción de la hoja de coca. Los que hacen la propuesta son los del Chapare Cochabamba. Hay que recordar que el 95 y 96 por ciento de la producción de esa zona no pasa por el mercado legal y tampoco se industrializa, va al narcotráfico”, sostuvo la analista.

En tanto que para el diputado de oposición Andrés Ortega, el hecho que los cocaleros del Chapare decidan pagar un impuesto “es una atribución que el Poder Ejecutivo le está quitando al Parlamento y se centraliza todo ahí. Entonces para qué estamos los parlamentarios. Estamos pintados”, cuestionó.

ADEPCOCA

El presidente de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas de La Paz (Adepcoca), Ernesto Cordero, advirtió ayer que se pretende legalizar la coca del trópico cochabambino, que no pasa por puestos de control, a través del pago del impuesto, que las seis federaciones de esa región plantearon en las últimas semanas.

“No estamos de acuerdo con los cinco bolivianos de impuesto que nos están planteando (los) del Chapare, ellos pueden pagar hasta 30 bolivianos por 50 libras, porque no pasan por puesto de control, nosotros los de Yungas sí pasamos por puesto de control, cuando una coca pasa por registros legales si puede pagar el impuesto, pero si algo no pasa por puesto de control, pagando el impuesto, no se puede legalizarlo”, aseveró.

El dirigente sustentó su posición en el último informe del representante de la UNODC en Bolivia, Antonino De Leo, quien el pasado 24 de junio, dijo que la producción potencial de coca en el trópico de Cochabamba es de 17.000 toneladas métricas y de ellas sólo 1.377 toneladas métricas (tm) se comercializaron –al menos en la gestión 2013– en el mercado legal de Sacaba. Mientras los restantes 15.623 tm tienen un destino desconocido.

En porcentajes, esos 1.377 tm de coca que se comercializaron en el mercado de Sacaba solamente representan el 8,1 por ciento y los restantes 15.623 tm, que significan el 91,9 por ciento (casi el 92 por ciento), no pasaron por ese punto de venta legal de la hoja verde.

El Diario

Falsa amenaza de bomba en Aduana movilizó a la Policía

La mañana de ayer se registraron dos amenazas de bomba en la Aduana y en la Almacenera Boliviana de donde los efectivos de Bomberos evacuaron al personal para realizar un rastrillaje intenso en las oficinas y que tras dos horas se descartó la presencia de algún objeto explosivo dentro del lugar.

Los bomberos utilizaron canes para rastrear las oficias de ALBO donde se presumía que había una bomba y que obligó que se desaloje al personal. En el mismo momento también se recibió otra llamada señalando que en las oficinas de la Aduana Nacional de la carretera a Cotoca, habría otra bomba donde igual se evacuó a las personas que se encontraban dentro del lugar. Aparentemente las llamadas la realizaban transportistas molestos por la aglomeracion de camiones.

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Imputan a dos autoridades por autos chutos

Fortunato Apala Bueno y Eusebio Ayaviri Chila, autoridades originarias de la comunidad indígena aymara de la Primera Sección de la Provincia Daniel Campos de Potosí, fueron imputadas, porque emitieron ilegalmente "autorizaciones provisionales" a los pobladores del municipio de Llica para el ingreso de vehículos indocumentados (chutos), informó ayer la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

Estas autorizaciones habrían sido emitidas por "convenio interno" entre autoridades pertenecientes de la Marka Llica, acción totalmente delictiva porque la denominada "autorización provisional" emitida por los ahora imputados no tiene sustento ni asidero legal alguno para determinar y/o atribuirse funciones específicamente delimitadas y establecidas a la Aduana Nacional.

Además que con éstas autorizaciones para la introducción de vehículos chutos a territorio nacional sin cumplir las formalidades establecidas por Ley, también habrían cometido el delito de Instigación Pública a no Pagar Tributos, acotó la ANB.

Por dichos motivos, el Ministerio Publico imputó formalmente a Fortunato Apala Bueno, Mallku Mayor de las Cuatro Ayllus y Eusebio Ayaviri Chila, Mallku Agrario.

Los cargos contra ellos son usurpación de funciones aduaneras e instigación pública a no pagar tributos tipificados en el artículo 181 bis 179 del Código Tributario.

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El fracaso de la reconversión mantiene negocio de ropa usada

El programa de reconversión productiva previsto para cambiar el negocio de ropa usada a unidades productivas no arrojó resultados porque los gremialistas continúan vendiendo este producto, cuya importación y venta está prohibida por un decreto. Además, hay desinterés por utilizar los 80 millones de bolivianos ofrecidos por el Gobierno, de los cuales se prestaron 14 millones, y lo más preocupante es que de este crédito el 80 por ciento está en mora.

Estas falencias fueron expresadas por la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, quien demandó a los denominados ropavejeros establecer un verdadero compromiso de reconversión para cambiar de actividad y fortalecer a la industria boliviana.

Morales insistió en que se debe dignificar el país. “Dejemos de usar ropa usada. La producción boliviana es buena, más aún cuando la ropa usada introduce enfermedades al país”, señaló.

Los ropavejeros ponen en evidencia la incapacidad estatal para hacer cumplir las leyes y decretos, más allá de ser una muestra del grado de poder que tiene el sector ilegal en el país.

El dirigente de los comercializadores de ropa usada de la ciudad de El Alto, Tomás Quispe, propuso al Gobierno pagar impuestos por la venta de ropa usada para ingresar al mercado formal, pese a que esta actividad está prohibida desde 2007.

“Si el Gobierno nos permite la importación de ropa usada, vamos a pagar impuestos, así también vamos a dar factura en algunas tiendas pero no en las ferias ni en las calles porque vendemos al detalle”, señaló Quispe.

Los comerciantes denunciaron que la norma de 2007 solo ha servido para que efectivos policiales extorsionen a comerciantes y gremialistas, amparados en la prohibición a la venta de ropa usada, es decir que “la Policía y el Estado no solo son débiles frente a esta actividad ilegal, sino que de alguna forma son parte de esta actividad”, agregó Quispe.

Los dirigentes tanto de El Alto como de Santa Cruz recuerdan que el Gobierno no ha cumplido con su parte en el caso de la prohibición de la ropa usada, menos ha facilitado ni ha promovido la tan publicitada reconversión productiva.

Quispe dijo que el Gobierno no logró cumplir con su compromiso de convertir a los ropavejeros en pequeños productores de prendas de vestir, ni mucho menos garantizó un mercado para sus productos como también señala el decreto que prohíbe la venta.

Este decreto en su artículo tres prohíbe la importación de prendas usadas a partir del 21 de abril de 2007 de manera indefectible, y la comercialización a partir del 1 de marzo de 2008.

El artículo 5 de la norma señala que beneficiará al sector con la renovación productiva mediante créditos, tecnología y acceso a mercados de exportación.

PREOCUPAMORA La ministra Morales precisó que, de 80 millones de bolivianos destinados a reconversión productiva, solo se usaron 14 millones, no se inscribió mucha gente al programa, apenas sectores de la dirigencia, lo que dejó una mora de 80 por ciento.

“De los 80 millones de bolivianos, solo se usaron 14 millones. No se inscribió más gente, aunque teníamos ventanilla abierta como Gobierno. Nos han dejado con la plata en la mesa, los dirigentes sí se inscribieron, pero los dirigentes no pagaron, tenemos 80 por ciento de mora de esos 14 millones que no pagaron y no quieren pagar”, reveló.

Según la ministra Morales, la comercialización de la prendería americana a medio uso es un negocio que se ha promovido “desde la época del neoliberalismo”.

“La ropa usada ingresó a Bolivia hace 15 años más o menos, incluso más, con la llegada del Decreto Supremo 21060. El neoliberalismo permitió esta salida para la gente más pobre que fue a comprar ropa usada, lo que no es digno ni es sano”, observó.

Recordó que en 2007 se prohibió la actividad, pero al mismo tiempo se generó un fideicomiso de 80 millones de bolivianos para reconversión productiva, a una tasa de interés del 6 por ciento, “nunca antes vista en Bolivia”.

Para reconvertirse en comerciantes de ropa nacional o de productos nacionales, el interés es de 8 por ciento. “En el país nunca hubo una cosa igual, fue una gran oportunidad para que los comerciantes de este sector puedan abrirse a nuevos emprendimientos, pero no les interesó o no tuvieron mucha información de sus dirigentes que ahora quieren legalizar el negocio nuevamente, lo que no va a suceder”, afirmó.

Apuntes.

Decreto

En enero de 2004, el Gobierno de turno emitió el Decreto Supremo 27340, que permitía la importación de ropa usada por dos años.

Nueva norma

Otro decreto supremo emitido en abril de 2007 prohíbe la importación y venta de ropa usada en Bolivia, sin embargo esa actividad aún persiste.

Talleres

Alrededor de 22.000 talleres se cerraron en cinco años, debido a la internación ilegal de ropa usada en Bolivia. La mayor parte de la ropa usada que se vende en Bolivia proviene de Estados Unidos y Europa.

Incautación

Desde 2010, se incautó 62.276 fardos de prendería usada. La región donde hubo más decomisos fue Oruro. De acuerdo con un reporte de la Aduana Nacional, durante los primeros cuatro meses de este año, en Oruro se decomisaron 1.242 fardos, en La Paz 656, en Santa Cruz 339 y el resto en otras ciudades.

Valoran producción nacional

La titular del Ministerio de Desarrollo Productivo destacó la “altísima” calidad de las prendas nacionales, “que pueden ser tranquilamente comercializadas por el amplio sector” que se dedica a vender ropa usada.

Puso como ejemplo las prendas de algodón, y dijo que “no hay nada que envidiar”. Citó como ejemplo a la tela de Enatex que es utilizada “por toda la microempresa y se exportaba hace poco tiempo en marca Polo y costaba 100 dólares en cualquier mercado”. “Es la misma que ahorita estamos vendiendo en 50, 70 bolivianos, incluso la básica en 20” acotó. Anticipó que se planteará al sector en conflicto una alternativa de vender prendas de Enatex, una vez que haya una sola dirección nacional de los comerciantes. “Una vez que tengamos una dirigencia de los ropavejeros -porque además hay dos o tres dirigencias, una que convoca a la marcha, otra que la desconvoca y no hay manera de dialogar con un solo directorio-, en el momento que ellos se pongan de acuerdo, nuestra idea se presentará”, aseveró.

Ministra dice que prendas usadas introducen enfermedades venéreas al territorio boliviano

Las prendas usadas que se internan de diferentes países a Bolivia, principalmente las estadounidenses, traen consigo muchas enfermedades como las venéreas, según la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales.

“El neoliberalismo permitió que la gente más pobre compre ropa usada, lo que no es digno ni es sano. No se fumiga lo suficiente esa ropa. Esa ropa viene cargada de enfermedades, incluso enfermedades venéreas”, aseveró.

Por su parte, Marco Antonio Gonzáles, dirigente de la Confederación de Micro y Pequeños Empresarios, compartió lo dicho por la ministra Morales, al señalar que la ropa usada que es comercializada en el país trae consigo enfermedades infecto-contagiosas como la gripe porcina o enfermedades de la piel, debido a que esa mercadería no tiene control fitosanitario, ni es cuidadosamente almacenada o desinfectada.

A pesar de las ventajas económicas que puede representar la compra de prendas usadas, muy pocos consumidores saben que también arriesgan su salud, ya que si estos productos no reciben el tratamiento pueden desencadenar desde alergias hasta epidemias.

Las autoridades de salud señalaron que se recomienda la fumigación de la ropa usada para evitar parásitos que pueden transmitir alguna enfermedad al ser humano.

En las prendas usadas se pueden encontrar desde ácaros transmisores de la sarna hasta pulgas o chinches, enfermedades venéreas, pero eso poco o nada interesa a los grandes contrabandistas que siguen trayendo ese producto al país.

A ello se suma que las autoridades sanitarias del ámbito nacional o municipal poco o nada hacen para ejercer algún control sobre el tipo de ropa que se vende al público y sobre las enfermedades que en el corto o mediano plazo pueden traer consigo epidemias. Hasta la fecha, no existe ningún informe de la forma en cómo almacenan los fardos de ropa usada, ya que muchos almacenes están llenos de ratones que pueden trasmitir el hantavirus, pulgas o piojos por falta de fumigación.

Empresarios legales de ropa se declaran en emergencia

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) demandaron al Gobierno la detención de las personas que se dedican al expendio de prendería usada, debido a que cometen el delito de contrabando.

El presidente de la CEPB, Daniel Sánchez, pidió al Ministerio Público que enjuicie a los importadores y comercializadores de ropa usada por ejercer una actividad ilegal que daña a la industria nacional.

"La prendería usada es ilegal y su venta tiene que ser sancionada por las autoridades. Los que se dedican a esta actividad deben ser arrestados y enjuiciados por la Fiscalía, como se hizo con los dueños de autos indocumentados”, dijo.

A su vez, el presidente de la Conamype, Víctor Ramírez, afirmó que su sector está en estado de emergencia y calificó de “política” la movilización de los ropavejeros, “que solo buscan chantajear al Gobierno”.

"Conamype ratifica que debe cumplirse el Decreto 28761. Estamos en estado de emergencia. No podemos permitir que se siga lacerando la industria nacional. Miles de compañeros migraron a otros países por culpa del contrabando. No queremos más basura de Estados Unidos”, enfatizó.

Asimismo, aseguró que, por la competencia desleal de la venta de ropa usada, a nivel nacional los textileros pierden anualmente 170 millones de dólares.

“Las pérdidas económicas son cuantiosas, y el empleo que dejó de percibirse hasta 2006 llegó a 100.000 fuentes laborales, pero actualmente esta cifra se duplicó. Estamos sosteniendo reuniones con la Aduana Nacional de Bolivia y con el Ministerio de Desarrollo Productivo, para que se dé cumplimiento a la normativa que prohíbe la internación de ropa usada al país”, explicó Ramírez. Añadió que diariamente los fardos de ropa usada son internados al país ilegalmente desde Iquique (Chile).

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CEPB pide "asfixiar" al contrabando

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, sugirió asfixiar el contrabando de la ropa a medio uso y de los vehículos indocumentados o "chutos" que provienen en gran parte de los puertos chilenos de Iquique y Arica.

Las declaraciones del empresario fueron hechas a tiempo de denunciar que el gobierno chileno y las empresas que están a cargo de ambos puertos incumplen el Tratado de Paz y Amistad de 1904.

"Deberíamos asfixiar el contrabando que viene de Chile. Iquique y Arica viven del mercado boliviano y gran parte de los productos que vienen de allá están viniendo por contrabando. Los autos chutos y la ropa usada que tenemos acá están viniendo de un puerto y de una administración portuaria que no respeta las normas de los países vecinos, en este caso del nuestro", expresó.

El presidente de la CEPB enfatizó que el movimiento económico que se genera en ambos puertos chilenos está orientado al mercado boliviano y el maltrato que se recibe en estos lugares debe ser analizado por las autoridades chilenas.

"El Tratado de 1904 no se está cumpliendo de acuerdo a las normas. Hay el libre tránsito y ese libre tránsito es el que no se está utilizando allá y de paso ocasionan un perjuicio con el manejo del puerto que está adjudicado a empresarios chilenos en desmedro de los importadores y exportadores bolivianos", lamentó Sánchez.

El representante de los privados sugirió como alternativas a ambos puertos chilenos utilizar los puertos peruanos del Callao, Matarani e Ilo, éste último, dijo, se debería desarrollar, dado que es un compromiso que hizo el Gobierno.

La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, informó el 27 de julio que el 90 por ciento de los vehículos chutos que ingresan al país por contrabando provienen de Chile.

Según datos de la ANB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en el país existen alrededor de 33.697 autos ilegales. El 90 por ciento señalado por Ardaya significaría que al menos 30.327 indocumentados habrían ingresado de Chile.

En este año, el sector manufacturero de prendas de vestir perderá al menos 160 millones de dólares por la importación y venta de ropa a medio uso en el mercado interno, afirmó el 27 de abril de presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Víctor Ramírez.

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Confeccionistas de sombreros piden resarcimiento

Artesanos confeccionistas de sombreros borsalinos de La Paz, que fabrican el típico y emblemático elemento de la vestimenta de chola paceña, fueron afectados por el decomiso y posterior daño de sus productos, por parte de funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y amenazan con medidas de presión si es que esta entidad, no les resarce el perjuicio ocasionado.

"Ayer la Aduana nos ha devuelto los sombreros en horas de la noche, pero la devolución ha sido morosa después de cuatro meses y hemos recogido la mercadería totalmente en mal estado, están destrozados, mojados y apolillados, ya no tiene forma de sombrero, tal vez le ha salido hongos y nos sentimos humillados, ultrajados y atropellados en nuestros derechos", explicó a "Acoso Textual" de Fides, Adrián Bernal, representante de la Asociación de Sombrereros de La Paz.

Añadió que tanto la Aduana como el Control Operativo Aduanero, no tuvieron el cuidado necesario para resguardar los delicados productos y amenazan con medidas de presión si estas entidades no devuelven el costo de la mercancía dañada.

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Los médicos están alarmados por nueva norma impositiva

Los médicos están alarmados por nueva  norma impositiva Archivo Digital. Los médicos piden que no se modifiquen las facturas. Verónica Zapana  / La Paz

El Colegio Médico de La Paz   se declaró en estado de alarma por  una resolución del Servicio  de Impuestos Nacionales (SIN) que  dispone que los médicos incluyan en su factura  datos del paciente como el diagnóstico y tratamiento. Según la institución, ello vulnera  la cláusula de privacidad que protege al enfermo.

"Estamos alarmados por la  disposición que se nos hizo llegar hace cinco días, la cual pide que en la factura se ponga el procedimiento, el diagnostico y el tratamiento que se hace al paciente. Eso  sería una historia clínica resumida e implicaría entrometerse en  la privacidad de la persona, no lo podemos hacer”, afirmó el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.

Aseguró que hay normas que están por encima de una resolución del SIN. "La  Ley 3131 del Ejercicio Pleno del Médico indica claramente que  el galeno debe guardar la privacidad de sus pacientes”, destacó.

El artículo 3 de la Resolución Normativa de Directorio  Nº 10-0015-14, Designación como Agentes de Información a los Contribuyentes que desarrollan actividades de clínicas o centros de atención médica, que se emitió el 2 de mayo, indica que el contribuyente deberá elaborar un archivo en un formato, donde  entre otras cosas  coloque el nombre completo del paciente, si se hizo una cirugía, su descripción y el tipo de servicio prestado por la clínica.

  "¿Qué tal si se trata de un paciente con cáncer y no quiere que su familia se entere? Con la factura igual se enterarán. O si es un paciente con VIH”, explicó Larrea. Anunció que entre el viernes y sábado realizarán un congreso para estudiar "medidas de presión fuertes”. La disposición correrá desde el 1 de julio.

La norma del SIN busca nombrar agentes a los médicos

        El objetivo de la Resolución  Normativa de Directorio  Nº 10-0015-14 es  designar  como agentes de información a los contribuyentes que desarrollan actividades en clínicas o centros de atención médica, destaca la norma.

Según el artículo 1 de la resolución, "el Servicio Nacional de Impuestos (SIN) designa como agentes de información a los contribuyentes registrados o que se registren en el Padrón Nacional de Contribuyentes, el cual  divide a los profesionales médicos y odontólogos, al servicio que prestan  los hospitales y al que dan   las clínicas, para proporcionar información de todas las intervenciones realizadas en quirófanos”.

 La norma también menciona que los contribuyentes deberán obtener un software de clínicas en la plataforma de atención al contribuyente de su jurisdicción desde el 1 de julio.

 Toda esa información, señala la resolución, tendrán que transmitirla al SIN trimestralmente.

"Nosotros los médicos que hacemos consulta privada emitimos facturas. Por    qué no nos consultaron  sobre la disposición”, resaltó el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, quien comentó que los galenos buscarán unirse a nivel nacional, para que realicen movilizaciones conjuntas.

El presidente de la institución nacional, Édgar Villegas, dijo que desconoce  la normativa.

http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/5/9/medicos-estan-alarmados-nueva-norma-impositiva-21012.html

PAGO DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de la Secretaría de Recaudaciones y Gestión Catastral, comunica que el pago del impuesto de vehículos automotores con el 10% de descuento, es hasta el 07 de julio de 2011.

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http://www.gmsantacruz.gob.bo/boletines/2011/impuestovehiculos.pdf

SIN detecta mil negocios que no pagan impuestos

El gerente general de Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Carlos Cuevas, informó ayer a Erbol que inteligencia fiscal identificó unos mil negocios que no están registrados en el régimen tributario y por lo tanto no pagan impuestos.

“No son más de mil sujetos pasivos que no están registrados en el padrón de contribuyentes (…) Están en el sector de la venta de productos, que se evidencia con un control fiscal de cruce de facturas (…), se lanzó una cifra de mil sujetos, pero podemos hacer mucho más”, manifestó Cuevas en declaración a los medios.

Dijo que en el proceso de revisión que realizan, buscan “atacar a esos contribuyentes que no están inscritos o están inscritos y camuflados dentro del Régimen Simplificado”.

Aclaró que dentro del proceso de inteligencia fiscal también verifican actividades económicas de servicios. “Tenemos una gran gama de personas que están siendo verificadas y no necesariamente son dirigentes sindicales. Estamos viendo ya revisiones de RC-IVA que son contribuyentes dependientes”, apuntó.

Después de la movilización del lunes, en demanda de cambios al Régimen Simplificado, los gremialistas dieron plazo al Gobierno hasta el martes para la atención de sus demandas, bajo amenaza de llevar sus protestas a la cumbre del G77.

Por su parte, el Gobierno reveló que los dirigentes no están registrados como contribuyentes.

Ejecutivo de los gremiales está fuera del RTS

El gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Carlos Cuevas, informó el martes que esa institución luego de una verificación del padrón de contribuyentes, evidenció que el ejecutivo de los gremiales, Francisco Figueroa, estaría fuera del Régimen Simplificado ya que realizó una compra de más de un millón de bolivianos.

    'En función de las competencias que nos otorga el Código Tributario, podemos realizar verificaciones de los contribuyentes que están y no están inscritos en el padrón. Y en función de aquella investigación figura Francisco Figueroa, por haber realizado una compra por más de un millón de bolivianos, lo cual estaría fuera del rango de lo que es el Régimen Tributario Simplificado', indicó en conferencia de prensa.

    Explicó que en la gestión 2011, Figueroa realizó la compra de 4.450 quintales de azúcar del ingenio Unagro por un valor de 1.064.440 bolivianos, producto que vendió sin el respaldo de facturas.

    'Entonces Figueroa pertenece al Régimen General porque está dentro del comercio mayorista', sostuvo.

    En ese marco, cuevas indicó que se notificó a Figueroa para que respalde la compra e indique qué hizo con ella.

    Ante la situación, indicó que el gremialista pidió al SIN una 'ampliación de tiempos' para la presentación de dicho descargo.

    Asimismo, señaló que el Servicio de Impuestos realiza los controles impositivos a los contribuyentes del Régimen Simplificado, que cumplen con los requisitos establecidos y de los grandes comercios y mayoristas, que tiene capitales superiores a los 37 mil bolivianos que están encubiertos en el Régimen Simplificado y deberían estar inscritos en el Régimen General.

    Figueroa lidera movilizaciones de gremiales en demanda de la 'reactualización' del sistema del Régimen Simplificado, con el objetivo de incrementar el monto autorizado para pertenecer a dicho sistema, que no factura.

ABI