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Sancionarán en 48 horas a funcionarios aduaneros

La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y la Fiscalía General del Estado ya tienen el "paraguas" inicial para llegar a un acuerdo y así poder sancionar en 48 horas a los funcionarios de toda la red aduanera que sean encontrados flagrantes en actos de corrupción, delitos que antes demoraban hasta un año y medio en tener una sentencia.

Mecanismos para luchar contra la corrupción. Marlene Ardaya, presidente de la ANB, informó que ya cuentan con jueces y fiscales anticorrupción asignados para delitos aduaneros y así acelerar los procesos. También indicó que el objetivo es llegar no solo al interior de la instalación aduanera, sino a los importadores, agentes despachantes, por lo que solicitó que por el Código de Ética de los agentes del comercio tienen que expulsar a los corruptos.

"Lo que se pretende es firmar un memorándum de entendimiento de lucha contra corrupción, hemos anotado algunos temas de delitos flagrantes. Ya teniendo fiscales y jueces en plazo de 48 horas deberían dar una opinión legal o determinar sentencias respecto a delitos flagrantes, reduciendo de esta manera los proceso que antes llevaban hasta un año y medio", dijo Ardaya.

En este marco, las Unidades de Anticorrupción de la Administración Aduanera van a implementar un formulario donde podrán saber quién visita a quien y con qué frecuencia.

Por su parte, Gabriel Dabdoub, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, señaló que existe un gran avance entre las entidades públicas y privadas para lograr la eficiencia y modernidad en las entidades. "Son momentos de decisiones importantes cuando hay un tema álgido, profundo y que la Aduana lo acepta, como es la corrupción. Es el primer paso importante para combatir las actividades ilegales que perjudican al sector productivo y por ende al país", dijo Dabdoub.

En tanto, Hans Hartmann Rivera, presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana (CNDA), manifestó la importancia de las capacitaciones de los funcionarios para ser menos vulnerables a la corrupción. "Es un tema preventivo en materia de corrupción, porque las personas mientras más conocedoras del tema y de la ley, seguramente van a ser menos vulnerables", dijo.

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Plantean restituir reclamo de bienes en abandono

Un proyecto de ley de modificaciones al Código Tributario y a la Ley General de Aduanas plantea la  restitución del derecho a reclamo de parte de los propietarios de mercadería  declarada en abandono por  la Aduana.

Los propietarios de mercaderías declaradas en abandono, una vez notificados,  podrán pedir el levante -derecho a reclamo- de las mismas en un  plazo de 20 días hábiles.

Este precepto había sido eliminado con los ajustes introducidos  a esas normas en la Ley del Presupuesto General del Estado 2013, que fue objeto de demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

Para esto se debe pagar los  tributos aduaneros, la multa y los costos de almacenaje. La medida tiene el objetivo de vaciar los depósitos aduaneros, para coadyuvar a la recaudación de recursos.

"Los propietarios o consignatarios de mercancías abandonadas de forma tácita o de hecho podrán pedir el levante, dentro de un plazo de 20 días hábiles administrativos, siguientes a la fecha en que se haya notificado con la resolución de declaración de abandono”, señala el numeral IV del artículo 3 de Modificación a la Ley General de Aduanas.

La propuesta de norma, a la que tuvo acceso Página Siete, fue remitida esta semana a la Asamblea Legislativa para su respectivo tratamiento.

En el mismo numeral, que  dispone la modificación del artículo 154 de la Ley 1990 o Ley General de Aduanas,  también se establece que los consignatarios están obligados a pagar los impuestos aduaneros, multas, recargos, almacenaje y demás gastos, que serán establecidos conforme a reglamento.

Según la propuesta de ley, la actual normativa no permite el levante de las mercancías declaradas en abandono y las adjudica de forma inmediata, con posterioridad a la configuración del abandono, tanto al Ministerio de la Presidencia como al de Salud.

Fallo constitucional

El nuevo destino de las mercancías abandonadas mediante un procedimiento de adjudicación directa fue impugnado por miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y se instauraron Recursos de Inconstitucionalidad ante el TCP.

Ese alto tribunal  emitió la Sentencia Constitucional  1911/2013, del 29 de octubre de 2013, que declaró inconstitucionales en la forma a las disposiciones adicionales Décima Octava, Décima Novena y Vigésima de la Ley Financial 2013 o del Presupuesto.

Esas disposiciones  buscaban modificar los artículos 154, 155 y 156 de la Ley General de Aduanas, relacionados con la resolución que declara el abandono de mercancías, la prohibición del levante de las mercancías abandonadas, la adjudicación de las citadas mercancías, así como de aquellas cuyo consignatario sea una entidad pública o proyecto en el que el Estado tenga participación.

Otros aspectos regulados por el Tribunal

El Tribunal declaró inconstitucionales las disposiciones  adicionales de la Ley del Presupuesto, que dejaban sin derecho a reclamo, tanto a los propietarios como a los consignatarios de la mercadería declarada en abandono.

Sentencia   Fue firmada por los magistrados  Efrén Choque, Gualberto Cusi, Mirtha Camacho y Ligia Mónica Velásquez.  No intervinieron los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional Ruddy Flores, Neldy Virginia Andrade, y Soraida Rosario Chánez.

Decisión   La sentencia del Tribunal Constitucional declaró constitucional que la Ley 317 del Presupuesto General del Estado  2013 pueda regular "otras disposiciones específicas para la administración de las finanzas públicas” en su primer artículo.

Un fallo del TCP restableció un derecho de los usuarios

En junio, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenó la  restitución  del derecho al reclamo o levante que tienen  los propietarios de mercaderías que hubieran sido declaradas en abandono por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

La Sentencia Constitucional Plurinacional 1.911/2013, del 29 de octubre de 2013, conocida hace poco, declaró inconstitucionales "en la forma  las disposiciones finales 154, 155 y 156 de la Ley General de Aduanas (LGA)”.

El artículo 155, el principal de ellos,  permitía  adjudicar mercaderías declaradas en abandono "a título gratuito y exentas del pago  de tributos aduaneros de importación, al día siguiente hábil de la ejecutoria o firmeza de resolución, que declare abandono bajo responsabilidad funcionaria” a favor del Ministerio de la Presidencia y, si  se trataba de medicamentos, al Ministerio de Salud.

Los tres artículos, incluidos en la Ley del Presupuesto 2013, modificaron la Ley de Aduanas.

Los fundamentos de la sentencia señalan que "se suprime totalmente la autorización de parte de la ANB  de  disponer de la mercancía una vez emitida la resolución de declaratoria de abandono de hecho o tácito”.

 Una compañía de servicios internacionales y una persona presentaron recursos de inconstitucionalidad contra la Ley del PGE ante el TCP, al considerar que se vulneraron sus derechos porque se declaró en abandono   un equipo de rayos X, comprado en Wisconsin, Estados Unidos, el  5 de diciembre de 2012, además de  otras mercaderías.

El equipo había  arribado  antes de la vigencia de la Ley del PGE, que  introdujo ajustes a la Ley de Aduanas, según la demanda,  con retroactividad, ya que esta norma entra en vigencia el 1 de enero de cada gestión.

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Aduana inaugura puesto de control

La Aduana Nacional inauguró el pasado viernes el punto de control fluvial “El Faro”, ubicado en el Canal Tamengo del municipio fronterizo de Puerto Quijarro, en Santa Cruz, y vinculado a la Hidrovía Paraguay-Paraná.

En la oportunidad, la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya expresó su agradecimiento a la Armada boliviana “por permitir que este punto se convierta en el puesto estratégico, porque es desde donde se maneja la Hidrovía Paraguay-Paraná y permitirá el control de nuestras mercancías”.

La autoridad dijo que el control es una lucha de todos y que el puesto es un sueño cumplido para la institución.

Ardaya destacó también la adquisición de una lancha que ya navega en el Canal Tamengo para facilitar el trabajo de la Aduana.

Por su parte el Subgobernador de la región, Juan Alberto Jordán Zeballos, expresó su satisfacción por el nuevo punto de control para “hacer que las leyes se cumplan y se engrandezca el Estado de forma planificada, sabiendo el potencial de la provincia Germán Busch”.

A su turno, el presidente de la Cámara de Despachantes de Puerto Suárez, Rodolfo Antelo relievó la instalación del puesto, señalando que “se está trabajando silenciosamente pero con ejecución” y que su organización trabajará junto a la Aduana como baluartes para cumplir las normas.

Finalmente, las autoridades militares de la Armada expresaron su satisfacción por la inauguración “sui géneris” del puesto de control y comprometieron su apoyo para realizar un trabajo mancomunado con la Aduana.

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La engañosa campaña sobre el libre tránsito boliviano

por Daniel Agramont Lechín

El Estado chileno realiza una campaña internacional que pretende mostrar al mundo que la demanda interpuesta por Bolivia no tiene asidero. Esto solo pretende desviar la atención; se mencionan datos falsos respecto al libre tránsito que merecen ser aclarados.

La demanda boliviana busca que el Estado chileno cumpla sus varios ofrecimientos de otorgar a Bolivia una salida libre, útil y soberana al océano Pacífico. En cambio, la gran cruzada mediática chilena, que incluyó declaraciones de autoridades del más alto nivel así como folletos y un video —supuestamente informativo— afirma que el libre tránsito del que gozan los y las bolivianas les permite hacer uso de sus carreteras y puertos sin restricción y que esto es un “regalo” del Estado chileno, que además a éste le significa una importante suma de dinero. La estrategia es confundir a la comunidad internacional sobre los argumentos bolivianos, mostrando una realidad que no existe.

Para sustentar la anterior afirmación, es necesario aclarar que el régimen de libre tránsito boliviano por territorio y puertos chilenos es resultado de un amplio acervo normativo y de las acciones consuetudinarias de ambos estados durante décadas. Es decir, no es un obsequio. A pesar de que por la Convención del Mar de Naciones Unidas de 1982 todos los países mediterráneos gozan de libre tránsito para poder acceder a los océanos, este régimen bilateral debe ser mucho más amplio y profundo. Esto es obvio, tomando en cuenta que es el resultado de un desmembramiento forzado en el territorio boliviano y que le cambió su realidad por siempre.

Este régimen proviene del Tratado de 1904 pero, en aplicación del artículo VI, ha sido complementado con la firma de varios tratados. Aunque el Tratado de 1904 y la Convención de Tráfico Comercial de 1912 incluyen lineamientos generales sobre este régimen especial de transito, la Convención sobre Tránsito de 1937 puede ser considerada un manual que incluye procedimientos específicos. Luego, debido a los cambios en la realidad del comercio internacional y también a los conflictos entre ambas naciones por el manejo de la carga boliviana, entre 1973 y 1976 expertos de la Cepal (Comisión Económica para América Latina) realizaron un análisis minucioso de la operativa portuaria con el objetivo de mejorar los sistemas de distribución física y documental para la carga boliviana en tránsito. Esto deriva en la firma de un nuevo instrumento bilateral, el Manual Operativo del Sistema Integrado de Tránsito.

PRIVATIZACIÓN. Lastimosamente, a pesar de la existencia de tan vasta normativa, desde 2004 Chile pasa a destruirla progresivamente. A partir del concesionamiento privado de los puertos de Arica y Antofagasta se da un hecho inédito en el derecho internacional y es que el Estado chileno entrega el cumplimiento de sus obligaciones internacionales a empresas privadas que, como es lógico, lo que buscan es el lucro. El argumento utilizado desde entonces es que la carga boliviana no iba a tener problemas porque el contrato de concesión en los puertos de Arica y de Antofagasta incluye un artículo que señala que las “empresas adjudicatarias están obligadas a cumplir con lo establecido en el Tratado de 1904”.

Como afirma su ley de privatización del sector portuario, el Estado chileno tenía un objetivo muy claro al privatizar los puertos: sustituir la inversión estatal por la privada. El hecho central radica en que las empresas adjudicatarias de los puertos financian estas inversiones aumentando las tarifas del servicio portuario. Así, quienes realmente están financiando las inversiones en los puertos son los importadores y exportadores que utilizan sus servicios (75% bolivianos para el Puerto de Arica). Sus campañas pueden seguir mostrando al mundo cuántos muelles antisísmicos han sido construidos, pero la verdad que se oculta es que todas estas inversiones están siendo financiadas por los propios importadores y exportadores. Con el nuevo régimen, el Estado chileno deja de destinar recursos para garantizar el libre tránsito y más bien obtiene ganancias. Gracias a las inversiones financiadas por los usuarios, la infraestructura evidentemente ha mejorado.

Siguiendo con el problema de las concesiones en los puertos, evidenciamos que a pesar de que el principal argumento del Estado chileno era que se iba a tener una mejora en el servicio y una disminución en las tarifas, lo que ocurrió en la realidad es lo contrario. Llega a ser gracioso ver que el video menciona que el Estado chileno gasta millones de dólares al año para garantizar este acceso de los bolivianos al mar, mientras que en la realidad los importadores y exportadores bolivianos sufren el incremento de sus costos de transporte debido a todas las trabas que estas empresas privadas imponen. No es raro que los bolivianos se encuentren con retrasos en la recepción y despacho de su carga debido a falta de recursos para movilizar un volumen en constante aumento. No es raro tener quejas de transportistas bolivianos que los puertos les hacen esperar hasta dos días para descargar, debido a que no tienen espacio. Hubo casos en que estas empresas se negaron a realizar un determinado servicio solicitado por importadores bolivianos, como la desconsolidación de carga que consideran complicada.

Siguiendo esta misma línea, tampoco es de extrañar que la estrategia comunicacional oculte los constantes paros y huelgas en diferentes sectores, que afectan directamente al libre tránsito de las mercancías bolivianas y que indefectiblemente son responsabilidad del Estado chileno, que se comprometió a garantizar el libre tránsito en todo tiempo y para toda mercancía, pero que en la práctica entregó la operación portuaria a empresas. Aún más, no solamente son trabajadores de empresas privadas los que obstaculizan con sus huelgas cada año el libre tránsito, sino también son los propios funcionarios estatales, como cuando la prolongada huelga de funcionarios de Aduana hace unos meses.

INCUMPLIMIENTO. Un tema interesante es que Chile reconoce en toda su campaña mediática que Bolivia tiene la jurisdicción y autonomía aduanera de su carga —tal como está establecido en la Convención sobre Tránsito de 1937— pero en la práctica no la cumple. Por ejemplo, en el puerto de Arica, hoy la Aduana de Chile decide arbitrariamente cuáles contenedores de exportación decide abrir e inspeccionar. Esto resulta en grandes perjuicios para los exportadores pues no solo tienen que correr con todos los gastos para la inspección, sino que además destruye el empaque y embalaje de la carga, lo que hace peligrar el cumplimiento del contrato con el comprador.

Finalmente, esta campaña no menciona que desde 2010 el Estado chileno está intentando trasladar al agente aduanero boliviano (ASP-B) a recintos extraportuarios, en una clara estrategia de terminar de destruir el régimen de libre tránsito. Con la gran astucia de llamarle zona de extensión de la actividad portuaria (ZEAP), se pretendía eliminar la presencia dentro de los puertos del Estado boliviano y mandarlo a más de 13 kilómetros de distancia. Este avance fue frenado, no gracias a negociaciones, sino al anuncio del presidente Evo Morales en marzo de 2011 de que Bolivia iba a presentar la demanda ante la CIJ.

Mediante pocos ejemplos se puede evidenciar que la realidad del libre tránsito es muy diferente a la que está siendo publicitada. Si bien este tema no tiene relación con la demanda en La Haya, es imperativo para el Estado boliviano no solo demostrar que Chile tiene la obligación de cumplirlo y garantizarlo, sino también de buscar revertir esta situación, cuyo efecto final es incrementar los ya altos costos de transporte bolivianos. La principal urgencia es recuperar la jurisdicción aduanera de las exportaciones.

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Facturación virtual entrará en vigencia en enero 2015

El nuevo  Sistema de Facturación Virtual del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) entrará en vigencia a partir del 5 de enero de 2015, informó ayer su residente ejecutivo, Erik Ariñez Bazán.

El ejecutivo  aseguró que en estos dos meses se intensificará en todo el país la capacitación referida al mismo.

El Sistema de Facturación Virtual beneficiará a los contribuyentes con la automatización de los procesos y la abreviación de trámites, facilitará las operaciones comerciales de compra y venta, y brindará mayores márgenes de seguridad y control para los receptores de las facturas y la Administración Tributaria.

Se aplicará en todo el país, en todas las operaciones de compra y venta de bienes y prestación de servicios, según establecen las Resoluciones Normativas de Directorio RND Nº 10-0025-14 y la RND Nº 10-0029-14.

En lo que resta del año, el SIN intensificará los cursos y talleres gratuitos de capacitación sobre el Sistema de Facturación Virtual, destinado a los contribuyentes y población en general.

La capacitación que estará  dirigida por profesionales y técnicos del SIN especialistas en el tema, está orientada a facilitar la adecuada y correcta implementación del nuevo esquema mostrando las características, beneficios y modificaciones en la facturación.

Todos estos cursos son gratuitos y se desarrollan de acuerdo a cronogramas especiales, en las oficinas de las Gerencias Distritales de Impuestos.

Las fechas y horarios de los cursos de capacitación pueden ser consultadas en las oficinas del SIN y en la web institucional (www.impuestos.gob.bo en el link de "Cursos de capacitación externa”).

La facturación virtual debía entrar en vigencia este lunes y con su implementación el próximo año se eliminará por ejemplo, la necesidad de imprimir la factura en una hoja en blanco o encargar la impresión.

Las recaudaciones del IDH a octubre crecieron sólo en 1%

Las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) sólo crecieron en 1% hasta  octubre, con respecto a similar periodo de 2013, según datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

Los ingresos por este concepto alcanzaron a 13.103 millones de bolivianos este año, mientras que en los primeros 10 meses de 2013 habían llegado a 12.929 millones de bolivianos.

En el total de las recaudaciones del SIN el IDH tiene una participación del 30%.

Le siguen en importancia los recursos del impuesto a las utilidades de las empresas,  que tienen un peso del 27,7%; el IVA mercado interno , con el 19,3%; el impuesto a las transacciones, con el  7,9%; el impuesto al consumo específico mercado interno, con el  3,2%, entre los más importantes.

 Hasta octubre el SIN recaudó 42.952 millones de bolivianos, un 9% más que en similar periodo de 2013.

El  IDH se aplica a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que exploten hidrocarburos en cualquier lugar del territorio nacional.

El IDH fue creado mediante la actual Ley de Hidrocarburos y es  equivalente al 32% de la producción bruta de hidrocarburos en boca de pozo.

Este impuesto y las regalías y participaciones del 18% logran que el Estado, independientemente de los costos de operación y capital, participe en el 50% de las ventas brutas en boca de pozo.

El 12,5% del monto total recaudado en efectivo se destina a los departamentos productores de hidrocarburos, distribuidos según su producción departamental fiscalizada.

El 31,25% del monto total recaudado en efectivo va   a favor de los departamentos no productores de hidrocarburos, a razón de 6,25% para cada uno.

Además, el Tesoro General de la Nación compensa  al departamento productor, cuyo ingreso por concepto de IDH sea menor al de un departamento no productor, con el objeto de nivelar sus ingresos.

La recaudación tributaria aumenta un 13%

El presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Erick Ariñez, informó este jueves que la recaudación tributaria a octubre de este año es de Bs 42.952 millones y que a comparación de similar periodo en 2013 se incrementó en un 13%, que significa un crecimiento de Bs 3.516 millones.

El crecimiento de la recaudación del mercado interno se debe al incremento del 19% en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 9% del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), resultado del pago voluntario de los contribuyentes y de las labores de fiscalización y control del SIN.

"En el mes de octubre del 2014 habíamos conseguido una recaudación de Bs 42.952,5 millones, cifra que en relación al mismo periodo de la gestión 2013, ha crecido en un 13%, hablando únicamente de los impuestos del mercado interno", dijo Ariñez.

Respecto a la recaudación regional, los departamentos del eje central (Santa Cruz, La Paz y Cochabamba) tienen una participación agregada del 92% de la recaudación del mercado interno. Santa Cruz lidera la recaudación impositiva con Bs 12.097 millones.

Agregó que esta recaudación acrecienta el flujo de recursos que se destinan principalmente para financiar la inversión pública, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los bolivianos.

Clausuras: El presidente del SIN informó además que hasta la fecha se realizaron 23.028 intervenciones a negocios a nivel nacional, de los cuales 2.003 establecimientos han sido clausurados; 11.596 están en proceso de presentar la nota fiscal y 9.429 se han acogido a un proceso de convertibilidad, lo que significa que es la primera vez que cometen un fraude y tienen la posibilidad de convertir esto en una sanción monetaria.

Postergan el inicio del sistema de facturación virtual

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) postergó, sin fecha,  el inicio del nuevo sistema de facturación virtual que debía arrancar el próximo lunes, hasta  terminar de “capacitar” de mejor forma a los contribuyentes.

Este sistema tiene la tarea de eliminar gradualmente las facturas físicas o impresas y ayudará a profundizar el comercio electrónico en el país.

“En la resolución normativa  (SIN N° 10-0025-14) teníamos como entrada en vigencia de este sistema de facturación virtual el 10 de noviembre; sin embargo, esto está en evaluación. Nosotros queremos ser responsables, como administración tributaria, y esperemos que este sistema de facturación virtual no genere ningún trauma en el contribuyente y esté muy bien informado y  capacitado para llevar a cabo esto”, informó el presidente ejecutivo del SIN, Érik Ariñez.

Según la autoridad tributaria  se presentaron algunos conflictos. “El nombre del sistema de facturación virtual parecería generar algún problema”, dijo. Por esta razón, el SIN continúa con procesos de capacitación a los contribuyentes por sectores.

Las ventajas

Ariñez explicó que el nuevo sistema virtual es similar al anterior pero con algunas mejoras para el contribuyente. “Nuestro anterior sistema de facturación estaba muy disperso, en diferentes normas. Lo que hacemos es unificar, en una sola norma, todo este sistema de facturación”, explicó.

Por ejemplo, el usuario podrá hacer la dosificación de sus facturas mediante una oficina virtual. En la actualidad, necesariamente, debe constituirse en las plataformas de la administración  tributaria para este trámite.

También se elimina la necesidad de imprimir la factura en una hoja en blanco o de encargar  la impresión de  estos documentos en una imprenta; se  las podrá enviar al correo electrónico.

Además, las nuevas modalidades de facturación permitirán a Impuestos efectuar una mayor fiscalización  y una reducción de  la venta ilegal de facturas falsas o la duplicidad. También podrá verificar la validez de las mismas mediante  la lectura QR a través de un smartphone o teléfono inteligente.

Ariñez aclaró que las modalidades de facturación serán las mismas: la manual, la prevalorada, la computarizada, por oficina virtual -antes llamada en línea-, electrónica y por ciclos. Esta última  permitirá a una empresa sacar un gran lote de facturas y administrarlas de manera independiente.

Ahora, con la electrónica se debía contar con una conexión directa con el SIN y  la emisión de los documentos fiscales no siempre era inmediata. Con esta modalidad, se elimina la necesidad de imprimir las facturas.

Pago de impuestos

El Gobierno Municipal de Cochabamba ha logrado congelar las cuentas bancarias de 2.000 ciudadanos que evadieron el pago del Impuesto Municipal a las Transacciones (IMT) de inmuebles y vehículos, y tiene en la mira a otros 36.000 por el mismo motivo. Al respecto, cabe señalar que si bien resulta fundamental que todos los ciudadanos paguen sus impuestos, esenciales para poder sustentar los servicios y edificar las obras que benefician a todas las personas, es también de vital importancia facilitar el cumplimiento de estos deberes (con menos burocracia y más herramientas informáticas, por ejemplo). Además, los montos, la frecuencia y el número de impuestos exigidos deben ser los más bajos posibles.

Y es que si un ciudadano se ve abrumado por la burocracia, el gran número de impuestos y los elevados porcentajes, sencillamente preferirá evadir sus responsabilidades, aun a sabiendas de que puede ser procesado. En cambio, si los diferentes niveles de gobierno le ofrecen facilidades para poder cumplir con sus obligaciones, con porcentajes y periodos prudentes, optará por pagar puntualmente. De esta manera, el Estado no solamente podrá recaudar más recursos, aunque cobre menos impuestos, sino que además se ahorrará los gastos y el desgaste que implica iniciar procesos a decenas de miles de ciudadanos.

Fuente de la noticia: La Razón

COTEL registra superávit de 3 millones de bolivianos a octubre

La Cooperativa de Teléfonos de La Paz (COTEL) registró un superávit de al menos tres millones de bolivianos entre sus ingresos y gastos en  octubre, por lo cual comenzó a pagar el primer aguinaldo y a  proyectar mejoras en la atención de usuarios en dos de sus edificios.

"Estamos llegando al equilibrio y con un superávit mensual que es fluctuante; sin embargo, los ingresos alcanzan a 30 millones de bolivianos (mensuales). Esto nos permitió cubrir todas las necesidades económicas de la cooperativa”, informó el presidente del Consejo de Administración, Fabián Guillén.

En febrero, Página Siete informó que los  egresos de la cooperativa eran de 27 millones de bolivianos, lo que admitió  Guillén ayer.

"Hemos recibido la cooperativa con un déficit de dos a cuatro millones de bolivianos. Los ingresos fluctuaban entre 22 y 24 millones de bolivianos; sin embargo, los ingresos fueron mejorando”, sostuvo.

Los ingresos adicionales provienen del aumento en las tarifas de TV por cable, que subieron en 12 bolivianos desde septiembre, y  la mejora de los servicios. Sin embargo, la tarifa básica de telefonía se mantuvo en 16 bolivianos.

 Los excedentes le permitieron a la cooperativa telefónica  comenzar a pagar, desde ayer, el primer aguinaldo a su plantilla de aproximadamente 850 trabajadores.

Mejoras

El incremento de ingresos  también le permitirá a la cooperativa encarar proyectos como la mejora en las plataformas de atención para el cobro de facturas tanto en el Gran Centro Uno, ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz, como en el que se encuentra en la calle 24 de Calacoto, en la zona Sur.

El presupuesto para las refacciones asciende a 165 mil bolivianos en cada una de esas oficinas y prevén que sean entregadas hasta fin de año. "Queremos tenerlas listas hasta fin de año y que comiencen a operar desde  2015”, precisó Guillén.

Además, el área derecha de la agencia de Calacoto tiene problemas estructurales. "El techo estaba muy deteriorado y es ahí donde guardamos los servidores y ya se lo está mejorando y refaccionando”, puntualizó.

 En el mediano plazo, se prevé la construcción del edificio de parqueo de COTEL en la calle Oruro (ver infografía).

"Dos pisos serán para vehículos de la cooperativa y los otros niveles pueden ser entregados en concesión a la constructora por un tiempo, para que la construcción se autofinancie”, dijo el ejecutivo de COTEL. Se prevé que la obra  demandará 800 mil dólares.

También se proyecta  la construcción del Gran Centro Tres en un predio de COTEL en la avenida Juan Pablo II en El Alto. Esta obra costará  1,7 millones de bolivianos. Contará con dos niveles: en la planta baja, funcionará la atención de cajas y en el segundo habrá nuevas oficinas.

Para la construcción, se lanzará una licitación pública que anunciará  la cooperativa en los siguientes días.

Las deudas de  COTEL

Montos La cooperativa tiene deudas de al menos 800 millones de bolivianos, de los cuales 500 millones son las obligaciones con el Servicio de Impuestos Nacionales, 100 millones con la Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) y lo restante con diversos acreedores. 

Cuentas La deuda con la ATT derivó en la congelación de las cuentas  de la cooperativa y a que los usuarios no puedan pagar la factura por el servicio  en el sistema financiero.

Quiebra La exinterventora de COTEL, Nila Heredia, declaró a la entidad en quiebra técnica a fines de 2013  y propuso un incremento de las tarifas para la telefonía fija.